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LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA SOLO PUEDE TENER LUGAR DENTRO DEL PERIODO DE PRUEBA O DE SUSPENSIÓN

LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA SOLO
PUEDE TENER LUGAR DENTRO DEL PERIODO DE PRUEBA O DE SUSPENSIÓN

EXP. N° 01474-2010-PHC/TC-PIURA
NICANOR LARA ELÍAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de setiembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicanor Lara Elías contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 165, su fecha 25 de marzo de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 4 de marzo de 2010, don Nicanor Lara Elías interpone demanda de hábeas corpus traslativo contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Piura, don Víctor Alberto Corante Morales, don Luciano Castillo Gutiérrez y don Tulio Villacorta Calderón, invocando graves violaciones del debido proceso o a la tutela judicial efectiva al sometérsele a un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto a la forma y las condiciones en que se le ha revocado la condicionalidad de la pena impuesta en la sentencia de primera instancia por la pena efectiva, por igual periodo de tiempo impuesto, lo que, a criterio del actor, afecta su derecho a la libertad.
Refi ere que mediante sentencia de fecha 18 de marzo de 2009, el Juzgado Penal Liquidador de Chulucanas en el proceso N° 2008-0452 lo condenó por el delito de usurpación a dos años de pena privativa de la libertad suspendida bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conducta, entre las que se consideró la entrega por parte del recurrente de la posesión del inmueble al agraviado dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento de revocársele dicha condicionalidad por la pena efectiva, sentencia que al ser apelada, fue confi rmada por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura. Considera que con la citada decisión se violó el derecho a su libertad y a la del agraviado, porque conforme al acta de entrega de la posesión del 19 de enero 2010, ambos acuerdan la entrega de la posesión del inmueble, otorgándole el primero al segundo un nuevo plazo de quince días para que haga la entrega física del predio, siendo que el agraviado acudió al juez de la causa para que garantice la entrega de la posesión y ante dicha entrega el recurrente solicitó al juez que cambiara la pena privativa de la libertad por la de trabajos comunitarios, pedidos que fueron declarados improcedentes por resolución del 21 de enero de 2010, expedida por el Juzgado Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas, sin fundamentar dicha decisión, ante lo cual se interpuso recurso de apelación, por lo que el superior jerárquico confi rmó la resolución emitida por el a quo.
Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados, mediante escrito de fojas 25, sostienen que el invocado hàbeas corpus traslativo deviene en improcedente toda vez que ante la efectivización del apercibimiento de la revocatoria de la condicionalidad de la pena impuesta al actor no resulta amparable su pedido de conversión de la pena, porque ello solo es procedente al momento de la emisión de la pena mas no posteriormente; que el colegiado ha emitido pronunciamiento dentro del plazo de ley; que no se ha violentado el debido proceso o la tutela judicial efectiva del recurrente, quien en todo momento ha hecho uso de la pluralidad de las instancias, y que las resoluciones emitidas se han hecho en estricto cumplimiento de la normatividad procesal, así como con respeto a los derechos y principios contenidos en la Constitución.
El Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Piura, con fecha 16 de marzo de 2010, declaró improcedente la demanda por considerar que, como consecuencia de un proceso penal regular donde se han respetado los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, de defensa, a la prueba, a la doble instancia, y a la motivación de resoluciones judiciales, se expidió la sentencia condenatoria contra el recurrente, bajo reglas de conducta, entre otras, la de devolver el terreno usurpado, sentencia que fue apelada por el actor, por lo que por resolución de vista debidamente motivada confi rmó la sentencia en todos sus extremos; que ante su conducta renuente de cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia, se le revocó la suspensión de la condicionalidad de la pena por una efectiva, siendo que con posterioridad a dicha revocatoria entregó el terreno cuando estaba purgando pena efectiva. La Sala Superior competente confi rma la apelada, por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 30 de octubre de 2009, que revocó la suspensión de la pena impuesta contra el favorecido por el incumplimiento de la regla de conducta referida a la devolución materia del proceso de usurpación convirtiéndola en efectiva, lo que, a criterio del actor, vulnera el derecho a la libertad personal. Este Tribunal considera que la resolución en cuestión, en términos generales, es una resolución fi rme, toda vez que el pedido que solicitaba su nulidad ha sido declarado infundado y luego confi rmado por la Sala Superior Penal.
La revocatoria de la suspensión en la ejecución de la pena privativa de la libertad
2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o sus derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus (...) proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.
3. Este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino relativo. Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, mediante una resolución judicial motivada.
4. Sobre esta base, según la normatividad penal vigente, el juez puede suspender la ejecución de la pena por un periodo de uno a tres años siempre que se cumplan determinados requisitos, pero que en cualquier caso, su vigencia estará condicionada al cumplimiento de la reglas de conducta que necesariamente habrán de estar expresamente establecidas en la sentencia condenatoria.
5. Sin embargo, el artículo 59 del Código Penal señala que si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos: 1) Amonestar al infractor; 2) Prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fi jado, o 3) Revocar la suspensión de la pena.
Sobre el particular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que dicha norma no obliga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas (Exp. N° 2517-2005-PHC; Exp. N° 3165-2006-PHC; Exp. N° 3883-2007-PHC, entre otras).
6. Desde tal perspectiva, de la disposición legal citada (artículo 59, CP) se desprende que en caso de procederse a la revocatoria de la suspensión de la pena, esta en principio debe tener lugar mientras dure el periodo de la suspensión o periodo de prueba mediante resolución debidamente motivada, previo requerimiento al interesado de que, en caso de incumplimiento procederá la revocatoria de la suspensión de la pena; sostener lo contrario equivale a señalar que la revocatoria de la suspensión de la pena por incumplimiento de las reglas de conducta procede en todos los casos una vez que ha vencido el periodo de prueba, lo cual resultaría un contrasentido.
Análisis del caso materia
7. A fojas 34 obra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2009, que condenó al favorecido por el delito de usurpación a 2 años de pena privativa de la libertad, suspendida por igual periodo de prueba condición de que, entre otras reglas de conducta, cumpla con devolver el terreno usurpado en el plazo de ocho días, bajo apercibimiento de aplicársele las reglas contenidas en el artículo 59 del Código Penal.
8. Asimismo, se advierte que con fecha 30 de octubre de 2009, se revoca la condicionalidad de la pena por una pena efectiva por igual periodo de tiempo impuesto (fojas 56). El recurrente pidió que se deje sin efecto esta decisión, pedido que fue declarado improcedente por el Juzgado Penal Liquidador de Morropón Chulucanas, por resolución de fecha 21 de enero de 2010 (fojas 65). Apelada esta decisión, fue confi rmada mediante resolución de vista de fecha 22 de febrero de 2010 (fojas 124), de lo que se evidencia que el juez de la causa no revocó la condicionalidad de la pena de manera arbitraria e irrazonable, sino luego de haberse aplicado en forma sucesiva las medidas que establece el artículo 59 del Código Penal, y siendo que, además, en su motivación, se describe de manera objetiva los hechos antes indicados.
9. Que por lo demás, este Tribunal considera que si mediante un proceso penal se determinó la responsabilidad penal del benefi ciario respecto del delito de usurpación, siendo condenado a pena privativa de libertad suspendida bajo ciertas reglas de conducta, resulta un imperativo que estas deben ser cumplidas bajo apercibimiento de revocársele dicha condicionalidad conforme lo establece la ley penal sustantiva Mal haría este Colegiado al pretender evaluar la pertinencia o no de las reglas impuestas y/o de la revocatoria de la suspensión de la pena ante el no cumplimiento por parte del sentenciado dentro del periodo de prueba o ante el cumplimiento posterior a la revocatoria de la suspensión de la pena, opción que además no se encuentra entre las facultades asignadas a este Tribunal, dado que no es una suprainstancia jurisdiccional, de lo que se colige que no se ha violado el derecho a la libertad personal, por lo que la demanda debe ser desestimada.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de autos porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos fundamentales de la libertad, del debido proceso y de la tutela procesal y judicial efectivas.
Publíquese y notifíquese.
SS. BEAUMONT CALLIRGOS / ÁLVAREZ MIRANDA / URVIOLA HANI

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