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INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES (5)

LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL

LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL

     Artículo 226 Autorización.-

     1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas -públicas o privadas- postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón de especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, pueden ser objeto, a instancia del Fiscal al Juez de la Investigación Preparatoria, de interceptación, incautación y ulterior apertura.

     2. La orden judicial se instará cuando su obtención sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor que el período de la investigación.

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 30077, Art. 8 (Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Disposiciones comunes)

     3. Del mismo modo, se podrá disponer la obtención de copias o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él.

     4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá, mediante trámite reservado e inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la medida podrá ser apelada por el Fiscal, e igualmente se tramitará reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente.

     Artículo 227.- Ejecución.-

     1. Recabada la autorización, el Fiscal -por sí o encargando su ejecución a un funcionario de la Fiscalía o un efectivo Policial- realizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación. Acto seguido examinará externamente la correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar conocimiento de su contenido, y retendrá aquellos que tuvieren relación con el hecho objeto de la investigación. De lo actuado se levantará un acta.

     2. La apertura se efectuará en el despacho Fiscal. El Fiscal leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tienen relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta al Juez de la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investigado serán devueltos a su destinatario -directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones-. La entrega podrá entenderse también con algún miembro de la familia del destinatario, a algún miembro de su familia o a su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a criterio del Fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa. (*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "2. La apertura, examen y análisis de la correspondencia y envíos se efectuará en el lugar donde el Fiscal lo considere más conveniente para los fines de la investigación, atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tienen relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta al Juez de la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investigado serán devueltos a su destinatario, directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones. La entrega podrá entenderse también con algún miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a criterio del fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa."

     3. En todos los casos previstos en este artículo se redactará el acta correspondiente.

     Artículo 228 Diligencia de reexamen judicial.-

     1. Cumplida la diligencia y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado.

     2. La audiencia se realizará con asistencia del afectado, de su defensor y de las demás partes. El Juez decidirá si la diligencia se realizó correctamente y si la interceptación e incautación han comprendido comunicaciones relacionadas con la investigación.

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de reexamen)

     Artículo 229 Requerimiento a tercera persona.- Si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser requerida se niega a entregarla, será informada que incurre en responsabilidad penal. Si persiste en su negativa, se redactará acta de ésta y seguidamente se le iniciará la investigación pertinente.

     Si dicha persona alegare como fundamento de su negativa, secreto de Estado o inmunidad diplomática, se procederá conforme al numeral 3) del artículo 224 en el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo caso.

 

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LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

     Artículo 230 Intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.- (*)

(*) Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 230. - Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles"

     1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226.

     2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación.

     3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la acuerde, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar o registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación o registro.(*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro.

     El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la parte concerniente."

     4. Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán posibilitar la diligencia de intervención y grabación o registro, bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad. Los encargados de realizar la diligencia y los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.(*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento.

     Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional." (*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30096, publicada el 22 octubre 2013, cuyo texto es el siguiente:

     "4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán facilitar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones, así como la información sobre la identidad de los titulares del servicio, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo, del tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet, que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular.

     Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos o software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú." (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 6 de la Ley N° 30171, publicada el 10 marzo 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de Ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deben guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento.

     Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú."

     5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

     6. La interceptación no puede durar más de treinta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento del Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.(*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria."

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 30077, Art. 8 (Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Disposiciones comunes)

     Artículo 231 Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.

     1. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación que trata el artículo anterior, será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro. La grabación será entregada al Fiscal, quien dispondrá su conservación con todas las medidas de seguridad correspondientes y cuidará que la misma no sea conocida por terceras personas.(*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "1. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación que trata el artículo anterior será registrada mediante la grabación y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecución de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recolección y Control serán entregados al Fiscal, quien dispone su conservación con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento."

     2. El Fiscal dispondrá la transcripción escrita de la grabación, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales de la grabación. Las comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruirá toda la transcripción o copias de ellas por el Ministerio Público. No rige esta última disposición respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos en tanto pudieren constituir un hecho punible.(*)

(*) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente:

     "2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control de las comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrán disponer la transcripción de las partes relevantes de las comunicaciones, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabación completa de la comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la culminación del proceso penal correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptará el Fiscal en caso la investigación no se judicialice, previa autorización del Juez competente.

     Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigación, el Fiscal comunicará estos hechos al Juez que autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita.

     Las Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones se incorporarán a la investigación, al igual que la grabación de las comunicaciones relevantes."

     3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. La notificación al afectado sólo será posible si el objeto de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta a un plazo que el Juez fijará.

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de reexamen)

     4. La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará en el más breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto.

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de reexamen)

     "5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad."(*)

(*) Numeral incorporado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014.

 

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INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES:

 INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES:
“[…] a. Presupuesto material: Desde este punto de vista jurídico sustantivo la adopción de la intervención telefónica exige que el objeto de la investigación lo constituya un delito grave. El artículo 230.1 del código en comento, limita para aquellos delitos sancionados con pena superior a los cuatro años de privación de la libertad”.
“[…] b. Presupuestos procesal: Se requiere que la petición debe realizarse necesariamente dentro de la investigación preparatoria, descartándose su dictado en las diligencias preliminares, de ahí que el artículo 338.4 del Código adjetivo, exija al Fiscal la formalización de la Investigación Preparatoria a efectos de solicitar medidas coercitivos”.
[…] Por su parte el juzgado debe tomar en cuenta para dictar una resolución autoritativa de una medida coercitiva, que la medida se sujete a una especial exigencia constitucional de motivación con incidencia en el juicio de ponderación que justifique la limitación del derecho fundamental afectado, además de observar los principios de proporcionalidad (relacionada con la gravedad del delito), idoneidad (útil para alcanzar la finalidad perseguida) y necesidad (si resulta la menos grave entre otras medidas)”.
Base Legal: Const.: Art. 2º, CP: Art. 106º; NCPP: Arts. 29º, 230º, 231º, 338.4º
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PUNO
EXPEDIENTE : 01470-2010-65-2101-JR-PE-02
JUEZ : MARÍA CANDELARIA MORALES SEGURA
MINISTERIO PÚBLICO : SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUNO
IMPUTADO : SUPO CONDORI, PEDRO PABLO
AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES SDLV
ESPECIALISTA : LENA LEONOR ALZAMORA PEREZ
DELITO : ASESINATO
PRESUPUESTOS MATERIALES Y PROCESALES PARA SU PROCEDENCIA
Resolución Nº Dos
Puno, ocho de junio
Del año dos mil once
VISTOS: El requerimiento fiscal de CONTROL DE COMUNICACIONES, REPORTE DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES, ADEMÁS DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS CELDAS ACTIVAS de los números telefónicos 950877226, 950010050 y 950862866; medida necesaria para lograr los fines de la investigación preparatoria que sigue la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno en la investigación preliminar seguida en contra de Pedro Pablo Supo Condori en agravio de quien en vida fue Sonia Dora Leonardo Vilca, por la presunta comisión del delito de Contra la vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de HOMICIDIO SIMPLE. Así como el escrito de subsanación presentado por la Fiscalía antes mencionada, remitiendo los elementos de convicción en copias certificadas.
Que según precisa la Fiscalía solicitante, los elementos fácticos del requerimiento son:
1) Que en fecha 31 de marzo del 2010, comunicaron el hallazgo de restos humanos, encontrados entre la tercera y quinta cuadra del Jr. 9 de octubre - Urbanización Villa el Sol de esta ciudad de Puno; efectuándose por parte del Personal de la Oficina de Criminalística - Puno y el Representante del Ministerio Público, Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Puno, la constatación de la información, encontrándose restos humanos cercenados, consistentes en: (02) dos Brazos humanos, (02) dos muslos humanos, pierna izquierda y vísceras como: Corazón, Estómago y Páncreas, los cuales se encontraban diseminados por diferentes partes de dicho lugar. Dentro de las investigaciones se procedió a realizar la obtención de las huellas dactilares de los dedos de las manos, cumpliéndose con el levantamiento de los restos para su internamiento en la morgue central del Hospital Manuel Núñez Butrón de esta ciudad de Puno, a fin de que se realice la Necropsia de Ley correspondiente, de la cual se obtuvo el Protocolo de Autopsia N° 044-2010, de fecha 01 de abril del 2010, apreciándose que en el punto “Miembros Superiores”; indica: “Extremidades Superiores presentes, fragmentado desde el hombro derecho y tercio superior de brazo izquierdo, que se describirán detalladamente sección lesiones; “Cianosis Distal Ungeal”, así mismo concluyo que: “Se realizó la necropsia al cadáver descuartizado en múltiples fragmentos, se encuentra en siete fragmentos corporales de 18 - 24, años de edad aprox. (no se cuenta con segmentos corporales suficientes para determinar la edad aproximada) de sexo femenino, raza mestiza, con una talla aproximada de 1.50 a 1.56 cm con data de muerte aproximada de 36-60 horas; con lesiones traumáticas descritas anteriormente. CAUSA DE MUERTE: No se puede determinar”.
2) Posteriormente la SEINCRI en fecha 06 de abril del 2010, ponen en conocimiento que en fecha 03 de abril del 2010, se hizo presente ante la Sección de Investigación Criminal de Puno la persona de Jhon Walter Leonardo Vilca, con la finalidad de denunciar la desaparición de su hermana menor de nombre Sonia Dora Leonardo Vilca; indicando que en fecha 30 de marzo del 2010, a horas 06:00 de la mañana aprox., su hermana menor habría salido de su hogar ubicado en el Jr. Villa El Salvador N° 360, Urbanización Jorge Chávez - Juliaca, con la finalidad de buscar un trabajo, pero antes de salir de su domicilio su hermana menor le habría entregado a su hermana María Lidia Leonardo Vilca, un papel donde estaba escrito los números telefónicos:950-877226 y 950-862865, e indicándole a su vez que se iba a la ciudad de Puno, a fin de trabajar en una Quinta Restaurante y que retornaría en horas de la tarde. A tales fundamentos obtenidos se procedió en realizar las primeras diligencias preliminares; donde se llegó a identificar lo siguiente: Que, los restos humanos que fueron hallados entre la tercera y quinta cuadra del Jr. 9 de octubre - Urbanización Villa el Sol - Puno, luego de practicada la homologación de las huellas dactilares de los dedos de las manos que fueron encontrados son los mismos que pertenecen a la menor desaparecida en fecha 30 de marzo del 2010, Sonia Dora Leonardo Vilca (16), identificada con el certificado de Inscripción de menores de edad Nº 00000095-10, RENIEC, DNI Nº 70777864, esto de conformidad con el Informe Pericial Dactiloscópico Forense N° 54/2010, el mismo que concluye: “A.- Se ha determinado técnica y científicamente que existe Identidad Dactilar Plena entre la muestra “A” y las muestras “C” y “D”, en consecuencia se colige que la impresión dactilar del dedo índice derecho tomado el 31 de marzo del 2010 al cadáver NN, hallado por inmediaciones de la Tercera y Quinta cuadra del Jr. 9 de octubre del Barrio Villa El Sol de la ciudad de Puno, corresponde al dedo índice derecho de la persona que en vida fue Sonia Dora Leonardo Vilca inscrita en la RENIEC, con D.N.I. N° 70777864”. B.- Del análisis dactilar realizado, se ha establecido técnica y científicamente que (existe identidad dactilar plena), entre la muestra “B y C”, consecuentemente la impresión dactilar del dedo índice izquierdo tomada el 31 de marzo del 2010, al cadáver NN, hallado por inmediaciones de la tercera y quinta cuadra del Jr. 09 de octubre del Barrio Villa El Sol - Puno, corresponde al dedo índice izquierdo de la persona que en vida fue Sonia Dora Leonardo Vilca inscrita en la RENIEC, con DNI N° 70777864, deduciéndose de tal forma que los restos que fueron encontrados por la policía y el Representante del Ministerio Público son los pertenecientes a la menor que habría desaparecido días anteriores de su morada.
3) Posteriormente en fecha 10 de abril del 2010, en horas de la mañana, se tomó conocimiento sobre la existencia de restos humanos, hallados en la intersección de la Av. Simón Bolívar con el Jr. Lacustre, estando constituidos en dicho lugar el Representante del Ministerio Público y Personal Especializado de la OFICRI PNP - PUNO, constatándose en dicho lugar la existencia de restos humanos consistentes en: Un Tórax y parte del pelvis humano, los cuales se encontraban en una caja de cartón con el logo “EQUIMOX ECUADOR”, amarrada con alambre. Luego de las diligencias de ley ordenadas por el Ministerio Público se obtuvo el Protocolo de Necropsia N° 057-2010, el mismo que concluye: “Se realizo la Necropsia de Ley al cadáver descuartizado, que según necropsia N° 044-2010 y la Necropsia N° 057-2010 practicada en el presente, los segmentos corporales encontrados descritos guardan relación macroscópica y corresponden a la misma persona de sexo femenino que en vida fue Sonia Dora Leonardo Vilca de (16) años, según datos identificatoríos obtenidos por pericia dactiloscópica Forense N° 54/2010 de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, practicado en los segmentos encontrados en la Necropsia N° 44- NN, se encuentran dos fragmentos que corresponden y continúan uno con otro y que comprenden cintura escapular, extremo proximal de brazo izquierdo, tórax abdomen, pelvis y extremos proximales de ambos huesos fémur. No encontrándose órganos intra toráxicos abdominales, en cavidad pélvica se encuentra porción distal de colon sigmoides, vejiga, útero y anexos; con lesiones traumáticas descritas anteriormente; CAUSAS DE MUERTE: No se puede determinar”.
4) De las actuaciones efectuadas por el Ministerio Público dentro de las investigaciones preliminares, se tiene que el señor Juan Carlos Zea Claverías, quien refiere en la pregunta cuatro (fs. 38 carpeta fiscal) lo siguiente “... Quiero Aclarar que yo en ningún momento le brinde mi número celular a la indicada señorita, aclarando que yo si le solicité su número para llamarla y preguntarle si se había puesto de acuerdo con su hermana o no proporcionándome su número por lo que timbre y su celular sonó y efectivamente era su celular, despidiéndonos no habiéndonos visto hasta la fecha...”., y respecto de lo declarado por la persona antes mencionado referida a la pregunta seis obrante a fojas (38) de la cual se desprende lo siguiente “...Que, el día 02 de abril en horas de la tarde me llamo una señora preguntando, si estaba conmigo una señorita, a lo que le respondí que no sorprendido le pregunte por qué señorita, indicando que la señorita había salido de puno y que le había dejado mi numero a la señora que me estaba llamando, indicándole que como podía soltar a su hermana sin conocer a la persona con quien esta yéndose, sin pedirle su DNI, porque a mí la señorita me dijo que tenía que venir con su hermana, indicándole que el problema era grave y que tenía que venir a Puno para asentar su denuncia en la policía, el día sábado 03 de abril del año 2010, la he vuelto a llamar a la señora que me llamo preguntándome por su hermana, por motivo de que había venido a Puno, Citándonos el sábado 03 de abril a las 08:00 horas, ella iba a venir temprano para hablar conmigo, luego la llame a las 12:00 del mismo día indicándole que me llame a mi celular cuando llegue a puno, sin embargo ni me llamo todo el día...”.
5) De la declaración de la persona de María Lidia Leonardo Vilca referida a la pregunta (04) en la cual la persona antes mencionada señala lo siguiente “... Que, la última vez que vi a mi hermana Sonia Dora Leonardo Vilca (16), fue el martes 30 de marzo del año 201, a horas 06:00 horas. Aprox. en circunstancias que desayunamos, indicándome que se venía a Puno a buscar trabajo solo venia a ver y tenía que regresar por la tarde tenía que comunicarme si se quedaba trabajando haciéndome la entrega de una hojita en donde había dos números telefónicos 950-87226 y 950-862865, para luego retirarse de la casa...”., asimismo con referencia a la pregunta trece de la declaración antes mencionada que obra a fojas (42) de la carpeta fiscal se desprende lo siguiente “...Si el 31 marzo del 2010 a hrs. 21.00 yo he llamado al número 950-877226 y de frente le dije. Señor Juan, me podría comunicar con mi hermana Sonia, a lo que me respondió que no la conocía y que no tenía ningún restaurante, pero después de media hora este señor me llamo diciéndome que podíamos conversar para ayudarnos a encontrar a mi hermana diciéndome que podía ir a Juliaca, a lo que le dije que no se molestara que yo podía ir a Puno solicitándole su dirección, a lo que se negó indicándome que podíamos encontrarnos en la calle, después al día siguiente me volvió a llamar, indicándome que podíamos vernos en horas de la tarde por que en la mañana no podía, en horas de la tarde del 01 de abril me volvió a llamar para preguntarme si ya estaba viniendo a Puno, a lo que le dije sí. UD me dijo que no tenía tiempo, a lo que le dije que me había dicho que no podía por las mañanas y ahora me decía que tampoco podía por las tarde, pensando que se estaba burlando de mí, me preguntaba si venia sola, si ya había aparecido mi hermanita, a lo que no le respondí por el temor de que se trate de un secuestrador...”.
6) De la declaración ampliatoria de María Lidia Leonardo Vilca, se desprende que la mencionada persona, responde lo siguiente a la pregunta tres realizada en la diligencia antes mencionada “... Mi mencionada hermana retorno a las 12:00 hrs. Aprox. Acompañada de un joven de 28 a 30 años, contextura regular, vestía una casaca de cuero color negro, pantalón Jean Azul, con prenda de cabeza color rojo, el mismo que me manifestó que tenía una quinta restaurante en la ciudad de Puno, y que el trabajo que iba a desempeñar mi hermana Sonia Dora era de 08:00 a 08:00 de lunes a viernes y todos los sábados se iba a regresar a Juliaca, para retornar a su trabajo los lunes en las mañanas, indicando que le iba a dar buen trato, y que no desconfié, haciéndome firmar un cuaderno en señal de autorización, comprometiéndose a regresar, que le iba a pagar la suma de S/. 400.00 soles mensuales y que le iba a aumentar el siguiente mes la suma de S/.50.00 soles, entregándome un papel con dos números telefónicos para que pueda comunicarme con mi hermanita para luego retirarse solo y mi hermana iba a ir al día siguiente, quiero aclarar que al día siguiente, en horas de la mañana antes de que salga, me percate de que mi hermanita hablaba con alguien por su celular diciendo “ YA VOY A IR, YA ESTOY YENDO, RECIÉN ESTOY SALIENDO”, supongo que era esa persona del día anterior...”.
En relación a la fundamentación para solicitar la medida limitativa de derechos, la fiscalía precisa lo siguiente:
Que, dada las circunstancias y la modalidad en que se cometió el delito de HOMICIDIO tal y como se encuentra detallado en la primera parte de los fundamentos que sustentan el presente requerimientos, resulta absolutamente necesario determinar quiénes son los titulares de los números telefónicos, a efectos de determinar la vinculación existente entre la persona de Pedro Pablo Supo Condori y otros, en el hecho delictuoso que se investiga y eventualmente a efecto de poder proseguir con las investigaciones, que permitan viabilizar la identificación del o de los autores del delito antes mencionado.
Que además respecto del celular N° 950-010050 se establece que dicho número celular es de propiedad de quien en vida fue Sonia Leonardo Vilca, y por tanto se pretende establecer las comunicaciones realizadas y recepcíonadas por la persona que en vida fue Sonia Leonardo Vilca con el presunto autor y/o autores del tipo penal materia de investigación I. CONSIDERANDO:
Primero.- MEDIDAS PETICIONADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE
LAS COMUNICACIONES.- Que el Ministerio Público ha solicitado la medida limitativa de derechos de CONTROL DE COMUNICACIONES , REPORTE DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES, ADEMÁS DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS CELDAS ACTIVAS de los números telefónicos 950877226, 950010050 y 950862866, señalado como fundamentos jurídicos el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 230 del Código Procesal Penal.
Segundo.- Nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, elevándolo a rango constitucional al estar previsto en nuestra Constitución en el inciso 10 del Artículo 2 y en donde además se recogen los demás derechos fundamentales del que goza toda persona.
El derecho al secreto de las comunicaciones cede por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley, así lo señala la misma Constitución. Los artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal, regula el procedimiento y ejecución de la medida de intervención de las comunicaciones.
Tercero.- DEFINICIÓN DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.- Este concepto entiende por lo menos dos ámbitos uno de ellos el secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones y un segundo la reserva de los datos personales de los abonados y usuarios.
En el primer rubro se entiende por la obligación de carácter constitucional en virtud de la cual las Empresas de telecomunicaciones se encuentran obligadas a adoptar las medidas y procedimientos razonables para proteger la inviolabilidad de las comunicaciones que se cursen a través de sus redes de telecomunicaciones. Este extremo contempla también varias modalidades en que las empresas cumplen con esta obligación.
Una segunda es la reserva de los datos de los abonados y usuarios, que implica cualquier información personal concerniente a personas identificadas o identificables que obtengan las Empresas de telefonía y otras, de sus abonados y usuarios en el curso de sus operaciones comerciales y que se encuentre contenida en soportes físicos, informáticos o similares, tales como documentos privados y bases de datos.
Se encuentran comprendidos dentro de la definición antes señalada:
1. Datos del abonado obtenidos por la contratación de servicios de telecomunicaciones u otros, tales como:
- Identificación del abonado, titularidad de la línea, código del cliente, servicios y equipos contratados, el número o dirección IP, titularidad de los nombres de usuario (“logins” o “users”) y/o de las claves de acceso (“passwords”) asociadas a un servicio determinado, la titularidad de las cuentas de correo electrónico y de cualesquiera servicios adicionales asociados a los servicios públicos de telecomunicaciones prestados por las Empresas del Grupo Telefónica.
- Histórico de pedidos tales como traslados, cambio de número, averías, boletines de reparación y hojas de visita, etc.
- Su ocupación, teléfonos de referencia, cuentas bancarias.
- Modalidad y comportamiento de pago: pagos, pagos anticipados, pagos a plazos, notificación de recibos pendientes, recibos de servicios telefónicos, otros comprobantes de pagos, grabaciones por gestiones de deuda, entre otros.
- Historial de suspensiones, cortes y reconexiones del servicio.
2. Definición de abonado en el contrato de concesión celebrado por las empresas de telecomunicaciones y el Estado peruano: “Usuario que ha celebrado un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones con una empresa explotadora de servicios públicos”. Se precisa que también se incluye en este concepto a los clientes del servicio pre-pago.
Cuarto.- PRESUPUESTOS MATERIALES Y PROCESALES QUE EXIGE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LIMITAR O RESTRINGIR EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. - El Código en comento, prevé dos tipos de presupuestos:
a. Presupuesto material: Desde este punto de vista jurídico sustantivo la adopción de la intervención tele-fónica exige que el objeto de la investigación lo constituya un delito grave. El artículo 230.1 del código en comento, limita para aquellos delitos sancionados con pena superior a los cuatro años de privación de la libertad, debiendo entender que está referido al extremo mínimo de la pena conminada pues lo contrario no se condice con el carácter excepcional y restringido de la medida. Nuestro código introduce un criterio cuantitativo relacionado al “quantum” de la pena a imponer por el delito imputado y deja de lado el listado de los delitos graves en el que habría que adoptar la medida restrictiva.
b. Presupuesto Procesal: Se requiere que la petición fiscal debe realizarse necesariamente dentro de la inves-tigación preparatoria, descartándose su dictado en las diligencias preliminares, de ahí que el artículo 338.4 del Código adjetivo, exija al Fiscal la formalización de la Investigación Preparatoria a efectos de solicitar medidas coercitivas.

Quinto.- Conforme ha establecido bien, el Ministerio Público, la naturaleza del delito de HOMICIDIO, amerita por la pena mínima prevista en la norma, vale decir en el artículo 106 del Código Penal; una medida como la restricción del secreto de las comunicaciones, en el ámbito definido en los considerándoos precedentes.
El tipo penal que se investiga en el caso de autos, prevé una pena mínima de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Por tanto el presupuesto material se cumple a cabalidad en el caso de autos.
En cuanto al presupuesto procesal, si bien en el caso de autos no se cumple éste, es también necesario tener en cuenta que la norma, articulo 338.4, establece la obligatoriedad del fiscal a formalizar investigación (supuesto a futuro), salvo que ya hubiese formalizado la misma.
En el caso específico, se tiene que la investigación preliminar se ha aperturado contra PEDRO PABLO SUPO
CONDORI, pero es necesario además establecer conforme ha señalado el Ministerio Público, LA TITULARIDAD DE LOS DOS PRIMEROS NÚMEROS TELEFÓNICOS para los que se solicita la medida y además las llamadas entrantes y saliente de los tres números correspondientes a los días 29, 30 y 31 de marzo del 2010; con el fin de determinar la vinculación de los titulares de las líneas con PEDRO SUPO CONDORI y de este sobre los hechos investigados.
En este extremo este despacho considera que se cumple el presupuesto si se tiene en cuenta que al concederse la información solicitada por el fiscal, este deberá formalizar investigación preparatoria.

Sexto.- PROPORCIONALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA SOLICITADA:
En efecto y tratándose de un delito como el HOMICIDIO; es real y cierto que por la forma en que fueron encontrados los restos del cadáver de la agraviada, han existido personas que habrían actuado conjuntamente, siendo además necesario para determinar el real móvil del delito. Siendo que en este extremo sin embargo la información cierta que tiene la fiscalía al momento y que requiere ser verificada es los números telefónicos proporcionados por los familiares de la víctima, respecto de la identificación del posible autor o autores del hecho.
Por su parte el Juzgado debe tomar en cuenta para dictar una resolución autoritativa de una medida coercitiva, que la medida se sujete a una especial exigencia constitucional de motivación con incidencia en el juicio de ponderación que justifique la limitación del derecho fundamental afectado, además de observar los principios de proporcionalidad (relacionada con la gravedad del delito), idoneidad (útil para alcanzar la finalidad perseguida) y necesidad (si resulta la menos grave entre otras medidas).
Sétimo.- ROL DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
Es necesario tener en cuenta que el Juez de la Investigación preparatoria es competente para imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria, así como ejercer los actos de control que estipula el Código, todo esto al amparo del artículo 29 del Código Procesal Penal.
Justamente en ejercicio de las atribuciones conferidas por el código en los artículos señalados, es que corresponde al despacho resolver el pedido del Fiscal.
Octavo.- Teniendo en cuenta los argumentos analizados en los considerándoos precedentes, resulta proporcional y está justificada la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones peticionado por el Ministerio Público. En este extremo y estando al pedido expreso del Ministerio Público, la medida debe ejecutarse solicitando el reporte de llamadas entrantes y salientes, además del desplazamiento de las celdas activas y de la ubicación domiciliaria de donde se emiten las llamadas desde el día veintinueve de marzo del año dos mil diez al treinta y uno de marzo del mismo año respecto a: a) Las generales de ley de los titulares de los equipos celulares (IMEI), así como de los chips; b) Los Chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos; c) La ubicación exacta de las llamadas entrantes y salientes de las mencionadas líneas telefónicas; d) Detalle de llamadas entrantes y salientes , con indicación de duración y IMEI; e) La localización a tiempo real de las líneas telefónicas y IMEI y f) La ubicación de IP; de los números telefónicos 950877226, 950010050 y 950862866. Al efecto el Ministerio Público solicita que la información se remita a la Segunda Fiscalía Provincial penal Corporativa de Puno – Tercer Despacho Fiscal de Investigación, con domicilio en el Jr. Teodoro Valcárcel N° 118, a fin de viabilizar la respuesta de las entidades telefónicas, disponiendo que la diligencia sea ejecutada por las operadoras del servicio de telecomunicaciones NEXTEL S.A.C., TELEFÓNICA MÓVIL S.A.C, TELEFÓNICA DEL PERÚ SAC U CLARO SAC. Por los fundamentos expuesto en los considerándoos de la presente resolución el Juzgado; RESUELVE:
Primero.- DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO CONTROL DE COMUNICACIONES:, REPORTE DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES, ADEMÁS DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS CELDAS ACTIVAS DE LOS
NÚMEROS TELEFÓNICOS 950877226, 950010050 Y 950862866; MEDIDA PETICIONADA POR LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUNO – TERCER DESPACHO FISCAL DE INVESTIGACIÓN.
Segundo.- La medida debe efectuarse solicitando el reporte de llamadas entrantes y salientes, además del desplazamiento de las celdas activas y de la ubicación domiciliaria de donde se emiten las llamadas desde el día veintinueve de marzo del año dos mil diez al treinta y uno de marzo del mismo año respecto a: a) Las generales de ley de los titulares de los equipos celulares (IMEI), así como de los chips; b) Los Chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos; c) La ubicación exacta de las llamadas entrantes y salientes de las mencionadas líneas telefónicas; d) Detalle de llamadas entrantes y salientes , con indicación de duración y IMEI; e) La localización a tiempo real de las líneas telefónicas y IMEI y f) La ubicación de IP; de los números telefónicos 950877226, 950010050 y 950862866.

La información deberá remitirse a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno – Tercer Despacho Fiscal de Investigación, con domicilio en el Jr. Teodoro Valcárcel N° 118.
La medida será ejecutada por las operadoras del servicio de telecomunicaciones NEXTEL S.A.C., TELEFÓNICA MÓVIL S.A.C, TELEFÓNICA DEL PERÚ SAC U CLARO SAC; en el termino de VEINTICUATRO HORAS con el apercibimiento en caso de incumplimiento de denunciarse a los representantes legales y/o responsables de ejecutar la medida, por el delito de desobediencia a la autoridad.
Al efecto la presente resolución, por su naturaleza, debe ser notificada al Ministerio Público, adjuntándose dos copias certificadas de la misma, para que dicha entidad la dirija a las empresas de telefonía correspondientes.
Tercero.- Se cumpla con notificar la presente resolución solo al requirente, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1 del artículo 235 Código Procesal Penal.

 

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NECESIDAD DE ESTABLECER VÍNCULOS PREVIOS ENTRE CONTRATISTA Y FUNCIONARIO COMO JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES EN DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

NECESIDAD DE ESTABLECER VÍNCULOS PREVIOS ENTRE CONTRATISTA
Y FUNCIONARIO COMO JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES EN DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
“De acuerdo a los hechos materia de imputación, los funcionarios investigados de la Municipalidad de Jequetepeque se han interesado en beneficiar con las contrataciones –direccionándolas– al consorcio conformado por Víctor Augusto Fernández Carranza y Marco Antonio Aldea Jaime por lo que el levantamiento del secreto de comunicaciones se encuentra dirigido a establecer las relaciones previas –conocimiento o frecuencia de llamadas– entre los funcionarios y los representantes de la contratista; en las que se ha incluido a las personas jurídicas Construcciones y Servicios Generales Cixs Eirl e Inco Contratistas Generales SAC en razón a que Aldea Jaime ha señalado al rendir su declaración que son de su propiedad”.
Expediente N° 540-2012 Especialista:
Escrito:
REQUIERE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PACASMAYO
CONSTANTE CARLOS ÁVALOS RODRÍGUEZ, coordinador de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Libertad - Sede Trujillo, ante usted digo:
Bajo el amparo del num. 10 del artículo 2 de la Constitución y el artículo 230 del CPP 2004 recurro solicitando el levantamiento de secreto de comunicaciones de los teléfonos domiciliarios y móviles
correspondientes a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE, PABLO MARTÍN ÁLVAREZ CASTAÑEDA, RICHARD DANY MONTEZA SÁNCHEZ, AUGUSTO JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ, EDGAR JAVIER QUISPE CRUZ, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIXS EIRL E INCO CONTRATISTAS GENERALES SAC; para que se informe a este despacho respecto del lapso que va desde enero de 2010 hasta la fecha sobre: 1. Los números correspondientes a cada uno de los teléfonos; 2. Las comunicaciones que hubieran mantenido entre ellos, su fecha y duración, precisando en el caso de los teléfonos móviles los lugares en que se encontraba cada uno de los interlocutores; 3. El nombre de los titulares de las líneas con los que los teléfonos de la Municipalidad Distrital de jequetepeque, Pablo Martín Álvarez Castañeda, Richard Dany Monteza Sánchez, Augusto José Pérez Ramírez, Edgar Javier Quispe Cruz, Construcciones y Servicios Generales Cixs Eirl e Inco Contratistas Generales SAC Han establecido comunicación; lo cual hago en razón de los siguientes fundamentos:
1
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LA IMPUTACIÓN Hecho imputado
Mediante Informe N° 077-2011/MDJ/JDU de fecha 16 de junio de 2011, la Jefatura de Desarrollo Urbano solicita la ejecución del servicio “elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública” para 6 obras a ejecutarse en ese mismo año 2011.
En consecuencia, mediante Resolución de Alcaldía N° 063-2011-MDJ/A de fecha 21 de junio de 2011 emitida por el investigado Pablo Martín Álvarez Castañeda –Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque– se aprueba el expediente de contratación.
Ese mismo 21 de junio, con Resolución de Alcaldía N° 064-2011-MDJ/A, Álvarez Castañeda aprueba las bases administrativas a solicitud del comité de selección (Informe N° 008-2011/MDJ/JDU).
De esta manera, la Municipalidad Distrital de Jequetepeque convoca al Proceso de Selección de Menor Cuantía N° 006-2011-MDJ/CEP - primera convocatoria para la ejecución del servicio de elaboración de perfiles de inversión pública con fecha 22 de junio de 2011; sin embargo, a dicho proceso de selección no se presenta ningún postor, por lo que se declara desierto el proceso y se procede a convocar por segunda vez. Sin embargo, no se publicó la declaratoria de desierto de este proceso en el Seace dentro del día siguiente –como prescribe el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado– sino que se registro en el Seace recién el 2 de julio de 2011, es decir después de 08 días. Asimismo, no se requirió el informe que analice las causas del desierto como lo exige el mismo reglamento.
Es así que se procede a convocar el proceso de selección de Menor Cuantía N° 006-2011-MDJ/CEP - segunda convocatoria con un valor referencial de S/. 25,000.00 nuevos soles, subiéndose al Seace la convocatoria el día 4 de julio de 20011 a las 23:46 horas, es decir, fuera del horario de atención de la entidad edil.
En esta convocatoria se aprecia que el registro de participantes se realizará únicamente el día si-
guiente 05 de julio desde las 07:30 a 15:30 horas, sin embargo el Comunicado N° 001-2009-OSCE/PRE de fecha marzo de 2009, de manera taxativa establece que el plazo para el registro de participantes en estos tipos de procesos de selección es desde el día siguiente de la convocatoria incluso hasta antes de la hora de presentación de propuestas. De esta manera se buscaba restringir indebidamente la posibilidad de ser postor, porque según la normativa vigente solo puede postor quien se encuentra previamente registrado.
Más aún, la presentación de propuestas es el 06 de julio de 2011 de 8:00 a las 12:00 horas, por lo que no se cumplió con los establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que prescribe que entre la convocatoria y la presentación de propuestas en estos tipos de procesos debe mediar no menos de 2 días hábiles, es decir, 48 horas de publicitación.
Es de señalar que en las bases administrativas elaboradas por el comité especial permanente conformado por los investigados Richard Dany Monteza Sánchez, Augusto José Pérez Ramírez y Edgar Javier Quispe Cruz, se observa en el capítulo III –referente a los requerimientos técnicos mínimos– que en el acápite de términos de referencia se detalla que el servicio consistirá en la reformulación de estudios definitivos a nivel de expediente técnico, y no simples estudios de perfil, como lo detalla la resolución que aprueba el expediente de contratación y las bases, por lo que no se trata de un servicio sino de una consultoría de obras que exige mayores plazos y requisitos para su realización. No solo eso, sino que dentro de la documentación de presentación obligatoria para admitir la propuesta técnica se exige acreditar experiencia del postor tanto en la actividad como en la especialidad, sin embargo, ni la Ley de Contrataciones del Estado ni su Reglamento exigen acreditar la experiencia del postor como documentación obligatoria ni como requisito técnico mínimo para su admisión, sino como factores de evaluación de una propuesta técnica ya admitida (artículo 46 del Reglamento); más aún, las bases establecen que si no se cumple con estas exigencias se descalificarán las propuestas que hayan sido presentadas.
Tenemos que se exige acreditar:
Experiencia en la actividad: durante los últimos 05 años en elaboración de estudios de preinversión y consultorías en general por un monto total de 5 veces el valor referencial (25,000 mil soles) = 125 mil soles. La experiencia se probará con comprobantes de contratación, con la debida conformidad y cancelación, con un máximo de 10 servicios prestados a uno o más clientes.
Experiencia en la especialidad: durante los último 05 años en elaboración de estudios de pre inversión o consultorías similares por un monto total de 2 veces el valor referencial (25,000 mil soles) = 50 mil soles. La experiencia se probará con comprobantes de contratación, con la debida conformidad y cancelación, con un máximo de 10 servicios prestados a un solo cliente.
Sin embargo, se observa que la experiencia a acreditar es demasiado exigente para el proceso de selección más simple de todos; se exige demostrar experiencia con contratos dentro de los últimos 5 años anteriores cuando no había ningún problema en que hayan sido hasta 15 años; se exige en total acreditar un monto total de 7 veces el valor referencial (S/. 175,000.00 nuevos soles), siendo estos montos los máximos posibles. Más aún, si se tiene en cuenta que estas exigencia son para las consultoría de obras y no para simples servicios como es el presente caso (art. 45 y 46 del Reglamento). Por otro lado, dentro del capítulo III referente a los Requerimientos Técnicos Mínimos se exige la siguiente relación de profesionales:
Un jefe del proyecto (8 años de experiencia - Ing. civil).
Un especialista en estudios en general (8 años de experiencia - Ing. civil).
Un especialista en medio ambiente (3 años de experiencia - Ing. civil o ambiental).
Un especialista en mecánica de suelos o geotecnia (8 años de experiencia - Ing. civil o afín a suelos). y un especialista en SNIP (8 años de experiencia - Ing. civil/ arquitecto - economista).
Sin embargo, estas exigencias no son consideradas como requisitos técnicos mínimos ni por la ley de contrataciones ni por su reglamento como exigencias para la admisión de una propuesta, sino como factores de evaluación de una propuesta técnica ya admitida (art. 46 del Reglamento).
Aunado a ello está el hecho de que se incluye como factores de evaluación: la propuesta técnica e innovación tecnológica y el plazo de servicio, sin embargo, ni la ley ni su reglamento establecen como estos como factores de evaluación.
Es en estas condiciones, que únicamente se registra como participante el investigado Víctor Augusto Fernández Carranza en representación del “Consorcio Moche” conformado también por Marco Antonio Aldea Jaime; consorcio al que al final el comité especial permanente le otorga la buena pro el 06 de julio de 2011 a pesar de que tampoco cumplía con las exigencias necesarias para ello; habiendo más bien irregularidades. En este sentido:
Fernández Carranza Víctor Augusto está registrado en el RNP como proveedor de servicios (2 de julio de 2011 al 2 de julio de 2012) donde se constata que no tiene profesión u ocupación específica, en cambio, el otro consorciado Marco Antonio Aldea Jaime esta registrado en el RNP como consul-
tor de obras (19 de junio de 2011 al 10 de junio de 2012), cuya profesión es ingeniero y se dedica a la actividad en ingeniería y arquitectura; por ello, no se cumple con lo exigido en el Reglamento de Contrataciones del Estado; teniendo en cuenta que en realidad este proceso no tiene por objeto la prestación de servicios sino más bien la consultoría de obra, por lo que ambos consorciados debieron estar inscritos en el RNP como consultores de obras.
El investigado Víctor Fernández que no tiene profesión tiene el 99 % de participación en un proceso netamente técnico, y por el contrario Marco Antonio Aldea Jaime que es ingeniero y quien presenta todos los contratos para acreditar la experiencia, solo tiene el 1 % de participación.
Para acreditar la experiencia en la actividad se presenta 5 contratos de consultoría de obra, sin embargo, según las bases, el objeto de esta convocatoria no es de consultoría de obras sino de servicios.
Además de los 5 contratos dos de ellos: N° 3 y 4 de fecha 2007 (marzo - mayo) y años 2005-2006 respectivamente, son de una antigüedad mayor a los últimos 5 años a la fecha de postulación, de tal forma que no cumplía con lo exigido en las bases, y no debió otorgarse la buena pro. No solo eso, sino que en el caso del contrato N° 2 solo se presenta el contrato y no el acta de conformidad, sino solo unos recibos por honorarios donde se verifica que no está fehacientemente comprobado la cancelación por parte de la municipalidad contratante, como lo exige las bases.
De esta manera, los dos contratos restantes no suman el monto exigido por las bases, esto es, de 5 veces el valor referencial (S/. 125,000.00 soles) sino solo S/. 52,000.00 soles.
Respecto de la acreditación en la experiencia en la especialidad, se observa que se presenta 3 contratos referente también a consultorías de obras y no a servicios como exige las bases; además los contratos N° 2 y 3 de fecha diciembre 2004 - febrero de 2005 y años 2005-2006, respectivamente tiene una antigüedad mayor de los últimos 5 años a la fecha de postulación; y respecto del contrato que resta no cumple con lo exigido en las bases, en el sentido de que debe sumar un monto de 2 veces el valor referencial.
Incluso respecto del personal propuesto se observa que no se cumplió con lo exigido en las bases, así tenemos que:
El jefe del proyecto (Marco Antonio Aldea Jaime), no acredita su experiencia de 8 años que exige las bases con constancias ni certificados de trabajo, sino solo con ficha de buena pro.
El especialista en estudios en general (José Sebastián Huertas Polo) tampoco acredita 8 años de experiencia, y los certificados presentados están a nombre de Ingeotec EIRL pero no hay documento que acredita que el es gerente general de esta empresa, solo en CV lo menciona.
El especialista en mecánica de suelos o geotecnia (Roberto Carlos Castillo Velarde) no acredita 8 años de experiencia sino solo 5 años.
No se propone a ningún especialista en medio ambiente como exige las bases.
Elementos de convicción
Resolución de Alcaldía N° 063-2011-MDJ/A de fecha 21 de junio de 2011 que aprueba expediente de contratación.
Resolución de Alcaldía N° 064-2011-MDJ/A de fecha 21 de junio de 2011 aprueba las bases a solicitud del comité de selección.
Convocatoria de fecha 04 de julio subido al Seace para el proceso de selección de Menor Cuan-
tía N° 006-2011-MDJ/CEP - segunda convocatoria para la ejecución del servicio de elaboración de perfiles de inversión pública.
Bases administrativas del proceso de selección de Menor Cuantía N° 006-2011-MDJ/CEP - segunda convocatoria.
Registro de participantes de fecha 5 de julio de 2011
Acta de otorgamiento de la buena pro de fecha 6 de julio de 2011.
Expediente de propuesta técnica y económica del consorcio Moche.
2
CALIFICACIÓN JURÍDICA
La intervención de Pablo Martín Álvarez Castañeda, Richard Dany Monteza Sánchez, Augusto José Pérez Ramírez y Edgar Javier Quispe Cruz se adecua al tipo penal de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal en los siguientes términos: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal”, en razón a que han direccionado el otorgamiento de la buena pro para la contratación del Consorcio Moche.
La intervención de Víctor Augusto Fernández Carranza y Marco Antonio Aldea Jaime debe ser calificada como complicidad primaria (primer párrafo del artículo 25 del CP) en el delito de negociación incompatible, pues de no haber presentado su propuesta en las condiciones en las que lo hizo, sin cumplir con los requisitos, no se le hubiera otorgado la buena pro de la manera claramente di-
reccionada como se ha expuesto en los hechos materia de imputación.
3
PENA PROBABLE A IMPONER
En tanto los hechos se adecuan al tipo penal del delito de negociación incompatible que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal; la pena media que se debería imponer para todos los procesados es una de cinco años de pena privativa de libertad e inhabilitación de dos años.
4
JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
De acuerdo a los hechos materia de imputación los funcionarios investigados de la Municipalidad de Jequetepeque se han interesado en beneficiar con las contrataciones –direccionándolas– al consorcio conformado por Víctor Augusto Fernández Carranza y Marco Antonio Aldea Jaime por lo que el levantamiento del secreto de comunicaciones se encuentra dirigido a establecer las relaciones previas –conocimiento o frecuencia de llamadas– entre los funcionarios y los representantes de la contratista; en las que se ha incluido a las personas jurídicas Construcciones y Servicios Generales Cixs EIRL e Inco Contratistas Generales SAC en razón a que Aldea Jaime ha señalado al rendir su declaración que son de su propiedad.
Anexo:
Copia de elementos de convicción hasta el momento recabados.
Provéase conforme a Derecho.
Trujillo, enero 15 de 2013
* Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad

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NECESIDAD DE PROPORCIONALIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE CON- TROL DE COMUNICACIONES

NECESIDAD DE PROPORCIONALIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE CON-
TROL DE COMUNICACIONES
“3.1. Razonabilidad de la medida
Se entiende por principio de razonabilidad que la medida restrictiva que se requiera se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de ese derecho satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional.
Exp. N° 2235-2004-AA/TC.
En este punto, se precisa, que tal como es de apreciarse que el hecho delictivo atribuido consiste en que el imputado David Antonio Vizcarra Domínguez, solicitó a la denunciante Quezada Salinas S/. 200.00, condicionando sus funciones –entre las que destacan las evaluaciones y expediciones de informes y protocolos psicológicos– al pago de un acto de corrupción (cohecho), a efecto de favorecer en un examen psicológico al conviviente de esta, lo que implica una lesión al aparato estatal (deber de lealtad) y un incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Es de entender y queda meridianamente establecido, que dicho profesional se valió de la complicidad y cooperación del asistente administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien se encargaría de recibir el dinero por parte de la denunciante. 3.2. Proporcionalidad de la medida
En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar ‘si existen medios alternativos al optado’, en este caso por el juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento, y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual ‘cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro’.
Juicio de idoneidad o adecuación: La decisión de limitar el derecho de las comunicaciones en el delito de corrupción de funcionarios en las modalidades de cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio corresponde al juicio de legitimidad que el juez debe hacer de la modalidad empleada, esto es, a que los agentes del delito habrían empleado las comunicaciones telefónicas para solicitar y/o ofrecer beneficios económicos recíprocamente, a sabiendas que es realizado con el objeto de influir en un resultado favorable en el examen psicológico a practicársele al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza, a cambio de un beneficio económico para ambos encartados. La necesidad: En este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos dice que ‘el Derecho Penal es objetivo, real, cierto concreto y su aplicación está en función de realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil, sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material real’ [Expediente N° 45-2001, Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima]; para ello debe armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la política criminal del Estado para evitar la impunidad [R.N. N° 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]. Es por eso que no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. No existiendo otra medida alternativa que la solicitada, porque no puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete cuando este lo hizo en la clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna clase [Exp. N° 10-2001 /Acumulado N° 45-2003-A.V., Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República].
La ponderación: diversos pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta el juicio ponderación que debe hacerse entre derechos fundamentales y medidas procesales tendientes a recabar la prueba del delito. En ese orden de ideas, es imperativo para la investigación: a) identificar a los titulares de las series de celulares; b) determinar el tráfico o flujo de llamadas de los celulares precisados.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad (análisis del equilibrio entre las ventajas de la acción y las desventajas), se debe señalar que el artículo 230 del CPP señala que la medida limitativa de comunicaciones procede cuando existen graves elementos de convicción que prevén la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; en el caso en examen el delito de Corrupción de Funcionarios - cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio previstos en los artículos 395 y 393, tipos penales que sancionan al agente con penas, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y no menor de 6 ni mayor de 8 años, respectivamente”.
Expediente N° : 229-2012
Caso N° : 46-2012
Especialista : Dr. Miranda
Escrito N° : 01
REQUERIMIENTO DE MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS
SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA
DANIEL ERNESTO CERNA SALAZAR, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a usted con respeto digo:
I. REQUERIMIENTO
En mérito a la autoridad conferida por los artículos 159.1 y 159.5 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 11 y 94.2 de la LOMP, y en virtud a lo estatuido en los artículos 218, 226, 230 y 233 del Código Procesal Penal, procedemos a requerir que vuestro Despacho dicte la MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE COMUNICACIONES con el
objeto que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones América Móviles - Claro y Movistar - Telefónica del Perú S.A.A. informen a este Ministerio Público lo siguiente:
a) Informar los titulares de las líneas de telefonía celular; así como nos remitan un cuadro conteniendo información acerca de los usuarios y/o abonados y/o clientes de los siguientes números telefónicos:
§ 948 114 229 : presuntamente de David Antonio Vizcarra Domínguez.
§ 999 894 908 : presuntamente de Luis Alejandro Cornejo Urbano.
§ 997 323 242 : presuntamente de Maribel Roxana Quezada Salinas. § 991 949 075 : presuntamente de Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
b) Detallar el tráfico de llamadas que hayan acaecido el día 11 de octubre de 2012 entre los 04 teléfonos celulares indicados en el literal a). Esto es: informar el detalle de llamadas entrantes y salientes, con indicación de duración e imei, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, sms e imei, los chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos, la localización al tiempo real de las líneas telefónicas e
imei, los mensajes de texto y e-mail entrantes y salientes y la ubicación de IP de dichos celulares.
II. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO
1. Hechos materia de imputación
1.1. Conforme fluye de la denuncia verbal que contiene la notitia criminis los denunciantes Maribe Roxana Quezada Salinas y Alberto Bradi Ruiz Espinoza precisan que con fecha 11 de octubre del 2012 acudieron a la sección de Medicina Legal ubicado en las instalaciones del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, a efectos de que se le practique la evaluación psicológica al segundo de los citados –ello por cuanto refiere haber sido víctima de violencia familiar–, siendo atendidos por el asistente administrativo –el hoy encartado– Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien mostrara su aquiescencia para el examen requerido, sin embargo, también le refirió que ello estaría supeditado a un ilegal requerimiento: acto de corrupción ascendiente a S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles), lo que incluía además el ingreso de dicho informe, a la comisaría correspondiente.
1.2. El espurio requerimiento fue ratificado por el psicólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y coinvestigado David Vizcarra Domínguez al momento en que este conferenciara con la denunciante. Es así que el propio encartado profesional de la salud le confirma el cohecho formulado, aduciendo que cobraban más, sin embargo, harían una excepción por tratarse de ella – conocida por ser trabajadora del Mimp–, habida cuenta que, cuando un abogado pretende un simple trámite el costo ascendente oscila entre los S/. 300.00 a S/. 350.00, con lo cual “quinientos soles no era nada por el trámite que le iba a hacer”. La denunciante en contraparte, precisó no contar con la suma requerida, aun así hizo la salvedad que consultaría con su pareja, ante lo cual el psicólogo fo-
rense solicitó le facilite el numero del móvil de su pareja (991949075), efectuando el funcionario denunciado, la llamada de su propio celular (948114229), indicándole al denunciante Ruiz Espinoza que ante el Oficio N° 873-12-Region-Policial-Divter-Norte-3-CR-VF, debía presentarse a las instalaciones de Medicina Legal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, “porque ahí lo estaba esperando”; siendo presenciado todo ello por la propia denunciante, quien luego procedió a retirarse. 1.3. Minutos más tarde, y ya habiéndose retirado del consultorio psicológico, la denunciante procedió a comunicarse con su pareja, viéndose sorprendida cuando del lado receptor le contestara el propio denunciado Vizcarra Domínguez, quien le refirió que “baje porque la estaban esperando”. Una vez retornara a la citada oficina, efectivamente encontró tanto al psicólogo forense como a su pareja, indicando el primero que “le cobrarían doscientos soles porque eran de condición económica baja y que no se trataba de un cobro sino de un reconocimiento”, asimismo, refirió que en un futuro, le prestaría ayuda en caso tengan problemas, conviniendo la denunciante que previo a dar una respuesta (positiva o negativa) consultaría con su pareja, ante lo cual el denunciado Vizcarra Domínguez le preciso que “toda coordinación la haga con el señor Alejandro”. Posteriormente, ambos denunciantes se acercaron al asistente administrativo –Cornejo Urbano–, quien adujo que el dinero solicitado debía ser entregado el mismo día y que además “le estaban cobrando bien cómodo”. Asimismo, precisó la denunciante que el investigado le mencionó que “si se iba directo a Medicina
Legal, no regrese”, ello por cuanto le estaban cobrando cómodo por tratarse de ella.
1.4. En misma fecha –y asumiendo la competencia por el turno–, este despacho fiscal toma conocimiento de los hechos plasmados en la denuncia verbal efectuada, por lo que procedió a emitir las correspondientes disposiciones de investigación preliminar y de formalización y continuación preparatoria, respectivamente. Asimismo, se ordenó la organización y preparación de determinados actos de investigación, entre los que destaca el operativo de revelación del delito el cual fuera programado para el 12/10/2012 el cual fuera desplegado de manera coordinada y conjunta con efectivos policiales de la Dircocor - PNP. Fotocopiados y certificados la cantidad de S/. 200.00 en 02 billetes de cien nuevos soles, con números de series A5343019G y A5343020G, siendo impregnados con reactivo compatible con luz alógena, siendo los investigados encontrados en flagrancia delictiva, obteniéndose como resultado positivo para reacción fluorescente en la cara interna de los dedos de la mano derecha e izquierda, así como en la zona dorsal de las mismas manos, hechos que demos-
trarían que el investigado Cornejo Urbano recibió los dos billetes de cien nuevos soles, y en el caso del imputado Vizcarra Domínguez el resultado obtenido fue “escasa fluorescencia en las palmas de las manos; la fluorescencia es muy tenue, color anaranjado”.
1.5. Así las cosas, queda evidente que en el presente caso denunciado, queda evidenciado que los investigados requeridos, valiéndose de las facultades conferidas en razón de sus cargos, pretendían influir en el resultado de la evaluación psicológica que se le debía practicar al denunciante –pese a que este debió de realizarse en el Instituto de Medicina Legal–, por lo cual el psicólogo forense David Antonio Vizcarra Domínguez condicionó su desempeño funcional a la entrega de un acto de corrupción (cohecho), ascendente a la suma de S/. 200.00 el cual fuera formulado por el propio encartado y comunicado por vez primera al denunciado Ruiz Espinoza vía telefónica, a través del celular móvil de aquel, por lo cual este despacho fiscal considera pertinente establecer el flujo de llamadas entre denunciantes e investigados, con lo que quedaría evidenciado la génesis del espurio requerimiento efectuado. 2. Imputación penal efectuada
En este punto, es necesario precisar, que de acuerdo al hecho narrado y la tipificación penal descrita, queda claro que, de acuerdo a los hechos materia de la imputación, que en el comportamien-
to desplegado por ambos investigados se daría por configurado el germen de la ilicitud, encajando la hipótesis normativa ubicada en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal - Cohecho pasivo específico, para la persona de DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ; en tanto que al encartado LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO le seria atribuible el tipo penal residente en el segundo párrafo del artículo 393 del cuerpo punitivo - Cohecho pasivo propio, ambas conductas en agravio del Estado.
PRESUPUESTOS PROCESALES PARA ATENDER LA MEDIDA SOLICITADA
3.1. Razonabilidad de la medida
Se entiende por principio de razonabilidad que la medida restrictiva que se requiera se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de ese derecho satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Exp. N° 2235-2004-AA/TC.
En este punto, se precisa, que tal como es de apreciarse que el hecho delictivo atribuido consiste en que el imputado David Antonio Vizcarra Domínguez solicitó a la denunciante Quezada Salinas S/. 200.00, condicionando sus funciones –entre las que destacan las evaluaciones y expediciones de informes y protocolos psicológicos– al pago de un acto de corrupción (cohecho), a efecto de favorecer en un examen psicológico al conviviente de esta, lo que implica una lesión al aparato estatal (deber de lealtad) y un incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Es de entender, y queda meridianamente establecido, que dicho profesional se valió de la complicidad y cooperación del asistente administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano quien se encargaría de recibir el dinero por parte de la denunciante. 3.2. Proporcionalidad de la medida
En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad,
necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o
adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar “si existen medios alternativos al optado”, en este caso por el Juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Juicio de idoneidad o adecuación: La decisión de limitar el derecho de las comunicaciones en el
delito de corrupción de funcionarios en las modalidades de cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio, corresponde al juicio de legitimidad que el juez debe hacer de la modalidad empleada, esto es, a que los agentes del delito habrían empleado las comunicaciones telefónicas para solicitar y/o ofrecer beneficios económicos recíprocamente, a sabiendas que es realizado con el objeto de influir en un resultado favorable en el examen psicológico a practicársele al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza, a cambio de un beneficio económico para ambos encartados.
La necesidad: En este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos dice que “el Derecho Penal es objetivo, real, cierto concreto y su aplicación está en función de realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil, sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material real” [Expediente N° 45-2001, Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima]; para ello debe armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la Política Criminal del Estado para evitar la impunidad [R.N. N° 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]. Es por eso que, no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. No existiendo otra medida alternativa que la solicitada, porque no puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete cuando este lo hizo en la clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna clase [Exp. N° 10-2001 /Acumulado N° 45-2003-A.V., Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República]. La ponderación: diversos pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta el juicio ponderación que debe hacerse entre derechos fundamentales y medidas procesales tendientes a recabar la prueba del delito. En ese orden de ideas, es imperativo para la investigación: a) Identificar a los titulares de las series de celulares; b) Determinar el tráfico o flujo de llamadas de los celulares precisados.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad (análisis del equilibrio entre las ventajas de la acción y las desventajas), se debe señalar que el artículo 230 del CPP señala que la medida limitativa de comunicaciones procede cuando existen graves elementos de convicción que prevén la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; en el caso en examen el delito de corrupción de funcionarios - cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio previstos en los artículos 395 y 393, tipos penales que sancionan al agente con penas, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y no menor de 6 ni mayor de 8 años, respectivamente.
AMPARO LEGAL DE LA MEDIDA
El artículo 2.10 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene el derecho al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones. A su vez, el artículo VI del Título Preliminar del CPP prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.
El artículo 230 del CPP Penal vigente en este Distrito Judicial, tiene como presupuesto para solicitar la intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, que el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, así como también que la intervención con fines de reporte sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones; presupuestos que en el presente requerimiento se cumplen, por cuanto el delito materia de investigación es sancionado con pena privativa de libertad
superior a los cuatro años.
V. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA
5.1. El imputado DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ, con domicilio procesal en Ca-
silla N° 4568 del Colegio de Abogados de Lima, Sede Palacio de Justicia (Lima), siendo que en el Acta de Registro Personal y en el Acta de Entrega de Especies, ambas de fecha 12 de octubre del 2012, levantadas al momento de su intervención durante el operativo desplegado con participación de agentes policiales y durante las diligencias llevadas a cabo en las instalaciones de a Dircocor –obrantes a folios 65 y 93, respectivamente de la carpeta fiscal– precisa que entre otras especies en posesión del intervenido se le encontró: un celular marca motorola, cuyo número telefónico proporcionado fue: 948 114 229.
5.2. El imputado LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO, con domicilio procesal en Casilla
N° 11366 de la Central de Notificaciones de la Cortes Superior de Lima (Lima), siendo que en el Acta de Registro Personal e Incautación del 12 de octubre de 2012, levantada al momento de su intervención durante el operativo desplegado con participación de agentes policiales –obrante a folios 67 a 69 de la carpeta fiscal– precisa que entre otras especies en posesión del intervenido se le encontró: un equipo telefónico celular color plateado y blanco marca Blackberry, cuyo número telefónico proporcionado fue: 999 894 908.
5.3. La denunciante MARIBEL ROXANA QUEZADA SALINAS, con domicilio real en Av. Las Mercedes N° 218, Pueblo Joven Los Ángeles, distrito de El Rímac, siendo que en el Acta de Denuncia Verbal y Declaración, recibida en este Despacho de investigación –obrante a folios 01 a 03 de la carpeta fiscal–, proporciona como teléfono celular de contacto: 997 323 242.
5.4. El denunciante ALBERTO BRADI RUIZ ESPINOZA, con domicilio real en Av. Las Mer-
cedes N° 218, Pueblo Joven Los Ángeles, distrito de El Rímac, siendo que en el Acta de Denuncia Verbal y Declaración, recibida en este Despacho de investigación –obrante a folios 04 a 06 de la carpeta fiscal–, proporciona como teléfono celular de contacto: 991 949 075.
VI. DE LA FORMA DE LA MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE CO-
MUNICACIONES
a) Informar los titulares de las líneas de telefonía celular; así como nos remitan un cuadro conteniendo información acerca de los usuarios y/o abonados y/o clientes de los siguientes números telefónicos:
§ 948 114 229 : presuntamente de David Antonio Vizcarra Domínguez.
§ 999 894 908 : presuntamente de Luis Alejandro Cornejo Urbano.
§ 997 323 242 : presuntamente de Maribel Roxana Quezada Salinas. § 991 949 075 : presuntamente de Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
Detallar el tráfico de llamadas que hayan acaecido el día 11 de octubre de 2012 entre los 04 teléfonos celulares indicados en el literal a). Esto es: informar el detalle de llamadas entrantes y salientes, con indicación de duración e imei, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, sms e imei, los chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos, la localización al tiempo real de las líneas telefónicas e
imei, los mensajes de texto y e-mail entrantes y salientes y la ubicación de IP de dichos celulares.
c) Debiendo disponer que la información se remita al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con domicilio procesal en jirón Lampa 597, con esquina de jirón Miró Quesada 309 Cercado de Lima, a fin de viabilizar la respuesta de las entidades telefónicas, disponiendo que la diligencia sea ejecutada por las mencionadas instituciones en el término de SETENTA Y DOS HORAS con el apercibimiento indicado del artículo 230.4 del CPP.
VII. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Los elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento obran en la carpeta fiscal, procediendo a detallarlos a continuación:
Acta de denuncia verbal y Declaración de Maribel Roxana Quezada Salinas, del 11 de octubre de 2012.
Acta de denuncia verbal y Declaración de Alberto Bradi Ruiz Espinoza, del 11 de octubre de 2012.
Dos billetes cada uno del valor de S/. 100.00 (cien nuevos soles), con las Series A5343019G y A5343020G.
Declaración del imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien reconoce los hechos denunciados por Doña Maribel Roxana Quezada Salinas.
Declaración del imputado David Antonio Vizcarra Domínguez, quien reconoce haber solicitado conjuntamente con el imputado Cornejo Urbano la suma de S/. 200.00 para favorecer en la evaluación psicológica a la pareja de la denunciante Quezada Salinas.
Declaración del denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
Declaración de la denunciante Maribel Roxana Quezada Salinas.
Acta de Intervención Policial N° 01-2012-DIRCOCOR PNP, de fecha 12/10/12, practicada al imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano.
Acta de Registro Personal de David Antonio Vizcarra Domínguez, de fecha 12/10/12 en la cual señala como numero de celular 948114229.
Acta de Registro Personal e Incautación del imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano, de fecha 12/10/12, quien acepta haber recibido por parte de la denunciante Quezada Salinas la cantidad de S/. 200.00 en dos billetes cada uno de S/. 100.00 de series A5343019G y A5343020G.
Dos billetes cada uno del valor de S/. 100.00 de series A5343019G y A5343020G, debidamente lacrado en un sobre manila y en cadena de custodia.
Acta Fiscal de Contrastación de Billetes, de fecha 12/10/12, mediante la cual se ha llegado a cotejar que los billetes incautados al imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano.
Acta de Ejecución de Diligencia de Examen Corporal - Prueba de Contraste de Reactivo UV-203 en polvo amarillo fluorescente invisible, cuyo resultado para el imputado Cornejo Urbano es positivo para reacción fluorescencia en la cara interna de los dedos de las manos derecha e izquierda, observándose reacción fluorescencia color anaranjado; asimismo; en la zona dorsal de las mismas manos en la cual tiene fluorescencia en las zonas distales de los dedos; en tanto que para la persona de Vizcarra Domínguez, el resultado es escasa fluorescencia en las palmas de las manos, fluorescencia tenue en el color anaranjado, y negativo en prendas de vestir del intervenido.
Acta Fiscal, de fecha 12/10/12, sobre los contratos de trabajo de los imputados Luis Alejandro Cornejo Urbano y David Antonio Vizcarra Domínguez, con la cual se logra demostrar que los imputados tienen la calidad de funcionario y servidor público respectivamente.
Acta de Entrega de Especies en la persona de David Antonio Vizcarra Domínguez de fecha 12/10/12 donde se hace precisión del celular Motorola de número telefónico 948114229.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted, señor Juez de Investigación Preparatoria, acceder al presente requerimiento.
Lima, 26 de febrero de 2013
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima

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