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NULIDAD

LA NULIDAD

LA NULIDAD

     Artículo 149 Taxatividad.- La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley.

     Artículo 150 Nulidad absoluta.- No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes:

     a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia;

     b) Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas;

     c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria;

     d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución.

     Artículo 151 Nulidad relativa.-

     1. Excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad por el vicio, cuando lo conozca.

     2. La solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la solución correspondiente.

     3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido el defecto.

     4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva.

     Artículo 152 Convalidación.-

     1. Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en los siguientes casos:

     a) Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan solicitado oportunamente su saneamiento;

     b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto;

     c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los intervinientes.

     2. El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados.

     Artículo 153 Saneamiento.-

     1. Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado.

     2. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este Código.

     Artículo 154 Efectos de la nulidad.-

     1. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son anulados.

     2. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido.

     3. La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que así correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de casación.

     4. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la Investigación Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa intermedia.

 

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ACTAS QUE CONTIENEN PRUEBA PRECONSTITUIDA TIENEN EFICACIA SIN NECESIDAD DE QUE LOS FUNCIONARIOS QUE LAS SUSCRIBIERON PRESTEN DECLARACIÓN TESTIMONIAL NULIDAD DE LA SENTENCIA CUANDO SE HA OMITIDO INJUSTIFICADAMENTE LA VALORACIÓN DE UN MEDIO PROBATORIO

ACTAS QUE CONTIENEN PRUEBA PRECONSTITUIDA TIENEN EFICACIA SIN NECESIDAD DE QUE LOS FUNCIONARIOS QUE LAS SUSCRIBIERON PRESTEN DECLARACIÓN TESTIMONIAL

NULIDAD DE LA SENTENCIA CUANDO SE HA OMITIDO INJUSTIFICADAMENTE LA VALORACIÓN DE UN MEDIO PROBATORIO ACTUADO EN JUICIO

EXPEDIENTE : Nº 05758-2008-14-1601-JR-PE-01
IMPUTADA : JENNIFER ROSALÍA LOZANO CAPURRO
DELITO : DIFUSIÓN DE OBRA SIN AUTORIZACIÓN DEL AUTOR
AGRAVIADA : APDAYC
PROCEDENCIA : 4º JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO
APELANTE : AGRAVIADO
ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
Trujillo, seis de setiembre del año dos mil diez
VISTOS, en Audiencia Privada realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHÓN y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO. I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.1. Que, viene en apelación la sentencia que absuelve de la acusación fi scal a Jennifer Rosalía Lozano Capurro como autora del delito contra los derechos intelectuales en la modalidad de difusión de obra sin autorización del autor, en agravio de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).
1.2. Que, el abogado de la parte agraviada ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia absolutoria, por considerar que la sentencia no se encuentra con arreglo a ley; al encontrarse con muchos errores, tal es así que no se ha valorado ciertos documentos que han sido admitidos como medios de prueba en la audiencia correspondiente, toda vez que APDAYC representa el repertorio musical y tiene una ley especial, asimismo es de conocimiento público que la parte acusada ostenta la representación cuya materia prima es la materia de la música, y el local no tenía la autorización de estas. Solicitando se revoque la sentencia absolutoria y se ordene una resolución adecuada, teniendo en cuenta las pruebas admitidas en el proceso.
1.3. Que, por su parte la representante del Ministerio Público solicita que se confi rme la sentencia venida en grado, por considerar que la sentencia se encuentra arreglada a derecho, que ha sido expedida luego de haberse actuado los medios probatorios que fueron admitidos, incorporados y debatidos en el juicio oral, llegándose a la absolución de la acusada, en ese sentido debe confi rmase dicha sentencia.
1.4. Asimismo, la abogada de la imputada solicita se confi rme la sentencia venida en grado, que no existe medios de prueba que acrediten la existencia del delito, considera que se ha preservado el principio de presunción de inocencia y que la sentencia absolutoria ha sido expedida con arreglo a ley.
1.5. En la audiencia no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, y se escucharon los alegatos fi nales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.
II.- CONSIDERANDOS:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. El delito de reproducción, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor está previsto en el artículo 217 del Código Penal que prescribe lo siguiente: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con treinta a noventa días-multa, el que con respecto a una obra, una interpretación o ejecución artística, un fonograma o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual o una imagen fotográfi ca expresada en cualquier forma, realiza alguno de los siguientes actos sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos: inciso c) La comunique o difunda públicamente, transmita o retransmita por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del respectivo derecho.
2.2. El artículo 409 inciso 1 del CPP prescribe que la impugnación confi ere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
De los hechos objeto de la acusación
2.1. Que, en la parte expositiva de la sentencia se ha precisado que los hechos objeto de la acusación son los siguientes: La acusada en su calidad de propietaria y administradora de la discoteca pub “Habana Club” el día seis de mayo del años dos mil seis (aproximadamente a las once de la noche) en el interior del mencionado local de espectáculos ubicado en el pasaje Santa Luisa, Manzana “D”, lote 03 de la Urbanización “Santa Leonor” de esta ciudad, ha efectuado reproducción de piezas musicales mediante equipos de sonido, específi camente los temas “Motor y motivo” y “Más que tu amigo”. Del mismo modo el día veintisiete de enero del año dos mil ocho, siendo aproximadamente las doce con veinte minutos de la noche se intervino el mismo local detectándose que la Orquesta Vía Latina ejecutó públicamente los temas “Gotitas de lluvia” y “Solo tú”.
Que dichos temas musicales conforman parte del repertorio musical protegido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y que la acusada los venía difundiendo repetidamente por medios mecánicos (equipos de sonido) y humanos (orquestas) sin contar con la autorización correspondiente ni efectuar los pagos por derechos de autor a pesar de habérsele enviado diversas cartas en las que se le advertía que por la reproducción de dichas obras musicales tenía que pagar un derecho.
De los fundamentos de la apelada
2.2. En la sentencia apelada, después de analizar las actas de constatación y las comunicaciones remitidas por la agraviada a la acusada, se concluye que el único medio probatorio idóneo actuado durante la audiencia de juzgamiento es la declaración testimonial del abogado Alan Vega Layza, quien conforme él mismo ha señalado se desempeña como asesor legal de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y que resulta insufi ciente para fundar solamente en ella una sentencia condenatoria, con mayor razón si no se encuentra respaldada por otros medios de prueba que corroboren fehacientemente lo afi rmado por dicho testigo.
Delimitación de la pretensión del impugnante
2.3. El abogado de la agraviada sustentando su pretensión impugnatoria ha solicitado que se revoque la sentencia, por cuanto hay pruebas que no han sido valorados adecuadamente como la declaración del testigo Alan Gabino Vega Layza, por cuanto narra en forma clara y precisa las circunstancias como se llevó a cabo las diligencias con un efectivo policial, y existe el [Acuerdo] Plenario Nº 02-2005/CJ116 por lo cual se podría condenar solo por la declaración del testigo, al darse los presupuestos de este plenario, una carga notarial, los informes de INDECOPI los cuales son requisitos de procedibilidad, y que no han sido valorados adecuadamente, asimismo que todo el procedimiento se hace en base a un acta de constatación policial, el cual está regulado en el artículo 184 del Decreto Legislativo N° 822.
Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado
2.4. Que en la sentencia apelada, se ha precisado que el único medio probatorio idóneo es la testimonial del testigo Alan Vega Layza, el que es insufi ciente para sustentar una sentencia condenatoria; sin embargo en el presente caso se advierte la existencia de otras pruebas que no han sido debidamente valoradas por el Juez Unipersonal, tales como las dos actas de constatación: la primera de fecha 6 de mayo de 2006 en la que el personal policial y el supervisor de APDAYC constataron que en la discoteca Habana Club, a través de un equipo de sonido se difundía la música tropical del grupo 5 “Motor y Motivo” y de Marco Antonio Solís “Más que tu amor” y la segunda de fecha 20 de enero de 2008, en la que personal policial, supervisor y asesor legal de Apdayc constataron en la misma discoteca a través de una orquesta Vía Latina, se difundía la música “Solo Tú” y “Gotitas de Lluvia”; sin autorización, toda vez que el local en referencia ubicados en la dirección que se indica, no ha sido empadronado, negándose a fi rmar en la segunda acta la acusada, quien fue debidamente identifi cada.
2.5. Que dichas actas al haber sido incorporadas al juicio mediante su lectura, de conformidad con lo previsto en el artículo 325 parte in fi ne del CPP, para los efectos de la sentencia tiene carácter de prueba, en calidad de pruebas preconstituidas, y siendo que estas actas han sido elaboradas de conformidad con el artículo 120, del CPP estas por sí solas tienen efi cacia probatoria, las que no pueden ser enervadas por el hecho de que los funcionarios que la suscribieron no hayan prestado su testimonial, como erróneamente se sostiene en la sentencia apelada para desvirtuar su efi cacia probatoria; además el error en la redacción de un dato, tampoco puede servir de sustento para desestimar la carga probatoria de estas actas, conforme lo prescribe el artículo 121 inciso 2 del CPP, máxime si en autos existen otros elementos probatorios que permiten en forma indubitable establecer que se trata del local denominado “Habana Club” y fi jan su dirección, como son las cartas remitidas por la agraviada a la acusada, el Informe Técnico Nº 087-2008/ODA y la fi cha RUC.
2.6. En tal sentido las actas de constatación antes glosadas, la testimonial de Alan Vega Layza, las cartas remitidas por la parte agraviada a la acusada mediante el cual le comunica que debe contar con la autorización previa para difundir el repertorio musical que protegen y la infracción que ha cometido, así como la posibilidad de una solución armoniosa; el formato de repertorio identifi cado por APDAYC que es objeto de su protección y los demás documentos probatorios antes citados permiten inferir la existencia del delito y la vinculación de la acusada con este delito. Y cuyo material probatorio no ha sido debidamente valorado por el Juez de la causa.
2.7. Que el Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De este hecho se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso en el marco del respeto de los derechos fundamentales y de lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Por ello la omisión injustifi cada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que las regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba, y por ende, del debido proceso(62). Y siendo que en el presente caso, como ya se ha precisado el Juez Unipersonal no ha examinado individualmente y luego en conjunto las pruebas aportadas en juicio oral respetando las reglas de la sana crítica, omitiendo injustifi cadamente su valoración, es de estimarse que se ha incurrido en una afectación al debido proceso que es una garantía constitucional, por consiguiente de conformidad con lo estipulado en el artículo 409 inciso 01, concordante con el artículo 150 parágrafo d) y el artículo 154 inciso 4 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la sentencia y del juicio oral, y exhortar al magistrado del Juzgado Unipersonal a efectos de que en el futuro, cumpla con el deber constitucional de motivación de las resoluciones, debiéndose disponer la realización de un nuevo juicio oral por otro juez, al amparo del principio de imparcialidad.
2.8. Que si bien en el presente caso, la sentencia absolutoria no fue apelada por el representante del Ministerio Público y en la audiencia de apelación la Fiscal Superior solicitó se confi rme la sentencia, con lo cual se evidenciaría que el titular de la acción penal pública estaría renunciando a su pretensión persecutoria del delito, es necesario tener en cuenta el precedente vinculante, contenido en la ejecutoria suprema, Queja N° 1678-2006, Lima, en el que se ha establecido que si bien “el principio acusatorio como garantía esencial del proceso penal integra el contenido esencial del debido proceso y delimita el objeto del proceso, determinando cuál es la distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto del proceso penal; (…) cuando se consolide la posición no incriminatoria

(62) Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1014-2007-PHC/TC; caso Luis Federico Salas Guevara Schultz.
del Ministerio Público, no existe posibilidad jurídica de que el órgano jurisdiccional de alzada dicte una resolución de imputación; que no obstante ello, y pese a lo expuesto, es posible –asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales en confl icto– una anulación del procedimiento cuando, de uno u otro modo, y de manera especialmente relevante, se afecte el derecho a prueba de la parte civil, que integra la garantía constitucional de defensa procesal (…)(63)”; que resulta aplicable al presente caso.
III.- RESOLUCIÓN:
Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE:
DECLARARON NULA la sentencia que absuelve de la acusación fi scal a Jennifer Rosalia Lozano Capurro como autora del delito contra los derechos intelectuales en la modalidad de difusión de obra sin autorización del autor, en agravio de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).
DISPUSIERON que otro juez efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sentencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.
EXHORTARON al magistrado del Juzgado Unipersonal, a efectos de que en lo sucesivo cumpla con el deber de motivación.
EJECUTORIADA que sea la presente DEVUÉLVASE al Juzgado competente. Actuó como Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Cotrina Miñano.
SS. MALCA GUAYLUPO / LLAP UNCHÓN / COTRINA MIÑANO

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CONVALIDACIÓN POR NO HABERSE IMPUGNADO LA LECTURA DE LA DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO AUSENTE

CONVALIDACIÓN POR NO HABERSE IMPUGNADO LA LECTURA DE LA DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO AUSENTE
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N° 05-2010-LA LIBERTAD
AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN
Lima, diecinueve de abril de dos mil diez
AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente el señor Príncipe Trujillo; el recurso de casación por falta de motivación respecto a lo alegado por la defensa, manifi esta ilogicidad de la motivación, e inobservancia de normas procesales interpuesto por la encausada Ana María López Lavado contra la sentencia de vista de fojas trescientos sesenta y ocho, del quince de diciembre de dos mil nueve, que confi rmando la sentencia de primera instancia de fojas doscientos ochenta y seis, del once de setiembre de dos mil nueve, la condenó como autora del delito contra la salud pública - tráfi co ilícito de drogas en agravio del Estado, y le impuso diez años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e inhabilitación por el periodo de un año y fi jó en tres mil nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor del Estado; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de lo previsto en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del nuevo Código Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; que se ha cumplido con el trámite de traslados respectivos a las partes. SEGUNDO: Que la admisibilidad del recurso de casación se rige por la concordancia de los artículos cuatrocientos veintiocho y cuatrocientos treinta, primer apartado del citado Código, cuyos requisitos deben cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido; que se ha recurrido una sentencia de vista, que confi rmando la sentencia de primera instancia, condenó a la recurrente como autora del delito de tráfi co ilícito de drogas e impuso una pena de diez años de privación de la libertad, por lo que se cumple el presupuesto objetivo estatuido en el artículo cuatrocientos veintisiete, apartados uno y dos literal b) del nuevo Código Procesal Penal; que, además, contra el fallo de primera instancia la impugnante interpuso recurso de apelación, en consecuencia, también se satisface el presupuesto subjetivo del gravamen, a que se refi ere el artículo cuatrocientos veintiocho, apartado uno, literal d) del citado Código Adjetivo; que el recurso cumple, igualmente, los presupuestos formales correspondientes de tiempo, lugar, modo y fundamentación. TERCERO: Que, como motivos de casación invoca: i) falta de motivación respecto a lo alegado por la defensa, ii) manifi esta ilogicidad de la motivación, y iii) inobservancia de normas procesales; y para ello citó solamente lo dispuesto en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal –esto es, manifi esta ilogicidad de la motivación–. CUARTO: Que, sin embargo, es de pronunciarse respecto a cada uno de ellos, por lo que con relación al primer motivo de casación la recurrente precisó que se oralizó de manera ilegítima la declaración de su coencausado contumaz Jesús Gumercindo López Lavado la que no podía efectuarse acorde con lo prescrito por el artículo trescientos ochenta y tres, numeral uno, literal d) del Código Procesal Penal, se debe dejar establecido que la recurrente conoció oportunamente su incorporación y no la impugnó, en consecuencia, la legitimó conforme lo establece el artículo ciento cincuenta y uno apartado uno y el artículo ciento cincuenta y dos apartado uno literal b) del referido cuerpo legal; que en este mismo fundamento invocó el hecho de que no se valoró adecuadamente la declaración de Juan José Crespo Arana quien brindó una versión distinta tanto en la etapa preliminar como en el juicio oral, sin embargo, conforme se verifi ca de la sentencia de vista la Sala Penal motivó adecuadamente su fallo efectuando para ello un análisis conjunto de los medios probatorios y donde invocó además de dicha actuación judicial otras pruebas que sustentan la condena. QUINTO: Que en lo que respecta a la manifi esta ilogicidad de la motivación e inobservancia de normas procesales la recurrente efectuó un cuestionamiento similar a los agravios esbozados en el cuarto considerando de la presente Ejecutoria Suprema.
SEXTO: Que el artículo quinientos cuatro, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen de ofi cio conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del nuevo Código Procesal Penal; que, en el presente caso, no existen motivos fundados para su exoneración. Por estos fundamentos: I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación por falta de motivación respecto a lo alegado por la defensa, manifi esta ilogicidad de la motivación, e inobservancia de normas procesales interpuesto por la encausada Ana María López Lavado contra la sentencia de vista de fojas trescientos sesenta y ocho, del quince de diciembre de dos mil nueve, que confi rmando la sentencia de primera instancia de fojas doscientos ochenta y seis, del once de setiembre de dos mil nueve, la condenó como autora del delito contra la salud pública - tráfi co ilícito de drogas en agravio del Estado, y le impuso diez años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e inhabilitación por el periodo de un año y fi jó en tres mil nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor del Estado; MANDARON se notifi que a las partes apersonadas la presente Ejecutoria. II. CONDENARON al pago de las costas de la tramitación del recurso de casación a la recurrente. III. DISPUSIERON se devuelvan los actuados al tribunal de origen. Hágase saber.
SS. LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / PRÍNCIPE TRUJILLO / CALDERÓN CASTILLO /
SANTA MARÍA MORILLO

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NO HAY NULIDAD DEL JUICIO CUANDO SE OBVIÓ ACTUACIÓN DE UN MEDIO PROBATORIO CARENTE DE RELEVANCIA

NO HAY NULIDAD DEL JUICIO CUANDO SE OBVIÓ ACTUACIÓN DE UN MEDIO PROBATORIO CARENTE DE RELEVANCIA
EXP. N° 06065-2009-PHC/TC-LIMA
PABLO CONTRERAS CALDERÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días del mes de mayo de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional integrada por los Magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Contreras Calderón contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 248, su fecha 18 de setiembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 8 de mayo de 2009, don Pablo Contreras Calderón interpone demanda de hábeas corpus, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y de defensa. Sostiene que el proceso que se le siguió por la comisión de delito contra el patrimonioapropiación ilícita en agravio de don César Augusto Carranza Torres, en el que fue condenado a tres años de pena privativa de libertad con pena suspendida por dos años, fue llevado con total irregularidad, y que su libertad se encuentra restringida al tener que cumplir reglas de conducta impuestas por el Juzgado emplazado, pues al expedirse la sentencia condenatoria de fecha 14 de noviembre del 2006 (Expediente N° 422-2003), se reprodujeron los mismos términos de su sentencia anterior, de fecha 28 de enero del
2005, declarada nula por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. N° 239-2005), sin cumplir lo ordenado por dicha Sala; esto es, que se disponga una diligencia de confrontación, dado que la diligencia se programó para un día declarado feriado, no llevándose a cabo ni reprogramándose.
Realizada la investigación sumaria, se recibió la manifestación del benefi ciario, se tomó las declaraciones de la demandada, doctora Marlene Neira Huamán; se recogió el escrito de apersonamiento y absolución del señor Procurador Público Adjunto ad hoc para procesos constitucionales del Poder Judicial; además de las copias certifi cadas de las piezas principales del proceso signado con número 422-03, remitido por el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima.
El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, mediante resolución de fecha 25 de mayo de 2009, de fojas 209, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus considerando que no se observa la vulneración de derechos constitucionales invocados por el demandante, anotando, además, que el hábeas corpus no se debe tomar como una vía paralela a la ordinaria, en la que pueda evaluarse los hechos de una denuncia penal o acusación fi scal.
La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres confi rma la apelada por los mismos argumentos.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
En el caso de autos, se cuestiona la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2006, que condenó al recurrente en el proceso que se le siguió por la comisión del delito contra el patrimonio-apropiación ilícita, y su confi rmatoria de fecha 4 de octubre de 2007 (fojas 166). Alega vulneración del debido proceso, concretamente el derecho a la prueba, en conexión con el derecho a la libertad individual, toda vez que no se realizó la diligencia de confrontación ordenada por la Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El derecho a la prueba
2. Tal como lo señaló este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 010-2002-AI/TC, el derecho a la prueba forma parte de manera implícita del derecho a la tutela procesal efectiva; ello en la medida en que los justiciables están facultados para presentar todos los medios probatorios pertinentes, a fi n de que puedan crear en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son correctos. En tal sentido, este Tribunal ha delimitado el contenido del derecho a la prueba:
“(…) Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fi n de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la fi nalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectivo y adecuadamente realizado” (cfr. STC Exp. N° 6712-2005-HC/TC, fundamento 15).
3. Asimismo, este Tribunal ha considerado que se vulnera el derecho a probar cuando habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo (cfr. Exps. N° 6075-2005-PHC/TC, Nº 00862-2008-PHC/TC). No obstante el criterio referido, este colegiado advierte que si bien dicha omisión resulta prima facie atentatoria del debido proceso, puede darse el caso de que el medio probatorio no ostente una relevancia tal que amerite la anulación de lo actuado, en atención, por ejemplo, a la valoración de otros medios de prueba, lo que no es más que una manifestación del principio de trascendencia que informa la nulidad procesal (cfr. Exps. N° 0271-2003-AA aclaración, Nº 0294-2009-AA fund. 15, entre otros). Naturalmente, es la justicia ordinaria la que en primer lugar evalúa la trascendencia del medio probatorio, a fi n de determinar si procede o no a la anulación de lo actuado.
Análisis del caso materia de controversia constitucional
4. Mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2005 (fojas 125), expedida por la Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró nula la sentencia dictada en un primer momento contra el recurrente por la comisión de delito contra el patrimonioapropiación ilícita, en agravio de don César Augusto Carranza Torres que lo condenó a tres años de pena privativa de libertad suspendida, señalando que la instrucción estaba incompleta al no haberse cumplido con los fi nes que prevé el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales, “(…) dado que solo aparece la declaración preventiva de fojas sesenta y cuatro y la declaración instructiva de fojas setenticinco (…)”, por lo que consideró que debió llevarse a cabo la diligencia de confrontación. En virtud de la referida anulación, la juez emplazada, mediante resolución de fecha 14 de noviembre del 2006 (fojas 33), emitió nueva sentencia condenatoria contra el favorecido de tres años de pena privativa de libertad suspendida, sentencia que fue confi rmada mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2007, expedida por la Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 54).
5. A su vez, de un análisis de la nueva sentencia condenatoria y su confi rmatoria, (de fojas 33 y 54), se advierte que si bien no se cumplió con realizar la diligencia de confrontación, se hace referencia a otros medios probatorios que no habían sido valorados en la primera oportunidad tales como la carta notarial cursada al procesado requiriéndole la entrega del bien, así como la denuncia interpuesta por el procesado.
6. Como ya se ha señalado supra, si bien el derecho a la prueba exige que se incorpore al proceso o se actúe aquellos medios probatorios cuya incorporación al proceso o actuación haya sido decidida en el propio proceso, la anulación de lo actuado en caso de que ello no se hubiera producido deberá ser evaluado por el propio órgano jurisdiccional en atención a la relevancia del medio probatorio. Así, queda claro para este Colegiado que puede darse el caso de que luego de la anulación producida por la falta de actuación de determinado medio probatorio se emita una nueva sentencia en la que a pesar de volver a incurrir en dicha omisión, por la distinta valoración de la prueba, se genere una situación tal que ya no sea necesaria aquella diligencia.
7. En el presente caso, si bien en un primer momento la Primera Sala Penal para Reos Libres de Lima consideró que debía efectuarse la diligencia de confrontación, es de señalarse que dicha resolución de anulación también advertía que la sentencia condenatoria solo se basaba en la declaración instructiva y la del agraviado. Es decir, una insufi ciencia de medios probatorios. Sin embargo, una vez anulada la sentencia, la nueva resolución condenatoria tomó en consideración otros medios probatorios, como la carta notarial cursada al procesado requiriéndole la entrega del bien, así como la denuncia interpuesta por el procesado, lo que motivó que, a pesar de no haberse cumplido con lo dispuesto en la resolución anulatoria impuesta, esto es, la diligencia de confrontación, ello no conlleve una nueva anulación de lo actuado. Ello, como se ha señalado supra resulta legítimo, en tanto el propio órgano jurisdiccional ha evaluado la pertinencia de los nuevos medios probatorios. En tal sentido, la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus

Publíquese y notifíquese.
SS. ÁLVAREZ MIRANDA / BEAUMONT CALLIRGOS / CALLE HAYEN

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PAGO DE COSTAS POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS LEGALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

PAGO DE COSTAS POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS LEGALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

SALA PENAL PERMANENTE
QUEJA N° 90-2010-LA LIBERTAD
Lima, siete de febrero de dos mil once
VISTOS; El recurso de queja interpuesto por los encausados Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paisig Ortiz, contra la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diez que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia expedida en apelación de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, que confi rmó la condena impuesta a los acusados de diez y doce años de pena privativa de libertad efectiva, respectivamente, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que los encausados Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer
Paisig Ortiz en su recurso de queja interpuesto obrante a fojas dos, alegan que la resolución que declara inadmisible el recurso de casación vulnera el derecho a la legítima defensa y a la observancia del debido proceso; así como la garantía constitucional de la pluralidad de instancia, principios y garantías contenidas en nuestra Constitución Política del Estado; asimismo, señalan que se ha vulnerado lo prescrito en el artículo cuatrocientos cinco del Código Procesal Penal, respecto de las formalidades para interponer el recurso de casación. SEGUNDO: Respecto a la vulneración de la garantía constitucional al debido proceso, el Tribunal Constitucional señala: “Está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos (...)”. De otro lado, se dice que “el derecho a los recursos forman parte del contenido esencial del derecho a la pluralidad de instancias, no solo a título de una garantía institucional que posibilita su ejercicio, sino también como un elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo soberano, a administrar justicia”. Finalmente, respecto a la facultad de valorar si el recurso de casación tiene o no interés relevante para su procedencia, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el inciso tercero del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal: “(...) el recurrente deberá de consignar adicional y puntualmente las razones que justifi can el desarrollo de la doctrina jurisprudencial (...) la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior constatará la existencia de la fundamentación exigida :en estos casos”; esto es, que el Superior puede declarar inadmisible el recurso interpuesto en caso no constara la fundamentación exigida por ley. TERCERO: Advirtiéndose de autos que la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diez, de fojas cinco, fue materia de apelación por parte de los encausados, emitiéndose la sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil diez de fojas ocho, que resuelve: “Confi rmar la sentencia que condena a Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paisig Ortiz, como autores del delito de violación sexual en su modalidad de someter a la víctima a incapacidad para resistir, en agravio de Rosmary Elizabeth Seminario Pozo y Sheyla Edith Meléndez Gómez. Confi rmaron el monto de reparación civil impugnado, y lo demás que contiene”; por lo que no se ha vulnerado la garantía constitucional de la pluralidad de instancia, toda vez que los encausados han tenido la posibilidad de recurrir a una instancia Superior, a fi n de realizar un control de la resolución emitida desfavorablemente para estos, habiéndose garantizado con ello el derecho al debido proceso; aunado a ello, la resolución emitida por la Sala Superior que declara inadmisible el recurso de casación se encuentra debidamente motivada, siendo sus argumentos válidos para su inadmisibilidad, no habiendo vulnerado el derecho a la legítima defensa ni a la observancia del debido proceso; toda vez que la alegación formulada para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial planteada por los encausados no se ajusta a lo establecido por el Código Procesal Penal, en su artículo acotado precedentemente, tanto más si lo que sé advierte de su recurso de casación es básicamente la valoración de los medios probatorios actuados durante el desarrollo del proceso ya concluido, tratando en todo momento de cuestionar pruebas que en su oportunidad y estadio debió de cuestionarse; razón por la cual la pretensión de los encausados resulta inatendible. CUARTO: Que, el artículo quinientos cuatro, apartado dos del nuevo Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito al apartado del artículo cuatrocientos noventa y siete del citado Código Procesal, y no existen motivos para su exoneración en atención a que la recurrente tuvo un comportamiento temerario, puesto que no cumplió debidamente los requisitos exigidos por las disposiciones del recurso de casación. Por estos fundamentos: I. Declararon INFUNDADO el recurso de queja Interpuesto por los encausados Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paising Ortiz contra la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diez, de fojas cuarenta y uno, que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia expedida en apelación de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, de fojas ocho –del cuaderno formado en esta instancia– mediante la cual confi rman la condena impuesta, en el proceso penal que se les siguió por delito contra la Libertad Sexual-Violación Sexual. MANDARON se notifi que a las partes la presente Ejecutoria; II. CONDENARON al pago de las costas del recurso a los recurrentes Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paisig Ortiz; en consecuencia: DISPUSIERON que el Juez de la Investigación› Preparatoria cumpla con su liquidación y pago, conforme al artículo quinientos seis del Código Procesal Penal; III. ORDENARON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen. Hágase saber. Interviene el señor Juez Supremo Santa María Morillo por goce vacacional del señor Juez Supremo Neyra Flores.
SS. VILLA STEIN / RODRÍGUEZ TINEO / PARIONA PASTRANA / CALDERÓN CASTILLO / SANTA MARÍA MORILLO

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Nulidad

Nulidad

La sentencia de la Casación N° 22-2009-La Libertad (veintitrés de junio de dos mil diez) señala que la declaratoria de nulidad de los actos procesales debe sujetarse a los principios de taxatividad y trascendencia.
“Las nulidades procesales están sometidas al principio de taxatividad (artículo ciento cincuenta del nuevo Código Procesal Penal), en cuya virtud solo cabe declararlas cuando lo autorice la ley procesal, y siempre que produzcan un efectivo perjuicio cierto e irreparable o una efectiva indefensión. Esta última prevención no es sino el reconocimiento del principio de trascendencia en materia de nulidades procesales, por lo que se ha de requerir que el órgano jurisdiccional con su conducta procesal menoscabe irrazonablemente el entorno jurídico de las partes privándolas, real y efectivamente, de intervenir, de uno u otro modo, en el proceso o alterando el sistema de garantías reconocidas por la legislación. Tal ineficacia, por lo demás, solo puede declararse cuando es imputable, de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, de modo que haga imposible que la parte afectada pueda utilizar en la instancia los medios que ofrece el ordenamiento jurídico para superarla”.
La sentencia de la Casación N° 14-2010-La Libertad (cinco de julio de dos mil once) señala que no es causal de nulidad –por sí misma– la emisión de una resolución judicial fuera del plazo legalmente previsto.
“Si bien en la audiencia de fecha veinte de enero de dos mil diez, cuya acta corre a fojas sesenta y seis, luego de escuchar a las partes procesales, el Colegiado dispuso dar por cerrado el debate y suspendió la audiencia para el día veintisiete de enero de dos mil diez a fin de expedir la resolución que corresponda, esto es, después de siete días, situación que contraviene el apartado cuatro del artículo
setenta y uno del nuevo Código Procesal Penal –que establece que la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente a la realización de la audiencia–, sin embargo, dicha inobservancia no puede ser causal de nulidad de los actos procesales subsiguientes, pues esta contingencia en el contexto del proceso no está revestida de una especial relevancia como sustentar tal consecuencia, sobre todo si como se tiene dicho en lo actuado no aparecen indicadores que evidencien la vulneración de derechos fundamentales, aparte que la situación suscitada resulta convalidable en armonía con el inciso uno punto c) del artículo ciento cincuenta y dos del acotado Código Procesal”.
La sentencia de la Casación N° 08-2007-Huaura (tres de febrero de dos mil ocho) señala que es causal de nulidad la falta de coherencia entre los hechos que se tienen por acreditados y las conclusiones a las que se arriban en la resolución.
“Que, en el caso sub materia, el Colegiado Superior sostiene en la parte pertinente como argumento de su decisión, entre otros, que la resolución del a quo no fue impugnada por el representante del Ministerio Público, sino por la parte agraviada; asimismo que en esta instancia el Fiscal Superior no se hizo presente a la audiencia, lo que implícitamente significa la conformidad con el sobreseimiento dictado por el juez; también esgrime que en la denuncia de los agraviados no se indica fecha en la que habrían ocurrido los hechos; y finalmente, que la conducta incriminada no tiene relevancia penal al faltar el elemento subjetivo correspondiente al dolo para que se configuren los delitos de usurpación, en la modalidad de perturbación en el uso de aguas y daños agravados, por lo que resulta de aplicación la causal eximente de responsabilidad penal, por haber obrado el imputado en ejercicio legítimo del cargo conforme a lo previsto por el inciso octavo del artículo veinte del Código Penal.
QUINTO: Que, respecto a la garantía de motivación, es necesario señalar que el numeral cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Perú establece como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los de decretos de mero trámite, con mención expresa de la Ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan; norma que concuerda con el artículo doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo único de la Ley número veintiocho mil cuatrocientos noventa, en cuya observancia se debe proceder a la fundamentación de las resoluciones correspondientes.
Que en ese sentido, las decisiones jurisdiccionales que correspondan, deben ser adecuadamente fundamentadas mediante un razonamiento jurídico que exprese el porqué de lo que se decide. Analizados los fundamentos esgrimidos por el Superior Colegiado, en la resolución recurrida, si bien es cierto no se advierte falta o aparente motivación, sin embargo se evidencia deficiente e incoherente motivación, situación que se refleja en lo que a continuación se señala:
En el punto segundo, se señalan los presupuestos materiales para dictar la procedencia del auto de sobreseimiento, remitiéndose al artículo trescientos cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal y seguidamente señala que la defensa del imputado solicitó el sobreseimiento respectivo, sin indicar específicamente en cuál de los presupuestos indicados se sustenta su petición; pese a ello ampara su petitorio en virtud de lo establecido en el literal ‘a’ del inciso segundo del artículo trescientos cuarenta y cuatro del citado cuerpo de leyes.
b) Asimismo el Colegiado Superior sostiene como punto fundamental de la recurrida, que los hechos imputados al encausado Oscar Talavera Gallegos no tienen relevancia penal al faltar el elemento subjetivo correspondiente al dolo para que se configuren los delitos de usurpación y daños agravados, al haber actuado en su condición de funcionario de la Empresa Sedapal, en cumplimiento de una resolución administrativa, aludiendo a la eximente de responsabilidad penal contenida en el inciso octavo del numeral veinte del Código Penal. Que al respecto, la propia Sala no obstante reconocer en el punto seis de los fundamentos, que dicha resolución quedó sin efecto ante la interposición de una reconsideración por la parte agraviada, en forma no coherente concluye que el imputado actuó en cumplimiento de aquella resolución.
c) Que, sobre este particular es preciso puntualizar, que de autos se aprecia que la aludida resolución administrativa número doscientos cincuenta y nueve guión dos mil tres guión INRENA-IRH-ATDRM fue expedida por el Administrador Técnico del Distrito de Riego Mantaro con fecha dieciséis de octubre de dos mil tres, en la que autoriza a Sedapal a realizar obras de rehabilitación de diques de regulación en las lagunas comprendidas en el circuito de la cuenca del Río Mantaro; sin embargo dicha resolución administrativa fue dejada sin efecto por la misma autoridad en mérito a una reconsideración formulada por los agraviados, mediante Resolución número cero cero tres guión dos mil cuatro guión INRENA/ATDR de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, por no existir un expediente técnico o proyecto que lo sustente; habiéndose comunicado a Sedapal mediante el documento denominado Notificación número doscientos sesenta y ocho guión dos mil tres-INRENA-IRH/ATDR, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres, a fin de retirar los diques de tierra y restablecer el curso normal de las aguas; evidenciándose en consecuencia ilogicidad en la motivación de la recurrida, así como apreciarse falta de coherencia entre lo expuesto en la parte considerativa y lo decidido, dado que el propio Colegiado reconoció que dicha resolución administrativa había quedado sin efecto como precedentemente se tiene expuesto; concluyendo sin embargo que se habría actuado en cumplimiento de una resolución, tanto más que al expedirse la Resolución Ministerial número ciento setenta y nueve guión AG de fecha diecinueve de febrero de dos mil cuatro, dejó subsistente la notificación antes aludida”.
Y, la sentencia de la Casación N° 06-2009-La Libertad (cuatro de diciembre de dos mil nueve) que no procede la nulidad de la declaración referencial de una menor en la que se consigna la presencia de una persona su confianza que no firma el acta correspondiente cuando en la declaración ha participado y firmado el acta el fiscal, que garantiza el trato adecuado a la menor.
“TERCERO. Respecto de la causal de falta de aplicación de la ley penal, que se sustenta esencialmente en cuanto la manifestación referencial de la menor agraviada de fojas seis, se consignó la presencia de su hermana mayor cuando en el documento no aparece su firma ni su huella digital, sin embargo esta sostuvo que si firmó e imprimió su impresión dactilar.
La defensa plantea la ilegalidad del documento y se entiende su nulidad. La nulidad como institución está regulada en el Título III –artículos ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y cuatro– del Código Procesal Penal, según la misma, en este caso concreto, no estaríamos ante una nulidad absoluta por cuanto no se encuadra en ninguno de los supuestos que observa el artículo ciento cincuenta, así como a lo previsto en el artículo ciento veintiuno que regula la invalidez del acta, pues en este caso sí hay certeza sobre las personas que han intervenido –la hermana aunque no firmó, luego ratificó su participación–, está firmado por el fiscal que participó en dicha diligencia garantizando el trato adecuado de la menor de edad –en el literal b), segundo párrafo del artículo ciento cuarenta y cuatro del Código de los Niños y Adolescentes, que indica que es obligatoria la presencia del Fiscal de Familia ante la policía en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra niños o adolescentes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional–. La nulidad que denuncia carece de defectos absolutos.
Asimismo quedó convalidado, no solo con la ratificación de la hermana, sino también por cuanto no fue invocada en la audiencia de control preliminar, de la etapa correspondiente. Por otro lado, dicha manifestación no preconstituye prueba, sino que como testimonial es un medio de prueba que tiene que actuarse en el juicio oral y así se hizo. Su valor subyace a que fue actuado ante el juez, expresó oralmente su versión de los hechos y fue sometido al examen de la defensa”.

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