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EL TESTIMONIO

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     Artículo 162 Capacidad para rendir testimonio.-

     1. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedido por la Ley.

     2. Si para valorar el testimonio es necesario verificar la idoneidad física o psíquica del testigo, se realizarán las indagaciones necesarias y, en especial, la realización de las pericias que correspondan. Esta última prueba podrá ser ordenada de oficio por el Juez.

     Artículo 163 Obligaciones del testigo.-

     1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna.

     2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando, por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1) del artículo 165.

     3. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado no puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. Si los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas.

     Artículo 164 Citación y conducción compulsiva.-

     1. La citación del testigo se efectuará de conformidad con el artículo 129. Cuando se trata de funcionarios públicos o de dependientes, el superior jerárquico o el empleador, según el caso, están en la obligación de facilitar, bajo responsabilidad, la concurrencia del testigo en el día y hora en que es citado.

     2. El testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

     3. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública.

     Artículo 165 Abstención para rendir testimonio.-

     1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte.

     2. Deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes según la Ley deban guardar secreto profesional o de Estado:

     a) Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se encuentran los abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispensados por Ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

     b) Los funcionarios y servidores públicos si conocen de un secreto de Estado, esto es, de una información clasificada como secreta o reservada, tienen la obligación de comunicárselo a la autoridad que los cite. En estos casos se suspenderá la diligencia y se solicitará información al Ministro del Sector a fin de que, en el plazo de quince días, precise si, en efecto, la información requerida se encuentra dentro de los alcances de las excepciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley de la materia.

     3. Si la información requerida al testigo no se encuentra incursa en las excepciones previstas en la Ley de la materia, se dispondrá la continuación de la declaración. Si la información ha sido clasificada como secreta o reservada, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, en tanto considere imprescindible la información, requerirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar al o los funcionarios públicos que correspondan, incluso al testigo inicialmente emplazado, para los esclarecimientos correspondientes.

     Artículo 166 Contenido de la declaración.-

     1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba.

     2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado.

     3. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.

     Artículo 167 Testimonio de Altos Dignatarios.-

     1. El Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Congresistas, Ministros de Estado, Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocales de la Corte Suprema, Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Supremo de Justicia Militar, Comandantes Generales de los Institutos Armados, Director General de la Policía Nacional, Presidente del Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Contralor General de la República, Presidentes de la Regiones, Cardenales, Arzobispos, Obispos, o autoridades superiores de otros cultos religiosos, y demás personas que la Ley señale, declararán, a su elección, en su domicilio o en su despacho. El Juez podrá disponer se reciba su testimonio por escrito, cursando el pliego interrogatorio correspondiente, el mismo que se elaborará a instancia de las partes.

     2. Se procederá en la forma ordinaria, salvo el caso de los Presidentes de los Poderes del Estado y del Presidente del Consejo de Ministros, cuando el Juez considere indispensable su comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de confrontación o por otra necesidad.

     Artículo 168 Testimonio de Miembros del Cuerpo Diplomático.- A los miembros del Cuerpo Diplomático o Consular acreditados en el Perú se les recibirá su testimonio, si están llamados a prestarlo, mediante informe escrito. Para tal efecto se les enviará, por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, el texto del interrogatorio que será absuelto bajo juramento o promesa de decir verdad. De igual manera se procederá si el agente diplomático o consular culminó su misión y se encuentra en el extranjero.

     Artículo 169 Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero.-

     1. Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al Despacho judicial, se podrá disponer su declaración por exhorto. De ser posible, y con preferencia, podrá utilizarse el medio tecnológico más apropiado, como la videoconferencia o filmación de su declaración, a la que podrán asistir o intervenir, según el caso, el Fiscal y los abogados de las partes.

     2. Si el testigo se halla en el extranjero se procederá conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperación judicial internacional. En estos casos, de ser posible, se utilizará el método de videoconferencia o el de filmación de la declaración, con intervención -si corresponde- del cónsul o de otro funcionario especialmente habilitado al efecto.

     "Artículo 170. Desarrollo del interrogatorio

     1. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad por su incumplimiento, y prestará juramento o promesa de honor de decir la verdad, según sus creencias. Deberá también ser advertido de que no está obligado a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal.

     2. No se exige juramento o promesa de honor cuando declaran las personas comprendidas en el artículo 165, inciso 1), y los menores de edad, los que presentan alguna anomalía psíquica o alteraciones en la percepción que no puedan tener un real alcance de su testimonio o de sus efectos.

     3. Los testigos serán examinados por separado. Se dictarán las medidas necesarias para evitar que se establezca comunicación entre ellos.

     4. Acto seguido se preguntará al testigo su nombre, apellido, nacionalidad, edad, religión si la tuviera, profesión u ocupación, estado civil, domicilio y sus relaciones con el imputado, agraviado o cualquier otra persona interesada en la causa. Si teme por su integridad podrá indicar su domicilio en forma reservada, lo que se hará constar en el acta. En este último caso, se dispondrá la prohibición de la divulgación en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. La Fiscalía de la Nación y el órgano de gobierno del Poder Judicial dictarán las medidas reglamentarias correspondientes para garantizar la eficacia de esta norma.

     5. A continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la actuación de las personas que le conste tengan relación con el delito investigado; asimismo, se le interrogará sobre toda circunstancia útil para valorar su testimonio. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y observaciones precisas.

     6. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará, de oficio o a pedido de algún sujeto procesal."

     Artículo 171 Testimonios especiales.-

     1. Si el testigo es mudo, sordo o sordo mudo, o cuando no hable el castellano, declarará por medio de intérprete.

     2. El testigo enfermo o imposible de comparecer será examinado en el lugar donde se encuentra. En caso de peligro de muerte o de viaje inminente, si no es posible aplicar las reglas de prueba anticipada, se le tomará declaración de inmediato.

     3. Cuando deba recibirse testimonio de menores y de personas que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, se podrá disponer su recepción en privado. Si el testimonio no se actuó bajo las reglas de la prueba anticipada, el Juez adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad emocional del testigo y dispondrá la intervención de un perito psicólogo, que llevará a cabo el interrogatorio propuesto por las partes. Igualmente, permitirá la asistencia de un familiar del testigo.

CONCORDANCIAS:     Acuerdo Plenario Nº 1-2011-CJ-116 (Acuerdo Plenario en materia penal sobre la Apreciación de la Prueba en los Delitos contra la Libertad Sexual)

     4. Cuando se requiere que el testigo reconozca a una persona o cosa, debe describirla antes de serle presentada. Luego relatará, con la mayor aproximación posible, el lugar, el tiempo, el estado y demás circunstancias en que se hallaba la persona o cosa cuando se realizó el hecho.

     5. Para la declaración del agraviado, rigen las mismas reglas prescritas para los testigos.

 

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CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEDENTE VINCULANTE QUE ESTABLECE QUE –CUANDO HAY VERSIONES CONTRADICTORIAS A TRAVÉS DEL PROCESO– EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A CREER NECESARIAMENTE LA VERSIÓN DADA EN JUICIO POR EL TESTIGO O IMPUTADO

CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEDENTE VINCULANTE QUE ESTABLECE QUE –CUANDO HAY VERSIONES CONTRADICTORIAS A TRAVÉS DEL PROCESO– EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A CREER NECESARIAMENTE LA VERSIÓN DADA EN JUICIO POR EL TESTIGO O IMPUTADO
EXP. N° 03605-2010-PHC/TC-AREQUIPA
EDUARDO JESÚS MENDÍVIL NINA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 22 de noviembre de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Jesús Mendívil Nina contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 370, su fecha 15 de julio de 2010, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y,
ATENDIENDO A
Que con fecha 8 de febrero de 2010 don Eduardo Jesús Mendívil Nina, interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales de la Tercera Sala Penal de Arequipa y los Vocales de la Sala Permanente de la Corte Suprema, solicitando que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal seguido bajo el número de expediente 340-2002, en el que mediante sentencia de fecha 16 de agosto de 2005, confi rmada mediante resolución de fecha 13 de enero de 2006, se le condenó a 20 años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de violación de la libertad sexual de menor de edad en grado de tentativa, y por el delito de violación de la libertad sexual de menor de edad en la modalidad de actos contra el pudor. Refi ere que dichas resoluciones judiciales son violatorias de los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
En esencia sostiene el recurrente que en el proceso penal se ha incurrido en una indebida valoración de los medios de prueba (certifi cados médicos, testimonios, etc.). Aduce, asimismo, que en el momento de la elaboración del atestado policial –en el que se declaró culpable– no contaba con el asesoramiento de un abogado.
2. Que en primer término corresponde señalar que si bien es verdad que el recurrente acusa una supuesta violación a su derecho de defensa en razón de haber carecido de asistencia letrada al momento de rendir su declaración en sede policial (en la que se declaró culpable de los delitos materia de acusación), también lo es que al momento de rendir su declaración instructiva –ocasión en la que sí contó con asistencia letrada– el demandante ratifi có su declaración de culpabilidad, con una exposición pormenorizada de los hechos incriminatorios (fojas 446 y siguientes).
Así las cosas, aun en el supuesto de que pudiese haber existido una eventual afectación al derecho de defensa en sede policial, esta habría devenido en meramente formal, esto es, carente de relevancia constitucional, en la medida en que el recurrente se ratifi có en su declaración autoincriminatoria en la fase instructiva, esta vez, con ejercicio pleno de su derecho a la asistencia letrada.
3. Que en segundo término, el recurrente sostiene que los emplazados no debieron valorar el certifi cado médico legal en el que se daba cuenta de que la menor J.V.Y.S., adolecía de un “desgarro himeneal antiguo”, por carecer de veracidad al confrontársele con otras pericias médicas practicadas en el devenir del proceso.
Con relación a este punto se aprecia que el demandante no acusa la valoración de una prueba obtenida en abierta violación de los derechos fundamentales, sino una supuesta indebida valoración por parte del juez penal de la prueba constitucionalmente obtenida, lo que equivale a pretender que este Tribunal se subrogue en competencias exclusivas de la judicatura penal, haciendo del proceso de hábeas corpus no un cauce orientado a la protección de los derechos fundamentales, sino una instancia más del proceso ordinario en la que quepa extender el debate probatorio. Desde luego, dicho propósito no resulta procedente.
4. Que fi nalmente el recurrente sostiene que los jueces no han tomado en cuenta que en la etapa del juicio oral las menores agraviadas variaron la declaración ofrecida en la etapa instructiva, aduciendo que el demandante no había incurrido en acto delictivo alguno. Asimismo, refi ere que él también varió su declaración en el acto oral, en el que no reconoció la comisión de los actos delictivos, en contraposición a lo declarado tanto en sede policial como en la etapa instructiva.
Sobre el particular este Tribunal ha tomado nota de que a través de la Ejecutoria Suprema N° 30442004 la Sala Penal de la Corte Suprema ha establecido como “precedente obligatorio” que “cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles –situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y, en su caso, del abogado defensor–, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fi abilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinadas razones –que el Tribunal debe precisar cumplidamente–, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fi delidad (…)” (fundamento jurídico 5).
Tal como se aprecia en la sentencia condenatoria obrante a fojas 294 y siguientes, es este criterio el que ha servido de sustento a la judicatura penal para motivadamente dar mayor fi abilidad a las declaraciones vertidas en la etapa instructiva.
Cabe precisar que el criterio vinculante establecido por la Sala Penal de la Corte Suprema, a juicio del Tribunal Constitucional, no solo resulta constitucionalmente aceptable, sino que versa sobre el ejercicio de competencias que –como el caso de la valoración probatoria– se afi ncan por antonomasia en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y que escapan, prima facie, del ámbito de la jurisdicción constitucional.
5. Que en consecuencia los hechos y el petitorio de la demanda no se encuentran referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, motivo por el cual, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, corresponde declarar su improcedencia.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos.
Publíquese y notifíquese.
SS. MESÍA RAMÍREZ / VERGARA GOTELLI / ETO CRUZ / ÁLVAREZ MIRANDA / URVIOLA HANI

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CITACIÓN DE TESTIGOS CON LOS DEBIDOS APERCIBIMIENTOS EN DILIGENCIAS PRELIMINARES DELEGADAS A LA POLICÍA DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN

CITACIÓN DE TESTIGOS CON LOS DEBIDOS APERCIBIMIENTOS EN DILIGENCIAS PRELIMINARES DELEGADAS A LA POLICÍA

DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN
Código de Carpeta Fiscal N° 266-2011 Disposición N° 01:
Fiscal Responsable: Constante Carlos Ávalos Rodríguez
Dado cuenta: Con la denuncia por acción popular presentada por Santiago Elías Miñano Pérez en contra Pedro Cenas Casamayor, en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, y Jorge Enrique Ferro Córdova, en calidad de Gerente Municipal; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Del análisis de los hechos que se exponen en el escrito materia del presente pronunciamiento se pueden identificar diversos hechos necesitados de esclarecimiento a efectos de confirmar preliminarmente o desvirtuar los cargos que se han formulado contra los denunciados, hallándose además la posible comisión de comportamientos delictivos por personas que no han sido mencionadas expresamente como denunciados, pero respecto a los cuales el Ministerio Público tiene facultad y obligación constitucionales de inicio de oficio de la persecución penal; SEGUNDO: Los hechos que deben ser materia de investigación son: 1) Omisión de denuncia por parte de Pedro Cenas Casamayor frente a las irregularidades en que habría incurrido Jorge Enrique Ferro Córdova en su calidad de Gerente Municipal; 2) Usurpación de funciones en que habrían incurrido Jorge Tello Gutiérrez, Valdemar Vera
Velásquez y Omar Eusebio Gonzales Aguilar e inducción a dicho delito por parte de Pedro Cenas Casamayor al haber, respectivamente, participado en y conformado la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se encargó de la determinación de responsabilidades de Jorge Enrique Ferro Córdova, cuando lo que correspondía era la conformación de una Comisión Especial de Regidores; 3) Colusión y negociación incompatible por parte de Jorge Enrique Ferro Córdova al haber fraccionado y sobrevaluado la compra de útiles de escritorio; ilícito en que habría participado en calidad de cómplices primarios Paul Jiménez Farfán y el representante legal de Computer Express SAC –cuyo nombre se deberá determinar en el curso de las indagaciones–; 4) Colusión en la elaboración del perfil y expediente técnico para la “Construcción de trocha carrozable HuacazCuchuguay” por funcionarios y personas privadas –representante legal de Staff D’Consultores SRL– a determinar en las indagaciones; 5) Colusión en la contratación del servicio de consultoría para la evaluación del sistema de electrificación de los caseríos La Victoria, San Martín, Huacaz y Paccha por funcionarios y personas privadas a determinar en las indagaciones; 6) Peculado de uso por funcionarios o servidores a determinar en las indagaciones en tanto se permitió la sustracción de autopartes de la camioneta de Placa de Rodaje EGE-062; 7) Peculado doloso por Jorge Enrique Ferro Córdova, Pedro Cenas Casamayor y otros funcionarios o servidores a determinar en las indagaciones en tanto se han otorgado y recibido incentivos mensuales adicionales al sueldo; 8) Colusión por Jorge
Enrique Ferro Córdova y la persona que contrató con el Estado en la compra de 4 llantas de cargador frontal para la Municipalidad Distrital de Cachicadán; 9) Usurpación de funciones del regidor distinto al teniente alcalde que es designado para reemplazar al alcalde cuando se ausenta de la localidad
y del propio Pedro Cenas Casamayor por inducción a dicho delito; POR LO QUE SE DISPONE: INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN por el PLAZO DE 60 DÍAS
HÁBILES; debiéndose realizar los siguientes actos de investigación: 1) Recibir la declaración de los investigados que figuran expresamente en el considerando segundo de la presente disposición y de todos aquellos que resulten identificados como consecuencia de las indagaciones, con la participación necesaria de su abogado defensor, haciendo de su conocimiento que la documentación y sus recaudos se encuentran a su disposición para la consulta de su parte o del abogado defensor que acredite; así como para la obtención de las copias xerográficas que le permitan preparar con la debida antelación el ejercicio de su derecho de defensa; 2) Recibir las declaraciones testimoniales de Víctor
Cotrina Cortez, Jaime Uema Rivas, César Enrique Durand Vallejos, Clever Alayo Flores, Rosmery Aguilar Quispe, Ricardo Chambergo Arbulú, Cornelio Ascate Murga, Luis Jara Quezada y otros cuya necesidad de su declaración surja de las indagaciones; a quienes se les deberá informar que de acuerdo al numeral 1 del artículo 163 del CPP 2004: “Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna”; que el numeral 3 del artículo 337 del mismo cuerpo normativo prescribe que: “El fiscal puede:
a) Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva”; siendo que el numeral 1 del artículo 66 establece: “En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional”; no solo ello, sino que el Código Penal considera como delito el hecho de no obedecer el mandato emitido por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones;
POR LO QUE LA CITACIÓN SE DEBE HACER BAJO APERCIBIMIENTO DE SU CON-
DUCCIÓN COMPULSIVA Y DE INICIAR PERSECUCIÓN PENAL EN SU CONTRA en caso
de no acatar el presente mandato fiscal; precisándose que las citaciones que haga la autoridad policial serán en ejecución del mandato fiscal del suscrito; 3) ordénese al actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachicadán para que, en el plazo de 5 días hábiles a partir de notificado con la presente, remita al Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú - Trujillo copia certificada de: 3.1. El informe N° 001-2011de la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios; 3.2. La Resolución de Alcaldía N° 197-2011-MDC; 3.3. El informe
N° 013-2011-CDC-CR; 3.4. En su totalidad –incluida la fase de ejecución y el pago– los expedientes de compra de útiles de escritorio a los que se refieren las C/P 358, 359 y 723; 3.5. En su totalidad –incluida la fase de ejecución y el pago, los expedientes de los procesos de contratación para la elaboración del perfil y expediente técnico de la “construcción de trocha carrozable Huacaz-Cuchuguay”; 3.6. En su totalidad –incluida la fase de ejecución y el pago– los expedientes de los procesos de contratación de consultoría para la evaluación del sistema de electrificación de los caseríos La Victoria, San Martín, Huacaz y Paccha; 3.7. En su totalidad, las planillas de pagos de los años 2010 y 2011 y la documentación que sustentan los incentivos adicionales otorgados; 3.8. En su totalidad, los expedientes de compra de llantas para cargador frontal en el año 2011; 3.9. Las resoluciones de delegación de funciones políticas suscritas por su persona durante el año 2011; debiendo informársele con tal finalidad que: El numeral 2 del artículo 322 del CPP 2004 prescribe: “Para la práctica de los actos de investigación (el fiscal) puede requerir la colaboración de las autoridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de informes que se realicen conforme a la Ley”. Por su parte, el numeral 3 del artículo 337 del CPP 2004 establece: “3. El fiscal puede: (…) b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso”. Lo que debe concordarse con el artículo 368 del Código Penal, que señala: “El que desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido”; y además el numeral 1 del artículo 270 del CPP 2004 establece que para determinar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado oculte me-
dios de prueba; por lo que es necesario precisar que el presente mandato fiscal se expide BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR ACCIONES LEGALES EN SU CONTRA en caso de hacer-
se caso omiso; además de constituir un elemento de acreditación de su voluntad de ocultar medios probatorios al acceso de la justicia; 4) Las además que aparezcan como necesarias del desarrollo de las investigaciones, debiendo previamente para ello la autoridad policial que sea designado para la investigación coordinar con el fiscal responsable del mismo.-
OTROSÍ DIGO: Deléguese la realización de la presente investigación en el Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú - Trujillo; debiéndose devolver la carpeta con los resultados de la investigación al vencimiento del plazo.Trujillo, diciembre 28 de 2011
* Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad

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