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LEGISLACIÓN (4)

Ley Penal Tributaria DECRETO LEGISLATIVO Nº 813

Ley Penal Tributaria
DECRETO LEGISLATIVO Nº 813

     EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
     POR CUANTO:
     El Congreso de la República por Ley N° 26557, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre las normas relacionadas con impuestos, contribuciones, aportaciones y demás tributos y normas tributarias, a fin de introducir ajustes técnicos, simplificar y uniformar los procedimientos, precisar la vigencia y cobertura de los regímenes especiales, entre otros aspectos así como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios que éstos demanden en el Código Penal y demás normas pertinentes, entre otras materias;
     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros
     Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República
     Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
LEY PENAL TRIBUTARIA
TITULO I
DELITO TRIBUTARIO
DEFRAUDACION TRIBUTARIA
     Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.(*)

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa."
     Artículo 2.- Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del Artículo anterior:
     a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.
     b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes.
     Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante un período de doce (12) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no exceda de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
     Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo.(*)

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante un período de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa.
     Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo." (*)
(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012.
     Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años, cuando:
     a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos.
     b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o fiscalización.(*)

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa cuando:
     a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos.
     b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o fiscalización." (*)
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     "b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos.”
     Artículo 5.- Será reprimido con Pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables:
     a) Incumpla totalmente dicha obligación.
     b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables.
     c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables.
     d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y /o registros contables o los documentos relacionados con la tributación. (*)

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 5.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables:
     a) Incumpla totalmente dicha obligación.
     b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables.
     c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables.
     d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los documentos relacionados con la tributación."
     “Artículo 5-A.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que a sabiendas proporcione información falsa con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el Registro Único de Contribuyentes, y así obtenga autorización de impresión de Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito.” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012.
     “Artículo 5-B.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando inscrito o no ante el órgano administrador del tributo almacena bienes para su distribución, comercialización, transferencia u otra forma de disposición, cuyo valor total supere las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en lugares no declarados como domicilio fiscal o establecimiento anexo, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes.
     Para este efecto se considera:
     a) Como valor de los bienes, a aquél consignado en el (los) comprobante(s) de pago. Cuando por cualquier causa el valor no sea fehaciente, no esté determinado o no exista comprobante de pago, la valorización se realizará teniendo en cuenta el valor de mercado a la fecha de la inspección realizada por la SUNAT, el cual será determinado conforme a las normas que regulan el Impuesto a la Renta.
     b) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la inspección a que se refiere el literal anterior.” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012.
     “Artículo 5-C.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, a cualquier título, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria.” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012.
     “Artículo 5-D.- La pena privativa de libertad será no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa, si en las conductas tipificadas en los artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo concurren cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
     1) La utilización de una o más personas naturales o jurídicas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero deudor tributario.
     2) Cuando el monto del tributo o los tributos dejado(s) de pagar supere(n) las 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en un periodo de doce (12) meses o un (1) ejercicio gravable.
     Para este efecto, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a considerar será la vigente al inicio del periodo de doce meses o del ejercicio gravable, según corresponda.
     3) Cuando el agente forme parte de una organización delictiva.” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012.
     Artículo 6.- En los delitos de defraudación tributaria la pena deberá incluir, inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 6.- En los delitos tributarios previstos en el presente Decreto Legislativo la pena deberá incluir inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, incluyendo contratar con el Estado.”
TITULO II
ACCION PENAL
     Artículo 7.- El Ministerio Publico, en los casos de delito tributario, podrá ejercitar la acción penal sólo a petición de parte agraviada. A efecto se considera parte agraviada al Órgano Administrador del Tributo. (*)
(*) Artículo modificado por el Numeral 5 de la Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva del citado Código.  El texto de la modificación es el siguiente:
     “Artículo 7, Decreto Legislativo Nº 813. Requisito de procedibilidad.-
     1. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano Administrador del Tributo.
     2. Las Diligencias Preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la Instrucción o Investigación Preparatoria, deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo”. (*)

(*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone las disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.”
CONCORDANCIA:     R. Nº 040-2001-SUNAT
     Artículo 8.- El Órgano Administrador del Tributo para los efectos señalados en el Artículo 7 del presente Decreto Legislativo, realizará la correspondiente investigación administrativa cuando presuma la comisión del delito tributario. El Órgano Administrador del Tributo, en la etapa de investigación administrativa, podrá contar con el apoyo de cualquier dependencia de la Policía Nacional. (*)
(*) Artículo modificado por el Numeral 6 de la Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva del citado Código.  El texto de la modificación es el siguiente:
     “Artículo 8, Decreto Legislativo Nº 813. Investigación y promoción de la acción penal.-
     1. El Órgano Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que existen indicios de la comisión de un delito tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el procedimiento que corresponda.
     2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador del Tributo, dispondrá lo conveniente. En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al Órgano Administrador del Tributo le remita las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o por la Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”.  (*)

(*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone las disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.”
     Artículo 9.- La Autoridad Policial, el Ministerio Público o el Poder Judicial cuando presuma la comisión del delito tributario, informarán al Órgano Administrador del Tributo que corresponda, debiendo remitir los antecedentes respectivos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 del presente Decreto Legislativo.
TITULO III
CAUCION
     Artículo 10.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez al dictar mandato de comparecencia o la Sala Penal al resolver sobre la procedencia de este mandato, deberá imponer al autor la prestación de una caución de acuerdo a lo siguiente:
     a) En los delitos previstos en los Artículos 1, 3 y 5 del presente Decreto Legislativo, se aplicarán las normas generales que rigen a la caución.
     b) En los delitos previstos en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al treinta por ciento (30%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por concepto de multas, de acuerdo a la estimación que de aquélla realice el Órgano Administrador del Tributo.
     c) En el delito previsto en el inciso a) del Artículo 4 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al monto efectivamente dejado de pagar, reintegrado o devuelto, de acuerdo a la estimación que de éste realice el Órgano Administrador del Tributo.
     d) En el delito previsto en el inciso b) del Artículo 4 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al cincuenta por ciento (50%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por multas, de acuerdo a la estimación que de aquélla realice el Órgano Administrador del Tributo.
     Artículo 11.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez o la Sala Penal, al conceder la libertad provisional, deberá imponer al autor una caución de acuerdo a las reglas establecidas en el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo.
     Artículo 12.- En los casos de mandato de comparecencia o libertad provisional, el monto mínimo por concepto de caución a que se refiere el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo, será el que estime el Órgano Administrador del Tributo a la fecha de interposición de la denuncia o a la fecha de solicitud de la libertad provisional respectivamente.
     Los recursos administrativos interpuestos por el contribuyente contra la determinación de la deuda tributaria, estimada por el Órgano Administrador del Tributo, no impedirán la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.
     Artículo 13.- En los casos que se haya cumplido con el pago de la deuda tributaria actualizada, el Juez o la Sala Penal, según corresponda, determinará el monto de la caución de acuerdo a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, así como a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.
     Artículo 14. En el caso que se impute la comisión de varios delitos de defraudación tributaria, y a fin de cumplir lo dispuesto en el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo, la caución deberá fijarse en base al total de la deuda tributaria que corresponda.
     Artículo 15.- En el caso que sean varios los imputados que intervinieron en la comisión del hecho punible, el Juez o la Sala Penal impondrá al partícipe, un monto no menor al diez por ciento (10%) de la caución que corresponde al autor.
     Artículo 16.- En los casos que sean varios imputados, los autores responderán solidariamente entre sí por el monto de la caución determinada según corresponda. Igual tratamiento recibirán los partícipes.
TITULO IV
CONSECUENCIAS ACCESORIAS
     Artículo 17.- Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la organización de una persona jurídica o negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el Juez podrá aplicar, conjunta o alternativamente según la gravedad de los hechos, las siguientes medidas:
     a) Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento, oficina o local en donde desarrolle sus actividades.
     El cierre temporal no será menor de dos ni mayor de cinco años.
     b) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas.
     c) Disolución de la persona jurídica.
     "d) Suspensión para contratar con el Estado, por un plazo no mayor de cinco años.” (*)
(*) Inciso incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
     Primera.- Lo dispuesto en los Títulos II y IV del presente Decreto Legislativo será de aplicación al delito de elaboración y Comercio Clandestino de productos previsto en los Artículos 271 y 272 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635 y normas modificatorias.
     Segunda.- La Autoridad Policial y el Ministerio Público, dentro de los noventa (90) días de vigencia de presente Decreto Legislativo, remitirán al Órgano Administrador del Tributo las denuncias por delito tributaria que se encuentren en trámite, así como sus antecedentes a fin de dar cumplimiento a los Artículos 7 y 8 de presente Decreto Legislativo.
     Tercera.- Las denuncias por delito tributario que se  presenten ante la Autoridad Policial o el Ministerio Público serán remitidas al Órgano Administrador del Tributo a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 7 y 8 del presente Decreto Legislativo.
     Cuarta.- De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del Código Tributario, y a efecto que la Justicia Penal Ordinaria realice el juzgamiento por delito tributario, el Ministro de Justicia coordinará con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República la creación, en el Distrito Judicial de Lima, de una Sala Superior dedicada exclusivamente a delitos Tributarios y Aduaneros cuando las circunstancias especiales lo ameriten o a instancia del Ministro de Economía y Finanzas.
     Quinta.- Lo dispuesto en el Título II del presente Decreto Legislativo no será de aplicación a los procesos penales por delito tributario, que se encuentren en trámite
     Sexta.- La Policía Nacional sólo podrá prestar el apoyo a que se refiere el Artículo 8 del presente Decreto Legislativo, a solicitud expresa del Organo Administrador del Tributo.
     Sétima.- Deróganse los Artículos 268 y 269 del Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635 y normas modificatorias, así como todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto Legislativo.
     POR TANTO:
     Mando se Publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.
     ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
     Presidente Constitucional de la República
     ALBERTO PANDOLFI ARBULU
     Presidente del Consejo de Ministros
     JORGE CAMET DICKMANN
     Ministro de Economía y Finanzas
EXPOSICION DE MOTIVOS
1.- NECESIDAD DE UNA NORMA ESPECIAL.-
     El delito tributario, en su modalidad de defraudación tributaria, se encuentra contenido en la Sección II del Capítulo II del Título XI del Libro Segundo del Código Penal; sin embargo, dada su especialidad y en razón de las materias jurídicas que confluyen - Derecho Tributario y Derecho Penal-, así como la vinculación del citado ilícito con la actuación de las respectivas administraciones tributarias, resulta necesario que en una ley penal especial se legisle sobre esta materia.  En este sentido, el delito de defraudación tributaria puede ser legislado íntegra y ordenadamente en su parte sustantiva; asimismo, pueden establecerse normas procesales que posibiliten una efectiva investigación y especializado juzgamiento en su parte adjetiva.
     Por su parte, la existencia de una norma penal especial origina un mayor conocimiento y difusión de la materia que se legisla, así como un mayor efecto preventivo en la sociedad. Estos efectos deben ser necesariamente considerados al momento de legislar sobre el delito de defraudación tributaria, a fin de generar una mayor conciencia tributaria y una abstención en la comisión del citado ilícito, dado que el mismo afecta de manera significativa a la sociedad, por cuanto perjudica el proceso de ingresos y egresos a cargo del Estado, imposibilitando que éste pueda cumplir con su rol principal de brindar los servicios básicos a los miembros de la sociedad y generando además planes de desarrollo global.
     La dación de una norma penal especial en materia penal no afecta el sistema jurídico penal, ni procesal penal, por cuanto los principios rectores del derecho penal, así como las garantías contenidas en el derecho procesal penal, son de aplicación obligatoria a todas las normas relacionadas con estas materias.  Por consiguiente, las disposiciones de esta norma penal especial no alteran el sistema jurídico penal, ni por ende los derechos y garantías de las personas, contenidas en la Constitución Política del Perú.
2.-  DE LA TECNICA LEGISLATIVA ATENDIENDO A LA DOGMATICA PENAL.-
     Los artículos 268 y 269 del Código Penal regulan el delito de defraudación tributaria; sin embargo, no contienen atenuantes ni agravantes del citado ilícito. Por su parte el artículo 269 contiene modalidades repetitivas del tipo base o que, de acuerdo a una interpretación lógica, podría contraponerse al tipo base.
     Las modificaciones de dichos artículos otorgarían un tratamiento integral y ordenado al delito de defraudación tributaria.
2.1.- CON RESPECTO AL ARTICULO 268 DEL CODIGO PENAL (TIPO BASE):
     El artículo 1 del proyecto de Decreto Legislativo contiene el tipo base del delito de defraudación tributaria, conservando completamente la conducta descrita en el artículo 268 del Código Penal, por considerarla acertada.
2.2.- CON RESPECTO AL ARTICULO 269 DEL CODIGO PENAL (MODALIDADES):
     Es conveniente señalar que las modalidades son establecidas por el legislador, teniendo en cuenta que las mismas no pueden ser derivadas directamente de la interpretación del tipo base o genérico, por lo cual es necesario precisar las conductas que deben ser consideradas como delito, pese a que no fluyan directamente del tipo principal.  Esto no significa que las modalidades puedan ser totalmente distintas al tipo base, por cuanto deben mantener los elementos principales y constitutivos del tipo base.
     Con relación a las modalidades contenidas en el precitado artículo 269, se proponen los siguientes cambios:
2.2.1. MODALIDADES QUE SE MANTIENEN COMO TALES:
     El artículo 2 del proyecto de Decreto Legislativo sólo mantiene, aunque con ligeras modificaciones, dos de las nueve  modalidades contenidas en el artículo 269 del Código Penal.
     Las modalidades que se mantienen parcialmente son las que estaban contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 269 del Código Penal.
     La modalidad contenida en el numeral 2 se mantiene en virtud que la conducta mencionada no se deriva fácilmente del tipo base, siendo necesaria su legislación de manera expresa.  Mientras el tipo base señala que la defraudación se comete mediante engaño, lo que sugiere un accionar del sujeto activo perceptible por los sentidos; la modalidad otorga la calidad de engaño a una omisión del sujeto cuando exista obligación de declarar determinados bienes, situación que no se desprende directamente del tipo base. En esta modalidad, el presente proyecto elimina el ocultamiento de frutos o productos por considerar que los mismos se encuentran contenidos dentro del término "ingresos", que señala la citada modalidad. 
     La modalidad contenida en el numeral 6 se mantiene porque al igual que la mencionada anteriormente no se deriva fácilmente del tipo base. Mientras el tipo base señala como elemento constitutivo el engaño, la modalidad describe un abuso de confianza que es necesario equiparar con el engaño mencionado, pero que esta equivalencia debe estar señalada necesariamente en la ley.  El Proyecto en esta modalidad elimina el plazo de 3 meses que otorgaba el numeral 6, dado que, atendiendo a la unidad del derecho penal nos encontramos ante un delito especial de apropiación ilícita de tributos, y en estos casos, sólo es necesario comprobar el ánimo del sujeto activo de apropiarse del bien mediante alguna conducta, una vez vencido el plazo que tenga para la devolución o entrega, sin que sea necesario otorgar un plazo adicional.  Esta modificación se hace en virtud de mantener la coherencia con el delito de apropiación ilícita prevista en el Código Penal,  por ser la mencionada modalidad un tipo especial del mismo. 
2.2.2. MODALIDADES DEROGADAS:
     El Proyecto elimina la modalidad contenida en el numeral 1 del artículo 269 antes mencionado, por ser repetitiva del tipo base, en lo referente a la conducta descrita, y por contener un requisito que distorsiona lo señalado en el tipo base; es decir, que dicha modalidad podría estimarse consumada de acuerdo a su propia redacción cuando se anule o reduzca la materia imponible, sin necesidad de verificar el impago del tributo. Esta modalidad contradice el tipo base, por cuanto éste requiere, para su consumación, que se deje de pagar  en todo o en parte los tributos establecidos por ley.
     También se elimina la modalidad contenida en el numeral 7, dado que no contiene el elemento fraudulento que exige el tipo base, y que no puede ser reemplazado, como aparentemente quiere hacer la citada modalidad, con el término "intencional", el mismo que es aplicable a todos los delitos que no contengan dentro de su descripción típica la palabra "culpa", tal como lo dispone el artículo 12 del Código Penal.
     Asimismo, se elimina la modalidad contenida en el numeral 4 dado que, de acuerdo a las normas generales del Código Penal, se trataría de una disposición contenida dentro de los artículos 23 al 27 del Código Penal.
2.2.3     MODALIDADES INCORPORADAS A UN TIPO AUTONOMO:
     Las modalidades descritas en los numerales 3 y 5 dejan de ser tales y son incorporadas, con algunas modificaciones, en un tipo autónomo (artículo 5 del Proyecto), no dependiente del tipo base, por cuanto éste requiere que exista un tributo impago para su configuración, mientras que en aquél basta con la existencia de graves irregularidades de carácter contable ligadas a la tributación, las mismas que pueden no originar un tributo impago, pero sí una lesión al proceso de ingresos y egresos que es el bien jurídico protegido.  Por ello, estas modalidades deben ser consideradas en un tipo autónomo, que constituiría en algunos casos un tipo subsidiario del tipo base, dado que cuando existan las maniobras fraudulentas descritas en el artículo 5 del Proyecto y no exista tributo impago se aplicará el citado artículo, mientras que si existen las citadas maniobras fraudulentas y además se presenta el tributo impago se aplicará el tipo base o sus modalidades, contenidos en el artículo 1 y 2 del Proyecto.
     La modalidad descrita en el numeral 8 también deja de ser tal y es incorporada con algunas modificaciones en un tipo autónomo de defraudación tributaria, el mismo que contiene una mayor pena (inciso a del artículo 4 del Proyecto). La explicación radica en que el tipo base de la defraudación tributaria se encuentra en el dejar de pagar los tributos, mientras que en los casos descritos en la citada modalidad se consuma el delito con la obtención indebida de beneficios fiscales, lo cual en la mayoría de los casos origina que se dejen de pagar los tributos. En consecuencia, este delito se configuraría sólo con la indebida obtención del beneficio fiscal, sin necesidad de probar que existe un tributo dejado de pagar por el sujeto activo.
     De igual manera, la modalidad descrita en el numeral 9 deja de ser tal y es incorporada con algunas modificaciones en un tipo autónomo de defraudación tributaria, que contiene una mayor pena (inciso b del artículo 4 del Proyecto). La explicación radica en que el tipo base requiere maniobras fraudulentas que finalicen en un dejar de pagar los tributos, lo cual origina que el delito se ubique fundamentalmente en la etapa de liquidación del tributo. El tipo base supone que el delito se configurará cuando el sujeto activo de alguna  forma fraudulenta disminuya o anule el monto a pagar por concepto de tributos, mientras que este tipo no requiere que el sujeto realice ninguna maniobra fraudulenta para disminuir o anular el monto a pagar por concepto de tributos, sino que una vez establecido el monto correcto que se debe pagar por tributos, el acreedor tributario se encuentre imposibilitado de cobrar dichos tributos, por el estado de insolvencia del deudor tributario obtenido por medios fraudulentos.
     El Proyecto del presente Decreto Legislativo incorpora un cambio en esta modalidad por cuanto el mencionado numeral dispone que el estado de insolvencia sea provocado o simulado una vez iniciado el proceso administrativo o judicial, mientras el Proyecto propone que esta provocación o simulación se realicen una vez iniciado el proceso de verificación y/o fiscalización.  El cambio se fundamenta en que dentro del proceso de verificación y/o fiscalización se descubren las irregularidades tributarias, siendo esto conocido por el deudor tributario en esa etapa, motivo por el cual desde ese momento se deben prohibir las maniobras fraudulentas tendientes a que el deudor tributario se coloque en una situación de insolvencia y no como lo señala el numeral 9 desde el momento en que se inicia el proceso administrativo o judicial, que necesariamente son posteriores al conocimiento que tiene el deudor tributario de la detección de sus infracciones por la Administración Tributaria.  
3.- NUEVOS TIPOS PENALES.-
     Los nuevos tipos penales se han creado en virtud de algunas modalidades  ya existentes en el artículo 269 del Código Penal a fin de otorgarle una mayor claridad al delito de defraudación tributaria, o en otros casos debido a la necesidad de crear una figura atenuada del tipo base.
     Las modalidades contenidas en los numerales 3 y 5, además de otras conductas han pasado a formar parte del artículo 5 del proyecto, que contiene el delito contable.  Asimismo, las modalidades contenidas en los numerales 8 y 9 han pasado a formar parte del artículo 4 del Proyecto, el cual contiene conductas con presupuestos distintos al señalado en el tipo base y que revisten mayor gravedad.
3.1     TIPO AUTONOMO (DELITO CONTABLE):
     El artículo 5 del Proyecto crea el delito contable relacionado estrechamente a la tributación. La razón de este artículo responde a la constatación de la lesión que se origina al bien jurídico (proceso de ingresos y egresos) en virtud del incumplimiento de normas contables básicas. Este tipo penal es una constatación de la extensión del bien jurídico, por cuanto el proceso de ingresos y egresos es un bien jurídico dinámico que está presente desde el momento en que se realizan hechos gravados y por ende no es necesario esperar a que exista un perjuicio económico para sostener que existe el delito de defraudación tributaria, sino basta con cualquier alteración seria que se produzca sobre este bien jurídico.
3.2     TIPO AUTONOMO (FIGURAS AGRAVADAS):
     Han sido extraídas de las modalidades existentes en los numerales 8 y 9 del artículo 269, las mismas que fueran explicadas en los 2.2.3.  Sin embargo, es conveniente mencionar que su separación del tipo base y del tipo que señala las modalidades se debe, en el caso del  numeral 8 (inciso a del artículo 4 del proyecto) a que contiene una figura distinta a la de "dejar de pagar los tributos" (tipo base y modalidades), y supone la indebida obtención de beneficios fiscales que, en algunos casos, no implica un impago de los tributos.  En cuanto al numeral 9 (inciso b del artículo 4 del Proyecto), su autonomía deriva del hecho que el tipo base y el que señala las modalidades se dirigen a establecer el delito de defraudación tributaria en su fase de liquidación y/o determinación, mientras que este numeral contempla el fraude tributario en la etapa de recaudación.
 
3.3     TIPO ATENUADO:
     El artículo 3 del proyecto  ha creado, en virtud de la intensidad de daño al bien jurídico, un delito de defraudación tributaria con los mismos elementos del tipo base pero atenuado en lo que corresponde a la pena.  La atenuación responde a la naturaleza del bien jurídico, por cuanto al ser éste  de carácter económico es imprescindible señalar diferencias en las consecuencias jurídico penales (pena) en virtud de la magnitud del daño causado por el comportamiento del sujeto activo.
4.- PENALIDAD.-
     El Proyecto, al proponer en su parte sustantiva 5 artículos independientes requiere establecer las penas de acuerdo a la intensidad del daño al bien jurídico que ofrezcan los diversos artículos.
     El artículo 1 del proyecto contiene el tipo base, el artículo 2 las modalidades del tipo base, el artículo 3 el tipo atenuado, el artículo 4 un tipo autónomo agravado y el artículo 5 un tipo autónomo referido a las obligaciones contables. En función de esta sistemática se proponen las siguientes penas:
-     Artículo 1: de 5 a 8 años de pena privativa de libertad.
-     Artículo 2: de 5 a 8 años de pena privativa de libertad.
-     Artículo 3: de 2 a 5 años de pena privativa de libertad.
-     Artículo 4: de 8 a 12 años de pena privativa de libertad
-     Artículo 5: de 2 a 5  años de pena privativa de libertad.
     En cuanto a la magnitud de la pena, el Proyecto propone  homologar las penas del delito tributario de defraudación tributaria con las penas establecidas para los delitos tributarios de contrabando y defraudación de rentas de aduanas establecidos en la ley Nº 26461. Esta homologación supone el aumento de penas para el delito de defraudación tributaria en su tipo base (artículo 1 del Proyecto) atendiendo a que la magnitud del injusto o del daño al bien jurídico en todos los delitos tributarios es igual, este sentido, resulta necesario homologar las penas en los delitos de defraudación tributaria, con las antes señaladas, lo cual implica un incremento en la  penalidad tanto en sus tipos bases como en los agravados por lo cual la consecuencia jurídica de la comisión de los citados delitos debe ser la misma.
     Las modalidades mantienen las penas señaladas para el delito base dado que, sólo constituyen aclaraciones y/o especificaciones del mismo.
     Asimismo, a fin de mejorar la técnica legislativa se propone la creación de un tipo atenuado y de un tipo autónomo referido al delito contable, los mismos que, atendiendo a la magnitud del daño al bien jurídico,  serían sancionados con una pena menor al tipo base.
     En cuanto al tipo autónomo agravado la pena se incrementa en relación al tipo base, conservando los parámetros establecidos para los delitos tributarios de contrabando y defraudación de rentas de aduanas.
     De otro lado, el Proyecto elimina la pena de multa, por cuanto de mantenerse se estaría sancionando doblemente con pena pecuniaria por el mismo hecho.   Esta duplicidad se daría dado que, el código Tributario sanciona con multa a las conductas que pueden configurar delitos en base a que constituyen infracciones tributarias.  Esta modificación afirma el principio jurídico que sólo se puede sancionar una vez por un mismo hecho.
     Se acompaña a la presente, un cuadro comparativo de las penalidades que contiene el Código Penal, respecto a delitos patrimoniales, donde pese  a cautelar bienes jurídicos individuales, y no macrosociales las penas son mayores.

5.- ACCION PENAL.-
     El proyecto establece que el Ministerio Público, en los casos de delito  tributario, podrá ejercitar la acción penal sólo a petición de parte agraviada, considerando que la parte agraviada es el órgano administrador del tributo, que administre el tributo materia del delito.
     De esta manera se sustituye el carácter público del ejercicio de la acción penal en los delitos de Defraudación Tributaria, por una forma mixta, en la que una vez presentada la denuncia por el Organo Administrador del Tributo ante el Ministerio Público, la acción penal no puede ser detenida por la Administración Tributaria.
     Además, de esta forma se asegura que la denuncia elaborada por el Organo Administrador del Tributo contenga toda la información necesaria que permita al Ministerio Público evaluar la procedencia de la denuncia, o en su caso, permita al citado organismo iniciar una investigación fiscal con mayores elementos probatorios.
     Asimismo, debe tenerse presente lo siguiente:
5.1     El Ministerio Público, en la actualidad, se encuentra limitado en relación a la investigación del delito de Defraudación Tributaria, debido en primer lugar a que no cuentan con los elementos técnicos suficientes para determinar adecuadamente el delito materia de investigación, sumándose a ello la falta de especialización que se requiere. En segundo lugar, se ven limitados en su investigación porque el Organo Administrador del Tributo se encuentra en imposibilidad legal de informar sobre aspectos tributarios relacionados con el sujeto denunciado.  Esta información resulta imprescindible para el Ministerio Público a fin de evaluar correctamente los hechos denunciados.
     Este impedimento, se encuentra constituido por la Reserva Tributaria contemplada en el  artículo 85 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº773, modificados por la Ley Nº 26414 y Decreto Legislativo Nº 792.
5.2     El Código Tributario, en el artículo 189 establece a la Administración Tributaria la facultad de formular denuncias cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran configurar delito tributario. En este sentido, dicha facultad debe guardar coherencia con la potestad que sólo la Administración Tributaria pueda denunciar por delito de defraudación tributaria, dado que, en la actualidad carece de sentido la facultad de denunciar de la Administración tributaria si toda persona puede denunciar directamente dicho delito.
5.3     De otro lado, el Ministerio Público ante las denuncias por delito de defraudación tributaria presentadas por particulares, remite las mismas a la Administración Tributaria a fin que investiguen al denunciado.  Este mandato resulta no adecuado al orden jurídico por cuanto la Administración Tributaria dentro de sus funciones no contiene la de investigar delitos y además la fiscalización administrativa que realiza la misma es facultativa en virtud de sus objetivos y fines.  Asimismo, es imposible que la Administración tributaria pueda fiscalizar a todas las personas denunciadas ante el ministerio Público, debiendo hacer un uso racional de dicha facultad. 
6.- DE LA CAUCION.-
     La legislación procesal vigente indica que la determinación del monto de la caución debe establecerse en base a la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño.
     Sin embargo, actualmente, no existe una adecuada precisión en los delitos de defraudación tributaria, lo cual origina que se impongan montos que difieren significativamente del beneficio económico obtenido ilícitamente por el sujeto activo del  mencionado delito.
     El presente proyecto  sustenta la aplicación del monto de la caución, en la gravedad del perjuicio económico que se ocasiona a la sociedad por el delito de defraudación tributaria y señala que, el monto de la caución debe estar directamente relacionado con el beneficio obtenido indebidamente por el sujeto activo del delito. 
     El proyecto no contiene un monto de caución excesivo, dado que, en primer término no se considera el monto total de la deuda tributaria sino tan sólo un porcentaje de la misma, y en segundo término, se excluye de la deuda tributaria el monto correspondiente a la sanción multa.
7.-     DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS.-
     En la ejecución de los delitos de Defraudación Tributaria se utiliza generalmente la organización de personas jurídicas, quienes se benefician ilícitamente. En este sentido, es necesario que la ciudadanía constate, que las sentencias emitidas por el Organo Jurisdiccional, contengan medidas administrativas contra las personas jurídicas que se benefician con la comisión del delito.
(*) Ver cuadro en el Diario Oficial El Peruano de la fecha.

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Ley de los Delitos Aduaneros LEY Nº 28008

Ley de los Delitos Aduaneros
LEY Nº 28008

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF (REGLAMENTO)
               OTRAS CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
     POR CUANTO:
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
     Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS
TÍTULO I
DELITOS ADUANEROS
CAPÍTULO I
CONTRABANDO
     Artículo 1.- Contrabando
     El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a dos Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
     La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no presentación. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 1.- Contrabando
     El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta díasmulta.
     La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no presentación.”
     Artículo 2.- Modalidades de Contrabando
     Constituyen modalidades del delito de Contrabando y serán reprimidos con las mismas penas señaladas en el artículo 1, quienes desarrollen las siguientes acciones:
     a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera.
     b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico, sin el pago previo de los tributos o gravámenes.
     c. Internar mercancías de una zona franca o zona geográfica nacional de tratamiento aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de menor tributación y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin el cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los tributos diferenciales.
     d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.
     e. Intentar introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla del control aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la Administración Aduanera.
     Artículo 3.- Contrabando Fraccionado
     Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que con unidad de propósito, realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a dos Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 3.- Contrabando Fraccionado
     Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que con unidad de propósito, realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un sólo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando.”
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 2da. Disp. Final
CAPÍTULO II
DEFRAUDACIÓN DE RENTAS DE ADUANA
     Artículo 4.- Defraudación de Rentas de Aduana
     El que mediante trámite aduanero, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importación o aproveche ilícitamente una franquicia o beneficio tributario, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 10
     Artículo 5.- Modalidades de Defraudación de Rentas de Aduana
     Constituyen modalidades del delito de Defraudación de Rentas de Aduana y serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo 4, las acciones siguientes:
     a. Importar mercancías amparadas en documentos falsos o adulterados o con información falsa en relación con el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos, que originen un tratamiento aduanero o tributario más favorable al que corresponde a los fines de su importación.
     b. Simular ante la administración aduanera total o parcialmente una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico o de cualquier índole establecido en la legislación nacional.
     c. Sobrevaluar o subvaluar el precio de las mercancías, variar la cantidad de las mercancías a fin de obtener en forma ilícita incentivos o beneficios económicos establecidos en la legislación nacional, o dejar de pagar en todo o en parte derechos antidumping o compensatorios.
     d. Alterar la descripción, marcas, códigos, series, rotulado, etiquetado, modificar el origen o la subpartida arancelaria de las mercancías para obtener en forma ilícita beneficios económicos establecidos en la legislación nacional.
     e. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías en tránsito o reembarque incumpliendo la normativa reguladora de estos regímenes aduaneros.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 10
CAPITULO III
RECEPTACIÓN ADUANERA
     Artículo 6.- Receptación aduanera
     El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a dos Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 6.- Receptación aduanera
     El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.”
CAPÍTULO IV
FINANCIAMIENTO
     Artículo 7.- Financiamiento
     El que financie por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados en la presente Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
CAPÍTULO V
TRÁFICO DE MERCANCÍAS PROHIBIDAS O RESTRINGIDAS
     Artículo 8.- Mercancías prohibidas o restringidas
     El que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a dos Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 8.- Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas
     El que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días multa.”
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 10
CAPÍTULO VI
TENTATIVA
     Artículo 9.- Tentativa
     Será reprimida la tentativa con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado. Se exceptúa de punición los casos en los que el agente se desista voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito o impida que se produzca el resultado, salvo que los actos practicados constituyan por sí otros delitos.
CAPÍTULO VII
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
     Artículo 10.- Circunstancias agravantes
     Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, los que incurran en las circunstancias agravantes siguientes, cuando:
     a. Las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones, explosivos, elementos nucleares, abrasivos químicos o materiales afines, sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieran afectar la salud, seguridad pública y el medio ambiente. (*)
(*) Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     "a. Las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones, explosivos, elementos nucleares, diesel, gasolinas, gasoholes, abrasivos químicos o materiales afines, sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características puedan afectar o sean nocivas a la salud, seguridad pública o el medio ambiente."
     b. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas conferidas por delegación del Estado.
     c. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario público o servidor de la Administración Aduanera o un integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a las que por mandato legal se les confiere la función de apoyo y colaboración en la prevención y represión de los delitos tipificados en la presente Ley.
     d. Se cometiere, facilite o evite su descubrimiento o dificulte u obstruya la incautación de la mercancía objeto material del delito mediante el empleo de violencia física o intimidación en las personas o fuerza sobre las cosas.
     e. Es cometido por dos o más personas o el agente integra una organización destinada a cometer los delitos tipificados en esta Ley.
     f. Los tributos u otros gravámenes o derechos antidumping o compensatorios no cancelados o cualquier importe indebidamente obtenido en provecho propio o de terceros por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley, sean superiores a cinco Unidades Impositivas Tributarias.
     g. Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura con la finalidad de transportar mercancías de procedencia ilegal.
     h. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes, o se declare domicilios falsos en los documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros.
     i. Se utilice a menores de edad o a cualquier otra persona inimputable.
     j. Cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias.
     k. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un lugar de fabricación distinto al real.
     "l) Las mercancías objeto del delito sean productos industriales envasados acogidos al sistema de autenticación creado por ley.” (*)
(*) Literal incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29769, publicada el 26 julio 2011.
     En el caso de los incisos b) y c), la sanción será, además, de inhabilitación conforme a los numerales 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal.
CAPÍTULO VIII
CONSECUENCIAS ACCESORIAS
     Artículo 11.- Medidas aplicables a personas jurídicas
     Si para la ejecución de un delito aduanero se utiliza la organización de una persona jurídica o negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el juez deberá aplicar, según la gravedad de los hechos conjunta o alternativamente las siguientes medidas:
     a. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos.
     b. Disolución de la persona jurídica.
     c. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales de que disfruten.
     d. Prohibición temporal o definitiva a la persona jurídica para realizar actividades de la naturaleza de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
     Simultáneamente, con la medida dispuesta, el juez ordenará a la autoridad competente la intervención de la persona jurídica para los fines legales correspondientes, con el objeto de salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores.
     Artículo 12.- Responsabilidad de extranjeros
     Si los responsables de los delitos aduaneros fuesen extranjeros, serán condenados, además, con la pena de expulsión definitiva del país, la misma que se ejecutará después de cumplida la pena privativa de libertad. (*)
(*) Artículo modificado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30219, publicado el 08 julio 2014, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 12.- Responsabilidad de extranjeros
     Si los responsables de los delitos aduaneros fuesen extranjeros, se les impondrá, además, la pena de expulsión definitiva del país, la misma que se ejecutará después de cumplida la pena privativa de libertad o concedido un beneficio penitenciario.”
TÍTULO II
INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y PROCESAMIENTO
CAPÍTULO I
INCAUTACIÓN Y VALORACIÓN DE MERCANCÍAS
     Artículo 13.- Incautación
     El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, los que serán custodiados por la Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario.
     De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 13.- Incautación
     El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por la Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario.
     Queda prohibido, bajo responsabilidad, disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los medios de transporte o cualquier otro instrumento empleados para la comisión del mismo, en tanto no medie sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento proveniente de resolución firme que disponga su devolución dentro del proceso seguido por la comisión de delitos aduaneros. En el caso de vehículos o bienes muebles susceptibles de inscripción registral, queda prohibido, bajo responsabilidad, sustituir la medida de incautación o secuestro de estos bienes por embargos en forma de depósito, inscripción u otra que signifique su entrega física al propietario o poseedor de los mismos.
     La prohibición de disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los instrumentos empleados para su comisión, alcanza igualmente a las resoluciones o disposiciones dictadas por el Ministerio Público, si luego de la investigación preliminar o de las diligencias preliminares, se declare que no procede promover la acción penal o se disponga el archivo de la denuncia. En dichos casos corresponderá a la Administración Aduanera la evaluación de la devolución de estas mercancías, bienes, efectos, medios de transporte e instrumentos del delito, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras que amparen su ingreso lícito, internamiento, tenencia o tránsito en el territorio nacional.
     De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles. Esta disposición regirá sin perjuicio del deber de comunicar a la Administración Aduanera la incautación efectuada, dentro del término de veinticuatro (24) horas de producida.” (*)
     Artículo 14.- Reconocimiento de mercancías y valoración
     Recibidas las mercancías incautadas, por la Administración Aduanera, cuando exista persona detenida por los delitos tipificados en la presente Ley, esta procederá bajo responsabilidad en el término de veinticuatro (24) horas, al avalúo y reconocimiento físico, cuyos resultados comunicará de inmediato a la Policía Nacional del Perú, quien los cursará a la Fiscalía Provincial Penal respectiva, para que proceda a formular la denuncia correspondiente.
     Tratándose de mercancías que por su naturaleza, cantidad o por la oportunidad de la intervención no pudieran ser valoradas dentro del plazo antes indicado, el detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal dentro del término de veinticuatro (24) horas, con el atestado policial correspondiente. En este caso, la Administración Aduanera remitirá el informe sobre el reconocimiento físico y avalúo de la mercancía dentro de tercer día hábil a la Fiscalía Provincial Penal.
     En los casos en que no haya detenidos, la Administración Aduanera emitirá el documento respectivo en tres (3) días hábiles, cursándolo a la Policía Nacional para los fines de ley.
     Artículo 15.- Momento a considerar para establecer el valor
     Para estimar o determinar el valor de las mercancías se considerará como momento de la valoración la fecha de comisión del delito o de la infracción administrativa. En el caso de no poder precisarse ésta, en la fecha de su constatación.
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 7
     Artículo 16.- Reglas para establecer la valoración
     La estimación o determinación del valor de las mercancías, será efectuada únicamente por la Administración Aduanera conforme a las reglas establecidas en el reglamento, respecto de:
     a. Mercancías extranjeras, incluidas las provenientes de una zona franca, así como las procedentes de una zona geográfica sujeta a un tratamiento tributario o aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de tributación menor y sujeta a un régimen especial arancelario.
     b. Mercancías nacionales o nacionalizadas que son extraídas del territorio nacional, para cuyo avalúo se considerará el valor FOB, sea cual fuere la modalidad o medio de transporte utilizado para la comisión del delito aduanero o la infracción administrativa.
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 6
     Artículo 17.- Configuración del hecho imponible
     El hecho imponible en los delitos o en la infracción administrativa, se configura en la fecha de comisión del delito o cuando se incurrió en la infracción, según corresponda. De no poder precisarse aquellas, en la fecha de su constatación.
     En el caso del delito de defraudación de rentas de aduanas, el hecho imponible se configura en la fecha de numeración de la declaración.
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 7
     Artículo 18.- Tributos y tipo de cambio aplicables
     Los tributos y el tipo de cambio que corresponde aplicar son los vigentes en la fecha de realización del hecho imponible, y en caso de no poder ser precisado, en la fecha de su constatación.
     Esta regla es igualmente aplicable para calcular el importe de la multa administrativa o de los derechos antidumping o compensatorios cuando corresponda.
     Cuando la base imponible del impuesto deba determinarse en función a la fecha de embarque de la mercancía, se considera la fecha cuando se comete el delito o se incurre en la infracción administrativa, según corresponda. En caso de no poder precisarse ésta, en la fecha de su constatación.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Arts. 7 y 9
CAPÍTULO II
PROCESO
     Artículo 19.- Competencia del Ministerio Público
     Corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos a que se refiere la presente Ley con el apoyo de las autoridades competentes.
     Toda intervención efectuada por la Policía Nacional será puesta en conocimiento del Ministerio Público, bajo responsabilidad. La intervención policial en situaciones excepcionales se rige por lo dispuesto en la Ley Nº 27934.
     Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. En el caso de los artículos 4 y 5 de la presente Ley, el Ministerio Público ejercitará la acción penal a petición de la Administración Aduanera. (*)
(*) Artículo modificado por el Numeral 7 de la Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva del citado Código.  El texto de la modificación es el siguiente:
     “Artículo 19, Ley Nº 28008. Competencia del Ministerio Público.- Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de sus actuaciones la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión de un delito, inmediatamente comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar el procedimiento que corresponda.”  (*)

(*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone las disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.”
     Artículo 20.- Conclusión anticipada del proceso por delitos aduaneros
     Los procesos por delitos aduaneros podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:
     a. A iniciativa del Ministerio Público o del procesado el Juez dispondrá, una vez iniciado el proceso y antes de formularse la acusación fiscal, siempre que exista prueba suficiente de responsabilidad penal, por única vez para los delitos contemplados en la presente Ley, la celebración de una audiencia especial y privada, en cuaderno aparte y con la asistencia de los sujetos procesales y del abogado defensor del procesado.
     b. En esta audiencia, el Fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación surjan contra el procesado y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o podrá rechazarlos. El Juez deberá explicar al procesado los alcances y consecuencias de su aceptación de responsabilidad total o parcial.
     c. Tratándose de la terminación anticipada, se impondrá al procesado que acepte su aplicación el mínimo legal de la pena, según corresponda al delito aduanero cometido.
     d. Tratándose de la reducción de la pena privativa de la libertad, el procesado deberá abonar por concepto del beneficio otorgado, una suma equivalente a dos veces el valor de las mercancías materia del delito más los tributos dejados de pagar, y los derechos antidumping o compensatorios cuando correspondan, sin perjuicio del decomiso de las mercancías e instrumentos materia del delito.
     e. Una vez efectuado el depósito del monto establecido en el inciso anterior, el Juez dictará sentencia conforme a lo acordado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
     f. Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer son las adecuadas y obra prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada y la reparación civil, enunciando en su parte resolutiva que ha habido acuerdo de los sujetos procesales.
     g. La sentencia será elevada en consulta al Tribunal Superior, el que deberá absolverla en un término no mayor a tres (3) días hábiles. El auto que deniegue la aplicación de la terminación anticipada es apelable en un solo efecto, en el término de un día hábil.
     Los fondos obtenidos por la terminación anticipada del proceso descrito en el inciso d), a excepción del monto por tributos, derechos antidumping o compensatorios, serán distribuidos entre las siguientes instituciones y personas, en los porcentajes siguientes:
     Denunciante               ...............     50%
     Poder Judicial               ...............     15%
     Ministerio Público          ...............     15%
     Policía Nacional del Perú     ...............     15%
     Administración Aduanera     ...............       5%
     Los fondos obtenidos por la Administración Aduanera serán destinados a campañas educativas y de publicidad en la lucha contra los delitos aduaneros.
     En el caso que colaboren las Fuerzas Armadas sin la participación de la Policía Nacional, el 15% de los fondos inicialmente establecidos para la Policía Nacional le corresponderá a las Fuerzas Armadas.
     Cuando la colaboración es conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el 15% de los fondos se distribuirá equitativamente entre ambas instituciones.
     En el caso de inexistencia de denunciante y que la acción para descubrir los delitos hubiere correspondido a la Administración Aduanera, Policía Nacional o Fuerzas Armadas, el porcentaje asignado al denunciante corresponderá a una de las tres entidades, o se repartirá equitativamente cuando hubieran participado conjuntamente, según corresponda.
     Artículo 21.- Prueba pericial
     Para efectos de la investigación y del proceso penal, los informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios de la Administración Aduanera, tendrán valor probatorio.
(*) Artículo modificado por el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1122, publicado el 18 julio 2012, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 21.- Pericia Institucional
     Para efectos de la investigación y del proceso penal, los informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios de la Administración Aduanera, tendrán valor probatorio como pericias institucionales.”
     Artículo 22.- Pronunciamiento judicial sobre mercancías incautadas
     El Juez resolverá en la sentencia el decomiso de las mercancías incautadas, de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito aduanero y las ganancias obtenidas por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Asimismo, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar las mercancías o instrumentos.
CAPÍTULO III
DECOMISO, ADJUDICACIÓN Y DESTRUCCIÓN
     Artículo 23.- Competencia de la Administración Aduanera sobre las mercancías decomisadas
     La Administración Aduanera es la encargada de la adjudicación o destrucción de las mercancías e instrumentos provenientes de los delitos tipificados en esta Ley.
     Una vez consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria y resuelto el decomiso de las mercancías y de los instrumentos con los que se hubiere ejecutado el delito, previa notificación de la misma, se adjudicarán las mercancías o instrumentos a las entidades del Estado, los gobiernos regionales, municipales y a las instituciones asistenciales, educacionales, religiosas y otras sin fines de lucro oficialmente reconocidas. Se exceptúan de los alcances del presente artículo las mercancías a las que se refieren los artículos 24 y 25 de la presente Ley.
     Artículo 24.- Destrucción de Mercancías
     Serán destruidas de inmediato y bajo responsabilidad, las mercancías que a continuación se detallan:
     a. Aquellas que carecen de valor comercial;
     b. Aquellas que sean nocivas para la salud o el medio ambiente;
     c. Aquellas que atenten contra la moral, el orden público y la soberanía nacional;
     d. Bebidas alcohólicas y cigarrillos;
     e. Aquellas prohibidas o restringidas; y,
     f. Las demás mercancías que se señalen por norma expresa.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 13
     Artículo 25.- Adjudicación de Mercancías
     La Administración Aduanera adjudicará directamente, dando cuenta al Fiscal y Juez Penal que conocen la causa y al Contralor General de la República, los siguientes bienes:
     a. Todas las mercancías que sean necesarias para atender los requerimientos en casos de emergencia, urgencia o necesidad nacional, debidamente justificados, a favor del Estado, los gobiernos regionales o municipales.
     b. Todos los alimentos de consumo humano así como prendas de vestir y calzado, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y a las instituciones sin fines de lucro y debidamente reconocidas, dedicadas a actividades asistenciales.
     c. Todos los medicamentos de uso humano e instrumental y equipo de uso médico y odontológico, al Ministerio de Salud.
     d. Todas las mercancías de uso agropecuario y medicamentos de uso veterinario, al Ministerio de Agricultura.
     e. Todas las maquinarias, equipos y material de uso educativo, al Ministerio de Educación para ser distribuidos a nivel nacional a los colegios, institutos y universidades públicas que los requieran para labores propias de investigación o docencia.
     f. Todos los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, a la Presidencia del Consejo de Ministros para que sean distribuidos a los Municipios de la República y Gobiernos Regionales que así lo soliciten, y a favor de las entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros. (*)
(*) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28510, publicada el 17 Mayo 2005, cuyo texto es el siguiente:
     "f. Todos los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, a la Presidencia del Consejo de Ministros para que sean donados a las Entidades y Dependencias del Sector Público, Municipalidades de la República, Gobiernos Regionales, a las Comunidades Campesinas y Nativas que así lo soliciten; y a favor de otras entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros.
     Las donaciones serán aprobadas mediante resolución ministerial del Presidente del Consejo de Ministros y están inafectas del Impuesto General a las Ventas (IGV).”
     Respecto a los incisos a), b), c) y d) la adjudicación se hará previa constatación de su estado por la autoridad competente. Cuando la mercancía se encuentre en mal estado la Administración Aduanera procederá a su destrucción inmediata.
     La Administración Aduanera remitirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, un informe trimestral sobre las adjudicaciones efectuadas. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 25.- Adjudicación de Mercancías
     La Administración Aduanera adjudicará directamente, dando cuenta al Fiscal y Juez Penal que conocen la causa y al Contralor General de la República, los siguientes bienes:
     a. Todas las mercancías que sean necesarias para atender los requerimientos en casos de emergencia, urgencia o necesidad nacional, debidamente justificados, a favor del Estado, los gobiernos regionales o municipales.
     b. Todos los alimentos de consumo humano así como prendas de vestir y calzado, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o los programas sociales que tengan adscritos con calidad de unidad ejecutora, así como a las instituciones sin fines de lucro y debidamente reconocidas, dedicadas a actividades asistenciales.
     c. Todos los medicamentos de uso humano e instrumental y equipo de uso médico y odontológico, al Ministerio de Salud.
     d. Todas las mercancías de uso agropecuario y medicamentos de uso veterinario, al Ministerio de Agricultura.
     e. Todas las maquinarias, equipos y material de uso educativo, al Ministerio de Educación para ser distribuidos a nivel nacional a los colegios, institutos y universidades públicas que los requieran para labores propias de investigación o docencia.
     f. Todos los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, a la Presidencia del Consejo de Ministros para que sean donados a las Entidades y Dependencias del Sector Público, Municipalidades de la República, Gobiernos Regionales, a las Comunidades Campesinas y Nativas que así lo soliciten; y a favor de otras entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46 de la presente Ley.
     Las donaciones serán aprobadas mediante resolución ministerial del Presidente del Consejo de Ministros y están inafectas del Impuesto General a las Ventas (IGV).
     g. El diesel, gasolinas y gasoholes a favor de las entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46 de la presente Ley.
     Respecto a los incisos a), b), c) y d) la adjudicación se hará previa constatación de su estado por la autoridad competente. Cuando la mercancía se encuentre en mal estado la Administración Aduanera procederá a su destrucción inmediata.
     En el caso de los literales a), b), f) y g), a partir del día siguiente de notificada la Resolución que aprueba la adjudicación directa, la entidad o institución beneficiada tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para recoger las mercancías adjudicadas, vencido dicho plazo la Resolución de adjudicación queda sin efecto. En este caso, dichas mercancías podrán ser adjudicadas por la Administración Aduanera a favor de otra entidad, siempre que ésta sea alguna de las entidades comprendidas en el mismo literal del presente artículo donde se encuentra prevista la primera entidad beneficiada.
     La Administración Aduanera remitirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, un informe trimestral sobre las adjudicaciones efectuadas.”
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, Art. 14
               D.S. Nº 078-2009-PCM (Decreto Supremo que aprueba normas reglamentarias para regular las acciones de conservación de los bienes que le
               son adjudicados a la Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo con la Ley Nº 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros)
               R. Nº 347-2011-SUNAT-A, Acápite VII, G, num. 1 y 2 (Aprueban Procedimiento General INA-PG.15 - Adjudicación de Mercancías - Versión 03)
               R. Nº 25-2013-SUNAT-4G0000, Acápite VII. G (Aprueban Norma que regula el Procedimiento de Adjudicación de Mercancías)
     Artículo 26.- Situación de naves y aeronaves
     En los casos de naves y aeronaves, el fiscal dispondrá su inmovilización en coordinación con las autoridades de transporte competentes para su depósito y custodia, en tanto se determine el grado de responsabilidad del propietario en los hechos materia de investigación, salvo que se trate de aeronaves del Estado, las que serán entregadas inmediatamente a la autoridad de transporte competente, luego de la investigación correspondiente.
     Artículo 27.- Pago del valor de mercancías con orden de devolución
     En caso de que se dispusiera la devolución de mercancías que fueron materia de adjudicación o destrucción, la Dirección General de Tesoro Público asumirá el pago sobre la base del monto de la tasación del avalúo y los intereses devengados, determinándose tres (3) meses calendario como plazo máximo para la devolución, contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución judicial correspondiente.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 3ra. Disp. Final
     Artículo 28.- Uso de bienes adjudicados
     Las entidades adjudicatarias a que se refiere el artículo 25, deberán destinar las mercancías a los fines que les son propios, quedando prohibida su transferencia, bajo responsabilidad de su titular.
     La Administración Aduanera reportará mensualmente a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Bienes Nacionales sobre las adjudicaciones efectuadas a fin de que procedan a su inscripción bajo responsabilidad.
     Artículo 29.- Reserva de la identidad del denunciante
     Se considera denunciante a quien ponga en conocimiento de las autoridades competentes, la comisión de los delitos previstos en la presente Ley.
     Dichas autoridades deberán disponer las medidas pertinentes para que se mantenga en reserva la identidad del denunciante, bajo responsabilidad.
     Artículo 30.- Exclusión de Recompensa
     Las recompensas no serán aplicables a funcionarios o servidores de la Administración Aduanera, miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, o quienes tengan parentesco con éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
     Artículo 31.- Pago al denunciante
     En el caso de adjudicación o destrucción de las mercancías incautadas o en comiso, la recompensa que corresponda al denunciante será pagada por la Dirección General de Tesoro Público, conforme al valor determinado por la Administración Aduanera de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la presente Ley.
     Todas las adjudicaciones o destrucción de las mercancías serán puestas en conocimiento del Juez que conoce la causa.
     El Reglamento de la presente Ley establecerá la forma y monto de la recompensa establecida en el primer párrafo del presente artículo.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 3ra. Disp. Final
     Artículo 32.- Oportunidad para la determinación de las recompensas
     Las recompensas previstas en la presente Ley serán determinadas en la sentencia condenatoria o en la sentencia que ampare la terminación anticipada del proceso penal.
TÍTULO III
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES
CAPÍTULO I
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
     Artículo 33.- Infracción administrativa
     Constituyen infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1, 2, 6 y 8 de la presente Ley cuando el valor de las mercancías no exceda de dos Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley. (*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 33.- Infracción administrativa
     Constituyen infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1, 2, 6 y 8 de la presente Ley cuando el valor de las mercancías no exceda de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley.”
     Artículo 34.- Incautación de mercancías por infracción administrativa
     La Administración Aduanera dispondrá la incautación y secuestro de las mercancías que constituyan objeto material de la infracción administrativa. De incautarse dichas mercancías por otras autoridades, éstas serán puestas a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles.
CAPÍTULO II
SANCIONES
     Artículo 35.- Sanciones
     La infracción administrativa será sancionada conjunta o alternativamente con:
     a) Comiso de las mercancías.
     b) Multa.
     c) Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes.
     d) Cierre temporal o definitivo del establecimiento.
     e) Internamiento temporal del vehículo, con el que se cometió la infracción.
     "En aquellos casos en los cuales no se pueda identificar al infractor se aplicará el comiso sobre la mercancía incautada.” (*)
(*) Párrafo incorporado por el Artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012.

SUBCAPÍTULO I
SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE COMETEN LA INFRACCIÓN
     Artículo 36.- Multa y cierre temporal del establecimiento
     Las personas naturales o jurídicas que cometen la infracción administrativa contemplada en la presente Ley, tendrán que abonar una multa equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar. De no poder aplicarse ésta, el infractor abonará una multa equivalente al valor FOB de la mercancía objeto de la referida infracción.
     Asimismo, se procederá, según corresponda, al cierre temporal del establecimiento por un período de sesenta (60) días calendario.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 2da. Disp. Final
     Artículo 37.- Reincidencia
     Si se volviese a cometer una infracción administrativa en el período de un año contado a partir de la fecha en que se impuso la última sanción, corresponderá aplicarse una multa equivalente a cuatro veces los tributos dejados de pagar, incrementándose en dos veces por cada reincidencia. De no poder aplicarse ésta, el infractor abonará una multa equivalente a dos veces el valor FOB de la mercancía objeto de la referida infracción, incrementándose en dos veces por cada reincidencia.
     Asimismo, en su caso, se procederá al cierre temporal del establecimiento, el cual no podrá ser menor de noventa (90) días calendario, incrementándose en treinta (30) días calendario por cada reincidencia.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 2da. Disp. Final
SUBCAPÍTULO II
SANCIÓN RESPECTO A LAS MERCANCÍAS
     Artículo 38.- Comiso
     El comiso es aplicable a las mercancías y bienes materia de la infracción administrativa. Las mercancías comisadas quedarán en poder de la Administración Aduanera, para su disposición de acuerdo a ley.
SUBCAPÍTULO III
SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 2da. Disp. Final
     Artículo 39.- Sanciones
     Las personas que transportan mercancías vinculadas a la infracción administrativa tipificada en la presente Ley, tendrán las siguientes sanciones:
     a. Si se trata de persona natural se le suspenderá la licencia de conducir por un año, registrándose la sanción como antecedente en el Registro de Conductores.
     En caso de que dicha persona preste servicios, bajo cualquier forma o modalidad para una persona jurídica dedicada al transporte, se le suspenderá cinco (5) años la licencia de conducir.
     Asimismo, en ambos casos, le corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar.
     b. Si se trata de persona jurídica, le corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar.
     Si la persona jurídica tiene como objeto social el transporte, adicionalmente se le aplicará la suspensión de sus actividades por el término de seis (6) meses. (*)
(*) Párrafo modificado por el Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:
     "Si la persona jurídica tiene por objeto social el transporte, adicionalmente se le aplicará la suspensión de sus actividades por el término de seis (6) meses, esta sanción podrá ser aplicada según criterios de gradualidad. Mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la SUNAT fija los parámetros o criterios objetivos que corresponda, y determina tramos menores de la sanción de suspensión antes citada." (*)
(*) Párrafo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29952, publicada el 04 diciembre 2012, vigente a partir del 1 de enero de 2013.
     En caso de concurrencia de responsabilidades la obligación será solidaria.
     Artículo 40.- Reincidencia
     Si se volviese a cometer una infracción de la misma naturaleza en el período de un año a partir de la fecha en que se impuso la última sanción, corresponderá aplicar una multa equivalente a cuatro veces los tributos dejados de pagar, incrementándose en dos veces por cada reincidencia.
     Artículo 41.- Internamiento del medio de transporte
     Cuando las Empresas de Servicio Público de Transporte de Pasajeros o Carga a través de sus conductores, cualesquiera que sea el vínculo contractual, transportistas individuales o particulares, utilicen su vehículo para la comisión de las infracciones establecidas en la presente Ley, se les aplicarán las siguientes sanciones:
     a. Internamiento del vehículo por un período de sesenta (60) días calendario.
     b. Si se cometiera nuevamente la misma infracción, corresponderá el internamiento del vehículo por un período de ciento veinte (120) días calendario, incrementándose en sesenta (60) días calendario por cada reincidencia.
     En caso de que el medio de transporte hubiera sido acondicionado o modificado en su estructura original para la comisión de la infracción, el propietario del vehículo deberá reacondicionar el mismo a su estado original, antes de los plazos establecidos en los literales anteriores, según sea el caso.
     Si el medio de transporte hubiese sido acondicionado por segunda vez, corresponderá el internamiento del vehículo por un período de ciento ochenta (180) días calendario, siempre que pertenezca al mismo propietario.
     De no modificarse su estructura en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, se le sancionará con el comiso del vehículo.
SUBCAPÍTULO IV
SANCIONES RESPECTO DEL ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
     Artículo 42.- Multa y cierre temporal
     Cuando se produzca el almacenamiento o comercialización de mercancías provenientes de la infracción tipificada en la presente Ley, se procederá a aplicar una multa equivalente a cinco veces los tributos dejados de pagar y el cierre temporal del establecimiento por un período de diez (10) días calendario.
     Tratándose de locales de almacenamiento, el cierre temporal consistirá en la prohibición durante el indicado plazo, de recibir o efectuar ingresos de mercancías al establecimiento, pudiendo retirarse sólo las recibidas antes del cierre, debiendo para tal efecto solicitar la autorización a la Administración Aduanera.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 2da. Disp. Final
     Artículo 43.- Cierre definitivo de establecimientos
     De recibirse mercancías en los lugares de almacenamiento o reabrirse los establecimientos para la venta de las mismas durante el período de aplicación de sanción de cierre temporal, se procederá al cierre definitivo con la consiguiente cancelación de las licencias o autorizaciones para su funcionamiento.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 121-2003-EF, 2da. Disp. Final
               R. N° 572-2008-SUNAT-A, Num. 2.4.2 y 3.5.3
     Artículo 44.- Cumplimiento de obligaciones laborales
     La sanción del cierre del establecimiento no libera al infractor de cumplir con las obligaciones laborales.
CAPÍTULO III
COMPETENCIA
     Artículo 45.- Competencia de la Administración Aduanera
     La Administración Aduanera es la autoridad competente para declarar y sancionar la comisión de las infracciones administrativas vinculadas al contrabando, así como para decretar la devolución de las mercancías en los casos que corresponda.
     Cuando sea el caso, la Administración Aduanera deberá poner en conocimiento de las demás autoridades administrativas competentes las infracciones cometidas, a efecto de que éstas procedan a la imposición de las sanciones conforme a Ley, en el ejercicio de su competencia, bajo responsabilidad. Para tal efecto, será suficiente la comunicación o el requerimiento de la Administración Aduanera.
     Artículo 46.- Apoyo de la Policía Nacional y colaboración de las Fuerzas Armadas
     La Policía Nacional brindará apoyo a la Administración Aduanera y a las demás autoridades administrativas competentes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones tipificados en la presente Ley, en forma oportuna y proporcional a la gravedad que el caso amerite, bajo responsabilidad.
     Las Fuerzas Armadas prestan colaboración en los supuestos establecidos en el párrafo anterior, cuando la capacidad de la Administración Aduanera o de la Policía Nacional superen las posibilidades de respuesta inmediata o éstas resulten insuficientes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones administrativas. La colaboración incluye, de ser el caso, el almacenamiento temporal de las mercancías y vehículos incautados, bajo responsabilidad.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
     Artículo 47.- Plazo para solicitar la devolución
     El plazo para solicitar la devolución de las mercancías incautadas por la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida el acta de incautación.
     Artículo 48.- Plazo para resolver las solicitudes de devolución
     El plazo para resolver las solicitudes de devolución de las mercancías incautadas será de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de devolución de mercancías, pudiendo presentarse durante los primeros quince (15) días hábiles cualquier prueba instrumental que acredite el cumplimiento de la normatividad aduanera, sin perjuicio de las pruebas de oficio que durante la tramitación del procedimiento pueda solicitar la Administración Aduanera.
     Artículo 49.- Impugnación de resoluciones de sanción
     Las resoluciones que apliquen sanciones por infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, podrán ser impugnadas de conformidad con las normas del Procedimiento Contencioso Tributario regulado por la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el Código Tributario, debiéndose interponer la reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la resolución.
     Artículo 50.- Plazo de apelación
     El plazo para interponer Recurso de Apelación contra lo resuelto por la Administración Aduanera será de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución materia de impugnación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
     Primera.- Tratados Internacionales
     Esta Ley será aplicable en todo aquello que no se oponga a los Tratados Internacionales ratificados por el Perú.
     Segunda.- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria
     Cuando se mencione el valor de la Unidad Impositiva Tributaria se entiende como aquella vigente al primero de enero del año del ejercicio fiscal.
     Tercera.- Fiscales para investigación de Delitos Aduaneros
     La Fiscalía de la Nación dispondrá la asignación de un grupo no menor de veinticuatro (24) Fiscales para la investigación y los procesos derivados de los delitos tipificados en la presente Ley.
     Cuarta.- Responsabilidad del importador y de la empresa verificadora
     El importador y la empresa encargada de la verificación de la importación, cuando se presentan las discrepancias, en cuanto a la valoración, cantidad, calidad, descripción, marcas, códigos, series, partida arancelaria serán responsables solidarios por el pago en la diferencia que se determine entre los tributos pagados y los que realmente correspondían abonar y demás cargos aplicables por moras y multas, según corresponda.
     Quinta.- Informe a las Comisiones de Economía, de Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia del Congreso de la República
     La Administración Aduanera, bajo responsabilidad de su titular, deberá presentar a las Comisiones de Economía, de Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia del Congreso de la República, dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de cada semestre, un informe detallado sobre las acciones que directa e indirectamente haya adoptado y sus resultados respecto a las obligaciones que le corresponde cumplir conforme a esta Ley.
     Sexta.- Apoyo a la Administración Aduanera
     Las autoridades administrativas, fiscales y judiciales, están obligadas a prestar su apoyo a la Administración Aduanera cuando lo requiera, para el mejor cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad.
     Sétima.- Administración Aduanera
     Toda referencia a la Administración Aduanera, se entenderá como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
     Octava.- Proceso Sumario
     Los delitos previstos en la presente Ley se tramitarán vía proceso sumario.
     Novena.- Campaña de Difusión
     Es responsabilidad de la Administración Aduanera la campaña de difusión de esta Ley para que sea de conocimiento público.
     "Décima.- Tratándose de la incautación de metales preciosos, joyas y piedras preciosas o semipreciosas provenientes de un delito aduanero, la Administración Aduanera puede rematar estos bienes una vez que la sentencia condenatoria donde se resuelve el decomiso de las mercancías haya adquirido la calidad de cosa juzgada. En dichos supuestos el diez por ciento (10%) del producto del remate constituirá recurso propio de la SUNAT y el noventa por ciento (90%) será ingreso del Tesoro Público.” (*)
(*) Disposición incorporada por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1111, publicado el 29 junio 2012.

     “Décima Primera.- Resoluciones de allanamiento y descerraje
     Cuando la Administración Aduanera en el curso de sus actuaciones administrativas considere que existen indicios razonables de comisión de delito aduanero o tome conocimiento de actos que estén encaminados a dicho propósito, éstos serán comunicados al Ministerio Público a fin de que éste solicite al Juez competente, cuando corresponda, una autorización para el allanamiento de inmuebles y descerraje a fin de realizar las acciones operativas que correspondan.
     El Juez a más tardar el día siguiente calendario, bajo responsabilidad, debe evaluar la solicitud presentada por el Ministerio Público y pronunciarse sobre el particular.
     El Reglamento regulará lo dispuesto en el párrafo precedente y establecerá los requisitos para la tramitación de las solicitudes de allanamiento de inmuebles y descerraje.” (*)
(*) Disposición incorporada por el Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1122, publicado el 18 julio 2012.

DISPOSICIONES FINALES
     Primera.- Reglamentación
     La presente Ley deberá ser reglamentada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación.
     Segunda.- Beneficios por Colaboración Eficaz
     Incorpórase al artículo 1 de la Ley Nº 27378 el inciso 5) con el siguiente texto:
     “5) Delitos Aduaneros, previstos y penados en la Ley Penal especial respectiva.”
     No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de financiamiento de los delitos aduaneros. (*)
(*) Confrontar con la Única Disposición Modificatoria de la Ley N° 29542, publicada el 22 junio 2010.
     Tercera.- Derogatorias
     Derógase la Ley Nº 26461 y las demás que se opongan a la presente Ley.
     Cuarta.- Vigencia
     La presente Ley, a excepción de la Primera Disposición Final que ordena la reglamentación, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.
     POR TANTO:
     Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.
     En Lima, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil tres.
     CARLOS FERRERO
     Presidente del Congreso de la República
     JESÚS ALVARADO HIDALGO
     Primer Vicepresidente del
     Congreso de la República

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Crean comisión encargada de decidir sobre procedencia o improcedencia de la interposición de denuncias por presunto delito de defraudación tributaria RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 040-2001-SUNAT

Crean comisión encargada de decidir sobre procedencia o improcedencia de la interposición de denuncias por presunto delito de defraudación tributaria
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 040-2001-SUNAT

CONCORDANCIAS:     R. N° 196-2006-SUNAT, Art. Único (Desactivan Comisión Especial)

     Lima, 13 de marzo de 2001
     CONSIDERANDO:
     Que el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 813, Ley Penal Tributaria, establece que, en los casos de delito tributario el Ministerio Público sólo podrá ejercitar la acción penal a petición de la parte agraviada, considerando a este efecto al Órgano Administrador del Tributo;
     Que el tercer párrafo del Artículo 192 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99 y sustituido por la Ley Nº 27335 señala que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de formular denuncia penal ante el Ministerio Público, de constatar hechos que presumiblemente constituyan delito tributario o estén encaminados a este propósito;
     Que resulta necesario crear un órgano colegiado que ejercite la discrecionalidad en la interposición de denuncias por presunto delito de defraudación tributaria así como designar a los funcionarios que lo conforman;
     En uso de las facultades establecidas en los inciso 1), m) y o) del Artículo 6 del Texto Único Ordenado del Estatuto de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 041-98/SUNAT y modificado por Resolución de Superintendencia Nº 004-2001/SUNAT;
     SE RESUELVE:
     Artículo 1.- Créase la Comisión Especial encargada de decidir respecto de la procedencia o improcedencia de la interposición de denuncias por presunto delito de defraudación tributaria ante el Ministerio Público. (*)
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia N° 196-2006-SUNAT, publicada el 21 noviembre 2006, se dispone la desactivación de la Comisión Especial.
     Artículo 2.- La Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior estará integrada por:
     - El Superintendente Nacional Adjunto,
     - El Intendente Nacional de Cumplimiento Tributario, y
     - El Intendente Nacional Jurídico.
     Regístrese, comuníquese y publíquese.
     LUIS ALBERTO ARIAS MINAYA
     Superintendente Nacional

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Aprueban el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros DECRETO SUPREMO Nº 121-2003-EF

Aprueban el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros
DECRETO SUPREMO Nº 121-2003-EF

     CONCORDANCIAS
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
     CONSIDERANDO:
     Que, mediante Ley Nº 28008 se aprobó la Ley de los Delitos Aduaneros, cuya Primera Disposición Final dispone que la referida Ley deberá ser reglamentada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
     Que, es necesario dictar las normas reglamentarias que permitan la aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 28008;
     En uso de las atribuciones conferidas por la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28008 y el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
     DECRETA:
     Artículo 1.- Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, el mismo que consta de Ocho (8) Capítulos, Veintitrés (23) Artículos, y Cinco (5) Disposiciones Finales.
     Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil tres.
     ALEJANDRO TOLEDO
     Presidente Constitucional de la República
     JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
     Ministro de Economía y Finanzas
Reglamento de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
     Artículo 1.- Contenido
     La presente norma contiene las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros.
     Artículo 2.- Precisión a la Ley y el Reglamento
     Toda mención que se haga en el presente Reglamento al término “Ley” deberá entenderse referida a la Ley Nº 28008. Asimismo, toda mención que se haga a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, deberá entenderse referida al presente Reglamento.
     Artículo 3.- Facultades de la Administración Aduanera
     Potestad Aduanera es la facultad que tiene SUNAT para aplicar la normas legales y reglamentarias que regulan las actividades aduaneras y el paso, ingreso o salida de personas, mercancías y medios transporte por el territorio aduanero, así como exigir su cumplimiento.
     SUNAT es el organismo del Estado encargado de la administración, recaudación, control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero
CAPÍTULO II
INCAUTACIÓN DE MERCANCÍAS
     Artículo 4.- Incautación
     Cuando se realice la incautación de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito sin presencia del Ministerio Público, se debe poner el hecho en conocimiento del Fiscal Provincial Competente.
     Tratándose de la incautación de mercancías cuya exportación se encuentre prohibida o restringida la Fiscalía de la Nación las pondrá a disposición de la entidad competente para su control, con conocimiento de la Administración Aduanera.
     Artículo 5.- Reconocimiento y avalúo
     Cuando la incautación hubiese sido efectuada por autoridades ajenas a la Administración Aduanera, las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos personales que constituyan objeto del delito y/o los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, deberán ser puestos a disposición de la Intendencia de Aduana que corresponda a la jurisdicción donde aquella se hubiese realizado, en un plazo que no deberá exceder de tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que se produjo la incautación, debiendo previamente informar de la incautación realizada a la Administración Aduanera dentro de las veinticuatro (24) horas de producida.
     Recibidas las mercancías por la Intendencia de Aduana, ésta deberá proceder de la siguiente manera:
     a) Si hubiere persona detenida por los delitos tipificados en la Ley, bajo su responsabilidad y en un plazo que no excederá de veinticuatro (24) horas, procederá a efectuar el reconocimiento físico y avalúo de lo incautado, cuyos resultados deberá comunicar de inmediato a la Policía Nacional del Perú, la cual los remitirá a la Fiscalía Provincial competente para que proceda a formular la denuncia correspondiente.
     Si por su naturaleza, por la cantidad o por la oportunidad de la intervención, lo incautado no pudiera ser valorado dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad Aduanera dentro de las veinticuatro (24) horas comunicará este hecho a la Policía Nacional del Perú, la cual dispondrá que el detenido sea puesto a disposición de la Fiscalía Provincial competente, en un plazo que no excederá de las veinticuatro (24) horas de producida la detención, con el atestado policial correspondiente.
     Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad Aduanera remitirá el informe correspondiente al reconocimiento físico y avalúo de lo incautado a la Fiscalía Provincial correspondiente, en un plazo que no excederá los tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que recibió la mercancía.
     b) En los casos en los que no hayan detenidos, la Autoridad Aduanera procederá a efectuar el reconocimiento físico y avalúo de lo incautado, debiendo remitir el informe correspondiente a la Policía Nacional del Perú dentro de un plazo que no excederá de los tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que recibió las mercancías.
     La remisión del informe de la Autoridad Aduanera, conteniendo el resultado del reconocimiento físico y avalúo de las mercancías incautadas, podrá llevarse a cabo por cualquier medio que permita la constatación de la recepción del mismo por la autoridad destinataria, de éste.
CAPÍTULO III
REGLAS PARA DETERMINAR EL VALOR DE MERCANCÍAS
     Artículo 6.- Reglas para establecer la valoración
     La determinación del valor de las mercancías a que se refiere el Artículo 16 de la Ley, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a las siguientes reglas, aplicadas en forma sucesiva y excluyente:
     a) Mercancías referidas en el literal a) del Artículo 16 de la Ley:
     (i) El valor más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de avalúo, registrada en el Banco de Datos de la Administración Aduanera o en otras fuentes disponibles.
     (ii) Valores en aduana mínimos determinados por la Administración Aduanera.
     (iii) El precio más alto de venta al público minorista de una mercancía idéntica o similar comercializada en el mercado interno de la jurisdicción de la Intendencia de Aduana donde se incautó la mercancía, o de la Intendencia de Aduana más cercana.
     Tratándose del Delito de Defraudación de Rentas de Aduana, si la Administración Aduanera detecta la existencia de dos o más facturas, comprobantes de pago o contratos de venta sobre la misma transacción, podrá estimar el valor tomando el más alto consignado en los indicados documentos, siempre que dicho valor sea mayor o igual que el estimado en aplicación de las reglas previstas anteriormente.
     La determinación del valor final de las mercancías referidas en el literal a) del Artículo 16 de la Ley, deberá contener los gastos de flete y seguro pagados por el traslado de las mercancías a nuestro país; en caso no se conozca el valor de estos conceptos, se aplicará las tarifas de flete normalmente aplicables y la Tabla Porcentaje Promedio de Seguro. Cuando no se conozcan las tarifas de fletes mencionadas, para su cálculo se aplicará el 10% del valor estimado de la mercancía, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente literal.
     Para efectos del literal a) del Artículo 16 de la Ley se considerará como base imponible el valor CIF.
     b) Mercancías referidas en el literal b) del Artículo 16 de la Ley:
     (i) El valor de exportación más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de avalúo, registrada en el Sistema de la Administración Aduanera o en otras fuentes con las que cuente.
     (ii) El valor más alto de una mercancía idéntica o similar nacional o nacionalizada comercializada en el mercado interno, al que debe agregarse los conceptos que normalmente incluye un valor FOB.
     Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por mercancía similar aquella que tenga características, finalidad, función o aplicación más coincidente, y que puede ser identificada como sustituto o intercambiable de la mercancía objeto de delito o infracción administrativa. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 6.- Reglas para establecer la valoración
     El valor de la mercancía se determina de acuerdo a las siguientes reglas:
     a. Para los Delitos de Contrabando y Receptación Aduanera en los supuestos establecidos en el literal a) del artículo 16 de la Ley, en forma sucesiva y excluyente:
     i. El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de valoración registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes de pedido o de compra, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
     ii. El valor será el precio de venta más alto en el mercado interno de una mercancía idéntica o similar.
     iii. Los valores determinados por la Administración Aduanera.
     b. Para el Delito de Defraudación de Rentas de Aduanas en los supuestos establecidos en el literal a) del Artículo 16 de la Ley:
     i. El valor será el más alto consignado en facturas, pro formas, documentos de transporte, contratos de seguros, documentos aduaneros del país de procedencia u origen, certificados de origen, anotaciones contables, documentos electrónicos, contratos, entre otros, cuando la Administración Aduanera detecte la existencia en cualquiera de estos documentos de un mayor valor al consignado en la Declaración Aduanera de Mercancías.
     ii. Se adicionará al valor declarado, los pagos y/o transferencias de dinero adicionales que debieron formar parte de la base imponible de la mercancía declarada, en los casos en que la Administración Aduanera detecte la existencia de los mismos.
     Se considerarán como pagos y/o transferencias de dinero adicionales, a los realizados por el propio declarante, su representante u otras personas vinculadas a él, al proveedor, su representante u otras personas vinculadas a él.
     En caso que los pagos y/o transferencias de dinero adicionales no puedan ser individualizados, el monto total resultante de estos pagos y/o transferencias adicionales se distribuirán prorrateando en función al valor FOB consignado en las declaraciones de importación numeradas en el periodo anual en el que se realizaron los pagos adicionales o en otro que determine la Administración Aduanera.
     La Administración Aduanera deberá optar por una de las reglas antes indicadas tomando el mayor valor determinado.
     iii. En los casos no previstos en los literales precedentes se aplicarán las siguientes reglas en forma sucesiva y excluyente:
     a) El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de valoración, registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes de pedido o de compra, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
     b) El valor será el precio de venta más alto en el mercado interno de una mercancía idéntica o similar.
     c) El valor será el determinado en base al costo o valor de las materias primas, materiales y costos de fabricación en el país de origen u otro país proveedor o, en su defecto, en el mercado interno, dentro del año anterior o posterior a la importación de la mercancía a valorar.
     c. Para el Delito de Tráfico de Mercancías Prohibidas o Restringidas en los supuestos establecidos en el literal a) del Artículo 16 de la Ley, en forma sucesiva y excluyente:
     i. Los valores determinados por la Administración Aduanera.
     ii. El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de valoración registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes de pedido o de compra, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
     d. Para todos los Delitos Aduaneros en los supuestos establecidos en el literal b) del Artículo 16 de la Ley, en forma sucesiva y excluyente:
     i. El valor será el valor de exportación más alto de una mercancía idéntica o, en su defecto, similar a la que es objeto de valoración, registrada en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP, listas de precios, proformas, órdenes de pedido o de venta, confirmaciones del valor por los consignatarios u otros organismos oficiales, compañías de seguros, Internet, entre otros, obtenidos mediante investigaciones efectuadas por la Administración Aduanera.
     ii. El valor será el más alto de una mercancía nacional o nacionalizada idéntica o similar comercializada en el mercado interno, al que debe agregarse los conceptos que normalmente incluye el valor FOB.
     iii. Los valores determinados por la Administración Aduanera.
     El valor de las mercancías se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y para efectos del literal a) del Artículo 16 de la Ley se considerará como base imponible el valor CIF, en caso que no se conozca el valor de los gastos de flete y seguros pagados por el traslado de las mercancías a nuestro país, se aplicará las tarifas de flete normalmente aplicables y la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro. Cuando no se conozcan las tarifas de fletes mencionadas, para su cálculo se aplicará el diez por ciento (10%) del valor determinado de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Artículo.
     Para lo establecido en el presente artículo, se considerarán:
     a) mercancías idénticas, a las que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial.
     b) mercancías similares, las que no siendo iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables.”
     Artículo 7.- Fecha de constatación
     La fecha de constatación de la comisión del delito o de la infracción administrativa a que se refieren los Artículos 15, 17 y 18 de la Ley, será la fecha de la formulación del Acta de Incautación correspondiente. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 7.- Fecha de constatación
     La fecha de constatación de la comisión del delito o de la infracción administrativa a que se refieren los Artículos 15, 17 y 18 de la Ley, será la fecha de la formulación del acta de inmovilización o del acta de incautación correspondiente.”
     Artículo 8.- Base imponible y tipo de cambio
     La base imponible será expresada en dólares de los Estados Unidos de América y se determinará conforme a las reglas señaladas en el presente Reglamento.
     El tipo de cambio será el de venta vigente a la fecha de la comisión del delito o de la infracción administrativa. En caso de no poder precisarse ésta, se considerará la fecha de su constatación. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 8.- Base imponible, tipo de cambio y perjuicio fiscal
     La base imponible será expresada en dólares de los Estados Unidos de América y se determinará conforme a las reglas señaladas en el presente Reglamento.
     El tipo de cambio será el de venta vigente a la fecha de la comisión del delito o de la infracción administrativa. En caso de no poder precisarse ésta, se considerará la fecha de su constatación.
     Para los casos en que el delito esté relacionado al acogimiento indebido al Régimen de Beneficio de Restitución de Derechos Arancelarios-Drawback el perjuicio fiscal será el beneficio restituido o intentado obtener.
     Cuando el delito no esté relacionado con el valor, tal como el caso de los derechos antidumping y beneficios liberatorios, el perjuicio fiscal será el monto dejado de pagar o beneficio acogido indebidamente.”
     Artículo 9.- Tributos y cancelación
     Para los fines a que se contrae el Artículo 18 de la Ley se aplicarán las alícuotas y los tributos o derechos antidumping o compensatorios que gravarían o sancionarían la importación de la mercancía que es objeto materia del Delito Aduanero o de la Infracción Administrativa. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago.
CAPÍTULO IV
PROCESO
     Artículo 10.- Acciones administrativas en el delito de Defraudación de Rentas de Aduana
     Para efecto de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 19 de la Ley, cuando la Administración Aduanera detecte indicios sustentados del delito previsto en los Artículos 4 y 5 de la Ley, detendrá el despacho de las mercancías, realizará las acciones administrativas correspondientes y el cálculo del posible perjuicio fiscal, de acuerdo a las reglas de determinación del valor establecidas en el Artículo 6 según corresponda. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 10.- Acciones Administrativas en los Delitos Aduaneros
     Cuando la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión del delito previstos en los Artículos 4, 5 y 8 de la Ley y de encontrarse las mercancías en un proceso de despacho aduanero, detendrá el mismo y conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley inmediatamente comunicará el hecho al Ministerio Público poniendo a disposición de éste las mercancías para su incautación fiscal, debiéndose elaborar posteriormente el Informe de Indicios de Delito Aduanero correspondiente.
     Cuando las mercancías no se encuentren sujetas a un proceso de despacho aduanero la Administración Aduanera elaborará el Informe de Indicios de Delito Aduanero y de haber tomado conocimiento de su ubicación lo comunicará al Ministerio Público para las acciones de su competencia.”
     Artículo 11.- Prueba pericial
     Los Informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios de la Administración Aduanera se sustentan en las acciones administrativas realizadas sobre la base de las facultades conferidas en la legislación aduanera y el Código Tributario y tienen valor probatorio de pericia de parte. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 11.- Pericia Institucional
     Los informes emitidos por los funcionarios de la Administración Aduanera se sustentan en las acciones administrativas realizadas sobre la base de las facultades conferidas en la legislación aduanera y el Código Tributario y tienen el valor probatorio de una pericia institucional.”
     Artículo 12.- Cobro del adeudo y aplicación de sanciones administrativas por delito de Defraudación de Rentas de Aduana
     Las penas por Delito de Defraudación de Rentas de Aduana se aplicarán sin perjuicio del cobro del adeudo o del monto de los beneficios tributarios percibidos indebidamente y de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.
CAPÍTULO V
ADJUDICACIÓN, DESTRUCCIÓN Y RECOMPENSA
     Artículo 13.- Destrucción de Mercancías
     La destrucción inmediata de las mercancías incautadas a que se refiere el Artículo 24 de la Ley, estará en función a la naturaleza y cantidad de las mismas, debiendo efectuarse en acto público con conocimiento del Fiscal o del Juez que conoce la causa.
     Tratándose de mercancías que requieren del informe del Sector correspondiente, éste deberá ser remitido, bajo responsabilidad a la Administración Aduanera en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente del requerimiento realizado por la Administración Aduanera. Vencido este plazo, sin que el Sector correspondiente remita el citado informe, la Administración Aduanera procederá a su destrucción.
     Artículo 14.- Adjudicación de Mercancías
     La Administración Aduanera adjudicará las mercancías a que se refiere el Artículo 25 de la Ley una vez dictado el auto apertorio de juzgamiento, dando cuenta al Fiscal y al Juez Penal que conoce la causa y al Contralor General de la República. (*)

(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 009-2005-EF, publicado el 26 Enero 2005, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 14.- Adjudicación de mercancías.
     La Administración Aduanera previa constatación de su estado por la autoridad competente podrá adjudicar en forma directa las mercancías a que se refiere el inciso a) del artículo 25 de la Ley a partir de la fecha de publicación del dispositivo legal que declare el estado de emergencia, urgencia o necesidad nacional.
     Asimismo, previa constatación de su estado por la autoridad competente podrá adjudicar en forma directa los alimentos y medicamentos de consumo y uso humano, así como los medicamentos de uso veterinario, detallados en los incisos b), c) y d) del artículo 25 de la Ley dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de efectuada la citada constatación.
     Tratándose de otras mercancías señaladas en el artículo 25 de la Ley, la adjudicación sólo se podrá efectuar una vez dictado el auto apertorio de instrucción.
     En estos casos la Administración Aduanera debe dar cuenta al Fiscal y al Juez Penal que conoce la causa, de corresponder, y al Contralor General de la República dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de recepcionada la mercancía por la entidad o institución beneficiada por la adjudicación.” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 14.- Adjudicación de Mercancías
     La adjudicación directa de las mercancías a que se refiere el inciso a) del artículo 25 de la Ley se efectúa a partir de la fecha de publicación del dispositivo legal que declare el estado de emergencia, urgencia o necesidad nacional.
     La adjudicación directa de las demás mercancías comprendidas en el artículo 25 de la Ley se efectuará a partir del día siguiente de haberse puesto en conocimiento del Fiscal el Informe de Indicios de Delito Aduanero.
     La Administración Aduanera debe dar cuenta de la adjudicación al Fiscal, al Juez Penal que conoce la causa, de corresponder, y al Contralor General de la República dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de recepcionada la mercancía por la entidad o institución beneficiada por la adjudicación.”
     La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas establecerá los procedimientos contables para el registro y control de los bienes incautados y adjudicados, así como de la disposición de los mismos.”
CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 078-2009-PCM (Decreto Supremo que aprueba normas reglamentarias para regular las acciones de conservación de los bienes que le
               son adjudicados a la Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo con la Ley Nº 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros)
     Artículo 15.- Constatación previa de la mercancía a adjudicar
     Para efectos de la aplicación del segundo párrafo del Artículo 25 de la Ley, la autoridad competente efectuará la constatación de la mercancía dentro del plazo perentorio de cinco (05) días de habérsele puesto en conocimiento; de encontrarse ésta en mal estado la Administración Aduanera procederá de conformidad a lo señalado en el Artículo 13.
     Artículo 16.- Adjudicación de naves y aeronaves
     Consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria la Administración Aduanera adjudicará a favor del Estado las naves y aeronaves, así como sus partes y piezas, debiendo comunicar el hecho al Juez Penal que conoció la causa, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la adjudicación.
     Artículo 17.- Denunciante
     El denunciante debe manifestar su voluntad de acogerse a la recompensa al momento de formular la denuncia. No tendrá la condición de denunciante ni podrá recibir recompensa, quien ha tenido la condición de autor o partícipe en el delito materia de denuncia.
     Artículo 18.- Monto de la Recompensa
     El monto de la recompensa ascenderá al 20% del valor de la mercancía objeto del delito, determinado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.
     Tratándose de los delitos tipificados en los literales b) y c) del Artículo 5 de la Ley, el monto de la recompensa ascenderá al 10% del monto indebidamente restituido o del monto dejado de pagar.
     En los casos de sentencias que amparen la terminación anticipada del proceso, se procederá a la distribución de los fondos obtenidos de conformidad con lo señalado en el Artículo 20 de la Ley.
     La recompensa para el denunciante será determinada en la sentencia condenatoria o en la sentencia que ampare la terminación anticipada del proceso, en cuyo mérito el denunciante podrá solicitarlo a la Dirección General del Tesoro Público.
CAPÍTULO VI
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
     Artículo 19.- Facultad sancionadora de la Administración Aduanera y valor de la Unidad Impositiva Tributaria
     La Administración Aduanera es la autoridad competente para determinar y sancionar la infracción administrativa.
     El valor de la Unidad Impositiva Tributaria aplicable a la infracción administrativa es el establecido al 1 de enero del año del ejercicio fiscal en que se cometió la infracción, de no poder precisarse ésta, a la fecha de su constatación.
     Artículo 20.- Incautación de mercancías por infracción administrativa
     De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley, cualquier otra autoridad que incaute mercancías, procederá a entregarlas a la Intendencia de Aduana más cercana al lugar donde se efectuó la incautación, bajo responsabilidad, en el plazo de tres (03) días hábiles contados a partir de la incautación.
     Artículo 21.- Disposición de Mercancías por infracción administrativa
     Las mercancías comisadas que constituyan objeto material de la infracción administrativa serán dispuestas por la Administración Aduanera, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Aduanas.
CAPÍTULO VII
SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS
     Artículo 22.- Internamiento del medio de transporte
     Los vehículos de las personas incursas en las sanciones señaladas en el Artículo 41 de la Ley, serán remitidos por la autoridad interviniente a los depósitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asimismo pondrá dicho acto en conocimiento del Intendente de Aduana de la jurisdicción, a efecto del procedimiento y registros aplicables. (*)
(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
     “Artículo 22.- Internamiento del medio de transporte
     Los vehículos de las personas incursas en las sanciones señaladas en el Artículo 41 de la Ley, serán remitidos por la autoridad policial o aduanera interviniente a los depósitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una vez emitida el Acta de Incautación; asimismo, la autoridad policial pondrá dicho acto en conocimiento del intendente de aduana de la jurisdicción, a efecto del procedimiento y registros aplicables."
     La Administración Aduanera en el momento de la intervención retendrá la licencia de conducir a las personas que transportan mercancías vinculadas a la infracción administrativa y la remitirá al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un plazo que no excederá de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en el que se realizó la retención, para la suspensión y registro de antecedentes a que se refiere el artículo 39 de la Ley.
CONCORDANCIA:     R. N° 315-2006-SUNAT-A, C5), 14 (Aprueban Procedimiento Específico Inmovilización - Incautación y Sanciones Aduaneras)
CAPÍTULO VIII
SANCIONES RESPECTO DEL ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
     Artículo 23.- Cierre definitivo de establecimiento
     La Administración Aduanera deberá comunicar al organismo competente para que proceda al cierre definitivo del establecimiento y la consiguiente cancelación de la licencia o autorización de funcionamiento, cuando se incumplan las obligaciones impuestas durante el cierre temporal.
“CAPITULO IX: ALLANAMIENTO DE INMUEBLES Y DESCERRAJE” (*)
(*) Capítulo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012.
     “Artículo 24.- Procedimiento Especial para la autorización de allanamiento de inmuebles y descerraje.
     Para la tramitación de las solicitudes de allanamiento de inmuebles y descerraje, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
     1) Cuando la Administración Aduanera detecte la existencia de indicios razonables de la comisión de delito aduanero, o de actos encaminados a dicho propósito, deberá emitir un informe que sustente la medida, señalando el lugar o lugares a intervenirse y el plazo estimado de ejecución, el cual será remitido al representante del Ministerio Público, adjuntando la documentación y/o medios probatorios correspondientes.
     2) El representante del Ministerio Público presentará una solicitud al Juez Penal en la que exponga las razones que sustentan la medida, teniendo como base la información presentada por la Administración Aduanera. Asimismo, podrá solicitar una audiencia a la que podrá asistir con un representante de la Administración Aduanera, a fin que fundamenten conjuntamente la solicitud. La audiencia será realizada dentro del plazo previsto en la Ley para resolver la solicitud.
     3) No serán exigibles a la Administración Aduanera o al representante del Ministerio Público las pruebas de difícil consecución o de los hechos ilícitos de notorio conocimiento, dichas circunstancias deberán ser invocadas en el informe y la solicitud.
     4) La resolución judicial indicará el nombre del representante del Ministerio Público autorizado; la finalidad específica del allanamiento y descerraje; las medidas que correspondan tales como incautación de bienes o documentos; designación o referencia del inmueble o inmuebles a allanarse y registrarse; el plazo máximo de duración de la diligencia; y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.
     5) En caso la solicitud sea rechazada, se podrá apelar dentro del día calendario siguiente de notificada la resolución denegatoria, debiendo el Juez elevar el recurso al superior jerárquico en un plazo igual. Asimismo, una vez recibido el recurso por el superior jerárquico este deberá emitir la resolución que corresponda en el plazo de un día calendario.
     6) En caso la resolución judicial no indique plazo determinado para la ejecución de la medida, ésta se realizará dentro del plazo máximo de quince (15) días calendario, luego de lo cual caducará la autorización. La ausencia, el cambio o la adulteración de la numeración del inmueble no impedirán el otorgamiento o ejecución de la medida en tanto su ubicación se encuentre corroborada en los medios de prueba presentados con la solicitud.
     7) Ejecutada la medida, el representante del Ministerio Público remitirá un informe documentado al Juez competente que la concedió en el plazo de tres (3) días hábiles. En caso, no se hubiese ejecutado la medida se expondrán las razones en el mismo plazo”. (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012.
     “Artículo 25.- Levantamiento del acta de incautación
     El representante del Ministerio Público dispondrá el levantamiento de las actas de incautación en el lugar allanado o en la sede de alguna de las instituciones intervinientes en cuyo caso adoptará los mecanismos de seguridad que permitan un exacto inventario de las mercancías incautadas. Esta acta será firmada por los funcionarios intervinientes en la acción operativa.
     El Fiscal dispondrá que la custodia de las mercancías esté a cargo de la Administración Aduanera conforme al Artículo 13 de la Ley.” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 164-2012-EF, publicado el 29 agosto 2012.
DISPOSICIONES FINALES
     Primera.- Si de la investigación realizada por el Ministerio Público se concluye la no existencia de delito, corresponde a la Administración Aduanera la devolución de la mercancía previa verificación si se trata de mercancía nacional o si fue nacionalizada cumpliendo con las formalidades legales y el pago de los tributos.
     Segunda.- Para la mejor aplicación y control de las sanciones establecidas en los Artículos 3, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley, la Administración Aduanera llevará un Registro denominado “Sanciones: Ley Nº 28008”, el mismo que estará a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.
     Tercera.- La Administración Aduanera, con una anticipación no menor de 10 días hábiles a la fecha prevista para la adjudicación o para la destrucción de las mercancías, deberá poner en conocimiento de la Dirección General del Tesoro Público el monto que sea necesario para el pago indicado en el Artículo 27 de la Ley o el monto que corresponda al denunciante de acuerdo al Artículo 31 de la Ley, a fin que dicha Dirección General adopte las previsiones que correspondan y dicte las directivas que resulten necesarias.
     Cuarta.- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deberán establecer los canales de coordinación y el procedimiento necesario para la participación de las Fuerzas Armadas cuando así lo requiera la naturaleza de la acción o la zona donde ésta se debe realizar.
     Quinta.- La Administración Aduanera dictará las normas que resulten necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento.

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