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LEGISLACIÓN (13)

Otorgan “Bono Excepcional Anticorrupción" a Jueces Penales Especiales y Fiscales Provinciales Especializados en Delitos de Corrupción DECRETO SUPREMO Nº 232-2001-EF

Otorgan “Bono Excepcional Anticorrupción" a Jueces Penales Especiales y Fiscales Provinciales Especializados en Delitos de Corrupción
DECRETO SUPREMO Nº 232-2001-EF

     EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
     CONSIDERANDO:
     Que, los actos de corrupción realizados en el Gobierno de la década pasada, han ocasionado la apertura de una serie de investigaciones jurisdiccionales con características especiales;
     Que, estas investigaciones requieren condiciones y exigencias especiales para los Magistrados Jueces y Fiscales que las dirigen;
     Que, para los procesos instaurados o que se instauren Contra la Organización Criminal liderada por los investigados Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se han designado Jueces Penales Especiales y Fiscales Provinciales Especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios;
     Que, por las funciones de carácter excepcional y de manera exclusiva, que realizan estos magistrados, es de justicia otorgarles un Bono Excepcional Anticorrupción diferente de los ingresos establecidos en el Artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 114-2001; y que seguirán percibiendo por el período en que dichos Jueces y Fiscales ejerzan esas funciones especiales; y,
     De conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión Presupuestaria del Estado-;
     DECRETA:
     Artículo 1.- Otórguese a los Jueces Penales Especiales, así como a los Fiscales Provinciales Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios, un “Bono Excepcional Anticorrupción” equivalente a la suma de S/. 2 400,00 (Dos mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles) mensuales.
     El referido Bono sólo se percibirá por el período en que dichos Jueces y Fiscales ejerzan esas funciones especiales.
     El “Bono Excepcional Anticorrupción” no tiene carácter remunerativo ni pensionable, así como tampoco sirve de base de cálculo para beneficio alguno. Cualquier disposición en contrario es nula de pleno derecho.
     Artículo 2.- Precísase que la percepción del “Bono Excepcional Anticorrupción” no es incompatible con los ingresos establecidos en el Artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 114-2001.
     Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Justicia.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil uno.
     ALEJANDRO TOLEDO
     Presidente Constitucional de la República
     PEDRO PABLO KUCZYNSKI
     Ministro de Economía y Finanzas
     FERNANDO OLIVERA VEGA
     Ministro de Justicia

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Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley Nº 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución LEY Nº 27399

Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley Nº 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución
LEY Nº 27399

     DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2000
CONCORDANCIA:     R.ADM. Nº 073-2001-P-CSJL-PJ

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     POR CUANTO:
     El Congreso de la República
     ha dado la Ley siguiente:
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
     Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES PREVISTAS EN LA LEY Nº 27379 TRATÁNDOSE DE LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN
     Artículo 1.- Titular de la investigación preliminar
     El Fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución.
     El plazo de la investigación preliminar no excederá de 60 (sesenta) días naturales. En caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el Fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los actuados en dicha investigación.
     Artículo 2.- Medidas limitativas de derechos
     Los funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución pueden ser objeto de las medidas limitativas de derechos previstas en la Ley Nº 27379. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del Artículo 93 de la Constitución.
     Están excluidas de las medidas limitativas de derechos las previstas en el Artículo 143 del Código Procesal Penal, así como las establecidas en el Artículo 2 de la Ley Nº 27379 en su inciso 1) y el impedimento de salir de la localidad en donde domicilie o del lugar que se le fije previsto en su inciso 2).
     El Fiscal de la Nación solicita la aplicación de las medidas limitativas de derechos al Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el cual puede concederlas mediante resolución motivada. Asimismo, puede pedir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sin requerir autorización judicial.
     Las subcomisiones investigadoras designadas por la Comisión Permanente, ésta última o el Pleno del Congreso, según corresponda, pueden requerir al Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema la cesación, modificación o imposición de las medidas limitativas indicadas en el presente artículo, desde el inicio del procedimiento de acusación constitucional y hasta que se comunique al Fiscal de la Nación la Resolución del Congreso que pone fin al procedimiento de acusación constitucional. En caso de resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso, la vigencia de dichas medidas se mantiene hasta 30 (treinta) días naturales después de publicada la resolución acusatoria.(*)
(*) Confrontar el cuarto párrafo con el Artículo Unico de la Resolución Legislativa N° 014-2000-CR, publicada 18 enero 2001.(*) NOTA SPIJ
     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
     En Lima, a los doce días del mes de enero de dos mil uno.
     CARLOS FERRERO
     Presidente a.i. del Congreso de la República
     HENRY PEASE GARCÍA
     Segundo Vicepresidente del Congreso
     de la República
     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
     POR TANTO:
     Mando se publique y cumpla.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de enero del año dos mil uno.
     VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
     Presidente Constitucional de la República
     DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE
     Ministro de Justicia

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Ley que regula el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública LEY Nº 27770

Ley que regula el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública
LEY Nº 27770

     DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001
CONCORDANCIAS:     R. N° 1809-2011-MP-FN (Aprueban Circular “Criterios para el debido otorgamiento de Beneficios Penitenciarios”
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     POR CUANTO;
     El Congreso de la República
     ha dado la Ley siguiente:
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
     Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE  BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS A AQUELLOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
     Artículo 1.- Objeto de la Ley
     La presente Ley regula el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios en favor de aquellas personas que cometen delitos contra la administración pública.
     Artículo 2.- Ámbito de aplicación
     La presente Ley se aplica a los condenados por los siguientes delitos:
     a) Concusión en todas sus modalidades.
     b) Peculado en todas sus modalidades, excepto en la forma culposa.
     c) Corrupción de funcionarios en todas sus modalidades, incluidas las cometidas por particulares.
     d) Asociación ilícita para delinquir, cuando los hechos materia de condena se hallen relacionados con atentados contra la Administración Pública, contra el Estado y la Defensa Nacional o contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.
     Artículo 3.- No recepción de Beneficios Penales
     Las personas condenadas por los delitos a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley no podrán recibir los siguientes beneficios penales:
     a) Conversión de la pena privativa de libertada que se refiere el Artículo 52 del Código Penal.
     b) La reserva del fallo condenatorio a que se refiere el Artículo 62 del Código Penal.
     Artículo 4.- Recepción de Beneficios Penitenciarios
     Las personas condenadas por los delitos a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley podrán recibir a su favor los siguientes beneficios penitenciarios:
     a) Redención de la pena por el trabajo y la educación a que se refieren los Artículos 44 al 47 del Código de Ejecución Penal, a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio debidamente comprobada.
     b) Semilibertad a que se refieren los Artículos 48 a 52 del Código de Ejecución Penal, cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el Artículo 183 del Código Procesal Penal.
     c) Liberación condicional a que se refieren los Artículos 53 a 57 del Código de Ejecución Penal cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en las sentencias como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el Artículo 183 del Código Procesal Penal.
     Artículo 5.- Disposición derogatoria
     Adecúase a la presente norma o deróganse en su caso, las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
     En Lima, a los veintiún días del mes de junio de dos mil dos.
     CARLOS FERRERO
     Presidente del Congreso de la República
     HENRY PEASE GARCÍA
     Primer Vicepresidente del Congreso
     de la República
     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
     POR TANTO:
     Mando se publique y cumpla.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dos.
     ALEJANDRO TOLEDO
     Presidente Constitucional de la República
     FERNANDO OLIVERA VEGA
     Ministro de Justicia

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Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos LEY Nº 29574

Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos
LEY Nº 29574

     CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
     POR CUANTO:
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
     Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE DISPONE LA APLICACIÓN INMEDIATA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS
     Artículo 1.- Objeto de la Ley
     La presente Ley tiene el objeto de adelantar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 957, para los delitos tipificados en las Secciones II, III y IV, artículos del 382 al artículo 401, del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal; así como modificar los artículos 34 y 47 de la Ley núm. 29277, Ley de la Carrera Judicial; y el artículo 94, inciso 2, del Decreto Legislativo núm. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
     Artículo 2.- Modificación del numeral 4 de la primera disposición complementaria y final del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 957
     Modifícase el numeral 4 de la primera disposición complementaria y final del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 957, incorporándose un segundo párrafo, con el texto siguiente:
     “Primera.- Vigencia del Código Procesal Penal
     4. (…)
     Asimismo, entra en vigencia el Código Procesal Penal para los delitos tipificados en las Secciones II, III y IV, artículos del 382 al 401, del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal, a los ciento veinte (120) días de publicada la presente Ley en el diario oficial El Peruano.”
     Artículo 3.- Aplicación en casos de delitos conexos
     Las normas del Código Procesal Penal se aplican en el supuesto de delitos conexos con los delitos previstos en las Secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro II del Código Penal. También se incluyen en sus disposiciones a las demás personas que intervienen como partícipes en los mismos hechos delictivos.
     Artículo 4.- Transferencias financieras
     El Poder Ejecutivo efectúa las indispensables transferencias financieras necesarias a favor del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley núm. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y asigna, además, bienes muebles e inmuebles de su propiedad para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Policía Nacional del Perú para la implementación del Código Procesal Penal para el cumplimiento de la finalidad de la presente Ley.
     Artículo 5.- Modificación de los artículos 34 y 47 de la Ley núm. 29277, Ley de la Carrera Judicial
     Modifícase el numeral 6 del artículo 34 e incorpórase el numeral 19 al artículo 47 de la Ley núm. 29277, Ley de la Carrera Judicial, con los textos siguientes:
     “Artículo 34.- Deberes
     Son deberes de los jueces:
     (…)
     6. Observar con diligencia los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal. En caso de incurrir en retardo respecto a los plazos legales, deben informar a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) las razones que lo motivaron, bajo responsabilidad disciplinaria.
     Artículo 47.- Faltas graves
     Son faltas graves:
     (…)
     19. Inobservar los deberes establecidos en el numeral 6 del artículo 34.”
     Artículo 6.- Modificación del artículo 94 del Decreto Legislativo núm. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público
     Modifícase el numeral 2 del artículo 94 del Decreto Legislativo núm. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, con el texto siguiente:
     “Artículo 94.- Obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal
     Son obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal:
     (...)
     2. Denunciado un hecho que se considere delictuoso por el agraviado o cualquiera del pueblo, en los casos de acción popular, se extenderá acta, que suscribirá el denunciante, si no lo hubiese hecho por escrito, para los efectos a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley. Si el fiscal estima improcedente la denuncia la rechaza de plano en decisión debidamente motivada o, alternativamente, apertura investigación preliminar para reunir los actos de investigación indispensables o formalizarla ante el juez penal. En este último caso, expondrá los hechos que tiene conocimiento, el delito que tipifican y la pena con que se sanciona, según ley; los actos de investigación con que cuenta y los que ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente. Al finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficientes, el fiscal lo declarará así, disponiendo el archivamiento de la denuncia; o cuando se hubiesen reunido los actos de investigación que estimase suficientes, procederá a formalizar la denuncia ante el juez penal. En caso de incumplir los plazos para la realización de los actos fiscales que correspondan, deberá remitir un informe a la Fiscalía Suprema de Control Interno, que sustente tal retraso, bajo responsabilidad disciplinaria.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
     ÚNICA.- Cumplimiento de plazos
     Los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial y del Ministerio Público, en su caso, en ejercicio de las atribuciones previstas en sus respectivas leyes orgánicas, deben adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente, funcionen con celeridad y eficiencia, y para que los magistrados y demás servidores se desempeñen con la mejor conducta funcional.
     La capacitación de los jueces, fiscales y miembros de la Policía Nacional del Perú se realiza a partir de la publicación de la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
     ÚNICA.- Adelantamiento de la vigencia del Código Procesal Penal
     Las normas procesales previstas en los artículos 2 y 3 de la presente Ley son de aplicación inmediata para los procesos en los que no se hubiera dictado acusación fiscal, conservándose los actos procesales realizados. Sin embargo, continúan rigiéndose por la norma anterior los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con el proceso de ejecución y los plazos que hubieran empezado.(*)
(*)  Disposición modificada por el Artículo 1 de la Ley Nº 29648, publicado el 01 enero 2011, cuyo texto es el siguiente:
     “DISPOSICIÓN TRANSITORIA
     ÚNICA.- Adecuación de denuncias y conclusión de procesos en etapa de instrucción
     Las normas a las que se refieren los artículos 2 y 3 de la presente Ley son de aplicación inmediata para todas aquellas denuncias que, al entrar en vigor el Nuevo Código Procesal Penal, se encuentren en el Ministerio Público, pendientes de calificar o en investigación preliminar. Asimismo, las denuncias formalizadas por el fiscal provincial que aún no han sido calificadas por el juez serán devueltas a la Fiscalía a efectos de que se adecuen a las normas antes citadas.
     Los procesos penales en etapa de instrucción serán asumidos por los jueces y fiscales que designen el Poder Judicial y el Ministerio Público, respectivamente, para la conclusión progresiva de estos, bajo las normas del Código de Procedimientos Penales.”
     POR TANTO:
     Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.
     En Lima, a los quince días del mes de setiembre de dos mil diez.
     CÉSAR ZUMAETA FLORES
     Presidente del Congreso de la República
     ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
     Primer Vicepresidente del
     Congreso de la República

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Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal LEY Nº 29542

Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal
LEY Nº 29542
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 038-2011-PCM (REGLAMENTO)
               OTRAS CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     POR CUANTO:
     El Congreso de la República
     Ha dado la Ley siguiente:
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
     Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN EFICAZ EN EL ÁMBITO PENAL
     Artículo 1.- Objeto de la Ley
     La presente Ley tiene el objeto de proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 1
     Artículo 2.- Entidades de la administración pública
     Para efectos de la presente Ley, se entiende por entidades de la administración pública las señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
     Artículo 3.- Hechos arbitrarios o ilegales
     Son hechos arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 2
     Artículo 4.- Competencia
     La Contraloría General de la República es la autoridad competente que recibe y evalúa las denuncias presentadas, dando el trámite a las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia y derivando aquellas cuyo trámite corresponda ser efectuado por otras instancias administrativas que, por disposición legal expresa, tengan competencia sobre la materia objeto de la denuncia.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 4
     Artículo 5.- Beneficiarios
     La protección a que se refiere la presente Ley alcanza a:
     a) Funcionarios y servidores públicos.
     b) Ex funcionarios y ex servidores públicos.
     c) Personal que preste servicios en las entidades públicas bajo cualquier modalidad o régimen laboral de contratación.
     d) Cualquier ciudadano que tuviera conocimiento de los hechos arbitrarios o ilegales.
     Artículo 6.- Excepciones de aplicación de la Ley
     Están exentas de los beneficios que otorga la presente Ley las denuncias:
     a) Que afectan directamente la defensa nacional, el orden interno y las actividades de inteligencia que pueden ser desarrolladas por las diferentes entidades públicas en el ámbito de sus funciones y competencias, con excepción de las denuncias referidas a los procesos de adquisición o mantenimiento de equipos, bienes o servicios.
     b) Que afectan la política exterior y las relaciones internacionales.
     c) Que se sustentan en información obtenida lesionando los derechos fundamentales.
     d) Que se formulan lesionando el secreto profesional.
     e) Que presentan personas beneficiadas o protegidas por leyes específicas.
     Artículo 7.- Requisitos de la denuncia
     Las denuncias presentadas son calificadas y admitidas por la Contraloría General de la República, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
     a) Que estén referidas a acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales.
     b) Que se formulen por escrito y estén debidamente sustentadas.
     c) Que incluyan la identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen en los hechos denunciados.
     d) Que los hechos denunciados no sean materia de proceso judicial o administrativo en trámite, tampoco que versen sobre hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecutoriada.
     e) Que contengan la suscripción del compromiso del denunciante a brindar información cuando lo solicite la autoridad competente. Ante la negativa, renuencia o desistimiento del mismo, la investigación es promovida por la autoridad competente.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Arts. 2 y  6
     Artículo 8.- Medidas de protección y beneficios
     Calificada la denuncia por la instancia correspondiente, se procede a otorgar al denunciante las siguientes medidas de protección y beneficios:
     a) La reserva de su identidad. Para ello se asigna un código de identificación a la persona denunciante y se implementan las demás medidas necesarias que establezca el reglamento.
     b) Independientemente del régimen laboral al que pertenece, no puede ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia calificada y admitida. En caso de que el denunciante se encuentre contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el contrato o su renovación, de haberse producido ésta, no se suspende por causa de la denuncia realizada.
     La Contraloría General de la República adopta las medidas necesarias de apoyo al denunciante para recurrir a las instancias laborales correspondientes.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 10, Lit. b)
     c) Cuando las represalias contra el denunciante, independientemente del régimen laboral al que pertenece, se materializan en actos de hostilización comprendidos en el Decreto Legislativo núm. 728 y en otras normas conexas, el denunciante pone en conocimiento de la Contraloría General de la República dicha situación, la que procede a su remisión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que realice la inspección laboral correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto de hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó es considerada una falta grave, siendo ésta una causal de despido justificado, conforme a la ley de la materia.
     d) En los casos en que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, la reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos constitutivos de los hechos arbitrarios o ilegales.
     e) En los casos en que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en norma administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa un porcentaje de lo efectivamente cobrado, según lo establezca el reglamento de la presente Ley.
     El beneficio establecido en el literal e) no es aplicable cuando el denunciante se ha beneficiado de alguna manera con el acto de corrupción denunciado.
     Para el caso del denunciante referido en el literal d), caducan los beneficios a otorgarse cuando, luego de concluida la investigación de la denuncia por la instancia correspondiente, se confirma su participación en los hechos denunciados y éste no lo hubiera declarado en el momento de presentar su denuncia.
     En el caso de que la denuncia sea presentada por cualquier ciudadano, son de aplicación las medidas de protección y beneficios establecidos en los literales a) y e).
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 10
     Artículo 9.- Confidencialidad
     La información proporcionada por el denunciante y el trámite de evaluación a cargo de la instancia correspondiente y hasta su conclusión tienen carácter confidencial, bajo responsabilidad, salvo los casos de denuncia maliciosa.
     Artículo 10.- Denuncia maliciosa
     El que denuncia ante la Contraloría General de la República un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, es sancionado con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 9
     Artículo 11.- Compromiso de difusión
     Las entidades públicas a las que se refiere el artículo 2 deben establecer los procedimientos internos necesarios para difundir entre sus trabajadores los alcances y beneficios otorgados por esta Ley.
     Es obligación del titular de la entidad pública disponer la adopción de medidas para la difusión de las disposiciones de la presente Ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.
CONCORDANCIA:     D.S. Nº 038-2011-PCM (Reglamento), Art. 11
     Artículo 12.- Indicios de comisión de delitos
     Si a consecuencia de la denuncia la Contraloría General de la República concluye en que existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, da cuenta del mismo al Ministerio Público a efectos de que inicie la investigación fiscal.
     En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley núm. 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, sin perjuicio de mantener las medidas de protección y beneficios previstos en la presente Ley.
     Artículo 13.- Exclusión de protección y beneficios
     No les alcanza las medidas de protección y beneficios establecidos en el artículo 8 a los denunciantes que sean autores de los hechos arbitrarios o ilegales.
DISPOSICIÓN MODIFICATORIA
     ÚNICA.- Modificación del artículo 1 de la Ley núm. 27378
     Modifícase el artículo 1 de la Ley núm. 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, en los términos siguientes:
     “Artículo 1.- Objeto de la Ley
     La presente Ley tiene por objeto regular los beneficios por colaboración eficaz ofrecida por las personas relacionadas con la comisión de los siguientes delitos:
     1) Perpetrados por una o varias personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos.
     2) Contra la libertad personal, previstos en los artículos 153 y 153-A del Código Penal; de peligro común, previstos en los artículos 279, 279-A y 279-B del Código Penal; contra la administración pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; y, delitos agravados previstos en la Ley núm. 27472, Ley que Deroga los Decretos Legislativos núms. 896 y 897, que Elevan las Penas y Restringen los Derechos Procesales en los Casos de Delitos Agravados, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal.
     3) Contra la humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Libro Segundo del Código Penal; y contra el Estado y la defensa nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal.
     4) De terrorismo, previsto en el Decreto Ley núm. 25475, sobre penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, sus modificatorias y normas conexas; de apología de los delitos señalados en el artículo 316 del Código Penal; y de lavado de activos, previsto en la Ley núm. 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos. También se comprende en el presente inciso a quien haya participado en la comisión de otros delitos distintos de los antes mencionados y se presente al Ministerio Público, colabore activamente con la autoridad pública y proporcione información eficaz sobre los delitos mencionados anteriormente.
     Son competentes para intervenir en este procedimiento especial los fiscales y jueces que conocen de los delitos de terrorismo.
     5) Delitos aduaneros, previstos y penados en la ley penal especial respectiva.
     No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de financiamiento de los delitos aduaneros.
     6) De tráfico ilícito de drogas, previsto en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal, siempre que dicho delito se cometa por una pluralidad de personas.
     7) Otros cuando el agente integre una organización criminal.
     El Fiscal de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo núm. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, dictará las instrucciones necesarias que orienten a los fiscales acerca de los delitos materia de la presente Ley. Asimismo, designará al fiscal superior coordinador, reglamentando sus funciones, a fin de que oriente y concerte estrategias y formas de actuación de los fiscales en la aplicación de la presente Ley y comunique periódicamente a su despacho todo lo referente a la participación del Ministerio Público en este ámbito.” (*)
(*) Confrontar con el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014.
DISPOSICIÓN FINAL
     ÚNICA.- Reglamentación
     El Poder Ejecutivo dicta el reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su vigencia.
     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
     En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil diez.
     LUIS ALVA CASTRO
     Presidente del Congreso de la República
     CECILIA CHACÓN DE VETTORI
     Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
     POR TANTO:
     Mando se publique y cumpla.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diez.
     ALAN GARCÍA PÉREZ
     Presidente Constitucional de la República
     JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
     Presidente del Consejo de Ministros

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Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares LEY Nº 27379

Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares
LEY Nº 27379

     DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2000
     CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     POR CUANTO:
     El Congreso de la República
     ha dado la Ley siguiente:
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
     Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES
     Artículo 1.- Ámbito de aplicación
     La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional.
     Las medidas limitativas previstas en la presente Ley podrán dictarse en los siguientes casos:
     1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos.(*)
(*) Numeral modificado por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:
     "1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de estos."
     2. Delitos de Peligro Común, previstos en los artículos 279, 279-A y 279-B del Código Penal; contra la Administración Pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; delitos agravados, previstos en el Decreto Legislativo Nº 896; delitos aduaneros, previstos en la Ley Nº 26461; y delitos tributarios, previstos en el Decreto Legislativo Nº 813, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal.
     3. Delitos de Terrorismo, previstos en el Decreto Ley Nº 25475; de Tráfico Ilícito de Drogas, previstos en los artículos 296-A, 296-B, 296-C, 296-D y 297 del Código Penal; de Terrorismo Especial, previstos en el Decreto Legislativo Nº 895, modificado por la Ley Nº 27235; delitos contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Penal; y delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal.(*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     “3. Delitos de terrorismo, previstos en el Decreto Ley Nº 25475 y sus normas modificatorias y conexas, de apología del delito en los casos previstos en el artículo 316 del Código Penal; de Lavado de Activos previsto en la Ley Nº 27765; de Tráfico Ilícito de Drogas, previstos en los artículos 296, 296-A, 296-B, 297 y 298 del Código Penal; delitos contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Penal; y, delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal.”
     “4. Delitos contra la Libertad previstos en los artículos 152 al 153-Aº y de extorsión previsto en el artículo 200 del Código Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas.”(1)(2)
(1) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007.

(2) Numeral modificado por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:
     "4. Delitos contra la libertad, previstos en los artículos 152 al 153-A, y delito de extorsión, previsto en el artículo 200 del Código Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas. ”
     “5. Otros delitos, cuando el agente integre una organización criminal.” (*)
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 006-2008-JUS (Reglamento de la Ley Nº 28476 - Ley del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio
               del Estado - FEDADOI)
     Artículo 2.- Medidas limitativas de derechos
     El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al Juez Penal las siguientes medidas limitativas de derechos:
     1. Detención preliminar, hasta por el plazo de 15 (quince) días. Esta medida se acordará siempre que existan elementos de convicción suficientes para estimar razonablemente que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1 de la presente Ley, que la persona contra quien se dicta ha intervenido en su comisión y que se dará a la fuga u obstaculizará la actividad probatoria.
     Dictada la orden judicial, efectuada la detención preliminar, comunicada por escrito las causas o razones de la detención y recibida -de ser el caso- la declaración del detenido en presencia de su defensor y bajo la conducción del Fiscal Provincial, inmediatamente, en un plazo no mayor de veinticuatro horas desde que se produjo la privación de libertad, el detenido será puesto a disposición del Juez Penal, que en ese acto realizará una audiencia privada con asistencia del Fiscal y de su defensor a fin de que se verifique su identidad y garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales.
     Si se acreditan errores en la individualización de la persona detenida o ausencia de necesidad o urgencia de la medida como consecuencia de las primeras diligencias realizadas bajo la conducción del Fiscal Provincial, el Juez Penal ordenará -sin más trámite- su inmediata libertad mediante resolución inimpugnable, quedando a salvo los recursos que la ley establece para la protección de la honra y buena reputación. El Juez Penal también podrá variar la medida de detención por una de las restricciones establecidas en el artículo 143, a excepción del inciso 5) del Código Procesal Penal.
     Si la medida de detención debe mantenerse, el Juez Penal autorizará la conducción del detenido al Establecimiento Policial correspondiente, bajo responsabilidad del Ministerio Público, e informará al detenido que tiene derecho a solicitar nueva audiencia para reclamar la afectación indebida de su derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, así como para requerir la variación de la medida de detención o su levantamiento.
     El Juez Penal mediante resolución inimpugnable, si advierte que se ha afectado el derecho de defensa del imputado o producido irregularidades durante la investigación, ordenará se comunique al Superior del Fiscal las irregularidades advertidas, declarará concluida las investigaciones preliminares y dispondrá que el Fiscal en el plazo de veinticuatro horas decida la promoción de la acción penal o el archivo de las actuaciones. De igual manera, si la medida de detención no se justifica, dictará resolución ordenando la libertad del detenido o variando ésta por una de comparecencia con restricciones.
     El Fiscal podrá solicitar, alternativamente, cualquiera de las medidas limitativas previstas en el artículo 143 del Código Procesal Penal o el Juez, con arreglo al principio de proporcionalidad, podrá optar por ellas frente a un pedido de detención preliminar. Esta medida no durará más de quince días, prorrogables por un plazo similar previo requerimiento del Fiscal. Vencido el plazo se levantará de pleno derecho.
     2. Impedimento de salida del país o de la localidad en donde domicilia el investigado o del lugar que se le fije. Esta medida se acordará, cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad y no sea necesaria ni proporcional una limitación de la libertad más intensa. Esta medida puede acumularse a la de detención, así como a la de comparecencia con restricciones señaladas en el artículo 143 del Código Procesal Penal. No durará más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por un plazo igual previo requerimiento fundamentado del Fiscal y resolución motivada del Juez Penal.
     Esta medida puede incluir a un testigo considerado importante, la misma que se levantará una vez que haya prestado declaración.
     "2.a. Incomunicación. Esta medida se acordará siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos investigados. Puede acumularse a la medida de detención preliminar, con una duración no mayor de diez (10) días, siempre que no exceda el plazo de duración de esta última. Esta medida no impide la conferencia en privado del detenido con su abogado defensor, la que no requiere autorización previa ni podrá ser prohibida."(*)
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007.

     3. Incautación, Apertura e Interceptación de documentos privados, libros contables, bienes y correspondencia. Esta medida se acordará siempre que existan motivos perentorios para ello y resulte indispensable para asegurar las fuentes de prueba pertinentes al objeto de la investigación.
     Tratándose de incautación de documentos privados, libros contables y bienes, se requiere además, que exista peligro de que su libre disponibilidad pueda afectar seriamente el éxito de la investigación y que estén vinculados al delito objeto de investigación. El Fiscal los retendrá hasta la culminación de la investigación preliminar o, en todo caso, por un plazo que no excederá de quince días, prorrogables por un plazo igual, previo requerimiento fundamentado del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez Penal.
     Para la interceptación e incautación de correspondencia se exige, específicamente, que la medida guarde relación con el delito investigado y que resulte útil e inevitable para su comprobación. Realizada esa diligencia, corresponderá exclusivamente al Fiscal Provincial llevar a cabo la diligencia de apertura y examen de correspondencia, a cuyo efecto se levantará el acta correspondiente. El Fiscal Provincial examinará y leerá para sí el contenido de la correspondencia y si guarda relación con la investigación la retendrá e incorporará a las actuaciones. En caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario.
     El acta que se levante en cada intervención del Fiscal se pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez Penal.(*)

(*) Inciso derogado por la Única Disposición Final de la Ley N° 27697, publicada el 12-04-2002
     "3. Secuestro y/o incautación de los objetos de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado así como los efectos, sean éstos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto proveniente de dicha infracción, así se encuentren en poder de personas naturales o jurídicas.
     En el caso de los objetos y los efectos, provenientes de la infracción penal o los instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado, se procederá además conforme a lo dispuesto en otras normas especiales.
     Cuando exista peligro por la demora, las medidas previstas en este numeral pueden ser dispuestas por el Fiscal siempre que existan suficientes elementos de convicción, en cuyo caso, inmediatamente después de ejecutadas, deberán ser puestas en conocimiento del juez, exponiendo los fundamentos que la motivaron, el cual podrá confirmarlas o dejarlas sin efecto.
     El acta que se levante en cada intervención del Fiscal, se pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez Penal.(*)
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007.

     4. Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en los Registros Públicos cuando correspondan. Estas medidas se acordarán siempre que exista fundado peligro de que los bienes del investigado, contra quien existan elementos de convicción de que está vinculado como autor o partícipe en alguno de los delitos indicados en el artículo 1 de la presente Ley, puedan ocultarse o desaparecer o sea posible que se graven o vendan, frustrando de ese modo el pago de la reparación civil. No puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal. (*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     "4. Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en los Registros Públicos cuando correspondan. Estas medidas se acordarán siempre que exista fundado peligro de que los bienes del investigado, contra quien existan elementos de convicción de que está vinculado como autor o partícipe en alguno de los delitos indicados en el artículo 1 de la presente Ley, puedan ocultarse o desaparecer o sea posible que se graven o transfieran, frustrando de ese modo el pago de la reparación civil. No puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal."
     5. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. El Fiscal Provincial, si decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la necesidad de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.
     En el caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprenderá las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal podrá solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las cuentas. Está última medida no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez.
     En el caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado y consistirá en la remisión al Fiscal de información, documentos o declaraciones de carácter tributario.
     6. Exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos. En caso de negativa injustificada, sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la orden, se autorizará la incautación de dicha información, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal.
     7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. Esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como finalidad la detención de personas o la realización de los secuestros o incautación de bienes vinculados al objeto de investigación. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro.(*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     "7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación.
     Esta medida puede tener también como finalidad, la detención de personas o la realización de las medidas de secuestro o incautación a fin de asegurar los instrumentos, medios o elementos de convicción, objetos o efectos, provenientes directa o indirectamente de la infracción penal o los instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro.
     Cuando el Fiscal, al realizar una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento, medios o otros elementos de convicción, efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos o medios con los que se hubiere ejecutado, podrá examinarlos y, de ser el caso, dispondrá su aseguramiento levantando un acta, solicitando de inmediato al Juez se sirva dictar la orden de incautación de los mismos.
     El Juez resolverá dentro de 24 horas de recibido el pedido de incautación, bajo responsabilidad. Respecto de los efectos provenientes directa o indirectamente de la infracción penal, los objetos de la misma o los instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado, se procederá además conforme a lo dispuesto en otras normas especiales."
     8. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales, siempre que fuere indispensable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención de evidencias y retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, levantándose el acta respectiva.
     La inmovilización no podrá durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por igual plazo, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal. La clausura temporal de locales se levantará una vez se realicen las diligencias periciales y de inspección necesarias al efecto, y no pueden durar más de siete días.(*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     "8. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales, siempre que fuere indispensable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención de evidencias y retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, levantándose el acta respectiva.
     La inmovilización no podrá durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por igual plazo, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal. La clausura temporal de locales se levantará una vez se realicen las diligencias periciales y de inspección necesarias al efecto, y no pueden durar más de diez días, salvo que existan motivos razonables para solicitar su prórroga hasta por el mismo plazo."
     Artículo 3.- Solicitud del Fiscal
     La solicitud del Fiscal Provincial deberá ser fundamentada y acompañará copia de los elementos de convicción que justifiquen las medidas que requiere para el éxito de la investigación preliminar. El Fiscal deberá indicar el tiempo de duración de las medidas solicitadas y las especificaciones necesarias para concretarlas, en especial qué autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, se encargará de la diligencia de interceptación de correspondencia.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 3.- Solicitud del Fiscal
     La solicitud del Fiscal Provincial deberá ser fundamentada y acompañará copia de los elementos de convicción que justifiquen las medidas que requiere para el éxito de la investigación preliminar. El Fiscal deberá indicar el tiempo de duración de las medidas solicitadas y las especificaciones necesarias para concretarlas, en especial qué autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, se encargará de la diligencia de interceptación de correspondencia.
     Cuando el Procurador Público o la Autoridad Policial soliciten cualquiera de las medidas previstas en el artículo 2 y el Fiscal las considere procedentes, las solicitará al Juez en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.”
     Artículo 4.- Procedencia de la medida
     El Juez Penal inmediatamente y sin ningún trámite previo se pronunciará mediante resolución motivada acerca de la procedencia de la medida. La resolución denegatoria podrá ser apelada en el plazo de veinticuatro horas, que será resuelta sin trámite previo por la Sala Penal Superior en igual plazo. Ambos trámites serán absolutamente reservados y su registro se producirá luego de culminado el incidente, sin que pueda identificarse a la persona afectada.
     Si se dicta resolución autoritativa, el Juez Penal fijará con toda precisión el tiempo de duración de las medidas, el mismo que no podrá exceder de 90 (noventa) días, prorrogables por igual término. La resolución se transcribirá al Fiscal y en el oficio respectivo, que será reservado, se indicará el nombre de la persona investigada y los demás datos necesarios para concretar la diligencia. El Juez Penal, en cualquier momento, podrá solicitar al Fiscal Provincial informe acerca de la ejecución de las medidas ordenadas.
     El Fiscal Provincial, bajo responsabilidad y según lo dispuesto en la resolución judicial, ejecutará las medidas ordenadas por el Juez Penal. Levantará acta de las incidencias de la ejecución y a su culminación remitirá copia de lo actuado al Juez Penal.
     Una vez ejecutadas las medidas solicitadas, sin perjuicio que el Fiscal Provincial decida la promoción de la acción penal o el archivo de las investigaciones, el Juez Penal inmediatamente las pondrá en conocimiento del afectado, quien en el plazo de tres días podrá interponer recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución autoritativa.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 988, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 4.- Procedencia de la medida
     El Juez Penal, en un plazo no mayor de 24 horas y sin ningún trámite previo, se pronunciará mediante resolución motivada acerca de la procedencia de la medida. La resolución denegatoria podrá ser apelada en el plazo de veinticuatro horas, que será resuelta sin trámite previo por la Sala Penal Superior en igual plazo. Ambos trámites serán absolutamente reservados y su registro se producirá luego de culminado el incidente, sin que pueda identificarse a la persona afectada.
     Si se dicta resolución autoritativa, el Juez Penal fijará con toda precisión el tiempo de duración de las medidas, el mismo que no podrá exceder de noventa (90) días, prorrogables por igual término. La resolución se transcribirá al Fiscal y en el oficio respectivo, que será reservado, se indicará el nombre de la persona investigada y los demás datos necesarios para concretar la diligencia. El Juez Penal, en cualquier momento, podrá solicitar al Fiscal Provincial informe acerca de la ejecución de las medidas ordenadas.
     Cuando corresponda la inscripción en los Registros Públicos de las medidas recaídas sobre los bienes que son efectos del delito materia de investigación sobre los instrumentos o medios con los que se hubiere ejecutado y éstos no se encuentren a nombre del investigado, previa autorización del Juez y según el procedimiento antes descrito, el Fiscal cursará los partes, que contendrán la trascripción íntegra del mandato del Juez, para la inscripción en los Registros Públicos, debiendo el funcionario competente proceder según lo dispuesto en éstos.
     El Fiscal Provincial, en un plazo no mayor de 24 horas, bajo responsabilidad y según lo dispuesto en la resolución judicial, ejecutará las medidas ordenadas por el Juez Penal. Levantará acta que contenga las incidencias de la ejecución y a su culminación remitirá copia de lo actuado al Juez Penal.
     Una vez ejecutadas las medidas solicitadas, sin perjuicio de que el Fiscal Provincial decida la promoción de la acción penal o el archivo de las investigaciones, el Juez Penal inmediatamente las pondrá en conocimiento del afectado por la medida, quien en el plazo de tres días podrá interponer recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución autoritativa.”
     En todos los casos, queda a salvo el derecho del tercero de buena fe de accionar según corresponda”.
     Artículo 5.- Ejecución de la medida
     Ejecutada la medida por el Fiscal, sin perjuicio de que se haya promovido la acción penal o dictado auto de apertura de instrucción, el Juez Penal notificará formalmente al afectado la resolución autoritativa y las diligencias fiscales correspondientes, quien recién podrá apelar, dentro del tercer día, cuestionando la legalidad de la resolución autoritativa o de la ejecución llevada a cabo por el Fiscal.
     La diligencia de apertura y examen preliminar de correspondencia se realizará bajo la conducción del Fiscal. Culminada la investigación preliminar se pondrá en conocimiento del afectado, quien podrá exigir, sin perjuicio de interponer recurso de apelación, una audiencia judicial privada para examinar sus resultados y hacer valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto.(*)

(*) Artículo dejado sin efecto por la Única Disposición Final de la Ley 27697, publicada el 12-04-2002.
     Artículo 6.- Subsistencia o revocación de la medida limitativa
     Promovida la acción penal, el Juez Penal al dictar auto de apertura de instrucción, se pronunciará obligatoriamente acerca de la subsistencia o revocación de las medidas limitativas de derechos que el Fiscal solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, dictando al efecto las disposiciones que correspondan. Contra este extremo de la resolución procede recurso de apelación.
     Artículo 7.- Aplicación de la medida limitativa
     Las medidas establecidas en el artículo 2 de la presente Ley, con excepción de la indicada en el numeral 1), podrán realizarse en el curso del proceso penal. En este caso serán ordenadas, dirigidas y controladas por el Juez Penal.
     Artículo 8.- Indemnización
     Los afectados, en caso se determine que las medidas urgentes dictadas con motivo de la aplicación de la presente Ley carecieron de fundamento legal o se ejecutaron fuera de los motivos y procedimientos legalmente establecidos, tendrán derecho a una indemnización, bajo los alcances de la Ley Nº 24973, que será reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de 30 (treinta) días.
     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
     En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil.
     CARLOS FERRERO
     Presidente a.i. del Congreso de la República
     HENRY PEASE GARCÍA
     Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
     POR TANTO:
     Mando se publique y cumpla.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil.
     VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
     Presidente Constitucional de la República
     DIEGO GARCIA SAYAN LARREBURE (*) NOTA SPIJ
     Ministro de Justicia

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Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo DECRETO SUPREMO Nº 046-2013-PCM

Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo
DECRETO SUPREMO Nº 046-2013-PCM

     Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.
CONCORDANCIAS:     R.M.N° 272-2014-MTC-01 (Aproban Directiva sobre el Proceso de atención de denuncias Anticorrupción presentadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
               R.M. N° 0963-2014-IN-DGPP (Aprueban el “Plan de Lucha Contra la Corrupción del Sector Interior 2014-2016”)
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     CONSIDERANDO:
     Que, la corrupción constituye una amenaza a la institucionalidad del país y afecta la legitimidad democrática, socavando la confianza en las entidades del Estado y sus empleados públicos; sirviéndose, para tal efecto de un conjunto de prácticas indebidas e ilícitas que se extiende en los diversos ámbitos de la administración pública;
     Que, el Acuerdo Nacional establece como políticas de Estado la construcción de un Estado eficiente al servicio de las personas (24), la promoción de la ética, la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas (26), y el acceso a la información (29);
     Que, pese a los esfuerzos realizados, aún subsisten casos de corrupción en la administración pública que afectan la gobernabilidad del país, por lo que desde los niveles más altos del Estado urge adoptar medidas inmediatas y certeras para prevenirla y combatirla de manera frontal;
     Que, en ese sentido, como resultado del compromiso claro y decidido por parte del Gobierno Central para luchar contra la corrupción en todos los estamentos del Estado, mediante Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM se aprobó el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, cuya supervisión está a cargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción;
     Que, dentro de este marco, y siendo la lucha frontal contra la corrupción una política nacional de carácter multisectorial, resulta necesario definir la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo que contenga las acciones concretas que va a desarrollar en el marco del mencionado Plan;
     De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016;
     DECRETA:
     Artículo 1.- Aprobar la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo
     Apruébese la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo, la cual contiene las acciones operativas que se implementarán en este ámbito, en el marco del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, aprobado mediante Decreto Supremo 119-2012-PCM.
     Artículo 2.- Acciones de la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo
     La Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo comprende veinte (20) acciones concretas orientadas a prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Dichas acciones son:
     2.1. Mejora en la eficiencia de la gestión pública.-
     Se reformará la gestión pública en el aparato estatal para mejorar la ejecución y calidad del gasto fiscal de cara a garantizar la inclusión social, reducir los riesgos de corrupción y los márgenes de error en la administración pública, involucrando para ello acciones de simplificación normativa, gobierno abierto y electrónico.
     2.2. Optimización de los procedimientos y servicios administrativos.-
     Se simplificarán, reducirán y digitalizarán los trámites que mayores barreras burocráticas representen para la ciudadanía y empresas, garantizando la difusión de los procedimientos y servicios contenidos en los TUPAs en un lenguaje claro, sencillo e inclusivo.
     2.3. Consolidación de un Estado transparente y libre de la cultura del secreto.-
     Se plantearán las reformas legales e institucionales que sean necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de transparencia y la sanción oportuna ante su transgresión. Para ello, se impulsarán acciones para garantizar la aplicación efectiva del Portal de Transparencia, como la ampliación de la supervisión a los gobiernos regionales y gobiernos locales (municipios provinciales capitales de departamento).
     2.4. Lineamientos y directivas que orienten la integridad y la ética en la actuación del empleado público.-
     Se establecerán pautas claras para evitar los conflictos de interés, velar por el uso adecuado de los recursos públicos y cautelar la prohibición de recibir regalos, entre otros.
CONCORDANCIAS.     R.M.Nº 0413-2013-ED (Aprueban documento normativo denominado “Lineamientos de Política Sectorial para prevenir y enfrentar la Corrupción en el Sector Educación”)
     2.5. Implementación efectiva del control interno en las entidades del Poder Ejecutivo.-
     Se promoverá y supervisará el cumplimiento efectivo de las normas contenidas en la Ley Nº 28716 referidas a la implementación del control interno en las entidades públicas del Poder Ejecutivo como un mecanismo de prevención eficaz de la corrupción.
     2.6. Mejora de la gestión de Recursos Humanos.-
     Se impulsará la reforma del nuevo Servicio Civil en base a un modelo meritocrático que contribuya a garantizar la eficiencia en la gestión pública.
     2.7. Publicidad de las sanciones de destitución y despido.-
     Se brindará publicidad a la información contenida en el Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido, a fin que la ciudadanía ejerza un adecuado control social sobre quienes han incurrido en infracciones graves durante su desempeño en el sector público.
     2.8. Sistematización de la información sobre procesos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupción.-
     Se consolidará información referida a procesos administrativos disciplinarios en el Poder Ejecutivo a efectos de contar con data objetiva y cierta que permita conocer la incidencia de infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción para la adopción de políticas públicas correctivas.
     2.9. Reconocimientos públicos e incentivos a las entidades cumplidoras de estándares de integridad.-
     Se reconocerá a las entidades del Poder Ejecutivo que obtengan en un periodo determinado el mayor nivel de cumplimiento de las normas existentes en materia de ética y prevención de la corrupción.
     2.10. Acompañamiento técnico a procesos de contrataciones públicas.-
     Se promoverá la mejora de la gestión de las contrataciones públicas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado mediante la asistencia técnica a entidades contratantes seleccionadas, en procura de la correcta utilización de los sistemas, programas y operaciones utilizados por estas, minimizando la ocurrencia de errores y prácticas administrativas restrictivas de transparencia, de libre concurrencia y competencia y de trato justo e igualitario
     2.11. Mejora de capacidades de los operadores de contrataciones del Estado.-
     Se promoverá el procedimiento de certificación de los operadores encargados de las compras públicas, a fin de garantizar que la gestión de compras en el Estado se encuentre a cargo de funcionarios públicos que cuentan con las competencias y habilidades que su perfil y nivel de responsabilidad así lo requiere.
     2.12. Alianza con el sector privado y la sociedad civil para reducir los riesgos de corrupción.-
     Se suscribirá con el sector privado, y con participación de la sociedad civil, compromisos de integridad que guíen sus relaciones con el gobierno, en especial, en los ámbitos de mayor riesgo de corrupción como el de las contrataciones públicas, entre otros. Asimismo, se coadyuvará a la implementación de los códigos de ética del sector empresarial como mecanismo efectivo de prevención y sanción de la corrupción en este ámbito.
     2.13. Alertas tempranas de riesgos de corrupción.-
     Se implementará un instrumento de monitoreo del cumplimiento de las normas de prevención de la corrupción en la administración pública que permita evidenciar procesos vulnerables, a partir de los cuales se adoptarán medidas correctivas inmediatas. De manera paralela, se medirá en forma permanente la percepción ciudadana respecto a los niveles de corrupción en el sector público.
     2.14. Estandarización de los mecanismos de denuncias.-
     Se establecerán criterios, procedimientos y protocolos uniformes para la recepción y tramitación de las denuncias a efectos de garantizar que el procedimiento sea predecible, claro y sencillo para la ciudadanía.
     2.15. Sistematización de jurisprudencia en materia anticorrupción-
     Se sistematizará y digitalizará la jurisprudencia de los casos más relevantes que hayan sentado precedente en materia anticorrupción a fin de garantizar la predictibilidad en futuros casos de corrupción.
     2.16. Fortalecimiento del Sistema de Defensa Judicial del Estado.-
     Se impulsará el fortalecimiento del sistema de defensa del Estado de manera que se combata de manera frontal y enérgica todos los delitos, entre ellos, la corrupción.
     2.17. Política de recuperación de activos y cobros de reparación civil.-
     Se dará continuidad y se fortalecerán las coordinaciones entre la Procuraduría Anticorrupción y las entidades competentes a efectos de garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas penales por delitos de corrupción a través de la repatriación de fondos y el pago íntegro de la reparación civil.
     2.18. Registro Nacional de la Corrupción.-
     Se sistematizará, sobre la base de los registros de la corrupción creados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, información estadística sobre los casos de corrupción que comprenda todas las fases del proceso penal, desde la denuncia ingresada al Ministerio Público hasta la decisión final.
     2.19. Propuestas legislativas para el fortalecimiento de medidas contra la impunidad.-
     Se impulsarán propuestas legales para contar con un marco normativo coherente que impida que los que cometen actos de corrupción queden impunes, y los que son condenados sin haber cumplido con el pago íntegro de la reparación civil regresen a trabajar en el Estado.
     2.20. Planes anticorrupción sectoriales.-
     Se elaborarán planes anticorrupción en las entidades del Poder Ejecutivo que contengan medidas de prevención y sanción de la corrupción, teniendo en cuenta los procesos de mayor vulnerabilidad a la corrupción y los casos de corrupción que afecta a cada uno de ellos.
     Artículo 3.- Monitoreo del cumplimiento de la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo
     La Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, se encargará de realizar el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo, para cuyo efecto deberá coordinar con las entidades del Poder Ejecutivo responsables de la ejecución de las actividades contenidas en esta Estrategia.
     Artículo 4.- Financiamiento
     La implementación de las acciones previstas en el marco de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al Presupuesto Institucional autorizado de los pliegos correspondientes, para los fines establecidos en el mismo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.
     Artículo 5.- Refrendo
     El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil trece.
     OLLANTA HUMALA TASSO
     Presidente Constitucional de la República
     JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
     Presidente del Consejo de Ministros
     EDA A. RIVAS FRANCHINI
     Ministra de Justicia y Derechos Humanos

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Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal DECRETO SUPREMO Nº 038-2011-PCM

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal
DECRETO SUPREMO Nº 038-2011-PCM

     Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 184-2011-CG (Aprueban Directiva “Sistema Nacional de Atención de Denuncias”)
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     CONSIDERANDO:
     Que, mediante Ley Nº 29542, se establece la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, la cual tiene por objeto proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente;
     Que, conforme a lo dispuesto en la Única Disposición Final del citado dispositivo el Poder Ejecutivo dictará el Reglamento correspondiente;
     Que, por Resolución Ministerial Nº 337-2010-PCM se constituyó el Grupo de Trabajo encargado de proponer el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29542;
     De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
     DECRETA:
     Artículo 1.- Aprobación.
     Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, que consta de tres (3) Capítulos, doce (12) Artículos y un Anexo denominado “Formulario para presentar una denuncia”, cuyos textos forman parte del presente Decreto Supremo.
     Artículo 2.- Plazo de implementación
     La Contraloría General de la República dictará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en el Reglamento aprobado mediante el presente dispositivo, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de su vigencia.
     Artículo 3.- Vigencia
     El presente Decreto Supremo entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
     Artículo 3.- Refrendo.
     El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil once.
     ALAN GARCÍA PÉREZ
     Presidente Constitucional de la República
     ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
     Presidenta del Consejo de Ministros
     y Ministra de Justicia
     MANUELA GARCÍA COCHAGNE
     Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN EFICAZ EN EL ÁMBITO PENAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.- Objeto
     El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos relacionados con las medidas de protección de los funcionarios y servidores públicos o de cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública, que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.
     Artículo 2.- Definiciones
     Para la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 29542 - Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, y del presente Reglamento, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:
     Ley
     Ley Nº 29542 - Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.
     Funcionario o servidor público
     Todo aquél que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto.
     Hechos arbitrarios
     Se configura un hecho arbitrario cuando un servidor o funcionario público, de manera consciente y voluntaria, realiza u omite actos, sin la existencia de justificación objetiva y razonable.
     Hechos ilegales
     Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión, el servidor o funcionario público contraviene la normativa vigente.
     Denunciante.- Es aquella persona que habiendo presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley.
     Denunciado.- Es todo aquél que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto y que es objeto de una denuncia.
     La presente definición también alcanza a los ex funcionarios o ex servidores públicos.
     Copartícipe.-
     Es todo aquél que presta servicios en las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, como nombrado, contratado, designado, de confianza o electo; sin importar el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto, que brinda asistencia al denunciado para la realización de un hecho arbitrario o ilegal.
     Artículo 3.- Ámbito de Aplicación
     La protección establecida en la Ley alcanza a todo denunciante que presente una denuncia sustentada reseñando la realización de hechos arbitrarios o ilegales, ocurridos en cualquier entidad pública que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.
     Artículo 4.- Competencia
     La Contraloría General de la República, a nivel nacional, recibe y evalúa las denuncias, respecto al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control.
     En caso de denuncias que deben ser atendidas por otro organismo, la Contraloría General de la República, informa al denunciante y las deriva a la entidad competente, cuando corresponda.
CAPÍTULO II
DE LA DENUNCIA
     Artículo 5.- Presentación de la denuncia
     La denuncia se formula por escrito y puede ser presentada en forma personal, correo postal o electrónico, u otros medios, ante la Contraloría General de la República a nivel nacional, tramitándose conforme a las disposiciones emitidas por esta entidad.
     Artículo 6.- Requisitos de la denuncia.
     Para fines de su adecuada tramitación, toda denuncia que se formule deberá cumplir los requisitos siguientes:
     a) Los nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número telefónico y correo electrónico del denunciante, acompañándose copia del respectivo documento de identidad. La denuncia no debe tener origen anónimo;
     b) Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma detallada y coherente, incluyendo la identificación de los partícipes en los hechos denunciados, indicando la información o adjuntando la documentación u otros elementos de prueba que permitan su evaluación y, en caso se determine su procedencia comenzará su verificación;
     Los actos objeto de la denuncia no deben constituir asuntos, o ser materia de controversia, sujetos a la competencia constitucional y/o legal de otros organismos del Estado. Se considera entre éstos a los hechos comprendidos en causas o investigaciones pendientes ante el Poder Judicial, Tribunal Constitucional u otras instituciones públicas competentes; procesos disciplinarios en curso; reclamaciones de carácter laboral; procedimientos administrativos de reclamos y quejas sobre costos de tramitación, por la deficiente atención de servicios públicos y/o transgresiones en los trámites de ejecución externa de la ciudadanía; así como los relativos a requerimientos o impugnaciones de proveedores que no fundamenten la existencia de perjuicio económico al Estado en procesos de adquisiciones y contrataciones;
     c) Las pruebas pertinentes se adjuntan en copia simple; o se indicará la correspondiente evidencia y sus características o lugar de ubicación para acceder a ella;
     d) El compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la Contraloría General de la República, a fin de brindar las aclaraciones o mayor información disponible a que hubiere lugar;
     e) Lugar y fecha; y,
     f) Firma y huella digital, según corresponda.
     El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede ser subsanado en un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la recepción del requerimiento formulado por la Contraloría General de la República. De no ser subsanado en el plazo indicado, se procede al archivo de la denuncia.
     Artículo 7.- Formato de la denuncia.
     Las denuncias pueden presentarse utilizando el modelo del Formato de Denuncia que como Anexo forma parte del Decreto Supremo que aprueba el presente Reglamento y se encuentra disponible en la página web de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe) o mediante comunicación dirigida al Contralor General de la República.
     Artículo 8.- Procedimiento.
     El procedimiento de evaluación y verificación de denuncias de competencia de la Contraloría General de la República, se efectúa conforme a las disposiciones emitidas por esta entidad.
     Artículo 9.- Denuncia maliciosa
     El que denuncia ante la Contraloría General de la República un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, será sancionado por esta entidad con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
     Para imponer la sanción respectiva se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
     a) Antecedentes del denunciante;
     b) Circunstancias en que se produjo el hecho que motivó la interposición de la denuncia;
     c) Gravedad de las imputaciones alegadas;
     d) Falsedad de las pruebas o indicios empleados para sustentar las imputaciones alegadas;
     e) El daño o perjuicio potencial causado al presunto denunciante;
     f) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la imputación;
     g) Beneficio directo o indirecto obtenido por el denunciante;
     h) Conducta del denunciante en el procedimiento de investigación;
     i) Realización de medidas reparadoras o correctivas para la subsanación del daño causado o del perjuicio potencial alegado; y,
     j) Declaración voluntaria respecto de la falsedad de la imputación alegada.
     En estos casos, archivada la investigación, la Contraloría General de la República remite los actuados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
     En el caso de la denuncia maliciosa presentada por un ciudadano, el afectado podrá ejercer su derecho conforme a ley.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
     Artículo 10.- Las medidas de protección y beneficios
     Calificada la denuncia por la instancia correspondiente, comprobando el cumplimiento de los requisitos del artículo 7 del presente Reglamento, se procede a otorgar al denunciante las siguientes medidas de protección y beneficios:
     a) Un código de identificación, y se solicita que confirme la dirección postal o electrónica a la que se le remitirán las comunicaciones.
     Los datos de identidad que figuran en el expediente de denuncia serán reemplazados por el código asignado, estableciendo la Contraloría General de la República los mecanismos de custodia de dicha información.
     Si como resultado de la evaluación la denuncia queda desvirtuada, ello será comunicado al denunciante y cesa la protección establecida en la ley.
     b) La prohibición de cese, despido o remoción establecida en el inciso b) del artículo 8 de la Ley, implica la imposibilidad de separar del servicio al funcionario o servidor denunciante como consecuencia de la denuncia interpuesta de acuerdo a la Ley y al presente Reglamento, pero no enerva la facultad de sancionarlo disciplinariamente por la comisión de faltas e infracciones previstas en el régimen laboral o de contratación que le sea aplicable.
     c) La Entidad no se encontrará obligada a renovar el contrato temporal celebrado con el denunciante, siempre y cuando tal decisión se base en la no necesidad por parte de la Entidad de la continuidad de la prestación de dichos servicios y no como consecuencia de la denuncia formulada, de darse este último caso el denunciante podrá interponer recurso de apelación contra la medida impuesta ante el Tribunal del Servicio Civil.
     d) El funcionario o servidor despedido, destituido o removido de su cargo como consecuencia de la denuncia presentada, puede interponer recurso de apelación contra la medida impuesta, correspondiendo su resolución al Tribunal del Servicio Civil en el ámbito de su competencia conforme a las reglas de la materia.
     Para el efecto referido en el párrafo anterior, el impugnante debe acreditar que se encuentra dentro del alcance de protección de la Ley, presentando de manera directa al Tribunal del Servicio Civil los medios probatorios correspondientes.
     En la resolución del recurso, el Tribunal del Servicio Civil valorará las circunstancias que motivaron el despido, destitución o remoción a efectos de determinar si entre dicha medida y la denuncia presentada hubo relación causal.
     e) Cuando el trabajador denunciante, independientemente del régimen laboral al que pertenece, es objeto de represalias que se materializan en alguno de los actos de hostilidad comprendidos en el artículo 30 del Texto Único de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, se sujetará al siguiente procedimiento:
     i. Pone en conocimiento de la Contraloría General de la República el tipo de acto de hostilidad del cual viene siendo objeto, así como la identificación de los presuntos responsables, adjuntando de ser el caso, los medios probatorios correspondientes.
     ii. La Contraloría General de la República, luego de la evaluación pertinente, remite la referida documentación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o, en el ámbito regional, a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales o la que haga sus veces, dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de requerido el otorgamiento de la medida de protección solicitada.
     iii. La Autoridad Inspectiva realiza la actuación de inspección dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud por parte de la instancia competente.
     iv. La Autoridad Inspectiva remite a la Contraloría General de la República, las actas o informes conteniendo el resultado de la actuación de inspección, dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de realizada ésta.
     v. La Contraloría General de la República recibe la documentación respectiva y, de ser el caso, la traslada a las instancias competentes para la determinación de responsabilidades administrativas e imposición de las sanciones que correspondan frente a la falta grave incurrida.
     f) El denunciante sujeto al régimen laboral de la actividad privada que sea objeto de actos de hostilidad como consecuencia de la denuncia presentada, puede optar por alguna de las medidas establecidas en el artículo 35 del Texto Único de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR; sin perjuicio de poner en conocimiento de la Contraloría General de la República tales actos.
     g) En los casos que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, se otorgará la reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos arbitrarios o ilegales, y teniendo en cuenta el régimen laboral o de contratación aplicable en virtud del cargo o función desempeñada.
     En estos casos, la sanción se reducirá teniendo en cuenta los siguientes criterios:
     i. El perjuicio ocasionado a la administración pública.
     ii. La afectación a la función o el servicio público.
     iii. La naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del copartícipe.
     iv. El beneficio obtenido por el copartícipe.
     v. Ausencia de sanción administrativa.
     h) En los casos que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en la norma administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa hasta un cincuenta por ciento (50%) de lo efectivamente cobrado por la entidad, el cual será entregado directamente al denunciante. Al momento de determinar el porcentaje de la multa entregable en los procedimientos promovidos por el denunciante, se deberá evaluar, como mínimo, los siguientes criterios:
     i. Documentación e información previa proporcionada por el denunciante que contribuyan a la investigación de los hechos denunciados o que aporten pruebas significativas para la determinación de la infracción materia de denuncia.
     ii. Colaboración del denunciante demostrada a lo largo del procedimiento de investigación efectuada a solicitud de la autoridad competente
     iii. Trascendencia del hecho denunciado, impacto económico del mismo y magnitud de los perjuicios que hubiesen afectado o que sean susceptibles de afectar la función o el servicio público.
     La Contraloría General de la República comunicará a la entidad el grado de participación e importancia de la información proporcionada por el denunciante, en base a los criterios señalados en los numerales precedentes, para efectos de la determinación del porcentaje de la recompensa.
     Artículo 11.- Compromiso de Difusión
     El Titular de cada entidad deberá cumplir con las obligaciones comprendidas en el artículo 11 de la Ley, disponiendo a la Secretaría General de la entidad o quien haga sus veces la difusión de los alcances y beneficios que otorga la Ley, conforme al Reglamento de Organización y Funciones.
     El Secretario General o quien haga sus veces se encargará del cumplimiento de difusión de la Ley y del presente Reglamento. La omisión de la referida difusión será pasible de sanción disciplinaria administrativa o de responsabilidad administrativa funcional.
     Artículo 12.- Indicios de Comisión de delitos
     Si a consecuencia de la denuncia la Contraloría General de la República concluye que existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, dará cuenta del mismo al Ministerio Público a efectos de que inicie la investigación fiscal.
     En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley Nº 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, siempre que se halle relacionado con la comisión de los delitos establecidos en el artículo 1 de la referida Ley y se encuentre o no sometido a investigación preliminar o a un proceso penal, o se encuentre sentenciado por dichos delitos. Además, para que sean de aplicación las medidas de protección establecidas en la Ley Nº 27378 será necesario que el Fiscal y, en su caso, cuando exista proceso abierto, el Juez aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o hermanos.
ANEXO
FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA
 
FECHA:__/__/__
   
1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECURRENTE:  
....................................................................................................
DOC. IDENT : …………………  
DOMICILIO : ………………………………….………………
TELF : …………………………...  
EMAIL : ………………………………….…………………….
   
2. ENTIDAD BAJO CONTROL COMPRENDIDA EN  
LOS HECHOS:  
……………………………………………………….………….
Dist / Prov / Dpto. ……………………………….  
   
3. NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O  
SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS:  
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
   
4. LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA ANTE OTRA
INSTANCIA O EN FECHA ANTERIOR?  
   
                              SI (Nº y fecha Exp) NO
   
a. Congreso de la República  
b. Presidencia de la República  
c. Ministerio Público  
d. Poder Judicial  
e. Defensoría del Pueblo  
f. Órgano de Control Institucional  
g. Contraloría General  
h. Comisión Permanente/Especial de Procesos  
Administrativos Disciplinarios del sector.  
i. Otros (especificar)  
…………………………………………………………………..
   
Precise cuál es su estado:  
…………………………………………………………………..
 
5. PRESUNTAS IRREGULARIDADES:
 
HECHO Nº 1:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
 
Fecha en la que ocurrieron los hechos:
…………………………………………………………………..
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente
de información:
…………………………………………………………………..
Pruebas sustentatorias:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
 
HECHO Nº 2:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Fecha en la que ocurrieron los hechos:
…………………………………………………………………..
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente
de información:
…………………………………………………………………..
Pruebas sustentatorias:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
 
HECHO Nº 3:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Fecha en la que ocurrieron los hechos:
…………………………………………………………………..
 
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente
de información:
…………………………………………………………………..
Pruebas sustentatorias:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
 
NOTA: Mediante el presente quedo a disposición del Órgano
de Control para cualquier aclaración o ampliación que se requiera.
 
_________________
Firma y DNI.

 

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Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 072-2003-PCM (REGLAMENTO)
               OTRAS CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     CONSIDERANDO:
     Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;
     Que, mediante Ley Nº 27927 se modifican y agregan algunos artículos a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, facultándose al Poder Ejecutivo a publicar, a través de Decreto Supremo, el Texto Único Ordenado correspondiente;
     De conformidad con el artículo 118 inciso 8 de la Constitución Política del Perú, el artículo 3 inciso 2 del Decreto Legislativo Nº 560 y el artículo 2 de la Ley Nº 27927;
     DECRETA:
     Artículo 1.- Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consta de cuatro (4) Títulos, dos (2) Capítulos, treintiseis (36) Artículos, y tres (3) Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales, los cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
     Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil tres.
     ALEJANDRO TOLEDO
     Presidente Constitucional de la República
     LUIS SOLARI DE LA FUENTE
     Presidente del Consejo de Ministros
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.- Alcance de la Ley
     La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
     El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso.
     Artículo 2.- Entidades de la Administración Pública
     Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
     Artículo 3.- Principio de publicidad
     Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.
     Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.
     En consecuencia:
     1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.
     2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.
     3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.
     La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.

CONCORDANCIAS:     R. N° 065-2003-CNI, Art. 1
               R.J. Nº 004-2008-SIS
               R.J. Nº 037-2008-INDECI
     Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones
     Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma.
     Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal.
     El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de entregar la información solicitada.
CONCORDANCIAS:     R.M. N° 293-2006-PCM, Art. 11 (Procedimiento para el ingreso y publicación de los TUPAS en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas)
               R. Nº 021-2008-DP
TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA
CONCORDANCIAS:     R.J. N° 234-2001-INEI (Normas técnicas de contenidos de páginas web en la Administración Pública)

     Artículo 5.- Publicación en los portales de las dependencias públicas
     Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:
     1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde.
     2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. (*)
(*) Numeral modificado por la Décimo Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29973, publicada el 24 diciembre 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones y el porcentaje de personas con discapacidad del total de personal que labora en la entidad, con precisión de su situación laboral, cargos y nivel remunerativo.”
     3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos.
     4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente.
     5. La información adicional que la entidad considere pertinente.
     Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el Título IV de esta Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas públicas.
     La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de Internet.(*)
(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 280-2007-PCM, publicada el 21 septiembre 2007, se precisa que corresponde al Jefe de la Oficina de Sistemas de la Presidencia del Consejo de Ministros dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo, en lo que respecta a los portales de Internet de la Presidencia del Consejo de Ministros.
CONCORDANCIAS:     R.D. N° 109-2004-DVMPEMPE-ATU, Art. 1
               R.M. N° 687-2006-MINSA
               R.M. N° 293-2006-PCM, Art. 2 (Procedimiento para el ingreso y publicación de los TUPAS en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas)
               Ley N° 29091, Art. 6
               D.S. Nº 004-2008-PCM, Art. 5
               CIRCULAR Nº 001-2008-SUNAT-A
               D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 20
     Artículo 6.- De los plazos de la Implementación
     Las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a continuación se indican:
     a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a partir del 1 de julio de 2003.
     b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de su instalación.
     c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos desconcentrados a nivel provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación.
     d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación.
     e) Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, hasta el 1 de julio de 2003.
     Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos plazos en la asignación de los recursos correspondientes.
TÍTULO III
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
CONCORDANCIAS:     R.ADM. N° 005-2005-CE-PJ
     Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado
     Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.
     CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
     Artículo 8.- Entidades obligadas a informar
     Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2 de la presente Ley.
     Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces.
     Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente Ley.

CONCORDANCIAS:     R.ADM. N° 040-2003-CE-PJ
               R.D. N° 010-2003-AG-CONACS-DT
               R. N° 339-2003-INPE-P
               R.M. N° 0553-2003-AG
               R.SBS N° 960-2003
               R.D. N° 000700-2003-D-DEL
               R.M. N° 261-2003-PCM
               R. N° 055-2003-EF-94.10
               R. N° 012-2003-UIF
               R.J. N° 323-2003-PRONAA-J
               R. N° 001-2003-PD-OSITRAN
               R. N° 091-2003-INDECOPI-DIR
               R. N° 081-2003-AMAG-CD-P
               R. N° 416-2003-P-IPD
               R. N° 066-2003-02.00
               R. N° 054-2003-CNM
               R. N° 567-2003-INPE-P
               R. N° 449-2003-SUNARP-SN
               R.M. N° 417-2003-MEM-DM
               R. N° 053-2003-OS-PRES
               R. N° 474-2003-P-IPD
               R.M. N° 868-2003-MTC-01
               R.C.D. N° 012-2003-CD-FHH
               R.M. N° 092-2004-TR, Art. 2
               R.M. N° 304-2004-DE-CCFFAA
               R. N° 025-2004-PATPAL-DE
               R. N° 020-2004-MTC-INICTEL-PE
               R. N° 003-2004-PD-CONIDA
               R. N° 1009-2003-ANR
               R.D. N° 109-2004-DVMPEMPE-ATU, Arts. 2 y 3
               R. N° 591-2006-OS-CD
               R.M. Nº 280-2007-PCM
               R.J. Nº 004-2008-SIS
     Artículo 9.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos
     Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce.
     Artículo 10.- Información de acceso público
     Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.
     Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.
     Artículo 11.- Procedimiento
     El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:
     a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
     b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 072-2003-PCM, Art. 11 y 14
     En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante.
     c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley.
     d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede considerar denegado su pedido.
     e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para agotarla.
     f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa.
     g) Agotada la vía administrativa el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 12 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)
     Artículo 12.- Acceso directo
     Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público.
     Artículo 13.- Denegatoria de acceso
     La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.
     La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada en las excepciones de los artículos 15 a 17  de esta Ley, señalándose expresamente y por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.
     La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean.
     Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla.
     Artículo 14.- Responsabilidades
     El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se encontrará incurso en los alcances del artículo 4 de la presente Ley.
     Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho
     El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:
     1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:
     a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva y movilización y de operaciones especiales así como oficios y comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 012-2009-DE, Art. 3
     b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.
     c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional.
     d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.
     e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares.
     f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.
     g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.
     2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno:
     a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.
     b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de inteligencia.
     c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15 de la presente Ley.
     d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material.
     e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.
     f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.
     g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1.
     En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste.
     Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente Ley.
     "La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala el plazo de vigencia de la clasificación secreta, respecto de la información que produce el sistema; y el trámite para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el Consejo de Seguridad Nacional.” (*)

(*) Párrafo adicionado por la Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 28664, publicada el 04 enero 2006.
CONCORDANCIAS:     R.J. Nº 004-2008-SIS, nums. 5.2, 5.4.1, 5.9 (Aprueban la Directiva Nº 001-2008-SIS-GM “Acceso de los Usuarios a la Información Pública del
               Seguro Integral de Salud” y sus anexos)
               D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 6 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)
               R. Nº 048-2011-SERVIR-PE, Art. Sexto (Disponen que las Entidades de la Administración Pública remitan a SERVIR la información referida a las personas que prestan servicios al Estado en
                sus  dependencias)
               D.S. Nº 069-2011-PCM, Art. 7 (Crean el Portal de la Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP))
     Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada
     El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:
     1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:
     a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 007-2006-MTC, Art. 4, numeral 4.3
     b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley.
     c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 007-2006-MTC, Art. 4, numeral 4.3
     d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana.
     e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 011-2008-DE-, Art. 2
     “f) La información contenida en los Reportes de actividades con las sustancias químicas tóxicas y sus precursores listados en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; la información contenida en los Reportes sobre las instalaciones de producción de las sustancias químicas orgánicas definidas; la información relacionada con las inspecciones nacionales e inspecciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas; la información concerniente a los procesos productivos en donde intervienen sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de dicha Convención; y la información concerniente al empleo de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1 y 2 de dicha Convención”. (*)

(*) Inciso incluido por la Ùnica Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29239, publicada el 29 mayo 2008. La citada Ley entra en vigencia a los ciento veinte (120) días desde la publicación de su reglamento, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria y Final de la citada Ley.
     2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:
     a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no serán públicos por lo menos en el curso de las mismas.
     b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países.
     c) La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de la información clasificada en el ámbito militar, de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley.
     “d) Los contratos de asesoría financiera o legal para realizar operaciones de Endeudamiento o administración de deuda del Gobierno Nacional; que de revelarse, perjudicarían o alterarían los mercados financieros, se harán públicos una vez concretadas dichas operaciones.” (1)(2)
(1) Incluido por la Décimo Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 28423, publicada el 21-12-2004, vigente  a partir del  01-01-2005
(2)(*) NOTA DE EDITOR De conformidad con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 28563, publicada el 01 Julio 2005, se incluye dentro del presente Artículo el inciso d), lo que modificaría el inciso d) incluido por la Décimo Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 28423, cuyo texto es el siguiente:
     “d. Los contratos de asesoría financiera o legal para realizar operaciones de endeudamiento público o administración de deuda del Gobierno Nacional; que de revelarse, perjudicarían o alterarían los mercados financieros, no serán públicos por lo menos hasta que se concreten las mismas.”
     En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso público.
     " La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala el plazo de vigencia de la información de inteligencia producida por el sistema y clasificada como reservada, en los supuestos de los numerales 1 literales a, c y d; y 2 literal c, del presente artículo. Asimismo norma el trámite para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el Consejo de Seguridad Nacional.” (*)

(*) Párrafo adicionado por la Sexta Disposición Complementaria de la Ley Nº 28664, publicada el 04 enero 2006.
CONCORDANCIAS:     R.J. Nº 004-2008-SIS, nums. 5.2, 5.4.1, 5.9 (Aprueban la Directiva Nº 001-2008-SIS-GM “Acceso de los Usuarios a la Información Pública del
               Seguro Integral de Salud” y sus anexos)
               D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 6 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)
               R. Nº 048-2011-SERVIR-PE, Art. Sexto (Disponen que las Entidades de la Administración Pública remitan a SERVIR la información referida a las personas que prestan servicios al Estado en
                sus  dependencias)
               D.S. Nº 069-2011-PCM, Art. 7 (Crean el Portal de la Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP))
     Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial
     El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:
     1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 125-2008-EF, Art. 17 (Clasificación de la información)
               R.M.Nº 271-2012-PCM (Aprueban Directiva “Lineamientos para la cautela y tratamiento de la información a que se refiere la excepción señalada en el numeral 1 del
                artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el ámbito del Consejo de Ministros”)
     2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente.
     3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.
     4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 125-2008-EF, Art. 17 (Clasificación de la información)
     5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. (*)
(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, publicado el 19 abril 2012, cuyo texto es el siguiente:

     "5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. (*)
(*) De conformidad con la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29733, publicada el 03 julio 2011, se precisa que la información confidencial a que se refiere el presente numeral, constituye dato sensible conforme a los alcances de la citada Ley, la misma que entra en vigencia en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la publicación del reglamento de la citada Ley.
     Por su parte, no opera la presente reserva cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones requiera información respecto a los bienes e ingresos de los funcionarios públicos, o cuando requiera otra información pertinente para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú."
CONCORDANCIAS:     R.ADM. N° 176-2006-CED-CSJLI-PJ
     6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República.
     "La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala el plazo de vigencia de la información de inteligencia producida por el sistema y clasificada como confidencial, a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, siempre que se refiera a temas de seguridad nacional. Asimismo norma el trámite para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el Consejo de Seguridad Nacional.” (*)

(*) Párrafo adicionado por la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 28664, publicada el 04 enero 2006.
CONCORDANCIAS:     R. N° 307-2004-OS-CD, Art. Único
               R. Nº 748-2007-OS-CD
               R.J. Nº 004-2008-SIS, nums. 5.2, 5.4.1, 5.9 (Aprueban la Directiva Nº 001-2008-SIS-GM “Acceso de los Usuarios a la Información Pública del
               Seguro Integral de Salud” y sus anexos)
               D.S. N° 002-2008-MIMDES, Art. 7
               D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 6 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)
               R. Nº 202-2010-OS-CD (Aprueban Procedimiento para la Determinación, Registro y Resguardo de la Información Confidencial)
               D.S. Nº 069-2011-PCM, Art. 7 (Crean el Portal de la Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP))
     Artículo 18.- Regulación de las excepciones
     Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.
     La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo.
     Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos.
     Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 16 y 17 tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurre.
     El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú.
     Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú. (*)
(*) Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, publicado el 19 abril 2012, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 18.- Regulación de las excepciones
     Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.
     La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
     Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones tiene acceso a la información siempre que ésta sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú.
     Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 16 y 17 tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurre.
     El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú.
     Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.”
     Artículo 19.- Información parcial
     En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento.
     Artículo 20.- Tasa aplicable
     El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes.
CONCORDANCIAS:     R. Nº 022-2008-DP
     Artículo 21.- Conservación de la información
     Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea.
     La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional.”
CONCORDANCIAS:     R.D. Nº 025-2005-DP, Art. Tercero, Numeral 1, inc. e)
               Ley Nº 29733, Art. 20 (Ley de protección de datos personales)
     Artículo 22.- Informe anual al Congreso de la República
     La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información atendidos y no atendidos.
     Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la información a que se refiere el párrafo anterior.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 072-2003-PCM, Art. 22
               R. D. Nº 025-2005-DP, Art. Tercero, Numeral 2
               R.M. Nº 301-2009-PCM (Aprueban la Directiva Nº 003-2009-PCM/SGP “Lineamientos para el reporte de solicitudes de Acceso a la Información a ser
               remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros”)
TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
     Artículo 23.- Objeto
     Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la información de carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y permitir una adecuada rendición de cuentas.
     El presente título utiliza los términos que se señala a continuación:
     a) Información de finanzas públicas: aquella información referida a materia presupuestaria, financiera y contable del Sector Público.
     b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos.
     c) Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las definiciones establecidas en la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
     Artículo 24.- Mecanismos de Publicación y Metodología
     La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a través de otros medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El reglamento establecerá los mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el número de habitantes no justifiquen la publicación por dichos medios.
     La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, deberán ser publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la información.
     Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre, y comprenderá, para efectos de comparación, la información de los dos períodos anteriores.
CAPÍTULO I
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
     Artículo 25.- Información que deben publicar todas las Entidades de la Administración Pública
     Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente:
     1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.
     2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el presupuesto total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado.
     3. Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no.
     4. Información contenida en el Registro de procesos de selección de contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales, nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y costo final, de ser el caso.
     5. Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les serán aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión.
     Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la referida información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su portal de Internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su publicación.
CONCORDANCIAS:     R.M. N° 687-2006-MINSA

     Artículo 26.- Información que debe publicar el Ministerio de Economía y Finanzas
     El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, la siguiente información:
     1. El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) días calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de los dos ejercicios anteriores.
     2. Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas comprendidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de conformidad con los Clasificadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo a los siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador funcional (función/programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente de financiamiento.
     3. Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y Presupuesto y su exposición de motivos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y fuentes y distribución funcional por genérica del gasto e institucional, a nivel de pliego.
     4. Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa e interna concertada o garantizada por el Sector Público Consolidado, trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de amortización pactada, el capital y los intereses pagados y por devengarse.
     5. El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada fuente de financiamiento, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de crédito, otros depósitos y saldos de balance.
     6. Información sobre los proyectos de inversión pública cuyos estudios o ejecución hubiesen demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas (1 200) Unidades Impositivas Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado y presupuesto ejecutado anual.
     7. El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) dentro de los treinta (30) días calendario de concluido el ejercicio fiscal.
     8. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.
     Artículo 27.- Información que debe publicar el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)
     El FONAFE publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 25, la siguiente información sobre las entidades bajo su ámbito:
     1. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo al inicio del período de ejecución presupuestal.
     2. El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, trimestralmente.
     3. Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) días calendario de concluido el ejercicio fiscal.
     4. Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan celebrado Convenios de Gestión.
     5. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.
     Artículo 28.- Información que debe publicar la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
     La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR), publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 25, lo siguiente:
     1. Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), antes del 31 de marzo de cada año.
     2. Información referente a la situación de los activos financieros del FCR y del FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en organismos multilaterales donde se encuentren depositados los recursos de los referidos Fondos, así como los costos de administración, las tasas de interés, y los intereses devengados, trimestralmente.
     Artículo 29.- Información que debe publicar el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) (*) NOTA SPIJ
     El CONSUCODE publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y contrataciones realizadas por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor referencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. Para tal fin, la información deberá estar desagregada por Pliego, cuando sea aplicable, detallando: el número del proceso, el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, y el costo final.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 072-2003-PCM, Art. 19
               D.S. Nº 063-2010-PCM, Quinta Disp.Complem.Final (Decreto Supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar
               en las Entidades de la Administración Pública)
CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO MACROECONÓMICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
     Artículo 30.- Información sobre Impacto Fiscal
     1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Endeudamiento Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza.
     2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, deberá estar acompañado de una estimación anual del impacto que dicha medida tendría sobre el presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 063-2010-PCM, Quinta Disp.Complem.Final (Decreto Supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar
               en las Entidades de la Administración Pública)
     Artículo 31.- Información Adicional al Marco Macroeconómico Multianual
     El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la siguiente información:
     1. Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los supuestos macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas contingentes a adoptar ante éstas.
     2. Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de Gasto Tributario que el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de cada uno de ellos, así como un estimado del costo total por región y por sector económico y social, según su naturaleza. (*)
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 063-2010-PCM, Quinta Disp.Complem.Final (Decreto Supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar
               en las Entidades de la Administración Pública)
(*) El presente Artículo quedó derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 30099, publicada el 31 octubre 2013, que entró en vigencia a partir del 01 enero 2015.
     Artículo 32.- Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los Presupuestos y otras Leyes Anuales
     1. La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un cuadro de consistencia con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto de las entidades dentro del ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, del resto de entidades que conforman el Sector Público Consolidado.
     2. La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá la sustentación de su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 063-2010-PCM, Quinta Disp.Complem.Final (Decreto Supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar
               en las Entidades de la Administración Pública)
     Artículo 33.- Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual
     1. La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia el artículo 10 de la Ley Nº 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial.
     2. Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique la alteración de los parámetros establecidos en la Ley Nº 27245, deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5  de la referida Ley y previa sustentación de las medidas que se adoptarán para realizar las correcciones. (*)
(*) El presente Artículo quedó derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 30099, publicada el 31 octubre 2013, que entró en vigencia a partir del 01 enero 2015.
     Artículo 34.- Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de Endeudamiento
     1. Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco Central de Reserva del Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Marco Macroeconómico del año anterior, así como sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley Nº 27245. Dicho informe, conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la Ley Nº 27209, será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril.
     2. El Ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del Congreso, dentro de los 15 días siguientes a su remisión, la Declaración de Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27245. La Declaración de Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, canjes de deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación con relación a lo previsto.
     3. En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el Ministro informará sobre el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis en la clasificación funcional, y el endeudamiento por toda fuente, así como de los avales otorgados por la República. (*)
(*) El presente Artículo quedó derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 30099, publicada el 31 octubre 2013, que entró en vigencia a partir del 01 enero 2015..
     Artículo 35.- Informe preelectoral
     La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) meses a la fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de lo realizado durante su administración y expondrá sus proyecciones sobre la situación económica, financiera y social de los próximos cinco (5) años. El informe deberá incluir, además, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos para los próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingentes y otras, incluidas o no en el Presupuesto.
     Artículo 36.- Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias
     1. Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes.
     2. Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento establecidos en la Ley correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que acompañará la información a que se refiere el artículo precedente, listando todas las ampliaciones presupuestarias y analizando las implicancias de éstas sobre los lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
     Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las normas que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los artículos 8, 11 y 20 referidos a entidades obligadas a informar, al procedimiento y, el costo de reproducción respectivamente, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley. El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
     Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados referidos al acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la presente Ley.
     Tercera.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley.

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Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-PCM

Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-PCM

(*) El Anexo del presente Decreto Supremo, se publicó el 13-08-2003.
     CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     CONSIDERANDO:
     Que, mediante la Ley Nº 27806 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de promover la transparencia de los actos de Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;
     Que, mediante la Ley Nº 27927 se modificaron y agregaron algunos artículos a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciéndose en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el correspondiente reglamento, el cual será aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de dicha Ley;
     Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
     Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley, mediante Resolución Ministerial Nº 103-2003-PCM se creó la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que elaboró el respectivo anteproyecto y lo sometió a consulta ciudadana mediante su prepublicación en el Diario Oficial El Peruano el sábado 7 de junio de 2003;
     Que, como resultado de la prepublicación, la Comisión Multisectorial recibió sugerencias de diversas entidades públicas y privadas, las mismas que han sido consideradas para la elaboración del proyecto de Reglamento que presentó al Consejo de Ministros;
     De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política y el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
     DECRETA:
     Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
     Apruébese el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consta de cinco (5) títulos, veintidós (22) artículos y cuatro (4) disposiciones complementarias.
     Artículo 2.- Refrendo
     El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.
     ALEJANDRO TOLEDO
     Presidente Constitucional de la República
     BEATRIZ MERINO LUCERO
     Presidenta del Consejo de Ministros
     JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
     Ministro de Economía y Finanzas
     EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
     Ministro de Transportes y Comunicaciones
     y encargado de la Cartera de Justicia
     AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
     Ministro de Defensa
     FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
     Ministro del Interior
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.- Objeto
     El presente Reglamento regula la aplicación de las normas y la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que en adelante se denominará “la Ley”.
     Artículo 2.- Ámbito de aplicación
     El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública señaladas en el Artículo 2 de la Ley.
     El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso y demás normas que resulten aplicables.
     Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se encuentren contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
     El derecho de las partes de acceder al expediente administrativo se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 095-2003-PCM, publicado el 28-11-2003, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 2.- Ámbito de aplicación
     El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública señaladas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de acceso a la información, será de aplicación a las empresas del Estado.
     El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso y demás normas que resulten aplicables.
     Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se encuentren contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
     El derecho de las partes de acceder al expediente administrativo se ejerce de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 2.- Ámbito de aplicación
     El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública señaladas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de acceso a la información, será de aplicación a las empresas del Estado.
     La facultad de los Congresistas de la República de solicitar información a las entidades públicas se rige por el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, por lo que no resulta aplicable en este caso el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución.
     Las solicitudes de información entre entidades públicas se rigen por el deber de colaboración entre entidades regulada en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
     Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se encuentren contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
     El derecho de las partes de acceder a la información contenida en expedientes administrativos se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la vía procesal que el solicitante de la información decida utilizar para su exigencia en sede jurisdiccional”.
     Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
     Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad son las siguientes:
     a. Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública dentro de su competencia funcional;
     b. Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público;
     c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia;
     d. Clasificar la información de carácter secreto y reservado y/o designar a los funcionarios encargados de tal clasificación;
     e. Disponer se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control de seguridad de la información de acceso restringido; y,
     f. Otras establecidas en la Ley.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     "Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
     Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, son las siguientes:
     a. Adoptar las medidas necesarias, dentro de su ámbito funcional, que permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Entidad;
     b. Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público;
     c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia;
     d. Asegurar que el funcionario responsable de entregar la información de acceso público, así como el funcionario responsable del Portal de Transparencia, tengan las condiciones indispensables para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, enunciativamente:
     d.1. Que todos los funcionarios de las unidades orgánicas u órganos de la Entidad atiendan de manera oportuna los requerimientos de información formulados por el responsable de entregar la información de acceso público como por el funcionario responsable del Portal de Transparencia.
     d.2. Contar con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para la atención de las solicitudes de información y las demás funciones en materia de transparencia y acceso a la información que le correspondan. Dichos recursos presupuestarios deberán ser previstos en el presupuesto institucional de la entidad conforme a la normatividad vigente y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
     d.3. Recibir capacitación permanente sobre los temas de transparencia y acceso a la información pública para el adecuado ejercicio de sus funciones.
     d.4. Contar con un registro de solicitudes de acceso a la información pública, donde se consigne por lo menos la siguiente información: la fecha de presentación de la solicitud, el nombre del o la solicitante, la información solicitada, el tiempo en que se atendió la solicitud, el tipo de respuesta que se brindó a la solicitud, las razones por las que se denegó la solicitud. Asimismo, en caso la respuesta se haya realizado fuera del plazo legal, las razones de este retardo. El registro deberá contener un apartado en el que se puedan consignar las observaciones que los funcionarios responsables consideren relevantes para explicar el tratamiento otorgado a una solicitud de información.
     e. Clasificar la información de carácter secreta y reservada y/o designar a los funcionarios encargados de tal clasificación;
     f. Disponer se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control de seguridad de la información de acceso restringido;
     g. Disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales para identificar y, de ser el caso, sancionar y exigir las reparaciones que correspondan a los responsables del extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación, indebidas, de la información en poder de la Entidad.
     h. Disponer la inmediata recuperación o reconstrucción de la información afectada por alguna de las conductas antes mencionadas; y,
     i. Otras establecidas en la Ley.”
     Artículo 4.- Designación de los funcionarios responsables de entregar la información y de elaborar el Portal de Transparencia.
     Las Entidades que cuenten con oficinas desconcentradas o descentralizadas, designarán en cada una de ellas al funcionario responsable de entregar la información que se requiera al amparo de la Ley, con el objeto que la misma pueda tramitarse con mayor celeridad.
     La designación del funcionario o funcionarios responsables de entregar la información y del funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmente, la Entidad colocará copia de la Resolución de designación en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas.
     Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en centros poblados o en distritos en que el número de habitantes no justifique la publicación de la Resolución de designación en el Diario Oficial El Peruano, deben colocar copia de la misma en lugar visible.
     Artículo 5.- Obligaciones del funcionario responsable de entregar la información
     Las obligaciones del funcionario responsable de entregar la información, son las siguientes:
     a. Atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la Ley;
     b. Requerir la información al área de la Entidad que la haya creado u obtenido, o que la tenga en su posesión o control;
     c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción;
     d. Entregar la información al solicitante, previa verificación de la cancelación del costo de reproducción; y,
     e. Recibir los recursos de apelación interpuestos contra la denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hubiere lugar.
     En caso de vacancia o ausencia justificada del funcionario responsable de entregar la información, y cuando no haya sido designado un encargado de cumplir las funciones establecidas en el presente artículo, el Secretario General o quien haga sus veces asumirá las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 5.- Obligaciones del funcionario responsable de entregar la información
     Las obligaciones del funcionario responsable de entregar la información, son las siguientes:
     a. Atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la Ley;
     b. Requerir la información al área de la Entidad que la haya creado u obtenido, o que la tenga en su posesión o control;
     c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción;
     d. Entregar la información al solicitante, previa verificación de la cancelación del costo de reproducción;
     e. Recibir los recursos de apelación interpuestos contra la denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hubiere lugar; y,
     f. En caso la solicitud de información deba ser rechazada por alguna de las razones previstas en la Ley, deberá comunicar este rechazo por escrito al solicitante, señalando obligatoriamente las razones de hecho y la excepción o excepciones que justifican la negativa total o parcial de entregar la información.
     En caso de vacancia o ausencia justificada del funcionario responsable de entregar la información, y cuando no haya sido designado un encargado de cumplir las funciones establecidas en el presente artículo, el Secretario General o quien haga sus veces asumirá las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.”
     “Artículo 5-A.- Reglas para la adecuada actuación de los funcionarios responsables de entregar la información
     Sin perjuicio de que las Entidades realicen los cambios orgánicos que consideren para el mejor ejercicio de sus funciones, la actuación de los funcionarios responsables se rige por las siguientes reglas:
     a. Dependen de la máxima autoridad administrativa de la Entidad en el cumplimiento de sus funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. A tales efectos respecto de estas funciones no están sometidos a ningún otro funcionario o servidor de la Entidad.
     b. Proponen a la máxima autoridad administrativa de la Entidad los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información.
     c. No podrán ser sancionados, cambiados en sus funciones de transparencia y acceso a la información, ni desvinculados de la Entidad como consecuencia del correcto cumplimiento de la Ley”.(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013.
     Artículo 6.- Funcionario o servidor poseedor de la información
     Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la información solicitada, es responsable de:
     a. Brindar la información que le sea requerida por el funcionario o servidor responsable de entregar la información y por los funcionarios o servidores encargados de establecer los mecanismos de divulgación a los que se refieren los artículos 5 y 24 de la Ley;
     b. Elaborar los informes correspondientes cuando la información solicitada se encuentre dentro de las excepciones que establece la Ley. En los casos en que la información sea secreta o reservada, deberá incluir en su informe el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 21 del presente Reglamento.
     c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes al Secretario General, o quien haga sus veces, cuando el responsable de brindar la información no haya sido designado, o se encuentre ausente;
     d. La autenticidad de la información que entrega. Esta responsabilidad se limita a la verificación de que el documento que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos.
     e. Mantener permanentemente actualizado un archivo sistematizado de la información de acceso público que obre en su poder, conforme a los plazos establecidos en la normatividad interna de cada Entidad sobre la materia; y,
     f. Conservar la información de acceso restringido que obre en su poder.
     Para los efectos de los supuestos previstos en los incisos a), b) y c), deberá tener en consideración los plazos establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 6.- Funcionario o servidor poseedor de la información
     Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la información solicitada, es responsable de:
     a. Brindar la información que le sea requerida por el funcionario o servidor responsable de entregar la información y por los funcionarios o servidores encargados de establecer los mecanismos de divulgación a los que se refieren los artículos 5 y 24 de la Ley, a fin de que éstos puedan cumplir con sus funciones de transparencia en los plazos previstos en la Ley. En caso existan dificultades que le impidan cumplir con el requerimiento de información, deberá informar de esta situación por escrito al funcionario requirente, a través de cualquier medio idóneo para este fin.
     b. Elaborar los informes correspondientes cuando la información solicitada se encuentre dentro de las excepciones que establece la Ley, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. En los supuestos en que la información sea secreta o reservada, deberá incluir en su informe el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 21 del presente Reglamento.
     c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes al Secretario General, o quien haga sus veces, cuando el responsable de brindar la información no haya sido designado, o se encuentre ausente;
     d. La autenticidad de la información que entrega. Esta responsabilidad se limita a la verificación de que el documento que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos.
     e. Mantener permanentemente actualizado un archivo sistematizado de la información de acceso público que obre en su poder, conforme a los plazos establecidos en la normatividad interna de cada Entidad sobre la materia; y,
     f. Conservar la información de acceso restringido que obre en su poder.
     Para los efectos de los supuestos previstos en los incisos a), b) y c), deberá tener en consideración los plazos establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables de entregar la información el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo."
     Artículo 7.- Responsabilidad por incumplimiento
     Los funcionarios o servidores públicos incurren en falta administrativa en el trámite del procedimiento de acceso a la información y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente, cuando de modo arbitrario obstruyan el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministren de modo incompleto u obstaculicen de cualquier manera el cumplimiento de la Ley.
     La responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos se determinará conforme a los procedimientos establecidos para cada tipo de contratación.
TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA
     Artículo 8.- Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia
     Son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes:
     a. Elaborar el Portal de la Entidad, en coordinación con las dependencias correspondientes;
     b. Recabar la información a ser difundida en el Portal de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 25 de la Ley; y,
     c. Mantener actualizada la información contenida en el Portal, señalando en él, la fecha de la última actualización.(*)
(*) Artículo sustituído por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
“TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA
     Artículo 8.- La presentación de la información en el Portal de Transparencia y la obligación de incrementar los niveles de transparencia
     Toda la información que se publique en el Portal de Transparencia deberá observar las siguientes características:
     a. Será redactada y presentada teniendo en cuenta la necesidad de información de los usuarios de los servicios que brinda la entidad.
     b. Será redactada en un lenguaje que utilice expresiones simples, claras y directas.
     c. Deberá privilegiar las estructuras gramaticales simples, frases cortas, sin afectar la calidad de la información, y hacer uso del lenguaje técnico sólo cuando sea estrictamente necesario.
     d. Cada Entidad deberá publicar un glosario explicativo de la terminología técnica que utilice en el ámbito de sus funciones.
     e. La información publicada en los Portales de Transparencia de las entidades de la Administración Pública a la que alude la Ley Nº 29091 y su reglamento tienen carácter y valor oficial.
     f. Deberá ser cierta, completa y actualizada, bajo responsabilidad del funcionario del órgano o unidad orgánica que proporciona la información y del funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia, de acuerdo al ámbito de sus competencias, y del titular de la entidad, cuando corresponda.
     De acuerdo a los artículos 1, 3, el inciso 5) del artículo 5 de la Ley, la información cuya publicación se encuentra expresamente prevista por la Ley, en otras leyes, en el presente Reglamento y en otras normas, constituyen obligaciones mínimas y meramente enunciativas, por lo que las Entidades deben publicar en su Portal de Transparencia toda aquella información adicional que incremente los niveles de transparencia y resulte útil y oportuna para los ciudadanos.
     Se publicará en el Portal de Transparencia Estándar además de la información a la que se refieren los artículos 5 y 25 de la Ley y las normas que regulan dicho portal, la siguiente información:
     g. Las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios o servidores obligados a presentarlas, de acuerdo a la legislación sobre la materia.
     h. La información detallada sobre todas las contrataciones de la Entidad.
     i. La unidad orgánica u órgano encargado de las contrataciones, los nombres de quienes elaboran las bases para la contratación de bienes y servicios y de los que integran los comités correspondientes.
     j. La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda.
     k. Los saldos de balance.
     l. Los laudos y procesos arbitrales, así como las actas de conciliación y procesos de conciliación.
     m. La información detallada sobre todos los montos percibidos por las personas al servicio del Estado, identificando a las mismas, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurídico que los regule.
     n. El registro de visitas en línea de las entidades de la Administración Pública.
     o. Los enlaces a otros registros en línea sobre información pública, entre ellos, el correspondiente al Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado -INFObras- a cargo de la Contraloría General de la República.
     p. Las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas, efectuadas por los Órganos de Control Institucional, así como el estado de implementación de dichas recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Control que regulan la publicidad de dichos informes.
     Cualquier evaluación que se haga del cumplimiento de las obligaciones de publicar información en los portales, tomará en cuenta en su valoración, el incremento de los niveles de transparencia respecto de la obligación mínima establecida expresamente en las normas correspondientes.
     El ejercicio del derecho de acceso a la información se tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al interesado, del enlace o lugar dentro del Portal de Transparencia que la contiene, sin perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera.
     Siempre en el marco de las obligaciones de máxima transparencia y del incremento de los niveles de la misma, las entidades obligadas por la Ley, cuando corresponda, podrán adecuar el cumplimiento de la publicación de información en sus portales a su naturaleza, sus necesidades de información y la de los usuarios de sus servicios. A tales efectos podrán dictar las directivas que correspondan.
     La actualización del Portal deberá realizarse al menos una vez al mes, salvo los casos en que la Ley hubiera establecido plazos diferentes."
     Artículo 9.- Información publicada en el Portal de Transparencia
     La información difundida en el Portal en cumplimiento de lo establecido en la Ley, es de conocimiento público.
     El ejercicio del derecho de acceso a dicha información se tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al interesado de la página web del Portal que la contiene, sin perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera.
     La actualización del Portal deberá realizarse al menos una vez al mes, salvo los casos en que la Ley hubiera establecido plazos diferentes.(*)
(*) Artículo sustituído por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     "Artículo 9.- Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia
     Son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes:
     a. Elaborar el Portal de Transparencia, en caso la entidad no cuente con él, en coordinación con las unidades orgánicas u órganos correspondientes;
     b. Recabar la información a ser difundida en el Portal de Transparencia de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 25 de la Ley; y,
     c. Mantener actualizada la información contenida en el Portal de Transparencia conforme a las reglas sobre la materia, señalando en él, la fecha de la última actualización.
     Todas las dependencias y funcionarios de la Entidad se encuentran obligados a atender los requerimientos de información del funcionario responsable del Portal de Transparencia, conforme al inciso a) del artículo 6 del presente Reglamento.
     Toda modificación sobre la forma y contenido del Portal de Transparencia Estándar, deberá ser coordinada con la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.”
TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
     Artículo 10.- Presentación y formalidades de la solicitud
     La solicitud de acceso a la información pública puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad o de forma personal ante su unidad de recepción documentaria.
     Será presentada mediante el formato contenido en el Anexo del presente Reglamento, sin perjuicio de la utilización de otro medio escrito que contenga la siguiente información:
     a. Nombres, apellidos completos, documento de identidad, domicilio. Tratándose de menores de edad no será necesaria la presentación del documento de identidad;
     b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico;
     c. En caso la solicitud se presente en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de hacerlo;
     d. Expresión concreta y precisa del pedido de información; y,
     e. En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá indicarlo en la solicitud.
     Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del funcionario o lo hubiera hecho de forma incorrecta, las unidades de recepción documentaria de las Entidades deberán canalizar la solicitud al funcionario responsable.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 10.- Presentación y formalidades de la solicitud
     La solicitud de acceso a la información pública puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica ante la unidad de recepción documentaria de la entidad, a través de su Portal de Transparencia, a través de una dirección electrónica establecida para tal fin o a través de cualquier otro medio idóneo que para tales efectos establezcan las Entidades.
     El uso del formato contenido en el Anexo del presente Reglamento es opcional para el solicitante, quien podrá utilizar cualquier otro medio idóneo para transmitir su solicitud que contenga la siguiente información:
     a. Nombres, apellidos completos, número del documento de identificación que corresponda y domicilio. Tratándose de menores de edad no será necesario consignar el número del documento de identidad;
     b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico;
     c. En caso la solicitud se presente en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, la solicitud debe contener firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de hacerlo;
     d. Expresión concreta y precisa del pedido de información, así como cualquier otro dato que propicie la localización o facilite la búsqueda de la información solicitada;
     e. En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá indicarlo en la solicitud; y,
     f. Opcionalmente, la forma o modalidad en la que prefiere el solicitante que la Entidad le entregue la información de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
     Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del funcionario responsable o lo hubiera hecho de forma incorrecta, las unidades de recepción documentaria de las entidades deberán canalizar la solicitud al funcionario responsable.
     Las formalidades establecidas en este artículo tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información pública, por lo que deben interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones del solicitante”.
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 11 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)
     Artículo 11.- Subsanación de la falta de requisitos de la solicitud
     El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11 de la Ley, se empezará a computar a partir de la recepción de la solicitud en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, salvo que ésta no cumpla con los requisitos señalados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en cuyo caso, procede la subsanación dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, caso contrario, se dará por no presentada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes señalado se empezará a computar a partir de la subsanación del defecto u omisión.
     En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, transcurrido el cual, se entenderá por admitida la solicitud.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 11.- El plazo de atención de las solicitudes, su cómputo y la subsanación de requisitos
     El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11 de la Ley, se empezará a computar a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de información a través de los medios establecidos en el primer párrafo del artículo 10 del presente Reglamento, salvo que aquella no cumpla con los requisitos señalados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en cuyo caso, procede la subsanación dentro de los dos días hábiles de comunicada, caso contrario, se considerará como no presentada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes señalado se empezará a computar a partir de la subsanación del defecto u omisión.
     En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo de dos días hábiles de recibida la solicitud, transcurrido el cual, se entenderá por admitida.”
     Artículo 12.- Remisión de la información vía correo electrónico
     La solicitud de información podrá responderse vía correo electrónico cuando la naturaleza de la información solicitada y la capacidad de la Entidad así lo permitan. En este caso, no se generará costo alguno al solicitante.
     La Entidad remitirá la información al correo electrónico que le hubiera sido proporcionado por el solicitante dentro de los plazos establecidos por la ley, considerando lo siguiente:
     a. Si la solicitud se presentara por la unidad de recepción documentaria, la entidad podrá responder el pedido de información o podrá remitir cualquier otra comunicación al solicitante utilizando correo electrónico, siempre que éste dé su conformidad en su solicitud; y,
     b. Si la solicitud se presentara vía el Portal de Transparencia de la Entidad, el solicitante deberá precisar el medio por el cual requiere la respuesta en el formulario contenido en él.
     Artículo 13.- Liquidación del costo de reproducción
     La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida, estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solicitante deberá acercarse a la Entidad y cancelar este monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción correspondiente y pueda poner a su disposición la información dentro del plazo establecido por la Ley.
     La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la entrega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción.
     Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la información, según corresponda, su solicitud será archivada.
CONCORDANCIA:     R.J. Nº 004-2008-SIS, num. 5.5.4 (Aprueban la Directiva Nº 001-2008-SIS-GM “Acceso de los Usuarios a la Información Pública del
               Seguro Integral de Salud” y sus anexos)
     Artículo 14.- Uso de la prórroga
     La prórroga a que se refiere el inciso b) del artículo 11 de la Ley deberá ser comunicada al solicitante hasta el sexto día de presentada su solicitud. En esta comunicación deberá informársele la fecha en que se pondrá a su disposición la liquidación del costo de reproducción.
     Artículo 15.- Entrega de la información solicitada en las unidades de recepción documentaria
     La solicitud de información que genere una respuesta que esté contenida en medio magnético o impresa, será puesta a disposición del solicitante en la unidad de recepción documentaria o el módulo habilitado para tales efectos, previa presentación de la constancia de pago en caso de existir costo de reproducción.
     Artículo 16.- Límites para la utilización de la información reservada
     Los entes autorizados para solicitar información reservada se encuentran limitados respecto a los fines para los que debe utilizarse esta información, por cuanto solamente podrá ser utilizada para los fines a que se contraen las excepciones, y quien acceda a la misma es responsable administrativa, civil o penalmente por vulnerar un derecho de la persona amparado constitucionalmente.
TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
     Artículo 17.- Mecanismos de publicación y metodología
     Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en centros poblados o en distritos en que el número de habitantes no justifique la publicación de la información de carácter fiscal a través de sus Portales de Transparencia o de los diarios de mayor circulación, deben colocarla en un lugar visible de la entidad.
     Artículo 18.- Publicación de información sobre finanzas públicas
     El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 de la Ley, puede incluir en su Portal de Transparencia los enlaces de las Entidades comprendidas en los alcances del referido artículo, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de estas últimas de remitirle la información de rigor.
     Artículo 19.- Información que debe publicar CONSUCODE
     La información que debe publicar el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE en virtud del artículo 29 de la Ley, es la que las Entidades están obligadas a remitirle de conformidad con el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y el artículo 10 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.
TÍTULO V
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO
     Artículo 20.- Desclasificación de la información reservada
     La información clasificada como reservada debe desclasificarse mediante Resolución debidamente motivada del Titular del Sector o Pliego, según corresponda, o del funcionario designado por éste, una vez que desaparezca la causa que originó tal clasificación. En tal sentido, a partir de ese momento es de acceso público.
     La designación del funcionario a que se refiere el párrafo anterior, necesariamente deberá recaer en aquél que tenga competencia para emitir Resoluciones.
     Artículo 21.- Registro
     Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.
     En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:
     a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;
     b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;
     c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación;
     d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda;
     e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y,
     f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.
     Artículo 22.- Informe anual al Congreso de la República
     Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley, las Entidades remitirán a la Presidencia del Consejo de Ministros, según cronograma que esta última establezca, la información relativa a las solicitudes de acceso a la información atendidas y no atendidas. El incumplimiento de esta disposición por parte de las Entidades acarreará la responsabilidad de su Secretario General o quien haga sus veces.
     La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá el Informe Anual al Congreso de la República, antes del 31 de marzo de cada año.
“TITULO VI
De la conservación de la información (*)
(*) Título incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013.
     Artículo 23.- De la gestión especializada de la información
     El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley estará a cargo del Órgano de Administración de Archivos de la Entidad o del órgano o unidad orgánica que se le hayan asignado las funciones de gestión de archivos de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. El Órgano de Administración de Archivos, el órgano o unidad orgánica que haga sus veces garantizarán el acopio, la organización y la conservación de la información de todas las dependencias de la Entidad.
     Artículo 24.- Aplicación de las normas del Sistema Nacional de Archivos
     La creación, organización, administración, mantenimiento y control de los archivos públicos, se rigen obligatoriamente por las normas y políticas emanadas del Sistema Nacional de Archivos.
     Artículo 25.- Digitalización de documentos e información
     Los procedimientos para la digitalización de los documentos y la información, su organización y conservación en soportes electrónicos o de similar naturaleza, se realizarán obligatoriamente conforme a la normativa sobre la materia y las políticas y lineamientos emanados del Sistema Nacional de Archivos.
     Artículo 26- Gratuidad de la búsqueda en los archivos
     Las Entidades no podrán cobrar monto alguno adicional a la reproducción de la información, a las personas que en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, soliciten información que deba ser ubicada y extraída de los archivos públicos.
     Artículo 27.- Obligación de búsqueda de información extraviada y de comunicación de resultados
     Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan por el extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación, indebidas, de la información en poder de las Entidades, el responsable del Órgano de Administración de Archivos, quien haga sus veces o el funcionario poseedor de la información, según corresponda, deberán agotar, bajo responsabilidad, todas las acciones que resulten necesarias para recuperar la información afectada por cualquiera de las conductas señaladas.
     En el caso de que no existan los cargos mencionados o no se hayan nombrado, designado o encargado a sus responsables, la obligación antes señalada corresponde al Secretario General de la Entidad o, en su defecto, a la máxima autoridad administrativa.
     Cuando se solicite información afectada por cualquiera de las situaciones señaladas en el primer párrafo, corresponde al responsable de atender la solicitud, informar de dicha situación a la persona solicitante, así como los avances o resultados de las acciones orientadas a recuperar la información o la imposibilidad de brindársela por no haberla podido recuperar.”(*)
(*) Título incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 2013.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
     Primera.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 27444
     En todo lo no previsto expresamente en el presente Reglamento, será de aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
     Segunda.- Difusión de la Ley y el Reglamento
     La Entidades promoverán la difusión de la aplicación de la Ley y del presente Reglamento entre su personal con la finalidad de optimizar su ejecución.
     Tercera.- Adecuación del TUPA
     Las Entidades que en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) no cuenten con el procedimiento y determinación del costo de reproducción de acuerdo a la Ley y al presente Reglamento, asumirán el mismo hasta su adecuación.
     Cuarta.- Implementación
     Para efectos de la implementación del formato a que se refiere el artículo 10 del Reglamento, así como de la adecuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria, las Entidades cuentan con (15) quince días útiles que rigen a partir de la publicación de la presente norma.

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