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PERICIAS La pericia grafotécnica constituye prueba fundamental y privilegiado en loa delitos de falsificación de documentos a efecto de acreditar o no la comisión de este tipo penal.-

PERICIAS

La pericia grafotécnica constituye prueba fundamental y privilegiado en loa delitos de falsificación de documentos a efecto de acreditar o no la comisión de este tipo penal.-

Exp. N° 2001-97

Lima, veintisiete de noviembre de mil novecientos novennsiete.-

VISTOS; Interveniendo como vocal ponente el doctor Rojas Zuloeta; de conformidad con lo opinado por la señora Fiscal Superior en su dictamen de fojas doscientos cuarentiocho cuyos Fundamentos se reproducen en aplicación de lo dispuesto por el articulo ciento cuarentidós de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por los propios fundamentos de la apelada; y CONSIDERANDO: Además que, para la expedición de una sentencia condenatoria esta tiene que encontrarse sustentada en pruebas idóneas que no dejan margen de duda al juzgador de haberse acreditado la comisión de un ilícito y la responsabilidad penal del procesado o procesados: que. en la presente instrucción, de lo actuado se desprende que no existen elementos suficientes para acreditar la comisión del delito ni mucho menos para encontrar responsabilidad penal en los procesados; que, para la comisión dei delito de falsificación de Documentos ella debe acreditarse con una pericia grafótécnica la cual no se ha practicado por no encontrarse en autos el documento supuestamente falsificado; que, a ello se agrega la negativa uniforme v coherente de los procesados, por lo que CONFIRMARON: la resolución apelada de fojas doscientos treintiocho - doscientos treintinueve, su fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventisicte, que Resuelve Declarar el Sobreseimiento de la acción penal incoada contra Artemio de la Cruz Sánchez v Carlos Alfredo Santa Cruz Urbina, por delito contra la Fe Pública - Falsificación de documentos en general - en agravio de Teodosio Pedro Torres Rodríguez y Aurelio Díaz Rodríguez, con lo demás que contiene, notificándose y los devolvieron.

SS. ALBERGA POZO / SALAS VILLALOBOS / ROJAS ZULOETA

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DECLARACIÓN DEL AUTO-AVALÚO LA DECLARACIÓN JURADA DE AUTO - AVALÚO AL NO REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 235 DEL C. P.C. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DEL AUTO-AVALÚO

LA DECLARACIÓN JURADA DE AUTO - AVALÚO AL NO REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 235 DEL C. P.C. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO PÚBLICO.

EXP. N° 4974-97

Lima, veintiséis de noviembre de mil novecientos noventisiete.-

VISTOS: interviniendo como Vocal Ponente el Doctor LIZARRAGA REBAZA; oído el informe Oral y con lo expuesto por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas seiscientos cuarenta; y CONSIDERANDO: Primero: Que, el ilícito instruido esta tipificado en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal, sancionado con un máximo de diez años de pena privativa de la libertad cuanto el documento falsificado es público y con un máximo de cuatro anos de pena privativa de la libertad cuando el documento es privado; Segundo: Que, los hechos materia de pronunciamiento ocurrieron el diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa, según denuncia de parte cuya transcripción policial obra a rojas cinco; asimismo, los documentos denunciados como fraguados o falsificados son Declaraciones Juradas de Autovalúo efectuadas por los agraviados entre los anos mil novecientos ochentitrés y mil novecientos noventa, obrantes de fojas treintiocho y setentisiete; Tercero: Que, la declaración Jurada de Autovalúo es un documento de carácter privado, pues no reúne, los requisitos establecidos en de artículo doscientos treinticinco del Código Procesal Civil, y no se encuentra dentro de la relación señalada en el artículo cuatrocientos treintitrés del Código Penal; Cuarto: Que, en consecuencia, habiendo transcurrido a la fecha siete anos y dos meses desde la comisión de los hechos, se han cumplido los plazos ordinario y extraordinario de prescripción en la presente causa, que establecen los artículos ochenta y ochentitrés del cuerpo de leyes antes acotado; Por estos fundamentos; estando a lo dispuesto en el articulo trescientos uno del Código Procedimientos Penales: Declararon NULA la sentencia de fojas seiscientos veintiuno su fecha treinta de mayo del año en curso, que falla Absolviendo a Maximiliana Vargas de Llactahuaman y Félix Llactahuamán Yaurimucha del Delito contra la Fe Publica -Falsificación de Documentos en Generales en agravio de Carlos Miñano Domínguez y la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; y Declararon de Oficio FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL incoada contra MAXIMILIANA VARGAS DE LLACTAHUAMAN Y FÉLIX LLACTAHUAMAN YAURIMUCHA por Delito contra la Fe Pública-Falsificación de Documentos en General en agravio de Carlos Miñano Domínguez y la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; DISPUSIERON el archivo definitivo de los presentes autos y la anulación de los antecedentes que se hubiesen generado; Notificándose y los devolvieron.

SS. BARANDIARAN DEMPWOLF / ALTABAS KAJATT / LIZARRAGA REBAZA

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EXIGENCIAS DEL TIPO PENAL SI NO HA LLEGADO A ACREDITARSE EL PERJUICIO CAUSADO AL AGRAVIADO POR EL USO DEL DOCUMENTO FALSIFICADO NO LLEGA A CONFIGURARSE ESTE TIPO PENAL

EXIGENCIAS DEL TIPO PENAL

SI NO HA LLEGADO A ACREDITARSE EL PERJUICIO CAUSADO AL AGRAVIADO POR EL USO DEL DOCUMENTO FALSIFICADO NO LLEGA A CONFIGURARSE ESTE TIPO PENAL

EXP. 7463-97

Lima, seis de octubre de mil novecientos noventisiete.-

VISTOS; interviniendo como vocal ponente el doctor Rojas Zuloera. con lo expuesto por la señora Fiscal Superior en su dictamen de fojas ciento noventiocho – ciento noventinueve; y CONSIDERANDO: PRIMERO: que, en materia penal el juzgamiento de un hecho punible debe ser apelado y valorado de manera objetiva atendiendo a la presencia y concurrencia de las pruebas presentadas, las cuales deben ser conjugadas con las manifestaciones de las panes intervinientes en el proceso, debiendo concluirse necesariamente en la exculpación del sujeto incriminado por falta de relación de dicho presupuesto o su responsabilidad penal en atención a la vinculación de los mismos, razón por ia cual el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Penal proscribe todo tipo de responsabilidad objetiva; SEGUNDO: que, en el caso sub-examine de autos se advierte que a los procesados se les imputa el haber presentado la Cara Fianza número cero cero cero - doce noventicinco ochentisiete, otorgada por el Banco de Crédito a favor de la Empresa Diamond Investiment Internacional Sociedad Anónima por la suma de un millón quinientos mil nuevos soles a la Comisión Nacional de Casinos de Juego - CONACA-, documento que se reputa falso por el informe emitido por el Sub-Gerente de la División de Inspectoría dei Banco de Crédito da Perú óbrante a fojas diez; TERCERO: que, para la configuración del delito de Falsificación de Documentos no sólo basta el informe emitido por personal del Banco de Crédito sino que además debe obrar una pericia grafotécnica que así lo acredite, lo cual no ha sido efectuado; CUARTO: que, el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal, en su segundo párrafo, reprime al que hace uso de un documento falso o falsificado, come sí fuese legítimo, "siempre que de su uso resultare un perjuicio con la pena establecida en el primer párrafo; QUINTO: que, el beneficio que obtuvo la persona jurídica Diamond Ivestments, representada por el procesado Ricardo Chávez Muñoz, con la carta fianza fue únicamente para que la CONACA autorizara e) funcionamiento del casino, luego de lo cual, a su vencimiento ocurrido el treintiuno de diciembre de mi! novecientos noventicinco, dicha cana fianza fue sustituida por otra emitida por otra entidad bancaria; SEXTO: que, en consecuencia no se pudo ocasionar ningún perjuicio económico al Estado al no haberse ejecutado ni pretendido ejecutar la mencionada carta fianza; SÉTIMO: que, hubiera existido perjuicio económico o de otra índole para el Estado si es que la cana fianza (aparentemente falsa) presentada por Diamond Ivestiments y suscrita por los co-procesados Delgado Lazarte y Ochoa Rovira hubiera tenido que ejecutarse en cuyo caso ello habría sido materialmente imposible toda vez que el Banco de Crédito del Perú ha afirmado que este instrumento no fue otorgado por ellos; OCTAVO: que, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los co-procesados Delgado Lazarte v Ochoa Rovira tienen instrucción abierta únicamente por que estos nombres figuran en la supuesta cana Fianza pero es muy probable que si (conforme lo precisa de Banco de Crédito del Perú dichos procesados no trabajan ni han trabajado en su institución. que tampoco tengan una existencia física verdadera y que sean nombres inventados para darle la validez al instrumento presentado por Diamond Investments, lo que permite ingresar en el terreno de las dudas acudiendo en auxilio de los procesados el Principio universal y Constitucional del In dubio Pro Rev. desarrollado como norma adjetiva en el artículo doscientos ochenticuatro del Código de Procedimientos Penales, por tales consideraciones CONFIRMARON: la resolución apelada de fojas dentó ochentidós, su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventiséis que Falla: Absolviendo a Ricardo Chávez Muñoz, Jorge Delgado Lazarte y Raúl Ochoa Rovira de la acusación fiscal formulada en su contra por la comisión del delito contra la fe Pública - falsificación de documentos - en agravio del Estado: con lo demás que contiene; notificándose y los devolvieron.-

SS. ALBERGA POZO / SALAS VILLALOBOS / ROJAS ZULOETA

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"EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA, IMPLICA UN ATENTADO CONTRA LA SALUD FISICA DE LAS PERSONAS Y NO HABIENDO EL PROCESADO ENVENENADO O CONTAMINADO O ADULTERADO EL LICOR DESTINADO A CONSUMO HUMANO Y PERTENECIENDO EL CONTENIDO DEL SUPUESTO PISCO OCUCAJ

CONSULTA No 487-92-SP

"EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA, IMPLICA UN ATENTADO CONTRA LA SALUD FISICA DE LAS PERSONAS Y NO HABIENDO EL PROCESADO ENVENENADO O CONTAMINADO O ADULTERADO EL LICOR DESTINADO A CONSUMO HUMANO Y PERTENECIENDO EL CONTENIDO DEL SUPUESTO PISCO OCUCAJE A OTRA MARCA, SE CONFIGURA LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Y ESTAFA, PERO NO CONTRA LA SALUD PUBLICA."

PROCEDENCIA: Cusco TEMA: Contra la Fe Pública

 

Instrucción No 472-91

C.S. No 487-92

Corte Superior del Cusco (A)

Dictamen No 6220-92-FSP-MP

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Viene este proceso por Recurso de Nulidad de Oficio, respecto al extremo de la resolución que declara no haber mérito a Juicio Oral, contra REYNALDO PINELO RICHTER, por el delito contra la Salud Pública, en agravio del Estado.

Resulta de autos que el día 21 de Agosto de 1990 el procesado fue intervenido en el interior del Restaurant "Retama", vendiendo botellas de "Pisco Ocucaje" como si fueran de esa marca, sin embargo vendía licor de marcas desconocidas, a las cuales colocaba etiquetas de Pisco Ocucaje, las que obtenía de botellas vacías y despegándolas las colocaba en las falsas.

A través del proceso no se ha acreditado la responsabilidad del procesado en el delito contra la Salud Pública, ya que este delito implicada un atentado contra la salud física de las personas; y en el caso de autos el procesado no envenenó, contaminó o adulteró el licor destinado a consumo humano, el contenido del supuesto "Pisco Ocucaje" pertenecía o otra marca, configurándose los delitos contra la Fe Pública y estafa, pero no contra la salud pública.

Por las consideraciones expuestas esta Fiscalía Suprema Penal, propone se declare NO HABER NULIDAD en la resolución recurrida de Fs. 109.

Lima, 14 de Setiembre de 1992.

DR. CESAR FELIX GALVEZ SOTO, Fiscal Supremo en lo Penal (p).

Sentencia

Lima, dieciséis de marzo de mil novecientos noventitrés.-

VISTOS; de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO ADEMAS; que, conforme aparece de autos contra Pinelo Richter, no existen elementos de prueba suficientes que permitan establecer fehacientemente que haya cometido el ilícito que le imputa: declararon NO HABER NULIDAD en el auto recurrido de fojas ciento nueve, su fecha quince de enero de mil novecientos noventidós en el extremo que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Reynaldo Pinelo Richter por el delito contra la salud pública en agravio del Estado; con los demás que contiene; y los devolvieron.-

Señores:

PANTOJA RODULFO.- IBERICO MAS.- MONTES DE OCA BEGAZO.- JERI DURAND.- MERMOZA MOYA.

Se publicó conforme a ley.

DAVID A. TOSO ARCAYA, Secretario. Corte Suprema de Justicia de la República.

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EL BIEN JURIDICO TUTELADO DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, ES LA CONFIANZA CIUDADANA EN DETERMINADOS ACTOS O INSTRUMENTOS. PROCEDENCIA: Cajamarca TEMA: Delitos Contra la Fe Pública

EXPEDIENTE No 1071-91-CAJAMARCA

 

EL BIEN JURIDICO TUTELADO DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, ES LA CONFIANZA CIUDADANA EN DETERMINADOS ACTOS O INSTRUMENTOS.

PROCEDENCIA: Cajamarca TEMA: Delitos Contra la Fe Pública

Dictamen No 4028-92-FSP-MP

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA:

Ha pasado en vista a esta Fiscalía Suprema el presente proceso a mérito del recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de fojas 230 que CONDENA por Mayoría a, VICTOR VARGAS RUIZ por delito contra la Fe Pública en agravio del Estado, a SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, con carácter de condicional, más las accesorias de ley; Reserva contra SILVIO VARGAS ALVAREZ. El Fiscal Superior interpuso recurso de nulidad.

Se imputa al encausado haberse apoderado de un cheque girado por su padre el encausado SILVIO VARGAS ALVAREZ, a la época Alcalde del Concejo Distrital de Jesús, a nombre de Héctor Gálvez Gonzáles, falsificando la firma del beneficiario a fin de conseguir su objetivo criminal de convertirlo a su favor, relación de hechos incriminatorios que el propio encausado reconoce en su declaración de fojas 79 y que se confirma con el peritaje contable de fojas 157.

Mención aparte merecen los fundamentos del voto singular de fojas 232, por cuanto son producto de una evidente confusión de bienes jurídicamente tutelados; la figura submateria, no constituye un precepto estrictamente patrimonial, no es ese el interés general cautelado por la ley, sino la confianza ciudadana en determinados actos o instrumentos. En consecuencia, este MINISTERIO propone que la Sala de su Presidencia declare que NO HAY NULIDAD en la recurrida de fojas 230, con lo demás que contiene.

Lima, 17 de Julio de 1992.

Dr. CESAR FELIX GALVEZ SOTO, Fiscal Supremo en lo Penal (p).

Lima, veintitrés de marzo de mil novecientos noventitrés.-

VISTOS; de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal; por sus fundamentos; declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas doscientos treinta, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventiuno, que condena a Víctor Vargas Ruiz, por el delito contra la fe pública en agravio del Estado, a seis meses de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende; con lo demás que contiene; y los devolvieron.-

Señores:

PANTOJA RODULFO.- MONTES DE OCA BEGAZO.- JERI DURAND.- SANCHEZ PALACIOS PAIVA.- HERMOZA MOYA.

Se publicó conforme a ley.

DAVID A. TOSO ARCAYA, Secretario. Corte Suprema de Justicia de la República.

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"PARA LA CONFIGURACION DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, NO SOLAMENTE DEBE HACERSE O USARSE EN TODO O EN PARTE UN DOCUMENTO FALSO O ADULTERADO; SINO QUE DE LA UTILIZACION DE ESTE DEBE RESULTAR UN PERJUICIO." PROCEDENCIA: Lima TEMA: Contra la Fe Públi

EXPEDIENTE No 165-90-SP

"PARA LA CONFIGURACION DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, NO SOLAMENTE DEBE HACERSE O USARSE EN TODO O EN PARTE UN DOCUMENTO FALSO O ADULTERADO; SINO QUE DE LA UTILIZACION DE ESTE DEBE RESULTAR UN PERJUICIO."

PROCEDENCIA: Lima TEMA: Contra la Fe Pública

REFERENCIA LEGAL: Art. 364 del Código Penal de 1924

Art. 284 del Código de Procedimientos Penales

Art. 427 del Código Penal

Lima, nueve de noviembre de mil novecientos noventa.-

VISTOS; con lo expuesto por el señor Fiscal; por sus fundamentos; y considerando además: que el artículo trescientos sesenticuatro del Código Penal señala que para la configuración del delito contra la fe pública, no solamente debe hacerse o usarse en todo o en parte un documento falso o adulterado; sino que de la utilización de éste debe resultar un perjuicio, condición expresa de la ley; que, en el caso de autos no se ha materializado; que a mayor abundamiento la denuncia de foja una vuelta, señala el registro número cero cero treintiocho como recurso de prórroga, tratándose en verdad de una numeración diferente a la de fojas cuarentinueve que es el registro número cero cero sesentiocho, siendo de aplicación al caso de autos el artículo doscientos ochenticuatro del Código de Procedimientos Penales; declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas ciento veintisiete, su fecha trece de diciembre de mil novecientos ochentinueve, que absuelve a Samuel Torres Monge de la acusación fiscal por el delito contra la fe pública --falsificación de documento-- en agravio del Estado; con lo demás que contiene; y los devolvieron.-

Señores;

VALLADARES AYARZA.- GAMERO VALDIVIA.- PANTOJA RODULFO.- SALAS GAMBOA.

Se publicó conforme a ley.

BERNARDO DEL AGUILA PAZ, Secretario General de la Corte Suprema.

VISTOS; de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal: MI VOTO es porque se declare: NULA la sentencia recurrida de fojas ciento veintisiete, su fecha trece de diciembre de mil novecientos ochentinueve y se realice nuevo juicio oral por otro Tribunal Correccional; en la instrucción que se sigue contra Samuel Torres Monge, por el delito contra la fe pública --falsificación de documento-- en agravio del Estado.

Señores:

PAJARES PAREDES.

Se publicó conforme a ley.

BERNARDO DEL AGUILA PAZ, Secretario General de la Corte Suprema.

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EL ARTICULO 1o DEL TITULO PRELIMINAR DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PREVE UNA EXCEPCION, LA CUAL SEÑALA QUE EL REFERIDO DISPOSITIVO NO SE APLICA EN NINGUN CASO A LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS D

RESOLUCION MINISTERIAL No 336-96-EM/OGAJ

EL ARTICULO 1o DEL TITULO PRELIMINAR DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PREVE UNA EXCEPCION, LA CUAL SEÑALA QUE EL REFERIDO DISPOSITIVO NO SE APLICA EN NINGUN CASO A LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESTINADOS A ORGANIZAR O HACER FUNCIONAR SUS PROPIAS ACTIVIDADES O SERVICIOS.

PROCEDENCIA: Lima TEMA: Delito Contra la Fe Pública

REFERENCIA LEGAL: Art. 47 de la Const. Política del Perú

Art. 12 del D.L. 17537

Arts. 1 y 43 del D.S. 02-94-JUS

Lima, 26 de julio de 1996

Visto el escrito de fecha 3 de julio de 1996, presentado por Daniel Castagnola Aguayo, solicitando la nulidad de la Resolución Ministerial No 266-96-EM/OGAJ, del 7 de junio de 1996;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial No 266-96-EM/OGAJ, de fecha 7 de junio de 1996, se autorizó al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas, para que en nombre y representación del Estado formule denuncia penal y demás acciones legales pertinentes contra Lázaro H. Clemente Cáceres, Daniel Castagnola Aguayo, Rosa Castagnola Galindo de Villa y Adriel Salazar Zea, por comisión de delito contra la fe pública en agravio del Estado;

Que, por Escrito No 1075152, de fecha 3 de julio de 1996, Daniel Castagnola Aguayo, deduce la nulidad de la Resolución Ministerial No 266-96-EM/OGAJ, argumentando que el procedimiento de fiscalización realizado por la Dirección General de Minería, no le fue puesto a su conocimiento, desconociéndose en consecuencia su legítimo derecho de defensa;

Que, la referida Resolución se ha expedido en cumplimiento del Artículo 12o del Decreto Ley No 17537, modificado por el Decreto Ley No 17667 y en concordancia del Artículo 47o de la Constitución Política del Perú;

Que, el acto administrativo que contiene la aludida Resolución Ministerial se encuentra amparado en la excepción que prevé el Artículo 1o del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo No 02-94-JUS, el cual señala que el referido Reglamento no se aplica en ningún caso a los procedimientos internos de la Administración Pública destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios;

Que, al expedirse la Resolución Ministerial antes mencionada no se ha incurrido en ninguna de las causales de nulidad establecidas en el Artículo 43o del Decreto Supremo antes mencionado y su única finalidad consiste en disponer que el representante del Estado en juicio, inicie un proceso judicial contra el recurrente, acción que no se encuentra comprendida en ninguno de los cuatro incisos que detalla el Artículo 1o como actos o procesos comprendidos en los alcances del citado Reglamento;

Que, mediante Memorándum No 049-96-EM/PP, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas comunica que con fecha 13 de junio de 1996, se ha presentado la denuncia respectiva contra Daniel Castagnola Aguayo, en la mesa de partes única de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, siendo derivada a la Trigésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima, donde se encuentra pendiente de formalizarse la misma;

Que, en consecuencia, la nulidad deducida resulta improcedente;

De conformidad con los Artículos 1o y 43o del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo No 02-94-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar improcedente el pedido de nulidad solicitado por Daniel Castagnola Aguayo de la Resolución Ministerial No 266-96-EM/OGAJ, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL HOKAMA, Ministro de Energía y Minas.

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TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LOS DELITOS DE T.I.D. Deberá tenerse en cuenta que la terminación anticipada se construye sobre la base de una negociación o acuerdo de las partes procesales (Fiscal e inculpado) acerca de las circunstancias del hecho pu

TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LOS DELITOS DE T.I.D.

 

Deberá tenerse en cuenta que la terminación anticipada se construye sobre la base de una negociación o acuerdo de las partes procesales (Fiscal e inculpado) acerca de las circunstancias del hecho punible y la pena a imponer, dentro de la hipótesis de autoinculpación del procesado debidamente acreditada. Esto significa, en principio, la existencia de una correcta calificación jurídica del hecho punible que fluya de la prueba incorporada al proceso, bajo el criterio de prueba suficiente demostrativa de la comisión delictiva y de la responsabilidad penal del procesado y, en segundo orden, que la pena acordada responda al criterio de proporcionalidad por el hecho y a la función preventiva y resocializadora de la misma, sin perder de vista los criterios de regulación del quantum de la pena, el grado de ejecución del delito, su autoría o participación, la presencia de circunstancias, la presencia de circunstancias o causas de justificación incompleta, entre otros, que permitan imponer una penalidad justa.

 

                                                                                    INCD. Nº 164-2002

                                                                                    Concordancias:

                                                                                    C.P.: Art. VIII T.P 298 inc. 1

 

Huamachuco

 

CONTRA: Martín Estrada Valera

DELITO: T.I.D.

AGRAVIADO: EL ESTADO

 

Trujillo, veintitrés de agosto del dos mil dos

VISTOS; En audiencia pública, con lo expuesto por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas ciento cuarenta y cuatro; y,

CONSIDERANDO; Además:

Que el PODER-DEBER de administrar justicia se ejerce con arreglo a la Constitución y a las Leyes, bajo el criterio de un irrestricto respeto al ordenamiento jurídico de la Nación, y en tal sentido, si la terminación anticipada del proceso por tráfico ilícito de drogas tiene su mecanismo procesal taxativamente previsto por ley especial, en este caso por Ley veintiséis mil trescientos veinte, por principio de legalidad procesal, debe cumplirse con la formalidad procesal prevista, que exige de los operadores jurisdiccionales un mejor análisis y aplicación de la forma y alcances legales. En tal sentido, deberá tenerse en cuenta que la terminación anticipada se construye sobre la base de una negociación o acuerdo de las partes procesales (Fiscal e inculpado) acerca de las circunstancias del hecho punible y la pena a imponer, dentro de la hipótesis de autoinculpación del procesado debidamente acreditada. Esto significa, en principio, la existencia de una correcta calificación jurídica del hecho punible que fluya de la prueba incorporada al proceso, bajo el criterio de prueba suficiente demostrativa de la comisión delictiva y de la responsabilidad penal del procesado y, en segundo orden, que la pena acordada responda al criterio de proporcionalidad por el hecho y a la función preventiva y resocializadora de la misma, en armonía con las normas rectoras consagradas en el Título Preliminar del Código Penal, sin perder de vista los criterios de regulación del quantum de la pena que contienen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la misma norma punitiva, el grado de ejecución del delito, su autoría o participación. Esto es, muy aparte la consideración de circunstancias de reducción de pena por la decisión de acogerse al mecanismo procesal de terminación anticipada y por confesión si fuera el caso. Es decir, deberá consignarse expresamente en el acta no sólo las circunstancias del hecho punible sino las penas a imponerse, en el caso de trafico ilícito de drogas, la pena privativa de libertad, la multa y la inhabilitación en su calidad de penas principales conjuntas y no como accesorias las dos ultimas. Esto es, independientemente a los beneficios, que la ley especialmente prevé, amén de la reparación civil que resulta ineludible. Esto es, porque la rebaja de la pena de una sexta parte que señala el artículo tercero de la ley veintiséis mil trescientos veinte, no sólo procede de la pena privativa de libertad sino de igual modo de la multa e inhabilitación, por eso la necesidad de señalar expresamente el quantum acordado de estas últimas antes de su rebaja, toda vez que la reducción de una sexta parte prospera de puro derecho y por el solo sometimiento a la terminación anticipada; Que al no haberse procedido en los términos como se deja indicado en el considerando precedente, se ha incurrido en insalvable causal de nulidad prevista en el inciso primero del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales;

DESAPROBARON la sentencia elevada en consulta de fojas ciento treinta y tres, su fecha veintinueve de octubre del dos mil uno que FALLA: APROBANDO el acuerdo de terminación anticipada del proceso contenida en el acta de su propósito y que condena a MARTIN ESTRADA VALERA como autor del delito de Trafico Ilícito de Drogas en la modalidad de facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de posesión con fines de tráfico en agravio del Estado, imponiéndole seis años y seis meses de pena privativa de libertad, la que se tiene por iniciada el día treinta de noviembre del dos mil y culminará el día treinta de mayo del dos mil siete y al pago de la multa de quinientos seis nuevos soles con veinticinco céntimos de nuevo sol que corresponde a ciento treinta y cinco días multa a favor del Estado e inhabilitación y fija en un mil nuevos soles la reparación civil que deberá abonar el condenado en mención a favor del Estado; con lo demás que contiene; DISPUSIERON que la causa sea remitida al Juzgado de Huamachuco, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, teniendo presente lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución RECOMENDARON al Representante del Ministerio Público y a la señora Juez que intervinieron un mayor estudio de la ciencia jurídica y de la Ley de la materia en atención a la delicada función que el Estado les ha conferido; notificándose a quienes corresponda; y los devolvieron.

Vocal Ponente doctor Marco Ventura Cueva.

SS. VENTURA CUEVA; TORRES MENDOZA; VALDIVIEZO GARCIA.

 

 

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TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS : POSESIÓN CON FINES DE MICROCOMERCIO Para encuadrar la conducta típica del Tráfico Ilícito de Drogas es necesario que se precise la calidad y peso de la droga por tal razón y considerando que el peso neto tal de dro

               TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS : POSESIÓN CON FINES DE MICROCOMERCIO

 

Para encuadrar la conducta típica del Tráfico Ilícito de Drogas es necesario que se precise la calidad y peso de la droga por tal razón y considerando que el peso neto tal de droga comisada a la acusada Llaure Llaure es de sesentisiete gramos de pasta básica de cocaína y dos gramos de marihuana, no queda sino subsumir la conducta en la hipótesis jurídica contenida en el artículo doscientos noventiocho del Código Penal, en vigor a la fecha de su comisión. Lo mismo ocurre con la conducta desarrollada por el acusado Erick David Mego Lujan que, no obstante su negativa en reconocer los cargos, está suficientemente probado con el hallazgo de setenta centésimas de gramo, peso neto, de pasta básica de cocaína en su maletín de su propiedad y dentro de la habitación de su exclusivo uso, conductas de estos dos acusados orientados a favorecer el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de posesión con fines de microcomercio, resultando procedente imponerles condena con carácter de ejecución suspendida y con expresas reglas de conducta.

 

 

                                                    Inst. Nº 127-2002

                                                                        Concordancias:

C.P.: Art. 6, 10, 12, 23, 28, 45, 46, 57, 59, 92,  297 inc. 7,298

C. de P.P.: Art. 280, 283, 285, 321

 

Juzgado de Tráfico Ilícito de Drogas

Juez: Dr. Atilio Canelo Ramírez

 

Trujillo, trece de junio del dos mil dos

VISTA; En audiencia pública y oral la causa número ciento veintisiete del dos mil dos, seguida contra los acusados: en libertad FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE, ERICK DAVID MEGO LUJAN y ausentes JUAN CARLOS MEGO LUJAN Y FRANCISCO COTRINA RODRIGUEZ, cuyas generales de ley y relaciones personales de los primeros corren en autos, por el delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado;

RESULTA DE AUTOS:

Que por sentencia de fojas cuatrocientos noventicinco, su fecha veintinueve de Abril de mil novecientos noventinueve, se reservó el juzgamiento de los acusados libres Francisca Kelly Llaure Llaure, Erik David Mego Luján y de los ausentes Juan Carlos Mego Luján y Francisco Cotrina Rodríguez, reiterándose las órdenes para su captura para los últimos, que con oficio de fojas quinientos treintitrés, es puesto a disposición de esta Sala Penal el acusado Erick David Mego Luján y por resolución de fojas quinientos cincuentisiete, se señaló el día Jueves veintitrés de Mayo del año en curso, a las nueve de la mañana, llevándose a cabo la audiencia pública; llevado a cabo el acto oral y contradictorio como lo dispone el artículo trescientos veintiuno del Código de Procedimientos, a su fin se ha escuchado la requisitoria oral del señor fiscal superior y defensa del acusado, siendo su estado el de expedir sentencia; y,

CONSIDERANDO:

Que, de la prueba producida en el juzgamiento y de la materialidad de los hechos y elementos de prueba incorporados oralmente en audiencia se establece, que en acción de interdicción al tráfico ilícito de drogas, el veintinueve de Noviembre de mil novecientos noventisiete, aproximadamente a horas tres y cuarenticinco minutos de la mañana, miembros de la Policía Nacional del Perú en presencia del señor representante del Ministerio Público, intervienen el inmueble de Avenida Honorio Delgado número mil treinticinco de la Urbanización El Bosque de Trujillo, vivienda del ya condenado JHONY HENRY MEGO LUJAN y su conviviente y hoy acusada FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE y al registro domiciliario en el primer ambiente que utilizan como dormitorio y debajo de un colchón, se halló cuarentiuno y setentitrés envoltorios tipo "ketes" de pasta básica de cocaína, además ciento diez envoltorios vacíos con las mismas características para ser utilizadas para preparar "ketes", asimismo, en el ropero y entre la ropa se halló un envoltorio de papel conteniendo setenta gramos, peso aproximado, de una sustancia blanquecina granulada en estado húmedo con características a pasta básica de cocaína, que luego fue determinada como tal a la prueba de orientación, descarte y pesaje de droga, a que se contrae el Acta de su propósito de fojas ochentitrés, estableciendo que se trata de setentiséis punto cinco gramos peso bruto de pasta básica de cocaína. Hallando también un envoltorio tipo "paco" con tres punto cinco gramos, peso bruto, de CANNABIS SATIVA o "MARIHUANA", como asimismo una serie de artefactos y especies, como consta del Acta de Registro, comiso de droga e incautación de especies de fojas sesentiuno, Actas de orientación, descarte y pesaje de droga de fojas ochentiuno y las ya glosadas anteriormente. Se establece, además, que continuando con el registro en el domicilio antes indicado, en el segundo piso parte posterior del inmueble, en una habitación de material noble acondicionado como dormitorio, se encontró y detiene al acusado ERICK DAVID MEGO LUJAN y al registro de este ambiente se halló tres envoltorios tipo "ketes" con pasta básica de cocaína con un peso bruto de tres gramos, dentro de un maletín de color negro, conforme consta del Acta de intervención, registro domiciliario y comiso de droga de fojas sesentitrés y del Acta de orientación, descarte y pesaje de droga de fojas ochenticinco. Calidad de esta droga comisada que se confirma con los Dictámenes de Pericia Química de fojas trescientos cuarentidós, trescientos cuarentitrés y trescientos cuarenticinco, que precisan las siguientes cantidades de droga comisada en sus pesos netos: diecisiete y cuarenticuatro gramos de pasta básica de cocaína y dos gramos de marihuana en lo que respecta a JHONY HENRY MEGO LUJAN Y FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE y setenta centésimas de gramo, peso neto de pasta básica de cocaína, en lo que respecta a ERICK DAVID MEGO LUJAN. Y frente a estas evidencias materiales el intervenido JHONY HENRY MEGO LUJAN reconoce su autoría y señala como su proveedor al también condenado JOSE ANIBAL COTRINA RODRIGUEZ. Marco de hechos que fundamentan la tesis acusatoria de fojas trescientos noventidós que propugna por la autoría y responsabilidad penal, además de los ya condenados, de los procesados FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE, ERICK DAVID MEGO LUJAN, JUAN CARLOS MEGO LUJAN Y FRANCISCO COTRINA RODRIGUEZ, en la ejecución de una conducta comisiva de tráfico ilícito de drogas, en la figura delictiva agravado que prevé el inciso sétimo del artículo doscientos noventisiete del Código Penal en vigor, en agravio del Estado, que dio lugar a la sentencia de fojas cuatrocientos noventicinco, su fecha diecinueve de Abril de mil novecientos noventinueve, mediante la cual se condena a JHONY HENRY MEGO LUJAN Y JOSE ANIBAL COTRINA RODRIGUEZ por tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo doscientos noventiséis del Código Penal, a ocho años de pena privativa de libertad a cada uno, y manda RESERVAR EL JUZGAMIENTO contra los acusados ERICK DAVID MEGO LUJAN, FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE, JUAN CARLOS MEGO LUJAN Y FRANCISCO COTRINA RODRIGUEZ, que franquea el desarrollo del presente juzgamiento, donde los acusados presentes: MEGO LUJAN Y LLAURE LLAURE niegan y contradicen los cargos al examen en audiencia y señalan, por su parte la acusada FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE, que circunstancialmente estuvo de visita en el inmueble donde se comisó droga, domicilio de su ex-conviviente, condenado en este mismo proceso, JHONY HENRY MEGO LUJAN, con el fin de recoger a su menor hija que acostumbraba a pasar los fines de semana con su padre y nada tiene que ver con la posesión y comercio de droga, sin embargo, cuando se le pregunta por qué aceptó a nivel del instructorio conocer de la posesión y comercio de droga que realizaba su conviviente e incluso haber aceptado que en ausencia de éste también la vendía, ensaya dos contradictorias razones que le quitan toda credibilidad: que la Policía le dijo que declare conforme había manifestado en sede policial y que cree que JHONY HENRY MEGO LUJAN le dijo que declare así. Y, si bien, todo procesado tiene la facultad de negar los cargos, también lo es que las contradicciones deben ser explicadas con coherencia, en tal sentido, no cabe duda que su explicación en el juzgamiento responde a un mecanismo de defensa. No se puede dejar de considerar que el inmueble de Avenida Honorio Delgado número mil treinticinco de la Urbanización El Bosque, donde se comisó la mayor cantidad de droga era el domicilio de la procesada LLAURE LLAURE en la fecha de su intervención y hallazgo de droga, que compartía con su conviviente Jhony Henry Mego Luján, como lo señala la misma acusada al dar sus generales de ley en su manifestación policial de fojas treinta, que lo confirma al hacer lo propio en su declaración instructiva de fojas ciento sesenticinco, su fecha dieciséis de Diciembre de mil novecientos noventisiete, diecisiete días después de su intervención, conclusión que no pude quedar enervada con la certificación domiciliaria que tiene presentada la defensa en juicio oral, donde se indica el domicilio de Manzana "S" Lote ocho, Barrio III Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, en razón a que éste corresponde a un domicilio actual, en todo caso el treinta de Mayo del dos mil dos, fecha de expedición del certificado domiciliario, y por el contrario, con la copia de su Libreta Militar y partida de nacimiento de su menor hija que, asimismo, corren con las actas de sesión de audiencia, se demuestra que la acusada LLAURE LLAURE domicilió en el inmueble de Avenida Honorio Delgado desde años anteriores a la fecha de su intervención policial, lugar donde se halló la droga, que hace concluir que su primera versión en sede judicial y a nivel del instructorio es la que se ajusta a la verdad, y por tal razón firmó el acta de comiso de droga de fojas sesentiuno, conjuntamente con su co-procesado Jhony Henry Mego Luján, levantada en presencia del señor representante del Ministerio Público que legitima este acto prejurisdiccional, que indudablemente la compromete en la posesión de diecisiete y cuarenticuatro gramos, peso neto, de pasta básica de cocaína con presencia de carbonatos y dos gramos, peso neto, de marihuana, conforme consta de las actas antes glosadas y en especial del Dictamen de Pericia Química de fojas trescientos cuarentitrés, que precisa la calidad y peso neto de la droga comisada a Jhony Henry Mego Luján y Francisca Kelly Llaure Llaure, que ha de tenerse en cuenta para encuadrar la conducta típica. Debe considerarse, asimismo, que está probado con la partida de nacimiento de la menor Andrea Sofía de Lourdes Mego Llaure, que corre con las actas de sesión de audiencia, que esta menor es hija de la acusada Llaure Llaure y del sentenciado Jhony Henry Mego Luján, y en tal sentido probado que a la fecha de su intervención y comiso de la droga, y mucho antes, tenían la condición de convivientes, y es ésta la circunstancia que le impone a la acusada Llaure Llaure vivir en el mismo domicilio del sentenciado antes nombrado y no otra expresamente motivada en la venta de droga, que no cabe duda la empujó a delinquir conjuntamente con su conviviente, si se tiene en cuenta, además, la cultura machista propia de nuestra realidad social que tuvo que influir en la conducta de la acusada Llaure Llaure, que ha de tenerse en cuenta para regular la pena. Precisa a este nivel de análisis anotar, que no está probado en absoluto que tres o más agentes delictivos en el presente caso concertaron voluntades para favorecer el consumo ilegal de drogas tóxicas. No está probado, en efecto, que el proveedor ya condenado trató con más de una persona la venta de droga. No está probado que los hermanos Mego Luján se ponen de acuerdo para perpetrar el injusto penal materia del juzgamiento, en tal sentido la conducta de la acusada Llaure Llaure no se puede subsumir en la hipótesis legal que contiene el inciso sétimo del artículo doscientos noventisiete del Código Penal, en tanto no se presentan las circunstancias agravantes que este inciso contiene, la pluralidad de agentes (tres o más personas) en la comisión del hecho o que el agente activo integre una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel nacional o internacional, por tal razón y considerando que el peso neto tal de droga comisada a la acusada Llaure Llaure es de sesentisiete gramos de pasta básica de cocaína y dos gramos de marihuana, no queda sino subsumir la conducta en la hipótesis jurídica contenida en el artículo doscientos noventiocho del Código Penal, en vigor a la fecha de su comisión. Lo mismo ocurre con la conducta desarrollada por el acusado ERICK DAVID MEGO LUJAN que, no obstante su negativa en reconocer los cargos, está suficientemente probado con el hallazgo de setenta centésimas de gramo, peso neto, de pasta básica de cocaína en su maletín de su propiedad y dentro de la habitación de su exclusivo uso, a que se contrae el acta de comiso de droga de fojas sesentitrés, levantada en presencia del señor representante del Ministerio Público y en operación de interdicción conjunta con la Policía Nacional del Perú, que asimismo le da legitimidad a este acto de investigación, y se confirma con el Dictamen de Pericia Química de la División de Criminalística de fojas trescientos cuarenticinco, que precisan la calidad y peso neto de la droga comisada al acusado ERICK DAVID MEGO LUJAN que orienta a encuadrar su conducta en el mismo artículo doscientos noventiocho del Código Penal no están probadas las circunstancias agravantes que prevé el inciso sétimo del artículo doscientos noventisiete del Código Penal, como se deja expuesto anteriormente y que resulta procedente en aplicación del principio de determinación alternativa. Conductas de estos dos acusados orientados a favorecer el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de posesión con fines de microcomercio, que no encuentran causas de justificación ni de exclusión de culpabilidad, y por el contrario han generado personales juicios de reproche que demandan sanción punitiva, que ha de imponerse teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena, el principio de culpabilidad como concepto limitador del ius puniendi estatal y la necesidad preventiva de pena como criterio de política criminal, resultando procedente imponerles condena con carácter de ejecución suspendida y con expresas reglas de conducta, en tanto se dan los presupuestos legales previstos en el artículo cincuentisiete del Código Penal, teniendo en cuenta, además, sus carencias sociales y económicas para los efectos de regular la multa y el monto de la reparación civil. De otro lado, considerando que no se han desvirtuado los cargos de pesan contra los acusados ausentes es procedente reservarles el juzgamiento.

POR ESTAS CONSIDERACIONES apreciando los hechos y las pruebas que las abonan con criterio de conciencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos seis, diez, doce, veintitrés, veintiocho, cuarenticinco, cuarentiséis, cincuentisiete, cincuentiocho, cincuentinueve, noventidós, noventitrés y doscientos noventiocho del Código Penal, concordante con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochentitrés, doscientos ochenticinco y trescientos veintiuno del Código de Procedimientos Penales, la TERCERA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LA LIBERTAD, administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a los acusados en libertad ERICK DAVID MEGO LUJAN Y FRANCISCA KELLY LLAURE LLAURE, como autores del delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado, a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, con más la obligación de pagar cada uno a favor del agraviado la suma de mil nuevos soles por concepto de reparación civil, SUSPENDIERON la ejecución de la pena por un periodo de dos años siempre que cumpla con las reglas de conducta siguientes: Prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación; prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización del juzgado; comparecer al Juzgado el último día útil de cada mes para informar y justificar sus actividades; Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo que se encuentre imposibilitado de hacerlo; Que no tenga en su poder objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito; bajo apercibimiento de proceder conforme a las opciones que establece el artículo cincuentinueve del Código Penal (amonestación o revocatoria de la suspensión de pena), asimismo impusieron doscientos ochenta días multa a razón del veinticinco por ciento de su haber diario de diez nuevos soles e INHABILITACION de cuatro años conforme a los incisos segundo y cuarto del artículo treintiséis, MANDARON que consentida y/o ejecutoriada que sea esta sentencia, se inscriba en el Registro Judicial de Condenas, remitiéndose el boletín y testimonios respectivos, oportunamente, se efectivice el pago de la reparación civil por el Juzgado de origen conforme lo establece el artículo trescientos treintisiete del Código de Procedimientos Penales y fecho se archive de modo definitivo en la Sección correspondiente de esta Corte, RESERVARON el juzgamiento de los acusados ausentes JUAN CARLOS MEGO LUJAN Y FRANCISCO COTRINA RODRIGUEZ, hasta que sean habidos y puestos a disposición de la Sala, reiterándose las órdenes de captura a nivel nacional y local, oficiándose con cuyo objeto a las autoridades policiales correspondientes, sin perjuicio de emplazarse por edictos en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Diario "Nuevo Norte" de esta localidad.

Actuó como Director de Debates el doctor Marco Ventura Cueva, y como Secretario el doctor Rafael Romero Rodríguez.

Dr. MARCO VENTURA CUEVA, Presidente, Director de Debates; Dr. MARIO TORRES MENDOZA, Vocal; Dr. MARCELO VALDIVIEZO GARCIA, Vocal Provisional.

 

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SEMI-LIBERTAD : CASOS DE IMPROCEDENCIA Resulta improcedente el beneficio de semi-libertad, cuando la recurrente tiene un proceso pendiente con mandato de detención o cuando muestra sanciones disciplinarias y regular conducta, hechos que suceden

SEMI-LIBERTAD :  CASOS DE IMPROCEDENCIA

 

Resulta improcedente el beneficio de semi-libertad, cuando la recurrente tiene un proceso pendiente con mandato de detención o cuando muestra sanciones disciplinarias y regular conducta, hechos que suceden en el caso materia de autos, por cuanto la recurrente aún alegando haber cumplido con la tercera parte de su condena por haber redimido su condena; no es considerado como motivo suficiente para otorgarle tal beneficio ya que como consta en el certificado de conducta, esta interna peticionaria tiene sanción disciplinaria y regular conducta, lo que significa que no está todavía debidamente readaptada para desenvolverse socialmente a lo externo del penal, otro hecho es que la recurrente se encuentra requisitoriada, deduciéndose que tiene proceso pendiente con mandato de detención.

 

 

 

SEMILIBERTAD Nº 22-2002

            Concordancias:

            C.P.: Art. 296

            C. de E. P.: Art. 49 inc. 2, 3

 

 

 

TERCER JUZGADO PENAL

JUEZ DOCTOR LUIS CHAVEZ PACHECO

 

INCULPADO: MARIA ALEJANDRINA MORE AGUILAR

DELITO: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

AGRAVIADO: EL ESTADO

 

Trujillo, veintitrés de diciembre del dos mil dos

VISTOS; En audiencia pública, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas treinta y nueve, cuyos fundamentos se reproducen; y,

CONSIDERANDO; Además:

Primero.- Que, la sentenciada María Alejandrina More Aguilar fue condenada a doce años de pena privativa de libertad, por delito de Tráfico del tipo base estipulado en el artículo doscientos noventa y seis del Código Penal, según se advierte de la copia de la sentencia obrante de fojas dos a seis de este cuaderno, la misma que por carcelería que venía sufriendo desde el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve vencerá el veintiocho de mayo del dos mil once, alegando la recurrente que a la fecha ha cumplido con la tercera parte de su condena, al haber redimido la pena por trabajo en la modalidad de cinco días de trabajo por uno redimido;

Segundo.- Que, uno de los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo cuarenta y nueve del Código de Ejecución Penal, es la presentación del certificado de conducta y como es de verse, de la certificación de fojas dieciséis, la interna peticionaria tiene sanción disciplinaria y regular conducta, lo que significa que no está todavía debidamente readaptada para desenvolverse socialmente a lo externo del penal;

Tercero.- Que, si bien la constancia de fojas nueve sobre solicitud de no tener procesos pendientes con mandato de detención arroja negativo; también lo es, que la referida sentenciada tiene pendientes un buen número de instrucciones por el delito de tráfico ilícito de drogas como es de verse del historial penitenciario corriente a fojas diecinueve y veinte de los autos, advirtiéndose que dicha sentenciada tiene una requisitoria con el nombre de MORE AGUILAR MARIA ALEJANDRINA por la Sala Penal de Trujillo, oficio número cuarenta y dos setenta y uno - noventa y cuatro - SP uno del quince de junio del noventa y cuatro, por delito de tráfico ilícito de drogas; siendo así, estando requisitoriada, deduciéndose que tiene proceso pendiente con mandato de detención contraviene el inciso tercero del artículo cuarenta y nueve del Código de Ejecución Penal, modificado por la Ley veintisiete mil ochocientos treinta y cinco, el beneficio de la semilibertad sólo será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer, que no cometerá nuevo delito; presupuestos que con criterio de conciencia para los integrantes de esta Sala no se han dado;

Por estas consideraciones REVOCARON el auto de fojas treinta y dos, su fecha siete de noviembre del dos mil dos que resuelve DECLARAR PROCEDENTE la petición de la recurrente María del Pilar More Aguilar o María Alejandrina More Aguilar respecto de la sentencia expedida por la Sala Penal Transitoria Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en la instrucción numero setecientos setenta y uno - noventa y nueve por el delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado, con lo demás que contiene; REFORMANDOLO declararon improcedente el beneficio de semilibertad solicitada por MARIA ALEJANDRINA MORE AGUILAR con motivo de la instrucción seguida en su contra por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado y ORDENARON su recaptura debiendo oficiarse a las diversas autoridades policiales; y los devolvieron.

Vocal Ponente doctor Marcelo Valdiviezo García.

SS. VENTURA CUEVA; TORRES MENDOZA; VALDIVIEZO GARCIA.

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