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ACUSACIÓN

ACUSACIÓN (1)

ACUSACION FISCAL

El Acuerdo Plenario N° 6–2009/CJ–116 (trece de noviembre del dos
mil nueve) señala que es deber del órgano jurisdiccional controlar la validez de la acusación fiscal.
“La acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Con independencia de los presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar, de un lado, la legitimación activa del fiscal como tal –cuya intervención solo es posible en los delitos de persecución pública y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el Derecho Penal debe tratarse no solo de una persona física viva sino que ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investi-
gación preparatoria y, por ende, estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitum o petición de una concreta sanción penal.
Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso penal (artículo 92 del Código Penal, –en adelante, CP–), también importa la introducción de la pretensión civil, basada en los daños y perjuicios generados por la comisión de un acto ilícito. En función a su característica singular, la acusación fiscal ha de señalar tanto la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios en la esfera patrimonial del perjudicado causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida, como la persona o personas que aparezcan responsables –que han debido ser identificadas en una resolución judicial dictada en la etapa de instrucción o investigación preparatoria– y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esa responsabilidad”.
Señala que la calificación jurídica fijada en la disposición de formalización de investigación preparatoria y en la acusación es provisional.
“8°. La acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una calificación, siempre provisional, del hecho punible objeto de investigación preparatoria o instrucción. Este comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de participación.
Lo expuesto en el auto de apertura de instrucción o en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria –según se trate del ACPP o del NCPP, respectivamente–, respecto del fundamento jurídico, tiene un carácter relativo: lo que interesa, sin perjuicio de la identificación del imputado, es la definición de los hechos que han sido objeto de investigación, y que no se altere la actividad: identidad, por lo menos parcial, de los actos de ejecución delictiva y la homogeneidad del bien jurídico tutelado. Lo expuesto no hace sino ratificar que ambas decisiones –judicial una y fiscal otra– determinan la legitimación pasiva y se convierten en el requisito previo de la acusación, con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo ciudadano al conocimiento previo de la acusación; derecho último, que integra la garantía de defensa procesal, y que no implica convertir el auto de apertura de instrucción o la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria en un escrito de acusación.
Una regla expresa sobre esa vinculación relativa del fundamento jurídico de la causa de pedir se encuentra en el artículo 349.2 del NCPP, que incluso autoriza
un cambio en la calificación jurídica, siempre –claro está con pleno respeto del principio acusatorio, que exige en este nivel, de un lado, identidad esencial –es decir, total o parcial– entre los hechos de ejecución delictiva investigados y acusados, y, de otro lado, respeto de la homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo. En tanto se trata de un acto de postulación, que es objeto de conocimiento del acusado y respecto del cual se iniciará el juicio oral, no es de recibo sostener que tal proceder del fiscal vulnera el principio de contradicción o lesiona la garantía de defensa procesal”.
Señala que el control del requerimiento fiscal lo debe hacer el juez después de escuchar a las partes.
“12°. La etapa intermedia en el NCPP se afilia al sistema legal de la obligatoriedad del control del requerimiento fiscal. El juez de la investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es, verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal –ese, y no otro, es su ámbito funcional–.
El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal, según los artículos 350/352 del NCPP, pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes –nunca antes– (fase escrita) y de la realización de la audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración). El juez decide luego de escuchar a las todas las partes procesales, nunca antes”.
Señala que la subsanación de los defectos de la acusación solo implicará la suspensión de la audiencia cuando se requiera un nuevo análisis del Ministerio Público.
“13°. El artículo 350.1 del NCPP autoriza a las partes proponer motivadamente ocho cuestiones o mociones específicas. Ahora bien, el control formal de la acusación fiscal, que incluso puede promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria –la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional, enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva–, está contemplado en el literal a) del citado apartado 1) del artículo 350 del NCPP. Este comprende los supuestos descritos en el párrafo 9° en relación con el artículo 349 del NCPP. Los defectos denunciados,
en caso que se acojan, requerirán, conforme al artículo 352.2 del NCPP, una decisión inmediata de devolución de las actuaciones al fiscal, con la necesaria suspensión de la audiencia, siempre que se requiera de “(…) un nuevo análisis del Ministerio Público”.(…)
La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia, que será del caso instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones”.
Señala que el juez solo puede dictar sobreseimiento (incluso de oficio, pero habiendo instado previamente el pronunciamiento de las partes) cuando se presenta alguna causal legal expresa.
“14°. El control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del
acto postulatorio del fiscal.
Negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral –con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, circunscripto a los supuestos del artículo 2 del NCPP, y de la deducción de excepciones– solo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, los que están taxativamente contemplados en el artículo 344.2 del NCPP.
Este control, por imperio del artículo 352.4 del NCPP, puede ser realizado de oficio. Al juez de la investigación preparatoria le corresponde decretarla, cuando la presencia de los requisitos del sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes instar el pronunciamiento de las partes sobre el particular”.
Y, que el control formal de la acusación antecede al control sustancial.
“15°. Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352.2 del NCPP precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349.1 del NCPP –en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar– lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. (…)
El control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la
subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Esta comprende el examen de la concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vi-
gencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes (artículo 344.1 del NCPP)”.
La sentencia de la Casación N° 54-2009-La Libertad (veinte de julio de dos mil diez) señala que el Derecho peruano no reconoce la caducidad de la acusación por presentación extemporánea de esta, en todo caso ello solo puede acarrear responsabilidad disciplinaria.
“Que en este orden de ideas el apartado 2) del artículo 144 del NCPP cuando se refiere a la regulación de la actividad de jueces y fiscales, debe ser entendido en relación a aquellas actividades relacionadas al ejercicio de la acción penal –en caso de fiscales– como sería formular acusación; y expedir resoluciones en caso de jueces, las cuales al estar en estrecha relación con las funciones que la Cons-
titución le asigna al Ministerio Público y al Poder Judicial de manera exclusiva y excluyente no pueden ser sancionadas con la caducidad del plazo establecido por ley para emitir su dictamen o resolución, lo cual importaría una vulneración de las citadas normas constitucionales. Sin embargo, su inobservancia necesariamente debe estar sujeta a una sanción disciplinaria, puesto que todo justiciable tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a no ser sometido de manera indefinida a un proceso penal sin que se resuelva su situación jurídica.
Asimismo, realizando una interpretación sistemática del propio Código, se tiene el artículo 343 del NCPP referido al control del plazo de la investigación preparatoria –el cual está vinculado a la facultad constitucional asignada al Ministerio Público de investigar el delito– en el que se establece que acarrea solo responsabilidad disciplinaria en el fiscal en caso se exceda en el plazo otorgado.
Por otro lado, el apartado 1) del citado artículo 144 del NCPP debe ser entendido como todos aquellos plazos establecidos en la ley que no se encuentran comprendidos en la excepción antes detallada, como son los plazos para impugnar, para ofrecer pruebas, para interponer excepciones, entre otros, todos los cuales se dan dentro de la propia dinámica del proceso penal.
DÉCIMO: Que es cierto que la Ley establece un plazo para la formulación de la acusación (quince días, según lo dispuesto en el artículo 344.1 del NCPP). El requerimiento fiscal, acusatorio o no acusatorio, sin embargo, tiene lugar no como el ejercicio de una facultad discrecional del Ministerio Público sino como la ejecución de una obligación indispensable o necesaria para la continuación del proceso, sea para definir la clausura de la causa a través del sobreseimiento o para abrir la etapa principal de enjuiciamiento.
La caducidad es una sanción procesal. Supone, según doctrina consolidada, una facultad procesal atribuida a un sujeto procesal, y consiste en la pérdida o privación de la misma por efecto del tiempo transcurrido sin haberla ejercitado.
Se funda en el comportamiento procesal del sujeto y su efecto es la preclusión, en cuya virtud aquel pierde la facultad procesal de que se trate y no puede ya ejercitarla. La caducidad consumada impide la realización del acto (EUGENIO FLORIAN. Elementos de Derecho Procesal Penal. Bosch, Barcelona, 1934, pp. 133-134).
El requerimiento fiscal –acusatorio o no acusatorio–, como ha quedado expuesto, es la expresión de un deber funcional ineludible: el proceso penal no se concibe sin su ejercicio. Por tanto, el incumplimiento de los plazos legalmente previstos para su emisión, por su carácter de acto necesario para el proceso, solo acarrea responsabilidad disciplinaria como lo establece el artículo 144.2 del NCPP;
tienen que ser cumplidos aunque se hubiese producido su término final.
Por otro lado, el carácter expreso o la exigencia de una específica autorización legal para imponer una sanción procesal, tal como ha sido establecido por el artículo VII, apartado 3), del NCPP, a la que se une su interpretación restrictiva, impide ‘deducir’ del ordenamiento un supuesto de caducidad y consiguiente preclusión. La norma establecida en el artículo 144 del NCPP, en el caso de la acti-
vidad del fiscal, no permite que se declare la caducidad del ejercicio de la acusación por vencimiento del plazo. Tal situación, además, importaría, primero, crear pretorianamente un supuesto adicional de sobreseimiento de la causa, al margen de lo dispuesto en el artículo 344.2 del NCPP; y segundo, instituir una causal de cese de la acción penal fuera de los casos establecidos por la ley, vulnerándose los principios de oficialidad y de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal”.
El Auto de Calificación de la Casación N° 60-2009-La Libertad (cinco de marzo de dos mil diez) señala que las defensas de la etapa intermedia contra la acusación –como el pedido de sobreseimiento– deben plantearse dentro del plazo de ley.
“Cuarto: Que en el presente caso se tiene que el Juez de la Investigación Preparatoria mediante auto emitido en la audiencia de control de la acusación declaró fundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del encausado Manuel Reyes Vásquez, no obstante que dicha petición fue realizada fuera del plazo estatuido en el artículo trescientos cincuenta del acotado Código –fue notificado con la acusación con fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, conforme se advierte del cargo de notificación de fojas ciento veinticinco, e interpuso su solicitud de sobreseimiento el trece de abril de dos mil nueve, tal como se observa de su escrito de fojas ciento setenta y seis–, motivo por el cual la Sala Superior al resolver la apelación interpuesta por el señor fiscal declaró nula la resolución y ordenó que se retrotraiga la causa al estadio en que se produjo el vicio; que, en atención a ello, el recurrente denuncia la existencia de una incorrecta aplicación de la norma que establece un plazo para contradecir la acusación, por
lo que se hace necesario –sostiene al invocar la causal excepcional– que este Supremo Tribunal emita pronunciamiento para determinar que en la realización de una audiencia preliminar de control de la acusación no se pueda restringir o prohibir la solicitud, contradicción o pronunciamiento sobre una petición de sobreseimiento o cualquier otra cuestión que se refiera al fondo del asunto, a pesar que dicha petición sea realizada con posterioridad al vencimiento del plazo legal establecido. Quinto: Que, en este contexto, se tiene que el impugnante no ha justificado razonablemente, desde la defensa del ius constitutionis, el interés casacional ni la necesidad de una correcta interpretación del artículo trescientos cincuenta del Código Procesal Penal, pues esta norma al establecer, de manera clara e inequívoca, un plazo para realizar determinado acto –como es interponer las defensas necesarias contra la acusación–, no requiere de mayores precisiones interpretativas, por lo que su inobservancia acarrea necesariamente su nulidad, tal como se resolvió en la resolución impugnada”.
La sentencia de la Casación N° 53-2010-Piura (siete de junio de dos mil
doce) señala también, aunque con pretensiones de aplicación general, que las defensas de la etapa intermedia contra la acusación –como el pedido de sobreseimiento– deben plantearse dentro del plazo de ley.
“2. Que, en lo que concierne al procedimiento a seguir, se debe precisar que tanto el artículo trescientos cincuenta, como el trescientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal fijan en forma clara y concisa, los lineamientos a seguirse por el Juez de la Investigación Preparatoria durante la etapa intermedia, específicamente en la Audiencia de Control de la Acusación; así, en el caso del primer ar-
ticulado, la norma señala de manera expresa que los demás sujetos procesales – entendiendo por ello a todos los intervinientes con excepción del fiscal quien es el que justamente plantea la tesis acusatoria– tienen un plazo perentorio de diez días para formular las observaciones previstas en los acápites del a) hasta el h) del numeral uno; además, el numeral dos faculta a los demás sujetos procesales a proponer los hechos –contenidos en la acusación escrita– que aceptan, respecto de los cuales el juez los dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio; que, asimismo, el artículo trescientos cincuenta y uno regula el desarrollo de la audiencia preliminar –de control de acusación–, estadio en el que se debatirá, en virtud a los principios de oralidad y contradicción, sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida, debiéndose entender que dichas observaciones deben ser formuladas en forma escrita dentro del plazo mencionado –diez días–, a fin que los puntos allí consignados sean los que deban ser debidamente debatidos por las partes y resueltos por el juez de la investigación preparatoria en la audiencia preliminar.
Que, en dicho orden de ideas, no puede ser posible, de modo alguno, que tales observaciones sean formuladas recién en el acto de la audiencia preliminar pues tal comportamiento afecta el derecho a la igualdad de armas respecto de los actos postulatorios del fiscal; en efecto, de ser así, este no podría tomar conocimiento previo y oportuno de los cuestionamientos efectuados por los demás sujetos procesales a su acusación escrita, lo que conllevaría a que el representante del Ministerio Público –en dicha audiencia– se enfrente a observaciones y cuestionamientos sorpresivos que convertirían a la audiencia preliminar en un esce-
nario incierto, en el que no existiría un parámetro de discusión prefijado bajo las garantías y supervisión del caso por el Órgano Jurisdiccional, por tanto, a fin de que el fiscal pueda presentar en la Audiencia Preliminar, los argumentos que refuercen su tesis acusatoria y, asimismo, refutar las observaciones planteadas a ella, resulta impostergable dejar fijado que el plazo de diez días para formular dichas observaciones a la acusación –a que se refiere el artículo trescientos cincuenta del Código Procesal Penal– es un presupuesto legal de obligatorio cumplimiento que garantiza un trato igualitario a las partes en conflicto y, además, le otorga un plazo razonable al fiscal para conocer los cuestionamientos planteados y preparar los argumentos que considere pertinentes presentar en la Audiencia Preliminar.
4. Que, siendo la audiencia, en un sentido amplio, un escenario donde las partes ejercen sus derechos mediante la discusión, donde los intervinientes presentan oralmente sus peticiones y argumentos y, además, donde existe la posibilidad de controvertir la opinión de su oponente, sin embargo, la articulación de dicha diligencia debe efectuarse, en primer lugar, en función a la naturaleza del acto con-
creto que se realice, y en segundo lugar, en virtud a la norma jurídica específica que se haya estipulado al respecto; así la Audiencia Preliminar –o de Control de la Acusación– según los dispositivos legales señalados precedentemente –artículos trescientos /cincuenta y trescientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal–, tiene como presupuesto la presentación o no de los escritos o requerimientos (observaciones) planteados por los sujetos procesales, siendo que al verificar el juez de la investigación preparatoria la presentación de tales observaciones mediante instrumento escrito –necesariamente–, debe promover la discusión en dicha Audiencia respecto a los puntos previamente fijados, cualquier razonamiento distinto en este extremo, en principio; desnaturalizaría el procedimiento fijado en la norma procesal y también violentaría –como se indicó en el apunte anterior– el derecho a la igualdad de armas, que más bien el Juzgador debe proteger, en tal sentido, resulta claro que debe evitarse cualquier situación que gene-
re un desequilibrio entre la defensa del imputado y el representante del Ministerio Público, pues si el primero de ellos tuvo conocimiento antes de la audiencia preliminar de los fundamentos que sustentan la incriminación estatal, entonces, resulta razonable y garantizador del derecho previamente indicado –igualdad de armas– que el Ministerio Público conozca de los cuestionamientos u observaciones que los otros sujetos procesales crean por conveniente efectuar respecto a su tesis de cargo; de tal manera que, durante la audiencia de control de acusación, no exista desconocimiento sobre alguno de los aspectos citados precedentemente; que ello redundará en que se garantice a las partes en conflicto un tratamiento igualitario y las mismas oportunidades de contradecir a su oponente, lo que obviamente no sucedería si se deja al libre albedrio de las partes –con lo que se evidenciaría una falta de regulación legal, hecho que no existe en el supuesto materia de análisis–, la forma y oportunidad en que se planteen las observaciones a las que se refiere el artículo trescientos cincuenta del Código Procesal Penal”.
La sentencia de la Casación N° 23-2010-La Libertad (veintiuno de oc-
tubre de dos mil diez) señala que el efecto diferido –para que sea conocida conjuntamente con la impugnación de la sentencia– de la apelación del extremo de la resolución que declara el sobreseimiento del proceso respecto de algunos procesados o delitos disponiendo el juzgamiento de los otros.
“SEGUNDO: Que, el auto de vista oral, transcrito a fojas cuatrocientos doce, del catorce de enero de dos mil diez, declaró nulo el extremo de la resolución número veintiuno de fojas trescientos cuarenta y ocho, del dos de noviembre de dos mil nueve, que mandó elevar a la Sala de Apelaciones los recursos de apelación interpuestos por los recurrentes, porque entiende que la resolución que se pretende elevar en grado es objeto procesal del recurso de apelación sin efecto suspensivo pero con calidad de diferida conforme a lo expuesto por el artículo cuatrocientos diez del Código Procesal Penal.
TERCERO: Que los impugnantes –encausados y el actor civil– pretenden elevar en grado al Superior Jerárquico un auto interlocutorio, que en un extremo definió la situación jurídica de los procesados respecto de los delitos de omisión de acto funcional y colusión, y de otro dispuso que se continúe el juzgamiento de estos mismos encausados respecto del delito de peculado doloso. Se continuó el juzgamiento de los citados encausados, así como de Manuel Antonio Torres
Chávez y Ramón José Pando Rodríguez por el delito de peculado doloso, y de Eduardo Humberto Poletti Gaitán por el delito de omisión de acto funcional. CUARTO: Que atento a que el motivo casacional es la inobservancia de una norma procesal, específicamente el precepto que regula la “impugnación diferida” (artículo cuatrocientos diez del NCPP), es de destacar que el efecto diferido implica la postergación del momento de resolución del recurso a una fase ulterior desvinculada del de la interposición.
En lo sustancial, el fundamento del recurso diferido consiste en evitar las con-
tinuas interrupciones del procedimiento principal y la elevación de la causa en procura de la celeridad procesal, que es parte de la dinámica del nuevo modelo Procesal Penal, lo que es concordante con la garantía constitucional del debido proceso amparado en el inciso tres del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política. Por ello es que el trámite del recurso queda reservado por el juez para que sea resuelto por el Superior jerárquico conjuntamente con la apelación de la sentencia o el auto definitivo que ponga fin a la instancia procesal.
QUINTO: Que la resolución del Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria definió, de un lado, la situación jurídica de los procesados respecto de los delitos de omisión de acto funcional y colusión, y, de otro lado, dispuso que se continúe el juzgamiento de estos mismos encausados y otro respecto del delito de peculado doloso así como de otro injusto penal. Esta resolución fue la solución jurídica al planteamiento de los acusados recurrentes, quienes en la etapa intermedia dedujeron excepciones de improcedencia de acción que tuvieron como fin el sobreseimiento del proceso por esos delitos, por lo que su impugnación debe ser objeto procesal del recurso de apelación sin efecto suspensivo y con calidad de diferida.
Si bien posteriormente el órgano jurisdiccional superior se pronunció sobre una situación jurídica especial y declaró respecto de lo resuelto por el a quo –con relación a la calidad del concesorio de apelación– la nulidad de la remisión de autos al órgano superior en grado en tanto el recurso impugnatorio debe ser resuelto conjuntamente con la apelación de la sentencia o el auto definitivo, a efectos de evitar interrupciones del procedimiento principal y pronunciamientos contradictorios, con ello no se afecta el derecho a la libertad personal de los imputados y menos causa grave perjuicio a alguna de las partes impugnantes no es aplicable el supuesto previsto en el artículo cuatrocientos dieciocho del acotado Código Procesal Penal, pues esa situación obedece a autos de sobreseimiento que pongan fin a la instancia sin que quede pendiente la solución de la situación jurídica de los otros procesados”.

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