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ACTUACIÓN PROBATORIA

ACTUACIÓN PROBATORIA (4)

LECTURA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL RECOGIDA EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SIN NOTIFICACIÓN DEL ABOGADO DEL IMPUTADO ES IMPROCEDENTE

LECTURA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL RECOGIDA EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SIN NOTIFICACIÓN DEL ABOGADO DEL IMPUTADO ES IMPROCEDENTE

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACIÓN - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : Nº 00599-2010-88-1301-JR-PE-03
RELATORA : LÓPEZ RAMÍREZ, YESENIA M.
IMPUTADO : TABOADA TOLENTINO, CARLOS ANTONIO
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : CHAVESTA ALARCÓN, JOSÉ MANUEL
RESOLUCIÓN Nº 19
Huacho, 3 de mayo del dos mil once
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA I.- MATERIA:
Resolver la apelación a la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010 en la que se falla ABSOLVIENDO a CARLOS ANTONIO TABOADA TOLENTINO por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de José Manuel Chavesta Alarcón; disponiéndose el archivamiento defi nitivo de los actuados y la anulación de los antecedentes generados con motivo del presente proceso, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente resolución.- Sin costas.
II.- INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:
La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por el Juez Superior ponente y Presidente de Sala, Raúl Reyes Alvarado, y los Jueces Superiores Mercedes Caballero García y Néstor Riveros Jurado.
Asimismo, se hizo presente por el Ministerio Público la Fiscal Superior Adjunta: Rosa Zapata León, con domicilio procesal en Av. Grau 27 - Huacho.
Por la defensa del imputado, se hizo presente el abogado Constantino Pariona Villaverde, con registro del CAS y con domicilio procesal en Grau 236 - Huacho.
III.- ANTECEDENTES:
El juez del Juzgado Penal Colegiado de Huaura dicta sentencia absolutoria a favor de Carlos Antonio Taboada Tolentino, por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de José Manuel Chavesta Alarcón; disponiéndose el archivamiento defi nitivo de los actuados y la anulación de los antecedentes generados con motivo del presente proceso, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente resolución.
La sentencia antes descrita fue impugnada por el Ministerio Público, quien en su escrito señala que el colegiado no ha hecho un debido análisis valorativo de las pruebas aportadas y que si bien el agraviado Chavesta Alarcón no concurrió al juicio oral, sin embargo, con los medios probatorios introducidos en el juicio resultaba más que sufi ciente para condenar al acusado Carlos Antonio Taboada Tolentino, concluyendo que se dicte una sentencia condenatoria con doce años de pena privativa de libertad y una reparación civil de S/. 1,700.00 nuevos soles.
Mediante Resolución Número 12, de fecha 5 de enero de 2011, el juez concede el recurso de apelación. Mediante Resolución Número 13, de fecha 18 de enero de 2011, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales. Mediante Resolución Número 14, de fecha 8 de marzo, se concede el plazo de 5 días para que las partes ofrezcan medios probatorios, y mediante Resolución Número 15, de fecha 29 de marzo de 2011, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 3 de mayo del mismo año.
En la audiencia de apelación el Ministerio Público ha sostenido que su pretensión impugnatoria es la revocatoria de la absolución y solicita la condena imponiéndole doce años de pena privativa de libertad más el pago de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil.
Por su parte, la defensa considera que en este caso la sentencia debe ser confi rmada, ya que no han sido convencidos los jueces respecto a la responsabilidad de su patrocinado.
Finalmente, el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, notifi cándose la sentencia integral en sus domicilios procesales.
IV.- RAZONAMIENTO:
Hecho materia de imputación:
Los hechos imputados por el Señor Fiscal en su exposición de alegato inicial está referida a los hechos ocurridos con fecha 15 de marzo de 2010 a las 23:50 horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado José Manuel Chavesta Alarcón salía de un local de internet en dirección a su domicilio, por la cuadra ocho de la avenida Francisco Vidal Supe Pueblo, quien observa que en dirección contraria se acercan cuatro sujetos y al cruzarse con ellos, el menor, ahora identifi cado como Junior Vega Nieto, lo coge del cuello, golpea en el rostro y tumba al suelo, circunstancias en que los otros tres sujetos –entre ellos el acusado– sujetan al agraviado de las piernas, amenazándolo con un cuchillo, rebuscándole el bolsillo del pantalón, logrando sustraerle de su bolsillo izquierdo un celular Motorola color rojo y negro; cuando le rebuscaban el otro bolsillo donde se encontraba su cámara fotográfi ca Sony, se acerca un patrullero al lugar, por lo que los autores del hecho emprenden la huida, no obstante lo cual la policía logra apresar a dos de ellos: al acusado Taboada Tolentino y el menor Vega Nieto, dándose a la fuga los otros dos.
La tipifi cación penal. El Ministerio Público encuadra los hechos materia del anterior relato fáctico en el artículo 188 del Código Penal –tipo base–, concordante con el artículo 189 numerales 2, 3 y 4, por lo que solicita una pena de 12 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de S/. 1,700.00 nuevos soles, que comprende S/. 500.00 nuevos soles por concepto de indemnización y S/. 1,200.00 nuevos soles como valor del bien sustraído.
Después de haberse realizado el juicio oral los jueces de juzgamiento absolvieron al acusado básicamente por insufi ciencia de pruebas.
Análisis, valoración y respuesta a las pretensiones de los apelantes:
4. Durante el desarrollo de la actividad probatoria del juicio oral de segunda instancia se ha admitido como prueba la declaración del agraviado Chavesta Alarcón y la declaración de los testigos efectivos policiales Aquije Escate y Padilla Morales; habiéndose actuado la declaración de estos dos últimos testigos quienes son los que detuvieron al encausado.
5. El testigo Padilla Morales refi ere que en la fecha y hora en que ocurrió el hecho, a 80 metros aproximadamente, divisaron un tumulto –no señala que se estaba produciendo un robo–, observando que se estaba maniatando a una persona y al llegar al lugar se dan cuenta que hay una persona que dice haber sido víctima de robo de un celular, los que participaron se dieron a la fuga, doblaron por una esquina que se encuentra a 30 metros, fueron en su búsqueda juntamente con el agraviado que fue subido al vehículo policial, de ahí aproximadamente a 80 metros divisan a dos personas que estaban retornando por donde ellos estaban yendo y es donde el agraviado los sindica y detienen al imputado.
6. Por su parte, el efectivo policial Demetrio Aquije refi ere que divisaron el tumulto a 40 metros –no a 80 metros como dice el primer testigo–, llegan al lugar, recogen al agraviado y a 20 metros detienen al imputado. Esta versión es contradictoria a lo referido por el primer testigo.
7. No se ha recibido la declaración del agraviado por cuanto no ha concurrido a la audiencia, habiendo pedido la Fiscalía se dé lectura a su declaración prestada a nivel de investigación, puesto que se encontraría en el interior del país y estudiaría en Brasil, habiéndose denegado dicha petición porque no se ha garantizado el derecho al contradictorio cuando se recepcionó su testimonio en la etapa de investigación preparatoria, al no haber sido notifi cado el abogado del imputado para dicho fi n, por tanto, no se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 383.d del Código Procesal Penal.
8. En atención a lo anteriormente descrito, no es posible en base a los testimonios de dos efectivos policiales que se contradicen entre sí, condenar al imputado, máxime cuando los mismos testigos han dicho que la detención se ha producido en mérito a la sindicación que realizó el agraviado y no en mérito a una detención en fl agrancia, por tanto, debe declararse infundada la apelación formulada por el Ministerio Público.
Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación
9. El artículo 504.2 del Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, sin embargo, conforme al artículo 499.1 del código acotado, el Ministerio Público se encuentra exonerado del pago, por lo que así debe declararse.
Sobre lectura integral de la sentencia escrita:
10. El artículo 425.4 del CPP establece que la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Pues bien, en el presente caso se ha cumplido con este dispositivo debido a que en la misma fecha que se realizó la audiencia, después de deliberar, inmediatamente se hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión. Por tanto, el contenido integral de la sentencia escrita debe notifi carse a los domicilios procesales de las partes, a fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 425.6 del código acotado, que prescribe la notifi cación de la sentencia de segunda instancia.
11. Consideramos que la interpretación acorde con la oralidad para la aplicación del sistema acusatorio vigente en nuestro país es que cuando la norma procesal antes indicada se refi ere a que la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública, estimamos que dicho pronunciamiento se cumple al hacer conocer los argumentos y la decisión oralmente a los justiciables presentes y público concurrente. En caso contrario, cuando el tribunal no hace conocer oralmente las razones, argumentos o fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia, entonces, se encuentra obligado a señalar fecha y hora para una próxima sesión pública para dar lectura integral a la sentencia escrita. Cuando se hace conocer oralmente en acto público en resumen los argumentos y la decisión, la sentencia integral escrita solamente debe notifi carse a las partes procesales, careciendo de objeto dar lectura a la sentencia escrita posteriormente porque bastará su notifi cación a los domicilios procesales, puesto que además la sentencia ya fue dictada oralmente con anterioridad.
12. Consideramos un error y una práctica negativa para la efi cacia y efi ciencia del sistema acusatorio, que con anterioridad –pese a que se hacía conocer oralmente los argumentos, fundamentos o razones y la decisión de la sentencia de segunda instancia–, el Tribunal Superior decidía fi jar fecha y hora para posteriormente dar lectura a la sentencia escrita, lo cual signifi caba innecesariamente ocupar salas de audiencias, Jueces y asistentes de audiencias, que muy bien pueden servir para la realización de audiencias con debate. El plazo que se fi jaba para leer la sentencia escrita era no mayor de diez días. En la mayoría de estos casos las partes procesales no se hacían presentes a dicho acto porque ya conocían los fundamentos y la decisión respectiva que se les hizo conocer oralmente; y, los Jueces con el asistente de audiencias, sin asistencia de las partes ni público, tenían que leer sentencias escritas que dependiendo de la cantidad de hojas de papel podían llegar en algunos casos a ocupar más de una hora, tiempo, hombre y logística, que muy bien puede ser aprovechado para realizar otras audiencias o labores administrativas o jurisdiccionales.
13. El artículo 425.1 del CPP establece que el plazo para dictar sentencia de segunda instancia no podrá exceder de 10 días. En ninguna parte del contenido de la norma indicada dice que se debe dar lectura a la sentencia escrita en el plazo de 10 días. Por tanto, el plazo para notifi car la sentencia integral escrita de la misma será de (10) diez conforme a la norma antes descrita.
14. Finalmente, consideramos que la publicidad de las resoluciones judiciales es relevante para que los ciudadanos ejerzan el control respectivo; asimismo, para que exista transparencia en las decisiones judiciales, la presente sentencia será publicada en la siguiente dirección de Internet: www.jurisprudenciahuaura.blogspot.com, a la que pueden acceder sin límite alguno la opinión pública local, nacional e internacional. V.- DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Raúl Reyes Alvarado, RESUELVE:
01. Por unanimidad: Declararon INFUNDADO el recurso de apelación formulado por Ministerio Público.
02. Por unanimidad: CONFIRMAR en todos sus extremos la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010 en la que se falla ABSOLVIENDO a CARLOS ANTONIO TABOADA TOLENTINO, por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de José Manuel Chavesta Alarcón; disponiéndose el archivamiento defi nitivo de los actuados y la anulación de los antecedentes generados con motivo del presente proceso, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente resolución.- Sin costas.
03. Por unanimidad: EXONERAR el pago de las costas del recurso a la parte recurrente, Ministerio Público.
SS. REYES ALVARADO / CABALLERO GARCÍA / RIVEROS JURADO
VOTO DISCORDANTE –EN UN EXTREMO– DE LA MAGISTRADA CABALLERO GARCÍA
Que, si bien estoy de acuerdo con los fundamentos de la sentencia, discrepo en lo acordado por mayoría sobre notifi cación de la sentencia a los domicilios procesales de los concurrentes por lo siguiente:
0.1. Que, es de precisar que el artículo 396.2 del CPP señala: “Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días”; es decir, la apropia norma indica que en este acto se debe anunciar oralmente “la decisión o sentido del fallo” a las partes y el día y la hora para la lectura integral que debe efectuarse en un máximo de 8 días, por tanto, no se está facultando al juez a que pueda de ofi cio notifi car a las partes en su domicilio procesal.
0.2. Bajo este modelo procesal penal el principio de oralidad es fundamental, aun en la lectura de la sentencia. En el Derecho Comparado por ejemplo tenemos que el Código Procesal Penal chileno(64) en su artículo 339 precisa que la deliberación se efectuará inmediatamente después de clausurado el debate y la decisión, concluido el debate privado, deberá hacerse de conocimiento de las partes y el artículo 344 señala el plazo para la redacción de la sentencia y que se debe fi jar la fecha para la audiencia de lectura de sentencia; el Código de Procedimiento Penal de Colombia(65) también en el artículo 445 señala que clausurado el debate se anunciará el sentido del fallo, y el artículo 446 incluso precisa: “El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior”, y el artículo 447 indica que: “escuchado los intervinientes (el sentido del fallo) el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia” (La frase el sentido de fallo es nuestra).
0.3. En este orden de ideas, el artículo 395 titulado “redacción de la sentencia”, señala: “Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el juez o director de debates según el caso”; el artículo 396.3 del CPP precisa: “La sentencia quedará notifi cada con su lectura integral en audiencia pública. Las partes inmediatamente recibirán copia de ella”; es decir, la propia norma nos está precisando que la sentencia quedará notifi cada con su lectura integral y precisamente de dicho acto procesal es que se computa el tiempo para interponer recurso impugnatorio de ser el caso, y existe la obligación de en ese acto entregar copia de la sentencia a los concurrentes, porque así como exige la norma quiénes deben concurrir al juicio también solo se entregará copia de la sentencia a los concurrentes, es decir, que si no concurren a tal acto no se les entrega copia de la sentencia, sin perjuicio de que lo puedan solicitar; al único a quien si no concurre hay la obligación de notifi car la sentencia es al acusado, conforme lo dispone el artículo 401.2 del CPP, para quienes el plazo corre desde el día siguiente de la notifi cación en su domicilio procesal. Debe tenerse presente además que el artículo 424.1 del CPP señala: “En la audiencia de apelación se observará en cuanto sea aplicable las normas relativas al juicio oral de primera instancia”, por tanto, hay norma expresa para señalar día y hora de lectura de sentencia en segunda instancia.
0.4. Que, se sustenta lo resuelto en mayoría en el sentido que al no efectuarse la audiencia de lectura de sentencia, se está ahorrando espacio, tiempo y menos audiencias, cuando precisamente este modelo exige que todo se efectúe en audiencia para garantizar los principios de concentración, continuidad y publicidad, y es precisamente la lectura integral efectuada públicamente la que garantiza la transparencia de nuestros actos; si lo que se ha resuelto se hace sobre la base de realizar menos audiencias y ahorrar tiempo, tampoco se justifi ca, por cuanto ello implicará que recién al día siguiente de la notifi cación de la sentencia, se empiece a contar el plazo para interponer recurso impugnatorio; asimismo, si se notifi ca al domicilio procesal, muchas veces el sentenciado no tiene conocimiento del contenido de la sentencia porque le fue entregado al abogado defensor; todo ello aunado a que la Central de Notifi caciones ya está recargada con su labor, incrementándose la misma con el hecho de tener que notifi car las sentencias penales, entonces, no se justifi ca la hipótesis de ahorro de tiempo y audiencias, es más la práctica permite incluso determinar que muchas veces no se puede cumplir con notifi car porque los domicilios no son exactos o no existen, ¿no implica mayor transparencia que se lea la sentencia públicamente?, y ante quienes concurran, y si no concurre ningún justiciable es porque no tienen interés en la sentencia, pero ello en modo alguno implica no dar cumplimiento a la norma procesal.
0.5. Que, asimismo, se ha dispuesto que la presente sentencia sea publicada en el blog del Juez Superior Reyes Alvarado, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, ello porque este es un colegiado cuyas decisiones deben ser publicadas de ser el caso en un blog ofi cial de esta Corte Superior y no en uno personal.
Por estas consideraciones, MI VOTO en este extremo es porque se señale día y hora para la lectura integral de la sentencia y no se publique la presente sentencia en el blog personal del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, sino en un blog ofi cial de esta Corte Superior de Justicia.
S. CABALLERO GARCÍA

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EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR LA ACTUACIÓN DE PRUEBA DE OFICIO CUYA NECESIDAD FLUYA DEL DEBATE PROBATORIO

EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR LA ACTUACIÓN DE PRUEBA DE OFICIO CUYA NECESIDAD FLUYA DEL DEBATE PROBATORIO
EXPEDIENTE : Nº 01341-2009-8-1308-JR-PE-01 RELATORA : RAMÍREZ PINTADO, PEGGY C.
MINISTERIO PÚBLICO : 1° DESP. DE DECIS. TEMPR. DE HUAURA - CASO N° 1296-2009
IMPUTADO : ALEJOS VALDERRAMA, HEBER ROSENDO
DELITO : LESIONES LEVES
AGRAVIADA : TORRES MENDOZA, ROSA MARÍA FELICITA
RESOLUCIÓN Nº 10
Huacho, 24 de marzo del dos mil once
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA I.- VISTOS Y OÍDOS:
En audiencia pública y oral realizada por los miembros integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Jueces Superiores doctores Víctor Reyes Alvarado (Presidente), Johnny López Velásquez (Director de Debates) y Juana Mercedes Caballero García.
II.- ANTECEDENTES:
1. Hechos fácticos atribuidos por el Fiscal:
Se le incrimina al acusado el haber agredido a Rosa María Felicita Torres Mendoza el día 30 de mayo de 2009, aproximadamente a horas 19.30 p.m., cuando transitaban por el Estadio Aranda Torres, en el distrito de Hualmay, cogiéndola por detrás y golpeándole los brazos, haciendo que se caiga al piso, arrastrándola de la mano por el pavimento, causándole lesiones a la altura del tórax, brazo derecho y tobillo derecho tal como se advierte del Certifi cado Médico Legal.
2. Viene a este órgano superior la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez, en la que se falla CONDENANDO a HEBER ROSENDO ALEJOS VALDERRAMA como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Rosa María Felicita Torres Mendoza; IMPONIÉNDOSELE UN AÑO Y SEIS MESES de pena privativa de libertad, con el carácter de suspendida por el periodo de un año, bajo reglas de conducta, y se fi ja la suma de SETECIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil, que el sentenciado deberá pagar a la agraviada en la forma legal correspondiente, con costas del proceso.
3. Que, la defensa del apelante sostiene que, en la tramitación del expediente se habrían ocultado documentos importantes, ya que únicamente se ha tomado como referencia un certifi cado médico legal, luego de haber transcurrido ocho días de los presuntos hechos que se le incrimina a su patrocinado, donde se ha determinado una incapacidad de 5 x 12 días; siendo que la propia agraviada al deponer en el juicio de primera instancia señaló que luego de ocurrido el hecho recién dos a tres días después acudió al médico, pero para denunciar un hecho distinto, esto es, de agresión de tipo sexual; y que de las indagaciones efectuadas por su persona se ha llegado a determinar de que la misma agraviada presentaba, por los mismos hechos, otro certifi cado médico legal practicado a los dos días, esto es el 1 de junio del 2009, donde se le diagnóstico una incapacidad menor; por otro lado, han existido contradicciones en los testigos de cargo, quienes afi rmaron haber visto discutir a la pareja pero sin agresiones de por medio y otros que sí lo señalaron; sin embargo, el juez no ha determinado por qué le cree a uno y no al otro.
4.- Por su parte, la representante del Ministerio Público sostiene que la recurrida se encuentra arreglada a derecho y debe CONFIRMARSE ya que se han acreditado las lesiones conferidas por el acusado en contra de la agraviada.
5.- Que, de igual manera se recibieron en segunda instancia, la declaración del acusado que hace alusión de que estuvo presente en el interior de la cevichería a solicitud de la propia víctima, de quien le había solicitado le invitara una cerveza; y que esta le llamara a su señora madre, quien le empezó a golpear, por lo que se refugió en los servicios higiénicos hasta que llegara la policía; habiéndose actuado igualmente las declaraciones testimoniales de Florencio Reino Benavente Resurrección, quien sostiene haberlo visto ingresar al imputado al interior de la cevichería en compañía de una dama; y la versión dada por el testigo Roberto Alex Barrenechea Quin, quien sostuvo haber visto a la pareja caminar juntos sin discutir como a las 19.00 horas de la noche, habiendo señalado que el local se encontraba cerca al estadio Aranda Torres de Huacho. Finalmente se oralizaron los certifi cados médicos legales N°s 3072 y 3073, practicados el 1 de junio de 2009; con el cual se demuestra que la agraviada pasó reconocimiento médico dos días después, sin embargo, ello no fue presentado como evidencia por el Ministerio Público, sino que se presentó aquel practicado después de OCHO DÍAS.
III.- FUNDAMENTO JURÍDICO PROCESAL DEL COLEGIADO SUPERIOR:
3.1. Que, si bien es cierto existen las evidencias de que la agraviada presenta lesiones en diferentes partes del cuerpo, no se han acreditado de que estas hayan sido efectuadas por el acusado; ya que solo existe el dicho de la presunta víctima, más allá que ha quedado en evidencia por más de un testigo presencial, los mismos que fueron examinados en el juicio de primera instancia, que entre ambos existió una especie de forcejeo y discusiones en la vía pública, lo que determinó que la víctima entrara fi nalmente a una cevichería denominada “Clase A”, a pedir presumiblemente ayuda ante el acoso evidente de que esta era víctima por parte del acusado; sin embargo, aquí surge una primera controversia, en el sentido de que la testigo Karla Fabiola Tena Jara –aquella que los atendió en el interior de la cevichería– sostuviera ante el a quo que, tanto el acusado como la agraviada entraron al local y a quien le pidieron una cerveza y que de la conversación entre estos se podía establecer que existía un acoso evidente de él hacia ella; pero esta versión difi ere de lo dicho por la otra trabajadora del local doña Noemí Elizabeth Blas Moreno, también recibida ante el a quo, quien refi riera que la agraviada ingresó a la cevichería pidiendo ayuda y estaba nerviosa, despeinada y desesperada, quien quiso sacar a la fuerza a la muchacha de la barra del bar, logrando apreciar que la jaloneaba en todo momento, lo que evidencia dos hechos narrados de distinta manera, lo cual no puede determinar la convicción sufi ciente en el juzgador para condenar a alguien.
3.2. Que, por otro lado, no se ha practicado a lo largo del Juicio declaraciones de Testigos de cargo que hayan presenciado algún tipo de agresiones efectuadas aparentemente en horas de la noche del día sábado 30 de mayo de 2009 por parte del acusado, aunado al hecho de que ante esta instancia depusieron dos testigos de descargo que tampoco lo han referido.
3.3. Que, en este caso particular se puede afi rmar más allá de toda duda razonable de que ambas personas estuvieron discutiendo y forcejeando antes de entrar al interior de la cevichería; ya que todos los testigos cuya actuación ha sido practicada en primera instancia NO HA VISTO agresiones efectuadas por el acusado contra la agraviada; solo discusiones y jaloneadas, que NO RESULTARÍAN PROPORCIONAL a priori con las lesiones descritas en el certifi cado médico legal admitida y valorada por el a quo, esto es el certifi cado médico legal 3196 del 7 de junio de 2009; después de ocho días de acaecidos los hechos; donde se determinan unas lesiones de 3 por doce días de incapacidad médico legal.
3.4. Que, sin embargo la defensa viene cuestionando de que la propia víctima había argumentado en el juicio de primera instancia de que esta pasó Reconocimiento Médico Legal dos días después, lo cual en este acto la defensa técnica ha demostrado ser verdad, ya que al momento de su oralización se ha probado su existencia a través de dos transcripciones, donde aparecen que la agraviada se sometió a dos verifi caciones médicas el día 1 de junio de 2009, esto es un día después de los hechos, donde se consigna que ambos reconocimientos son por agresión sexual, teniendo el signado con el número certifi cado médico legal 3072-LS, que da resultado NEGATIVO, por no haberse sometido esta al examen respectivo de indemnidad sexual; y, el otro el certifi cado médico legal 3073-L, donde en la data se consigna que la agresión sexual fue realizada por un vecino de fecha 30 de mayo de 2009 a horas 19.30 horas; habiéndose determinado una atención facultativa de dos por siete, lo cual dentro de nuestro ordenamiento penal no constituye DELITO, SINO FALTA contra la persona; artículo 441 del Código Penal.
3.5. Que, otro referente en el cuestionamiento de la recurrida, es lo relacionado a la conducta que habría tenido el médico legista Jorge Albinez Pérez dentro de la etapa de investigación fi scal habiéndose advertido lo siguiente:
3.5.1. Que, durante el desarrollo del Juicio Oral no solo se recibió la declaración del acotado médico legista, sino también se examinó al perito de parte, el doctor Hernán Montes Mendieta, quien había argumentado que las lesiones que presenta la agraviada constituían falta y que además cuestionaba el hecho de la lesión del tobillo, determinado por el perito ofi cial de que este lo haya diagnosticado, que el esguince que la agraviada presentaba era de naturaleza leve moderado, por lo que requería una incapacidad mayor de diez días.
3.5.2. Sin embargo, al haber afi rmado el Dr. Jorge Albinez Pérez durante su examen en el Juicio Oral de que “la valoración del esguince es de libre opinión del perito, ya que no se encuentra regulado por el Instituto de Medicina Legal”, habiendo sido parte del cuestionamiento por parte del perito de parte de que para poder determinar una lesión se necesitaba mínimamente de una RADIOGRAFÍA; sin embargo y pese ante evidente contradicción el aquo le otorga valor probatorio al Certifi cado Médico Legal N° 3196 practicado después de ocho días.
3.5.3. Lo que en todo caso debió haberse propuesto es que se practique como PRUEBA NECESARIA, un DEBATE PERICIAL entre estos dos especialistas, ya que existían dos versiones distintas; justifi cando el a quo su decisión de no haberlo efectuado en el sentido de haber afi rmado en el fundamento VI) que siendo contradictorias ambas pericias, debió ofrecerse un debate pericial, sin embargo no fue ofrecida en su oportunidad cuando el juzgador preguntó a las partes si existía prueba nueva que ofrecer.
3.5.4. Esto constituye una falsa percepción o desconocimiento de la normatividad procesal vigente, ya que antes del término de la actividad probatoria, la judicatura debió en caso proponer de Ofi cio –en el caso de que las partes no lo hubiesen hecho–, se actúe un debate pericial como PRUEBA NECESARIA (artículo 385 del NCPP); ya que ello surgió como consecuencia del debate pericial, lo cual de haberse dado se pudo haber determinado si la lesión más grave como sería el esguince en el tobillo, ameritaba a priori un diagnóstico sin radiografía previa y si la atención médica superaría o no los diez días.
3.6. Todo ello nos conlleva a determinar más allá, de toda duda razonable, que las lesiones cuestionadas si bien existen y están debidamente acreditadas en un Certifi cado Médico Legal, pero existen una serie de contradicciones que merecieron ser ACLARADAS del todo; ya que no se ha llegado a explicar cómo que al momento en que se practica el certifi cado médico legal ofi cial 3196 a la agraviada, el Instituto de Medicina Legal no haya podido detectar en su sistema de cómputo que esta ya había sido examinada por los mismos hechos; desconociéndose si el Certifi cado Médico Legal Nº 3196 se trataba de un Post Fáctico o de un nuevo reconocimiento de fecha distinta al acaecido al día 30 de mayo de 2009; lo cual conlleva a la DUDA RAZONABLE en cuanto a la responsabilidad penal del acusado.
3.7. Que, si bien es cierto como se vuelve a señalar de que no existe versión alguna de testigos que aseveren haber visto que el acusado agrediera físicamente a la agraviada; más allá de haberse apreciado discusiones o jaloneadas y estando a que los dos testigos examinados durante la presente audiencia, hayan sostenido no haber apreciado nada; sin embargo, lo cierto es que de lo actuado se ha podido demostrar de que existe una fi jación anormal por parte del acusado con respecto a la agraviada, lo que conllevara a que esta llamara a su señora madre, y motivara su presencia en el interior del Restaurante; ya que de las declaraciones vertidas a lo largo de este proceso se puede delimitar que estamos ante un cuadro de acoso, tal como se aprecia de las declaraciones de las dos trabajadoras de la cevichería, que fueron examinadas en juicio de primera instancia; y también por lo señalado por la propia víctima y por su señora madre durante el juicio de primera instancia; quedando a criterio de la parte agraviada de que pueda solicitar las garantías personales a favor de su persona si lo estima necesario.
3.8. Que, sobre la existencia de dos certifi cados médicos legales disímiles, donde en un primer momento se aprecia que el mismo médico legista determina un día después de ocurrido el incidente arroje una incapacidad médica legal de 2 x 7; para después de ocho días, por los mismos hechos se determina un nuevo Certifi cado Médico Legal donde se establece una incapacidad médica legal de 3 x 12; lo que a priori se puede establecer de la existencia de indicios de la comisión del delito de OCULTAMIENTO de información a través de dos pericias con resultados diferentes practicadas sobre hechos acaecidos el mismo día; para ello se deberán REMITIR COPIAS CERTIFICADAS al Ministerio Público a fi n de que procedan conforme sus atribuciones.
IV.- PAGO DE COSTAS:
Habiendo sido amparado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, debe ser exonerado de las costas del recurso. Puesto que conforme al artículo 504.2 del CPP, estas deben ser pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Que no es el caso.
V.- PARTE RESOLUTIVA
Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, por UNANIMIDAD con la ponencia del Juez Superior Johnny Alexander López Velásquez, RESUELVE:
01. REVOCAR: la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez en la que se falla CONDENANDO a HEBER ROSENDO ALEJOS VALDERRAMA como autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Leves, en agravio de Rosa María Felicita Torres Mendoza; IMPONIÉNDOSELE UN AÑO Y SEIS MESES de pena privativa de libertad,
con el carácter de suspendida por el periodo de un año, bajo reglas de conducta, se fi ja la suma de SETECIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil, que el sentenciado deberá pagar a la agraviada en la forma legal correspondiente, con costas del proceso.
02. REFORMÁNDOLA se le ABSUELVE al imputado HEBER ROSENDO ALEJOS VALDE-
RRAMA de los cargos formulados en su contra; anulándose los antecedentes generados sobre el particular una vez que quede consentida.
03. REMITIR COPIAS CERTIFICADAS a la Fiscalía de Control Interno de la ciudad de Lima a fi n de que se investigue la conducta del perito JORGE ALBINEZ PÉREZ, en atención a los argumentos señalados en el punto 3.8 del principal.
04. DEJAR a salvo el derecho de la parte agraviada de solicitar las garantías personales contra el ahora absuelto en virtud de los argumentos señalados en el punto 3.7 del principal.
05. EXONERAMOS: Del pago de las costas al apelante conforme al fundamento IV) de la presente resolución.
06. DISPONEMOS: Que, la presente sentencia de segunda instancia quede notifi cada con su lectura integral en audiencia pública, con las partes procesales que concurran, el día JUEVES, SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE, A HORAS CUATRO DE LA TARDE, a quienes se les entregará en este acto copia de la misma, conforme así lo dispone el artículo 396.3 del Código Procesal Penal; en caso de no concurrir la parte imputada o su defensa técnica, deberá notifi cársele en su domicilio procesal
SS. REYES ALVARADO / LÓPEZ VELÁSQUEZ / CABALLERO GARCÍA
VOTO SINGULAR DEL JUEZ SUPERIOR REYES ALVARADO
Que, me encuentro de acuerdo con la decisión de la ponencia para absolver al acusado, pero los fundamentos para absolver son distintos, los cuales son los siguientes:
01. En la audiencia de apelación el abogado defensor del acusado ha demostrado con prueba nueva que la agraviada Rosa María Torres Mendoza tiene registrado dos certifi cados médicos legales suscritos y expedidos por el médico legista Albines Pérez, uno de ellos el Certifi cado Médico Legal N° 003073L, tiene como fecha de expedición: 1 de junio del año 2009 y como data: se indica: “refi ere agresión sexual por vecino el 30 de mayo de 2009, a las 19.30 horas”. Al examen médico presenta: Tórax: En región de la cintura escapular izquierda escoriaciones ungueales rojizas y en mama derecha cuadrante superinterno equimosis rojizas tenues. Conclusiones: ocasionadas por agente contundente duro y uña humana, atención facultativa 02 e incapacidad médico legal 07. El otro CML es el Nº 0031-96-L, fecha de expedición: 07/06/2009, data: refi ere agresión sexual por vecino el 30 de mayo de 2009 a las 19:30 horas, al examen médico presenta. “Tórax en región de la cintura escapular izquierda escoriaciones ungueales costrosas y en mama derecha cuadrante superinterno equimosis verde amarillentas digitiformes. Brazo izquierdo: en cara externa del tercio medio equimosis verde amarillenta, tobillo derecho: discreta tumefacción con limitación funcional. Conclusiones: ocasionadas por violencia externa, atención facultativa: 03 e incapacidad médico legal: 12.
02. De lo anteriormente descrito se advierte que existe un acto irregular, puesto que existen dos certifi cados médicos legales practicados a la misma persona por un mismo hecho. Lo que resulta incorrecto, siendo que ha sido el mismo médico legista Jorge Albinez Pérez quien atendió a la agraviada el día 1 de junio de 2009 (después de dos días de ocurrido el hecho que se produjo el 30 de mayo a horas 19:30). Siendo atendida la agraviada nuevamente por el mismo hecho y por el mismo médico legista el día 7 de junio de
2009. Existiendo dos certifi cados médicos legales que por un mismo hecho se concluye indistintamente.
03. Existiendo dos certifi cados médicos legales, el suscrito da credibilidad al resultado del primer certifi cado que fue expedido con fecha 1 de junio de 2009, que concluye: 02 días de atención facultativa por 07 días de incapacidad médico legal, porque la agraviada fue examinada a los dos días de ocurrido el hecho, siendo así de acuerdo al resultado del indicado certifi cado médico legal, el hecho producido no constituye delito de lesiones leves tipifi cado en el artículo 122 del Código Penal, sino falta contra la persona –lesiones dolosas–, tipifi cado en el artículo 441 primer párrafo del Código acotado. Por lo que los actuados deberían remitirse al Juzgado de Paz Letrado para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho (30 mayo de 2009) hasta el día de hoy la acción penal se encuentra prescrita conforme al artículo 440, numeral 5 del Código acotado. Por lo que carece de objeto remitir los actuados.
04. En mi criterio, de acuerdo a la prueba producida en el juicio oral de primera instancia, la agraviada narra cómo fue lesionada, dice que el acusado luego de dos cuadras le cerró el paso y la jaló al piso donde le dio golpes, luego se corrió pero la volvió a agarrar, jaloneándola cayendo al piso nuevamente donde le tiró golpes, versión que es corroborada en parte con los testimonios de Karla Fabiola Tena Jara y Noemí Elizabeth Blas Moreno. Entonces desde mi punto de vista, se ha demostrado en el juicio oral de primera instancia que el acusado lesionó a la agraviada pero este hecho como reitero constituye falta contra la persona –lesiones dolosas–, y no delito de lesiones leves tipifi cado en el artículo 122 del Código Penal. Por tanto el acusado debe ser absuelto de la acusación fi scal.
Por dichos fundamentos mi voto es porque:
1.- Se declare fundada la apelación formulada por la defensa técnica del acusado HEBER ROSENDO ALEJOS VALDERRAMA, en consecuencia se REVOQUE la sentencia que lo condena como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, en agravio de
ROSA MARÍA FELICITA TORRES MENDOZA; IMPONIÉNDOSELE UN AÑO Y SEIS MESES
de pena privativa de libertad, con el carácter de suspendida por el periodo de un año, bajo reglas de conducta, se fi ja la suma de SETECIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil, que el sentenciado deberá pagar a la agraviada en la forma legal correspondiente, con costas del proceso; y REFORMÁNDOLA SE LE ABSUELVA del delito indicado, por no haberse confi gurado el ilícito penal materia de imputación.
2.- DECLARAR: Que carece de objeto remitir los actuados al Juzgado de Paz Letrado donde ocurrieron los hechos, por encontrarse a la fecha prescrita la acción penal pública por falta contra la persona. Sin embargo, se deja a salvo el derecho de la agraviada para peticionar en la vía extrapenal las indemnizaciones a que haya lugar.
S. REYES ALVARADO

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NO SE PUEDE ALEGAR LA EXISTENCIA DE PRUEBA IRREGULAR PARA NO VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE EN SU MOMENTO FUERON AD- MITIDOS Y ACTUADOS EN JUICIO

NO SE PUEDE ALEGAR LA EXISTENCIA DE PRUEBA IRREGULAR PARA NO
VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE EN SU MOMENTO FUERON AD-
MITIDOS Y ACTUADOS EN JUICIO
EXPEDIENTE : Nº 01009-2008-92-1301-JR-PE-02
RELATOR : HUILDER E. VALDERRAMA REYES
MINISTERIO PÚBLICO : 2º DESPACHO DE INVESTIGACIÓN
IMPUTADO : CULQUI LLAJA, ESTANISLAO BENEDICTO
DELITO : HOMICIDIO CULPOSO
AGRAVIADO : BECERRA CABRALES, FRANCISCO GERMÁN
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
RESOLUCIÓN Nº 12
Huacho, veintiséis de mayo del año dos mil once
VISTOS Y OÍDOS:
En audiencia pública y oral realizada por los miembros integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Jueces Superiores doctores Víctor Reyes Alvarado (Presidente), Johnny López Velásquez (Director de Debates) y Néstor Riveros Jurado.
II. ANTECEDENTES:
2.1.- HECHOS FÁCTICOS ATRIBUIDOS POR EL FISCAL:
Se le imputa al acusado haber ocasionado, por culpa, la muerte de Francisco Germán Becerra Cabrales, el 16 de agosto del 2008, a horas 21:00 p.m., cuando conducía el ómnibus de placa VG-8889 de propiedad de la Empresa Turismo Murga Serrano E.I.R.L., en circunstancias en que, el agraviado se aprestaba a cruzar la calzada de este a oeste a la altura del Km. 181 de la Panamericana Norte, en la localidad de Supe, encontrándose en estado de ebriedad, siendo impactado en tales circunstancias con la parte delantera lado derecho del ómnibus, para quedar tendido sin vida en el piso en posición decúbito dorsal cuyo deceso quedó acreditado con el protocolo de necropsia respectivo.
2.2.- Viene en apelación la sentencia, de fecha veinte de mayo del dos mil diez, que resuelve: Absolver de la acusación fi scal al procesado Estanislao Benedicto Culqui Llaja, en el proceso penal que se le siguió por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud –modalidad de Homicidio Culposo– regulado en el artículo 111 segundo párrafo del Código Penal, en agravio de los sucesores del occiso Francisco Germán Becerra Cabrales.
2.3.- Que, el Ministerio Público sostiene su pretensión impugnativa alegando por la nulidad de la recurrida toda vez que se habría vulnerado el debido proceso, invocando para ello el artículo 150 literales c) y d) del CPP; alegando que una vez incorporada la prueba, esta tiene que actuarse y ser valorada siendo que en el contradictorio le tiene que causar convicción al juez de la causa; que en el juicio de primera instancia lo que ha pasado es que se ha producido una simple lectura habiéndose precisado por parte del a quo que se debió haber llevado al juicio al órgano de prueba quien propusiera el documento oralizado; sin embargo, su persona estima que se debió oralizar el documento y ser valorada; habiendo el a quo determinado por la absolución del acusado al señalar que las piezas oralizadas se trataban de prueba irregular incorporada al proceso; siendo esa la razón por la cual no ha sido objeto de valoración, lo cual ha causado indefensión a su pretensión acusatoria.
4.- Que, por su parte la defensa técnica del absuelto señala que en la acusación no se ofrecieron peritos algunos sino únicamente la prueba documental; no existiendo causal de nulidad sufi ciente por lo que pide se CONFIRME la apelada.
III.- FUNDAMENTO JURÍDICO PROCESAL DEL COLEGIADO SUPERIOR:
3. 1.- Que, para lograr entender la pretensión impugnativa del titular de la acción penal resulta conveniente tener en cuenta el requerimiento de acusación, donde se advierte que, no se ofrecieron a los peritos, esto es la presencia física de los órganos de prueba, sino únicamente se ofertó la prueba documental.
3.2.- Por otra parte, se observa del mismo que al momento de presentar el control de acusación respectivo el día 22 de junio del 2009, en la imputación de los hechos [cargos] se señalaba que, el acusado ocasionó la muerte de un peatón porque estaba conduciendo un vehículo de propiedad de la empresa turismo Murga en una zona urbana a la altura del Km 181 de la PN en Supe Pueblo, impactando en el cuerpo del occiso agraviado; este último quien se encontraba en estado de ebriedad, el mismo que se encontraba acompañado de la señora Filomena Pajuelo Jara y a consecuencia del impacto su cuerpo fue proyectado a una distancia de treinta metros cayendo en la zona de la berma, produciéndose la muerte inmediata de este.
3.3.- Que, de la narración de los hechos se tiene que son los mismos hechos que fueron consignados al momento de dictarse el auto de enjuiciamiento respectivo, no apreciándose en ningún momento que el deceso del peatón fue a consecuencia de una maniobra diligente e imprudente del conductor por un exceso de velocidad, tal como el Fiscal Superior viene alegando al sostener su nulidad en la presente audiencia, sino más bien se advierte que la acusación adolece de una falta de coherencia acusatoria ya que se estaría afi rmando de que la muerte del peatón se debiera a su estado de ebriedad.
3.4.- Que, por otra parte se tiene que uno de los cuestionamientos por la nulidad, es que no se han dado valor probatorio a la prueba actuada en el transcurso del juicio oral, sin embargo, se tiene que en el punto 7.B) de la recurrida, se deja constancia de haberse producido con la lectura de las piezas procesales entre otras, las fotografías, croquis policial, constatación de daños, certifi cado de dopaje etílico al occiso, protocolo de necropsia, acta de reconstrucción de los hechos y opinión técnica policial, siendo que para el magistrado William Timaná Girio, estas constituían prueba irregular por lo que al haber sido indebidamente admitidas, de acuerdo a su criterio no las ha valorado.
3.5.- Que, si bien es cierto existiría un Informe Policial [opinión técnica] de la Unidad de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, el mismo que fuera oralizado, se establece en él, como conclusión que el vehículo que conducía el acusado era manejado a una velocidad que resultó mayor que la razonable y prudente para las circunstancias del momento y condiciones de la vía; y que dentro de los actuados también existía una pericia de parte, que si bien es cierto se practicó, pero no fue ofrecida por la defensa, ya que de su análisis se vislumbra en sus conclusiones que el accidente se debió a una falla humana y a un exceso de velocidad, de 120 Km/h, con lo cual se determinaría a priori una eventual responsabilidad del chofer de la Empresa Turismo Murga Serrano E.I.R.L.; sin embargo, el aspecto relativo al EXCESO DE VELOCIDAD no ha sido objeto de la narración fáctica de cómo se suscitaron los hechos por parte del ente acusador.
3.6.- Que, en ese sentido no habiendo sido de cuestionamiento o de probanza de que la muerte del peatón agraviado haya sido producto de un exceso de velocidad, en ese sentido si la acusación hubiera sido bien encaminada la falta de valoración de esa única prueba [Opinión Técnica] le pudo haber causado una especie de indefensión siempre y cuando el Ministerio Público lo hubiese incorporado el hecho [exceso de velocidad y/o maniobra imprudente], dentro de su teoría del caso al momento de tipifi car los hechos en la Formalización de la investigación y, por ende, dentro de su acusación; pero como ha quedado en evidencia ello no ha sido enervado en su momento dentro de su teoría del caso; no puede ser causal de nulidad, más aún cuando el propio ente acusador habría provocado con su accionar omisivo la conducta que se le pretende imputar al Poder Judicial.
3.7.- Que, fi nalmente, dentro del material ofertado y actuado por el propio ente acusador aparece un certifi cado de dosaje etílico, practicado al agraviado donde se hace constar que, efectivamente este habría estado en estado de ebriedad al momento en que procedía a cruzar la pista; lo que aúna más la tesis de que al no existir prueba o teoría del caso en que se sustente de que el accidente ha sido efectuado por una indebida maniobra o exceso de velocidad por parte del acusado; no se puede sustentar un requerimiento de nulidad.
3.8.- Que, en estos casi cinco años de vigencia del nuevo marco procesal, resulta preocupante que algunos fi scales aún no entiendan que no son los documentos que deben ser examinados en el desarrollo del juicio, sino sus órganos de prueba; y en caso de que no puedan ser localizados por fuerza mayor pueden ingresar al proceso mediante su lectura respectiva, que no obstante ello también es verdad de que una vez admitida la prueba, siendo esa la posición del juez superior ponente, tuvo que haberse valorado dentro del contradictorio a efectos de que sea cuestionada por algunos de las partes procesales; y producido el debate señalar si le causa convicción o no y no como lo habría señalado el a quo; pero no obstante advertirse ello, esto tampoco pudo haber producido la indefensión de probar del Ministerio Público de su caso ya que como se ha dicho la tesis del exceso de velocidad no fue argumentado y no formaba parte de la acusación; por ende no existiría una teoría del caso por parte de la fi scalía para determinar la responsabilidad penal del justiciable.
3.9.- Para ello se debe RECOMENDAR a los fi scales que, al momento de evaluar los hechos, tengan mayor celo al esgrimir sus fundamentos de hecho que van a formar parte de su posterior teoría del caso, ya que ante una defi ciente califi cación de los hechos, ocurre lo que ha pasado en el presente caso; y también ha existido una falta de control por parte del Órgano Jurisdiccional al momento de efectuarse la audiencia preliminar, donde se debió haber saneado la acusación por parte del magistrado Ismael Orozco Huayanay, a efectos de delimitar si los hechos narrados dentro del requerimiento de ACUSACIÓN, ameritaban su persecución penal en atención a que, en el mismo se señala como única evidencia de que el mismo peatón se encontraba en estado de ebriedad, no advirtiéndose una sólida argumentación fáctica donde se verifi que algún signo de culpabilidad; por lo que el acotado magistrado debió haber efectuado un debido control no existiendo razones legales para que esta acusación haya pasado a Juicio Oral, lo cual ha provocado expectativas innecesarias a los intereses del actor civil, y gastos innecesarios a la administración de justicia cuando se debió haber emitido un auto de sobreseimiento de ofi cio, por lo cual se debe exhortar al magistrado que de aquí en adelante cumpla con su rol de juez de garantías.
3.10.- Finalmente, se advierte en cuanto a este mismo magistrado Dr. Ismael Orozco Huayanay, que al momento en que se emitiera el Auto de Enjuiciamiento de fecha 8 de setiembre de 2009, al esgrimir el fundamento 3.5) de su resolución hace una serie de valoraciones de un medio de prueba, adelantando opinión cuando señala que “también existe responsabilidad de su parte, resultando por tanto, atribuible el hecho típico a título de culpa, por el cual se justifi ca su enjuiciamiento”; esto es el Juez de Garantías se encuentra impedido de emitir conceptos de responsabilidad o no de un acusado, no siendo su función aunque no sea el magistrado que va a emitir el fallo; siendo preocupante que antes de tiempo sostenga por su culpabilidad y sin embargo, decide someterlo a un juicio posteriormente, lo cual rompe con las elementales reglas de la imparcialidad de que todo magistrado debe estar imbuido; por lo cual se debe EXHORTAR al magistrado que de aquí en adelante cumpla con su rol de juez de garantías; teniendo en cuenta lo señalado en este considerando y en el anterior; todo ello bajo apercibimiento de que en el futuro si se advierte de que prosigue en la misma actitud, se hará de conocimiento de la ODECMA remitiéndose las copias al órgano de control interno para las investigaciones.
IV.- SOBRE EL PAGO O NO DE COSTAS DEL RECURSO DE APELACIÓN:
El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, sin embargo, en cuanto al Ministerio Público, conforme al artículo 499.1 del código acotado, este se encuentra exonerado del pago, por lo que así debe declararse.
V.- SOBRE LA LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA:
5.1.- El artículo 425.4 del CPP, establece que la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Pues bien en el presente caso se ha cumplido con este dispositivo debido a que en la misma fecha que se realizó la audiencia después de deliberar e inmediatamente se hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión. Por tanto, el contenido integral de la sentencia escrita debe notifi carse a los domicilios procesales de las partes. A fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 425.6 del código acotado que prescribe la notifi cación de la sentencia de segunda instancia.
5.2.- Consideramos que la interpretación acorde con la oralidad para la aplicación del sistema procesal penal acusatorio vigente en nuestro país, es que cuando la norma procesal antes indicada se refi ere a que la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública, dicho pronunciamiento se cumple al hacer conocer los argumentos y la decisión oralmente, a los justiciables presentes y público concurrente. En caso contrario, cuando el tribunal no hace conocer oralmente las razones, argumentos o fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia. Entonces se encuentra obligado a señalar fecha y hora para una próxima sesión pública para dar lectura integral a la sentencia escrita. Cuando se hace conocer oralmente en acto público en resumen los argumentos y la decisión, la sentencia integral escrita solamente debe notifi carse a las partes procesales, careciendo de objeto dar lectura a la sentencia escrita posteriormente porque bastará su notifi cación a los domicilios procesales. Puesto que además la sentencia ya fue dictada oralmente con anterioridad.
5.3.- Asimismo, consideramos un error y una práctica negativa para la efi cacia y efi ciencia del sistema procesal penal acusatorio, que con anterioridad –pese a que se hacia conocer oralmente los argumentos, fundamentos o razones y la decisión de la sentencia de segunda instancia–, el Tribunal Superior decidía fi jar fecha y hora para posteriormente dar lectura a la sentencia escrita, lo cual signifi caba innecesariamente ocupar salas de audiencias y asistentes de audiencias, que muy bien pueden servir para la realización de audiencias donde exista debate. El plazo que se fi jaba para leer la sentencia escrita era no mayor de diez días. En la mayoría de estos casos las partes procesales no se hacían presente a dicho acto porque ya conocían los fundamentos y la decisión respectiva que se les hizo conocer oralmente. Y, los Jueces con los asistencias de audiencias, sin asistencia de las partes ni público tenían que leer sentencias escritas por media hora, una hora o más –dependiendo de la cantidad de hojas de papel que contenía la sentencia escrita–, que muy puede ser aprovechado para realizar otras labores.
5.4.- El artículo 425.1 del CPP, establece que el plazo para dictar sentencia de segunda instancia no podrá exceder de diez días. En ninguna parte del contenido de la norma indicada dice que se debe dar lectura a la sentencia escrita en el plazo de diez días. Por tanto a partir de la fecha la interpretación de las normas antes indicadas, variando de criterio es la que corresponde a los fundamentos precedentes. Debiendo tener presente que en caso de haberse hecho conocer oralmente los fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia, el plazo para notifi car la sentencia integral escrita de la misma será de 10 diez conforme a la norma antes descrita.

VI.- DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Huaura, RESUELVE en MAYORÍA:
01. Declararon INFUNDADA el recurso de apelación formulado por Ministerio Público, en cuanto a la NULIDAD planteada.
02. CONFIRMAR en todos sus extremos la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil diez, que resuelve: Absolver de la acusación fi scal al procesado Estanislao Benedicto Culqui Llaja, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la vida, en la modalidad de Homicidio Culposo en agravio de los sucesores del occiso Francisco Germán Becerra Cabrales.
03. RECOMENDAR a los Fiscales de este Distrito Judicial tenga mayor cuidado al momento de elaborar sus formalizaciones de investigación tal como se esgrime en los considerandos 3.8) y 3.9) del principal; debiendo REMITIRSE copia de la presente al FISCAL SUPERIOR DECANO para su conocimiento.
04. Asimismo, RECOMENDAR al Magistrado ISMAEL OROZCO HUAYANAY cumpla con lo señalado en el fundamento 3.10) del principal, bajo el apercibimiento de procederse conforme a ley.
SS. REYES ALVARADO / LÓPEZ VELÁSQUEZ
VOTO SINGULAR DEL JUEZ SUPERIOR REYES ALVARADO
Estoy de acuerdo para que se confi rme la sentencia en mérito a los siguientes fundamentos:
La pretensión inicial del Fiscal fue para que se revoque la sentencia absolutoria y se condene al acu-sado. Sin embargo, al inicio de la audiencia varía de pretensión y solicita la nulidad de la sentencia. Es decir, no estaba convencido sobre la existencia de una nulidad absoluta por ello no lo peticionó desde un inicio. Si la pretensión fue la revocatoria con los fundamentos que señala en su escrito de apelación y es lo que ha sido admitido para conocimiento de este Superior Tribunal, entonces no es posible que se acepte el pedido de nulidades que realiza el Ministerio Público extemporáneamente, porque debió peticionarlo al momento de presentar el escrito de apelación. Salvo que el Tribunal de ofi cio declare la nulidad de la sentencia recurrida y el juicio oral, que debe producirse excepcionalmente ante infracciones graves a las garantías constitucionales. Lo descrito es conforme a lo previsto en los artículos 405.1.c, y 409.1 del Código Procesal Penal.
Si el apelante solicitó la revocatoria y luego varía a nulidad, que no se encuentra legalmente autorizado hacerlo, por lo que implícitamente puede entenderse como un abandono o retiro a su pretensión. No siendo posible declarar fundada la apelación interpuesta, debido a que no ha sido sostenido en audiencia oralmente la pretensión de revocatoria. Si se declara la nulidad de la sentencia recurrida y el juicio, se hará si fuese el caso de ofi cio.
En el presente caso, el señor Fiscal considera que se ha vulnerado el debido proceso por cuanto el juez no ha valorado los documentos –que según él– no han sido actuados ni valorados en el juicio oral de primera instancia, agrega que si el Juez consideraba que era necesaria la presencia del órgano de prueba, como es del perito que expidió la pericia, entonces debió disponer su concurrencia.
Sobre el particular consideró que, no es posible como ha indicado la defensa del acusado, que los jueces actúen supliendo en las defi ciencias o negligencia del Fiscal, de actuar de esta manera el Juez sería un tercero parcializado con una de las partes y no un tercero imparcial. Por tanto no es posible anular la sentencia, menos aún el juicio oral, porque el fi scal obvió ofrecer como prueba al perito.
En el presente caso, el Juez no ha valorado el documento o pericia por no haber sido ofrecido al perito que expidió la misma. El Abogado defensor del acusado refi ere que ha cuestionado en la audiencia de control de la acusación y en el juicio oral, por no haber sido ofrecido como prueba al perito.
En consecuencia, es un criterio del juzgador haber resuelto que no valorará prueba documental co-rrespondiente a pericias, lo que no solo es un criterio, sino que tiene amparo legal en el artículo 383 del Código Procesal Penal, en ese sentido no se puede decir que se ha vulnerado el debido proceso por lo que no existe nulidad absoluta, debiendo confi rmarse la sentencia venida en grado.
Finalmente, en el presente caso se advierte que el Fiscal en su alegato de apertura o de inicio señaló como supuesto de hecho lo siguiente: “el día 16 de agosto del 2008 siendo las 9:10 de la noche aproximadamente, el acusado Estanislao Benedicto Culqui Llaja conducía el ómnibus con placa de rodaje VG-8889 de propiedad de Turismo Murga Serrano E.I.R.L., a la altura del kilómetro 181 de la Carretera Panamericana Norte con dirección de Sur a Norte, y en circunstancias en que el ahora fallecido Francisco Germán Becerra Cabrales, en estado de ebriedad, se aprestaba a cruzar la pista, fue impactado por el vehículo conducido por el imputado por la parte delantera, quedando tendido sin vida en el piso en posición decúbito dorsal”.
Según la imputación del fi scal antes descrita, el responsable de su propia muerte sería el agraviado, por cruzar en estado de ebriedad, no existe ninguna imputación de culpabilidad contra el acusado, tales como que se haya encontrado conduciendo a excesiva velocidad, o que haya infringido alguna regla de tránsito, etc. Entonces el hecho descrito por el Fiscal es atípico. Este caso no debió ser derivado a la etapa de juzgamiento. Debió dictarse el sobreseimiento de ofi cio en la audiencia de control de la acusación.
En atención al fundamento precedente, coincido con el Juez que dispuso ofi ciar al coordinador de los señores Fiscales de la sede de Barranca, para que tome las medidas del caso con respecto a la actuación de los señores Fiscales, que también debe ser materia de preocupación por parte del Fiscal Superior presente en la audiencia de apelación.
Por dichos fundamentos, MI VOTO es porque se tenga implícitamente por abandonado o retirado la apelación formulada por el Ministerio Público, cuya pretensión fue la revocatoria de la sentencia absolutoria, y se confi rme en todos sus extremos.
S. REYES ALVARADO
VOTO DISCORDANTE DEL JUEZ SUPERIOR RIVEROS JURADO
Con el respecto que se merecen mis colegas, difi ero de la decisión adoptada por los siguientes fundamentos:
En primer término, considero que es posible jurídicamente, que la parte que impugna pueda pretender la nulidad o la revocatoria de la resolución recurrida, siempre y cuando lo haga de modo alternativo, de manera que, si el Juez no encuentra causales que den lugar a la nulidad de la resolución apelada, puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida.
En cuanto respecta al debido proceso invocado por el representante del Ministerio Público, en esta audiencia de juicio oral se ha podido determinar que, los medios probatorios ofrecidos por dicha entidad, han sido admitidos e inclusive actuados, es decir, que no han sido rechazados o califi cados como ilegales.
Consiguientemente, ha debido valorarse al momento de resolver la controversia, y al no haberse procedido así, se ha afectado el debido proceso.
Pues, de acuerdo a lo que establece el artículo VIII del Código Procesal Penal, todo medio de prueba obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, debe ser valorado.
La tutela procesal efectiva es entendida como la situación jurídica de una persona en la que se respeten, entre otros, no solo el libre acceso al órgano jurisdiccional, sino, entre otros, el derecho a probar.
En el caso que nos ocupa, la legitimidad de las pruebas ofrecidas y actuadas, no se han establecido en forma y oportunamente ante el órgano jurisdiccional de grado inferior.
Por lo mismo, considero que la sentencia venida en grado, se encuentra afectada de nulidad establecida por el inciso d) del artículo 150 del Código Procesal Penal, cuando señala que es causal de nulidad absoluta, si no se observa el contenido esencial previsto en la Constitución, como sucede en el caso de autos.
En efecto, el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado establece como principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
Por tales consideraciones, soy de la OPINIÓN porque se declare NULA la sentencia apelada y se proceda a un nuevo juicio oral por otro órgano jurisdiccional.

S. RIVEROS JURADO

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Admisión y valoración de la prueba

Admisión y valoración de la prueba
La sentencia de la Casación N° 10-2007-La Libertad (veintinueve de enero de dos mil ocho) señala que en la admisión de medios probatorios debe primar la necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos sobre los formalismos que no protegen derechos fundamentales y que el ofrecimiento –en juzgamiento– en reiteración de la prueba que no fue inadmitida en la audiencia de control de acusación no requiere de identidad absoluta.
“En el escrito de acusación la señora Fiscal Provincial solo ofreció la copia de la manifestación de Wildo Rubén Ávila Navis, prestada en sede preliminar con presencia de la Fiscal Adjunta. El Juzgado Penal Colegiado la declaró inadmisible porque su lectura en el juicio no correspondía conforme a la permisión del artículo trescientos ochenta y tres, apartado uno, literal d), del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, en la estación de ofrecimiento de nueva prueba la Fiscalía ofreció la declaración del citado Wildo Rubén Ávila Navis, sin oposición de la defensa del imputado, la que además tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo –así consta del acta de fojas cuarenta y ocho–. La sentencia condenatoria, entre otras pruebas, se sustentó en ese testimonio de cargo.
El apartado uno del artículo trescientos setenta y tres del nuevo Código Procesal Penal, en el caso de nuevos medios de prueba, establece que su ofrecimiento y admisión está condicionada a que se ha tenido conocimiento de su existencia con posterioridad a la audiencia de control de la acusación, que no es el caso del ofrecimiento de la declaración de un testigo debidamente identificado que prestó declaración en sede de investigación preparatoria. Ahora bien, el apartado dos del mismo artículo estatuye que es posible ofrecer un medio de prueba inadmitido en la audiencia de control; y, si bien no existe identidad absoluta entre el ofrecimiento de una prueba personal y el ofrecimiento de una prueba documental, es evidente que en el caso de autos lo que el fiscal perseguía era incorporar un elemento de prueba vital: la exposición de hechos por una persona determinada. La excepcionalidad en la admisión de la lectura de una declaración sumarial de un testigo se basa en argumentos de urgencia y excepcionalidad, por lo que en caso de que estos presupuestos no se presenten es indispensable que el testigo concurra al acto oral para que exponga lo que sabe acerca de los hechos enjuiciados. En consecuencia, la insistencia del testimonio personal en el acto oral, en esas condiciones de rechazo del acta de declaración sumarial, muy bien puede ser invocada en la oportunidad prevista en el artículo trescientos setenta y tres, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal.
La necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos acusados exige que se superen interpretaciones formalistas de la ley procesal, sin que ello signifique, desde luego, una lesión a los derechos de las partes. En el presente caso el testigo citado asistió al acto oral, fue examinado por las partes y, es más, la solicitud probatoria que justificó su presencia no fue objetada por el imputado. No se está, pues, ante una prueba inconstitucional en la medida en que se cumplieron los principios fundamentales de la actuación probatoria: contradicción, inmediación y publicidad: la testimonial no incidió en un ámbito prohibido ni está referida a una intervención ilegal de la autoridad, tampoco se trató de una prueba sorpresiva. Las garantías procesales en la actuación probatoria, que es lo esencial desde la presunción de inocencia, no se han vulnerado”.
El Auto de Calificación de la Casación N° 01-2008-La Libertad (quince de febrero de dos mil ocho) señala que en el proceso penal peruano rigen las reglas de libre y conjunta valoración de la prueba.
“En nuestro sistema procesal, la prueba se rige porque el juzgador tiene la libertad de evaluar los medios probatorios sin que estos tengan asignados un valor
predeterminado y que estos tienen la necesidad de ser evaluados de forma global al momento de expedir la sentencia”.
El Auto de Calificación de la Casación N° 126-2010-Cusco (diez de febrero de dos mil once) señala que los criterios esbozados por el Acuerdo Plenario número dos - dos mil cinco / CJ-ciento dieciséis solo resultan de aplicación estricta cuando existe únicamente como prueba de cargo la imputación de la víctima.
“Sostiene su recurso de casación mediante escrito de fojas trescientos sesenta, alegando que en la sentencia no se aplicaron los criterios esbozados por el Acuer-
do Plenario número dos - dos mil cinco / CJ-ciento dieciséis, de fecha treinta de setiembre de dos mil cinco, por lo que, se habría inobservado la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia conforme lo dispone el inciso cinco del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal
(…). Aun cuando la defensa del procesado Carrasco Cajapulca agregue que la Sala Penal de Apelaciones no ha merituado la incriminación del agraviado valo-
rando los criterios señalados por el acuerdo plenario vinculante mencionado precedentemente, también lo es que el mismo solo resulta de aplicación cuando subsiste únicamente como prueba de cargo la imputación de la víctima, lo que no su-
cede en el caso de autos, donde existen otros elementos indiciarios que han sido fundamento de la acusación y de las sentencias de primera y segunda instancia, consecuentemente lo sostenido por los recurrentes resulta inaceptable en el contexto del recurso impugnativo formulado”.
La sentencia de la Casación N° 14-2009-La Libertad (cinco de febrero de dos mil diez) señala que la existencia de ciertas inconsistencias comprensibles en el relato de los agraviados (por su escasa edad) no enervan el mérito probatorio de las sindicaciones uniformes y persistentes.
“SEXTO: De la atenta lectura de las sentencias de primera y segunda instancia se advierte que la condena se sustentó en el mérito de las sindicaciones uniformes
y persistentes de los menores agraviados; que si bien las evaluaciones psiquiátricas señalan cierta inconsistencia en los relatos de dichos menores, están referidas a determinadas circunstancias absolutamente comprensibles dada la escasa edad de las víctimas; que las pericias psicológicas, debidamente explicadas por la Perito Psicóloga Giuliana Elaine Gutiérrez Meléndez en el acto oral –que dan cuenta de la reacción ansiosa de tipo situacional por parte de integrante de grupo de apoyo secundario (profesor) que presentan ambos menores– refuerzan los cargos; que si bien la testigo de descargo Ana María Álvarez Culqui negó haber visto a alguien subir al segundo piso del inmueble el día de los hechos, tal aseveración quedó desvirtuada con la visualización de los videos filmados con ocasión de la inspección en el lugar de los hechos y el proporcionado por la defensa del acusado; que, finalmente, está descartado que el acusado padeciera de limitaciones físicas que le impidieran cometer los ilícitos que se le atribuyen –no solamente por lo explicado por el médico Díaz Calvo sino también por lo observado en los videos incorporados en la que se aprecia al acusado movilizándose perfectamente por las escaleras del segundo piso, traspasa una tranca de madera
de setenta y ocho centímetros de alto, por lo declarado por el mismo acusado en el sentido que subía agua en una tina azul al segundo piso y por lo observado por los magistrados que intervinieron en la audiencia de apelación–.
Así expuestos, los medios de prueba invocados y el elemento probatorio que aportan cumplen el requisito de suficiencia probatoria”.
La sentencia de la Casación N° 14-2009-La Libertad (cinco de febrero de dos mil diez) señala la posibilidad de reconocerle valor probatorio a una de las varias versiones expuestas por un testigo durante el proceso.
“Desde luego, es del caso puntualizar que el hecho de que una testigo en el curso del proceso haya expuesto varias versiones en modo alguno inhabilita al órgano jurisdiccional a optar por una de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de ellas”.
La sentencia de la Casación N° 62-2010-Lambayeque (diez de febrero de dos mil once) señala que la importancia y valor de la vida humana constituyen hechos notorios que no requieren de probanza.
“SEXTO: El recurrente también indicó que no se había motivado adecuadamente la determinación referida al monto de reparación civil fijada; no obstante, del noveno fundamento jurídico de la sentencia de primer grado se verifica que si bien el actor civil no postuló ningún medio de prueba que acredite los daños patrimoniales o materiales que hubieran sufrido como producto de la muerte de la agraviada; empero, en la sentencia objeto de casación se tomó en cuenta que el delito cometido afectó una vida humana, cuya importancia y valor constituyen hechos notorios que no requieren de probanza; además, el juzgador, tuvo en cuen-
ta que la víctima tenía ochenta y cinco años de edad circunstancia que tiene incidencia en el proyecto de vida, fijando una suma que resulta razonable en función a la naturaleza de los hechos, por lo que en relación a esta materia tampoco se observa defectos en la motivación”.
El Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 (seis de diciembre de dos mil once) establece reglas para la valoración de la declaración de la víctima en los delitos contra la libertad sexual, especialmente en cuanto a su retractación.
“22°. La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación a dos tópicos vinculados al que es materia del presente Acuerdo (supuestos de retractación y no persistencia): i) Respecto a la validez de la declaración de los testigos hecha en la etapa de instrucción –y en la etapa policial sujeta a las exigencias legales pertinentes– a pesar de que estos se retracten en la etapa del juzgamiento (ver Ejecutoria Vinculante emitida en el R.N. N° 3044-2004); y ii) Referente a los criterios de valoración que deben observarse en los supuestos de las declaraciones de agraviados (testigos víctimas). –véase Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116–.
23°. Se ha establecido anteriormente –con carácter de precedente vinculante– que al interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia –en cuanto a los hechos incriminados– por parte de un mismo sujeto procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante. Dicho criterio encuentra particular y especial racionalidad precisamente en este ámbito de delitos sexuales en los que es común la existencia de una relación parental, de subordinación o de poder entre agente y víctima.
24°. La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la medida en que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el entorno familiar o entorno social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de incredibilidad subjetiva –que no existan razones de peso para pensar que prestó su declaración inculpatoria movidos por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a las características propias de la personalidad del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental–, y (ii) se presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra procedencia –la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea fantasiosa o increíble y que (iv) sea coherente– [MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ: La valoración de pruebas personales y el estándar de la duda razonable. En: <http://www.uv.es/ CEFD/15/fernandez.pdf>. Consultado el 6 de noviembre de 2011].
A los efectos del requisito de (v)uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, en los delios sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta que la excesiva extensión temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el desprecio que motivó la confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa por denunciar a un familiar, o a una persona estimada. La experiencia dicta que no es infrecuente reproches contra la víctima por no cumplir con el mandato de mante-
ner unido al grupo familiar, así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que se suma, en otros casos, la presión ejercida sobre esta por la familia y por el abusador, todo lo cual explica una retractación y, por tanto, una ausencia de uniformidad.
25°. Por tanto, en esta línea la persecución de los delitos sexuales escapa de la esfera privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención
penal, pues las consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su tratamiento es de autonomía pública. Lo propio ocurre si el agente es también cer-
cano a la víctima por motivos de confianza –vecino–, o haber tenido una relación de autoridad –padrastro, profesor, instructor, etcétera–; o también por móvil de temor a represalias en caso de residencia próxima del agente respecto de la víctima.
26º. La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas tan-
to de una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a la primera, se trata de indagar: a) la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración coetánea –en los términos expuestos– que exista; b) la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, c) la razonabilidad de la justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscado –venganza u odio– y la acción de denunciar falsamente. Respecto de la perspectiva externa, se ha de examinar: d) los probados contactos que haya tenido el procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, que permitan inferir que la víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión; y, e) la intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio relato de la víctima se erige en la herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al igual que la información que puedan proporcionar sus familiares cercanos.
27°. Cabe puntualizar, conforme lo establecido en el literal d) de la Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. El juicio de atendibilidad o credibilidad, por tanto, no puede sustentarse únicamente en la conducta de la víctima. Con razón ha señalado la Corte Constitucional Colombiana, en su Sentencia T-453/05, del dos de mayo de 2005: “(…) de la experiencia sexual anterior de la víctima no es posible inferir el consentimiento a un acto sexual distinto y ajeno a los contextos y a las relaciones que en ella pudiere haber consentido a tener contacto sexual con personas diferentes al acusado”.
Por otro lado, en reglas que se explican por sí solas, cuya legitimidad fluye de lo anteriormente expuesto, es del caso insistir en la aplicación de los literales a) al c) de la Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. Son las siguientes:
El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víc-tima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento
de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.
B. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víc-tima cuando esta sea incapaz de dar un consentimiento libre.
C. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual”.
Establece que la prueba de los delitos contra la libertad sexual se debe adecuar al concreto hecho materia de imputación, que la indagación de la vida íntima de la víctima se encuentra en principio prohibida, pero puede darse de modo excepcional cuando se identifique una vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis defensiva correspondiente y siempre y cuando se supere satisfactoriamente el test de proporcionalidad.
“28º. El juez es soberano en la apreciación de la prueba. esta, empero, no puede llevarse a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad
probatoria concreta –nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo–, y jurídicamente correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles–, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia –determinadas desde parámetros objetivos– y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de la garantía genérica de presunción de inocencia: ar-
tículos VIII TP, 158.1 y 393.2 del NCPP).
29º. La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del principio de pertinencia de la prueba –de expresa relevancia convencional–, así como los principios de necesidad –que rechaza la prueba sobreabundante o redundante–, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige la vinculación lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia no cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de las particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba.
30º. La recolección de los medios de prueba en el caso de delitos sexuales no constituye una selección acostumbrada, uniforme y cotidiana aplicada por igual a todos los casos de agresión sexual, menos aún su valoración. Atento al principio de pertinencia, el medio de prueba debe guardar estrecha relación con la ma-
teria que se quiere dilucidar, distinguiéndose: a) por el grado de ejecución: la de un hecho tentado o consumado; b) por el objeto empleado para la penetración: miembro viril o un objeto análogo; c) la zona corporal ultrajada: vaginal, anal o bucal; d) por la intensidad de la conducta: penetración total o parcial; e) por el medio coaccionante empleado: violencia física, violencia moral o grave amenaza; f) por las condiciones personales de la víctima: mayor de edad, menor de edad, aquella que no pudo consentir jurídicamente el incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental.
31º. El juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso para establecer la relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de la víctima
o testigo, y la adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo la agresión sexual (unida a su necesidad –aptitud para configurar el resultado del proceso y a su idoneidad –que la ley permite probar con el medio de prueba el hecho por probar–). A manera de ejemplo, si para el acceso carnal medió únicamente grave amenaza –en cuyo caso ni siquiera requiere algún grado de resistencia– no es exigible que el examen médico arroje lesiones paragenitales que evidencien resistencia física por parte de la víctima. Se ha de acudir a otros medios de corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u otras que se adecuen a las peculiaridades del hecho objeto de imputación.
32º. Las variadas combinaciones que la multiplicidad de conductas reguladas
puede arrojar y aplicarse en la praxis a un supuesto determinado de la realidad exige al juzgador valerse de los distintos medios de prueba actuados en la causa que por su naturaleza puedan corroborar una incriminación. Así la problemática que advierte respecto a la indebida valoración de la pericia médico-legal que no consigna lesiones paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través de una atenta aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal en relación
a las circunstancias y medios empleados por el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima. Si los medios delictivos consisten en la amena-
za, la penetración vaginal fue incompleta, o la agresión sexual radicó en la práctica genitalica-bucal, resulta absurdo admitir a trámite la referida prueba técnica, actuarla y, menos, valorarla. Será la declaración de la víctima la que, finalmente oriente la dirección de la prueba corroborativa. De este modo, se desmitifica la prueba médico-forense como una prueba de actuación obligatoria ante la sola mención del tipo legal imputado.
33º. Lo expuesto no importa disminuir el alcance probatorio de la pericia médico-legal, sino identificar el contexto en la que sus conclusiones adquieren real vinculación y potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. Dicha prueba pericial será trascendente cuando se atribuya –usualmente por parte de la propia víctima– el empleo de agresión física, penetración violenta o sangrado producto de los hechos, las que de no evidenciarse, pese a la inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de corroboración.
34º. El principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima a que se proteja su derecho a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para in-
dagar respecto a su comportamiento sexual o social, anterior o posterior al evento criminal acaecido, en pruebas constitucionalmente inadmisibles, cuando impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima. Este sería el caso cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la víctima, previo o posterior a los hechos objeto de investigación o enjuiciamiento –esta es la base de la regla 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional–. Por el contrario, ningún reparo se advierte en los actos de demostración y de verificación de las circunstancias en que se realizó la agresión sexual imputada.
35º. La regla expuesta, en clave de ponderación, está limitada por la garantía genérica de defensa procesal y en el principio de contradicción. Frente a un conflicto entre ambos derechos fundamentales y garantías constitucionales, para proceder a la indagación íntima de la víctima, en principio prohibida (Regla 71 ya citada), deberá identificarse una vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis defensiva correspondiente, por lo que dicho examen solo cabría si (i) tal indagación está dirigida a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado; (ii) o si como, consecuencia de impedir esa indagación, se vulnera gravemente la garantía de defensa del imputado. Por
ejemplo, cuando este trate de acreditar anteriores o posteriores contactos sexuales con la víctima que acrediten de ese modo el consentimiento del acto.
A estos efectos, deberá superarse, además, el test de proporcionalidad que finalmente justifique la idoneidad de la prueba indagatoria al objeto de la prueba en prevalencia del derecho de defensa del imputado. Este test exige, en primer lugar, analizar el fin buscado para ver si es imperioso para la defensa; en segundo lugar, examinar si el medio para llegar a dicho fin es legítimo; y, en tercer lugar, estudiar la relación entre el medio y el fin aplicando un juicio de necesidad. Luego, de ser razonable a la luz de estos pasos, se aplicará el juicio de proporcionalidad en sentido estricto para determinar si el grado de afectación del derecho a la intimidad es desproporcionado [Sentencia de la Corte Constitucional Colom-
biana T-453/05, del dos de mayo de 2005].
36º Estas previsiones jurisprudenciales persiguen evitar innecesarios cuestionamientos de la idoneidad moral de la víctima, los cuales legitimarían una gama de prejuicios de género, orientados a rechazar la imputación penal con base a su comportamiento sexual. Tales cuestionamientos son innecesarios y conllevan una irrazonable intromisión en la vida íntima de la víctima sin que aporte ningún elemento probatorio de lo sucedido en la relación entre víctima y acusado”.
Y, la necesidad de proteger a la víctima de la victimización secundaria
para lo cual se señala como criterio central su declaración única dentro del proceso salvo que en el caso concreto el juez advierta su especial necesidad.
“37°. El Estado ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que de-
nuncia una agresión sexual, como criterio de justicia y por fines de eficacia probatoria. La victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe una víctima por parte del sistema penal, e instituciones de salud, policía, entre otros.
La revictimización también incluye la mala intervención psicológica terapéutica o médica que brindan profesionales mal entrenados para atender situaciones que revisten características particulares. La víctima de una agresión sexual sufre por el propio hecho en sí; y por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las diferentes instituciones sucesivamente: familia, pediatra, trabajadora social, médico forense, policía, psicólogo, juez, abogado del acusado. En efecto, el trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de justicia.
38°. A efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores
de edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso sexual, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales; b) Preservación de la identidad de la víctima; c) Promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima. Esta regla es obligatoria en el caso de menores de edad, valiéndose para ello de las directivas establecidas por el Mi-
nisterio Público en la utilización de la Cámara Gesell, especialmente respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción de la declaración.
En lo posible tal técnica de investigación deberá estar precedida de las condicio-
nes que regula la prueba anticipada del artículo 242.1.a) del Código Procesal Penal 2004 y siguientes. La irrepetibilidad o indisponibilidad en su actuación radica en el retraso de la misma hasta el juicio oral, dada la corta edad de los testi-
gos y las inevitables modificaciones de su estado psicológico, así como un eventual proceso de represión psicológica. Su registro por medio audiovisual es obligatorio. De modo tal que, si a ello se agrega la nota de urgencia –que autoriza a las autoridades penales distintas del Juez del Juicio para su actuación (artículos
171.3 y 337.3.a del NCPP)– de no existir cuestionamientos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al juicio a través de su visualización
y debate. Excepcionalmente, el juez penal, en la medida que así lo decida podrá disponer la realización de un examen a la víctima en juicio cuando estime que tal declaración o exploración preprocesal de la víctima: a) no se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de defensa; b) resulte incompleta o deficiente; c) lo solicite la propia víctima o cuando esta se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el imputado y/o la declaración de otros testigos sea de rigor convocar a la víctima para que incorpore nue-
va información o aclare sectores oscuros o ambiguos de su versión; e) evitarse el contacto entre víctima y procesado, salvo que el proceso penal lo requiera”.

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