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JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PRUEBA ANTICIPADA EN DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL A MENOR

USTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PRUEBA ANTICIPADA EN DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL A MENOR
“2.2. DE LAS RAZONES DE SU IMPORTANCIA Y URGENCIA DE REALIZACIÓN:
Si bien tanto la menor agraviada como su madre Yolanda Raico Aguilar, han rendido sus declaraciones durante la etapa de investigación preliminar (entrevista única en Cámara Gessel en caso de la menor), sin embargo, en la presente investigación, el imputado Víctor Chilón Durand es padre biológico de la menor de iniciales E.E.CH.R. y exconviviente de la madre de esta, Yolanda Raico Aguilar.
Que, existiendo vínculo de consanguinidad entre la menor agraviada y el investigado, existe un riesgo latente que el investigado a través de otros familiares o terceros, influyan sobre su hija (agraviada) y exconviviente u ofrezca dádivas (dinero), con el fin de que estas se retracten, no declaren o declaren falsamente en el juicio oral y, de esta manera, verse favorecido ilícitamente en el proceso. Como es bien sabido, es evidente que en este tipo de casos, las víctimas o testigos por la relación de parentesco que existe con el imputado, estén expuestas a ofrecimientos de dinero u otros beneficios para que cambiar de versión.
Por ello, señor juez, a efectos de evitar que en un hecho tan grave, como es la violación sexual de una menor de 08 años de edad cometido por su padre, tanto la agraviada como su madre se vean influenciadas por promesas, dádivas o manipulaciones, para perjudicar el proceso penal, resulta procedente que se reciba sus declaraciones vía prueba anticipada y, de esa manera, evitar que en juicio oral declaren situaciones distintas a las declaradas inicialmente o no asistan a dicha diligencia, máxime si debemos tener en cuenta que el imputado es una persona económicamente solvente, situación que facilita el ofrecimiento de dádivas a la agraviada y su madre.
La declaración de la menor agraviada tiene vital importancia en el juicio oral y va ser decisiva para que el juez de juzgamiento emita la decisión final (sentencia), debido a que es la persona que ha sido objeto de agresión sexual por parte de su padre, y quien va relatar la forma, modo y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos; igual importancia para el juicio, tiene la declaración de Yolanda Raico Aguilar, madre de la menor agraviada, por cuanto conoce las circunstancias en que el imputado sacó de su domicilio a la menor, así como el estado en que regresó y cómo y por qué su hija le comentó que fue objeto de violación sexual por su padre, asimismo porque el imputado ha sido el único sustento económico para ella y la menor agraviada. Por ello, es necesario cautelar sus declaraciones vía actuación de prueba anticipada, caso contrario existe un peligro latente que no concurran a declarar a juicio oral por ofrecimiento de promesas, dádivas o manipulación (…).
4. CIRCUNSTANCIAS DE SU PROCEDENCIA QUE NO PERMITAN SU ACTUACIÓN EN EL JUICIO
Como se reitera, existe el riesgo fundado que tanto la menor agraviada como su madre Yolanda Raico Aguilar, no concurran al juicio oral a rendir sus declaraciones, debido a que están expuestas a ofrecimientos de promesas, dádivas o manipulaciones por parte del imputado, sus familiares u otros; ello debido a la relación de familiaridad que existe entre estas con el imputado y la solvencia económica que posee el imputado, lo cual posibilita el ofrecimiento de una serie de promesas y/o entrega de dinero y bienes a la agraviada y su madre teniendo en cuenta que el imputado ha sido el único sustento económico de estas, además durante la investigación preliminar se ha puesto en manifiesto los actos de manipulación por parte del imputado, así, por ejemplo, como lo ha referido la propia agraviada en la entrevista fiscal, luego de que el investigado abusó sexualmente le pidió que no cuente a su madre ya que si lo hacía tenía que irse a la ciudad de Lima para que no le metan a la cárcel y no les iba dar nada, situación que generó que la menor no comente inicialmente lo sucedido a su madre y que se resista a contarle cuando esta le insistía que le diga lo que le pasaba por advertir un comportamiento distinto, hecho que se corrobora con la propia declaración de Yolanda Raico Aguilar (pregunta N° 03)”.
EXPEDIENTE JUDICIAL N° : 00099 - 2012
ESPECIALISTA : Miguel Guevara
CARPETA FISCAL : 102 - 2011
FISCAL RESPONSABLE : DR. JUAN MANUEL ROMERO ROBLES
REQUIERE PRUEBA ANTICIPADA
SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
RAMIRO SALVADOR DÍAZ DEL CASTILLO, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, con domicilio procesal en Jr. Sor Manuela Gil S/N Urb.
La Alameda de esta ciudad; a usted digo:
PETITORIO Y PRUEBA ACTUAR
En la investigación que se sigue contra VÍCTOR CHILÓN DURAND, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales E.E.CH.R.; de conformidad con lo establecido por el artículo 242, inciso 1 literal c) del Código Procesal Penal, REQUIERO la actuación de PRUEBA ANTICIPADA de la declaración de la menor agraviada de iniciales E.E.CH.R., así como la declaración testimonial de Yolanda Raico Aguilar, madre de la referida menor, en virtud de los siguientes fundamentos:
2. HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO Y RAZONES DE SU IMPORTANCIA PARA LA DECISIÓN EN EL JUICIO
2.1. DE LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN
En el presente caso, se ha formalizado investigación preparatoria contra VÍCTOR CHILÓN DURAND, atribuyéndole la autoría del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales E.E.CH.R.; hecho ocurrido el día 20 de enero de 2012, cuando el investigado en calidad de padre de la menor, llegó al domicilio de la madre de la menor ubicado en el Pasaje San Juan N° 138 del Barrio Pueblo Libre - Cajamarca a las 15:00 horas aproximadamente, procediendo a sacar a dicha menor, con la finalidad de comprarle una bicicleta, trasladándose en su vehículo-automóvil color plomo oscuro.
Sucede que, luego que el investigado compró la bicicleta a la menor, la llevó a una cochera ubicada en Jr. Miguel Carducci N° 783, donde el investigado procedió a bajar la bicicleta del vehículo
(asientos posteriores), y luego indicó a la menor se vaya al asiento posterior de dicho vehículo, donde procedió a bajarle su pantalón y su trusa (calzoncito), seguidamente el imputado también se bajó su pantalón y luego introdujo su pene en la vagina de la menor, causándole dolor por lo que la menor empieza a gritar y llorar, luego empieza a salir sangre de su vagina, indicándole el investigado que la sangre le estaba saliendo de él, pero al percatarse que la sangre salía de la vagina de la menor, le proporcionó papel higiénico para que se limpie. Luego de ello la menor agraviada se vistió y el imputado la regresó a la casa de su mamá a 17:30 horas aproximadamente, donde entregó a su mamá 03 pantalones para que los arregle, indicando que regresaría más tarde a recogerlo.
La menor agraviada, inicialmente no contó a su madre los hechos de violación que fue objeto, debido a que el investigado le dijo que si contaba a su madre le iban a mandar preso, además porque le ofreció comprar todo lo que quería. Sin embargo, en horas de la noche y cuando empezaron a cenar la menor no quería comer, por lo que su madre empezó a preguntarle que le pasaba y ante la insistencia le dijo que se había caído de la bicicleta, por lo que su mamá le dijo que le enseñe donde se había golpeado para curarla, cuando la menor se bajó el pantalón su madre vio que le estaba sangrando por sus genitales, momentos en que recién le contó lo sucedido.
2.2. DE LAS RAZONES DE SU IMPORTANCIA Y URGENCIA DE REALIZACIÓN:
Si bien tanto la menor agraviada como su madre Yolanda Raico Aguilar, han rendido sus declaraciones durante la etapa de investigación preliminar (Entrevista Única en Cámara Gessel en caso de la menor), sin embargo en la presente investigación, el imputado VÍCTOR CHILON DURAND es padre biológico de la menor de iniciales E.E.CH.R. y exconviviente de la madre de esta, Yolanda Raico Aguilar.
Que, existiendo vínculo de consanguinidad entre la menor agraviada y el investigado, existe un riesgo latente que el investigado a través de otros familiares o terceros, influyan sobre su hija (agraviada) y exconviviente u ofrezca dádivas (dinero), con el fin de que estas se retracten, no declaren o declaren falsamente en el juicio oral y, de esta manera, verse favorecido ilícitamente en el proceso. Como es bien sabido, es evidente que en este tipo de casos, las víctimas o testigos por la relación de parentesco que existe con el imputado estén expuestas a ofrecimientos de dinero u otros beneficios para que cambiar de versión.
Por ello, señor juez, a efectos de evitar que en un hecho tan grave como es la violación sexual de una menor de 08 años de edad cometido por su padre, tanto la agraviada como su madre se vean influenciadas por promesas, dádivas o manipulaciones, para perjudicar el proceso penal, resulta procedente que se reciba sus declaraciones vía prueba anticipada y, de esa manera, evitar que en juicio oral declaren situaciones distintas a las declaradas inicialmente o no asistan a dicha diligencia, máxime si debemos tener en cuenta que el imputado es una persona económicamente solvente, situación que facilita el ofrecimiento de dádivas a la agraviada y su madre.
La declaración de la menor agraviada, tiene vital importancia en el juicio oral y va ser decisiva para que el juez de juzgamiento emita la decisión final (sentencia), debido a que es la persona que ha sido objeto de agresión sexual por parte de su padre, y quien va relatar la forma, modo y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos; igual importancia para el juicio, tiene la declaración de Yolanda Raico Aguilar, madre de la menor agraviada, por cuanto conoce las circunstancias en que el imputado saco de su domicilio a la menor, así como el estado en que regresó y cómo y porque su hija le comentó que fue objeto de violación sexual por su padre, asimismo porque el imputado ha sido el único sustento económico para ella y la menor agraviada. Por ello, es necesario cautelar sus declaraciones vía actuación de prueba anticipada, caso contrario existe un peligro latente que no concurran a declarar a juicio oral por ofrecimiento de promesas, dádivas o manipulación.
3. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE DEBEN INTERVENIR
En ambas diligencias deberán participar:
La menor agraviada de iniciales E.E.CH.R.
La madre de la menor, señora YOLANDA RAICO AGUILAR.
La abogada defensor de la agraviada, Dra. CARMEN ESTHER OWEN LOZANO, con Reg. ICAC N° 1410 y con domicilio procesal en Jr. Apurímac N° 694 Segundo Piso, Oficina 138 - Barrio Pueblo Libre - Cajamarca.
El abogado defensor del investigado, Dr. JUAN MIGUEL TAPIA SILVA con Reg. ICAC N° 100, con domicilio procesal en Jr. Amazonas N° 679 Tercer Piso.
Un perito psicólogo que designe la División de Medicina Legal de Cajamarca, a fin de que asista a la menor en su declaración, conforme lo prevé el artículo 378, inciso 3 del Código Procesal Penal.
Fiscal responsable del caso.
CIRCUNSTANCIAS DE SU PROCEDENCIA QUE NO PERMITAN SU ACTUACIÓN EN EL JUICIO
Como se reitera, existe el riesgo fundado que tanto la menor agraviada como su madre Yolanda Raico Aguilar, no concurran al juicio oral a rendir sus declaraciones, debido a que están expuestas a ofrecimientos de promesas, dádivas o manipulaciones por parte del imputado, sus familiares u otros; ello debido a la relación de familiaridad que existe entre estas con el imputado y la solvencia económica que posee el imputado, lo cual posibilita el ofrecimiento de una serie de promesas y/o entrega de dinero y bienes a la agraviada y su madre teniendo en cuenta que el imputado ha sido el único sustento económico de estas, además durante la investigación preliminar se ha puesto en manifiesto los actos de manipulación por parte del imputado, así por ejemplo como lo ha referido la propia agraviada en la entrevista fiscal, luego que el investigado abuso sexualmente le pidió que no cuenta a su madre ya que si lo hacía tenía que irse a la ciudad de Lima para que no le metan a la cárcel y no les iba dar nada, situación que generó que la menor no comente inicialmente lo sucedido a su madre y que se resista a contarle cuando esta le insistía que le diga lo que le pasaba por advertir un comportamiento
distinto, hecho que se corrobora con la propia declaración de Yolanda Raico Aguilar (pregunta N° 03).
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Artículo 242 inciso 1 parágrafo a) del CPP, que señala que durante la investigación preparatoria, el fiscal puede instar al juez de investigación preparatoria la actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos: testimonial, cuando requiera ser actuado con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en juicio oral por ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan con falsamente.
Artículo 243 del CPP, que establece los requisitos que debe cumplirse para requerir prueba anticipada.
Artículo 244 del CPP, que señala el trámite que debe seguir el Juez en los requerimientos de prueba anticipada.
6. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Acta de entrevista.
Acta de declaración de Yolanda Raico Aguilar.
Acta de declaración de Víctor Chilón Durand.
Acta de inspección técnico-policial
Acta de entrevista única a la menor agraviada.
Certificados Médicos Legales N°s 000407 y 000408 practicados a la menor agraviada.
Acta de nacimiento de la menor agraviada.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud. señor juez, acceda al presente requerimiento y proceda a darle el trámite correspondiente.
Cajamarca, 1 de febrero de 2012
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca.

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NECESIDAD DE PROPORCIONALIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE CON- TROL DE COMUNICACIONES

NECESIDAD DE PROPORCIONALIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE CON-
TROL DE COMUNICACIONES
“3.1. Razonabilidad de la medida
Se entiende por principio de razonabilidad que la medida restrictiva que se requiera se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de ese derecho satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional.
Exp. N° 2235-2004-AA/TC.
En este punto, se precisa, que tal como es de apreciarse que el hecho delictivo atribuido consiste en que el imputado David Antonio Vizcarra Domínguez, solicitó a la denunciante Quezada Salinas S/. 200.00, condicionando sus funciones –entre las que destacan las evaluaciones y expediciones de informes y protocolos psicológicos– al pago de un acto de corrupción (cohecho), a efecto de favorecer en un examen psicológico al conviviente de esta, lo que implica una lesión al aparato estatal (deber de lealtad) y un incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Es de entender y queda meridianamente establecido, que dicho profesional se valió de la complicidad y cooperación del asistente administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien se encargaría de recibir el dinero por parte de la denunciante. 3.2. Proporcionalidad de la medida
En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar ‘si existen medios alternativos al optado’, en este caso por el juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento, y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual ‘cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro’.
Juicio de idoneidad o adecuación: La decisión de limitar el derecho de las comunicaciones en el delito de corrupción de funcionarios en las modalidades de cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio corresponde al juicio de legitimidad que el juez debe hacer de la modalidad empleada, esto es, a que los agentes del delito habrían empleado las comunicaciones telefónicas para solicitar y/o ofrecer beneficios económicos recíprocamente, a sabiendas que es realizado con el objeto de influir en un resultado favorable en el examen psicológico a practicársele al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza, a cambio de un beneficio económico para ambos encartados. La necesidad: En este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos dice que ‘el Derecho Penal es objetivo, real, cierto concreto y su aplicación está en función de realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil, sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material real’ [Expediente N° 45-2001, Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima]; para ello debe armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la política criminal del Estado para evitar la impunidad [R.N. N° 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]. Es por eso que no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. No existiendo otra medida alternativa que la solicitada, porque no puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete cuando este lo hizo en la clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna clase [Exp. N° 10-2001 /Acumulado N° 45-2003-A.V., Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República].
La ponderación: diversos pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta el juicio ponderación que debe hacerse entre derechos fundamentales y medidas procesales tendientes a recabar la prueba del delito. En ese orden de ideas, es imperativo para la investigación: a) identificar a los titulares de las series de celulares; b) determinar el tráfico o flujo de llamadas de los celulares precisados.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad (análisis del equilibrio entre las ventajas de la acción y las desventajas), se debe señalar que el artículo 230 del CPP señala que la medida limitativa de comunicaciones procede cuando existen graves elementos de convicción que prevén la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; en el caso en examen el delito de Corrupción de Funcionarios - cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio previstos en los artículos 395 y 393, tipos penales que sancionan al agente con penas, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y no menor de 6 ni mayor de 8 años, respectivamente”.
Expediente N° : 229-2012
Caso N° : 46-2012
Especialista : Dr. Miranda
Escrito N° : 01
REQUERIMIENTO DE MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS
SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA
DANIEL ERNESTO CERNA SALAZAR, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a usted con respeto digo:
I. REQUERIMIENTO
En mérito a la autoridad conferida por los artículos 159.1 y 159.5 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 11 y 94.2 de la LOMP, y en virtud a lo estatuido en los artículos 218, 226, 230 y 233 del Código Procesal Penal, procedemos a requerir que vuestro Despacho dicte la MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE COMUNICACIONES con el
objeto que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones América Móviles - Claro y Movistar - Telefónica del Perú S.A.A. informen a este Ministerio Público lo siguiente:
a) Informar los titulares de las líneas de telefonía celular; así como nos remitan un cuadro conteniendo información acerca de los usuarios y/o abonados y/o clientes de los siguientes números telefónicos:
§ 948 114 229 : presuntamente de David Antonio Vizcarra Domínguez.
§ 999 894 908 : presuntamente de Luis Alejandro Cornejo Urbano.
§ 997 323 242 : presuntamente de Maribel Roxana Quezada Salinas. § 991 949 075 : presuntamente de Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
b) Detallar el tráfico de llamadas que hayan acaecido el día 11 de octubre de 2012 entre los 04 teléfonos celulares indicados en el literal a). Esto es: informar el detalle de llamadas entrantes y salientes, con indicación de duración e imei, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, sms e imei, los chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos, la localización al tiempo real de las líneas telefónicas e
imei, los mensajes de texto y e-mail entrantes y salientes y la ubicación de IP de dichos celulares.
II. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO
1. Hechos materia de imputación
1.1. Conforme fluye de la denuncia verbal que contiene la notitia criminis los denunciantes Maribe Roxana Quezada Salinas y Alberto Bradi Ruiz Espinoza precisan que con fecha 11 de octubre del 2012 acudieron a la sección de Medicina Legal ubicado en las instalaciones del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, a efectos de que se le practique la evaluación psicológica al segundo de los citados –ello por cuanto refiere haber sido víctima de violencia familiar–, siendo atendidos por el asistente administrativo –el hoy encartado– Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien mostrara su aquiescencia para el examen requerido, sin embargo, también le refirió que ello estaría supeditado a un ilegal requerimiento: acto de corrupción ascendiente a S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles), lo que incluía además el ingreso de dicho informe, a la comisaría correspondiente.
1.2. El espurio requerimiento fue ratificado por el psicólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y coinvestigado David Vizcarra Domínguez al momento en que este conferenciara con la denunciante. Es así que el propio encartado profesional de la salud le confirma el cohecho formulado, aduciendo que cobraban más, sin embargo, harían una excepción por tratarse de ella – conocida por ser trabajadora del Mimp–, habida cuenta que, cuando un abogado pretende un simple trámite el costo ascendente oscila entre los S/. 300.00 a S/. 350.00, con lo cual “quinientos soles no era nada por el trámite que le iba a hacer”. La denunciante en contraparte, precisó no contar con la suma requerida, aun así hizo la salvedad que consultaría con su pareja, ante lo cual el psicólogo fo-
rense solicitó le facilite el numero del móvil de su pareja (991949075), efectuando el funcionario denunciado, la llamada de su propio celular (948114229), indicándole al denunciante Ruiz Espinoza que ante el Oficio N° 873-12-Region-Policial-Divter-Norte-3-CR-VF, debía presentarse a las instalaciones de Medicina Legal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, “porque ahí lo estaba esperando”; siendo presenciado todo ello por la propia denunciante, quien luego procedió a retirarse. 1.3. Minutos más tarde, y ya habiéndose retirado del consultorio psicológico, la denunciante procedió a comunicarse con su pareja, viéndose sorprendida cuando del lado receptor le contestara el propio denunciado Vizcarra Domínguez, quien le refirió que “baje porque la estaban esperando”. Una vez retornara a la citada oficina, efectivamente encontró tanto al psicólogo forense como a su pareja, indicando el primero que “le cobrarían doscientos soles porque eran de condición económica baja y que no se trataba de un cobro sino de un reconocimiento”, asimismo, refirió que en un futuro, le prestaría ayuda en caso tengan problemas, conviniendo la denunciante que previo a dar una respuesta (positiva o negativa) consultaría con su pareja, ante lo cual el denunciado Vizcarra Domínguez le preciso que “toda coordinación la haga con el señor Alejandro”. Posteriormente, ambos denunciantes se acercaron al asistente administrativo –Cornejo Urbano–, quien adujo que el dinero solicitado debía ser entregado el mismo día y que además “le estaban cobrando bien cómodo”. Asimismo, precisó la denunciante que el investigado le mencionó que “si se iba directo a Medicina
Legal, no regrese”, ello por cuanto le estaban cobrando cómodo por tratarse de ella.
1.4. En misma fecha –y asumiendo la competencia por el turno–, este despacho fiscal toma conocimiento de los hechos plasmados en la denuncia verbal efectuada, por lo que procedió a emitir las correspondientes disposiciones de investigación preliminar y de formalización y continuación preparatoria, respectivamente. Asimismo, se ordenó la organización y preparación de determinados actos de investigación, entre los que destaca el operativo de revelación del delito el cual fuera programado para el 12/10/2012 el cual fuera desplegado de manera coordinada y conjunta con efectivos policiales de la Dircocor - PNP. Fotocopiados y certificados la cantidad de S/. 200.00 en 02 billetes de cien nuevos soles, con números de series A5343019G y A5343020G, siendo impregnados con reactivo compatible con luz alógena, siendo los investigados encontrados en flagrancia delictiva, obteniéndose como resultado positivo para reacción fluorescente en la cara interna de los dedos de la mano derecha e izquierda, así como en la zona dorsal de las mismas manos, hechos que demos-
trarían que el investigado Cornejo Urbano recibió los dos billetes de cien nuevos soles, y en el caso del imputado Vizcarra Domínguez el resultado obtenido fue “escasa fluorescencia en las palmas de las manos; la fluorescencia es muy tenue, color anaranjado”.
1.5. Así las cosas, queda evidente que en el presente caso denunciado, queda evidenciado que los investigados requeridos, valiéndose de las facultades conferidas en razón de sus cargos, pretendían influir en el resultado de la evaluación psicológica que se le debía practicar al denunciante –pese a que este debió de realizarse en el Instituto de Medicina Legal–, por lo cual el psicólogo forense David Antonio Vizcarra Domínguez condicionó su desempeño funcional a la entrega de un acto de corrupción (cohecho), ascendente a la suma de S/. 200.00 el cual fuera formulado por el propio encartado y comunicado por vez primera al denunciado Ruiz Espinoza vía telefónica, a través del celular móvil de aquel, por lo cual este despacho fiscal considera pertinente establecer el flujo de llamadas entre denunciantes e investigados, con lo que quedaría evidenciado la génesis del espurio requerimiento efectuado. 2. Imputación penal efectuada
En este punto, es necesario precisar, que de acuerdo al hecho narrado y la tipificación penal descrita, queda claro que, de acuerdo a los hechos materia de la imputación, que en el comportamien-
to desplegado por ambos investigados se daría por configurado el germen de la ilicitud, encajando la hipótesis normativa ubicada en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal - Cohecho pasivo específico, para la persona de DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ; en tanto que al encartado LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO le seria atribuible el tipo penal residente en el segundo párrafo del artículo 393 del cuerpo punitivo - Cohecho pasivo propio, ambas conductas en agravio del Estado.
PRESUPUESTOS PROCESALES PARA ATENDER LA MEDIDA SOLICITADA
3.1. Razonabilidad de la medida
Se entiende por principio de razonabilidad que la medida restrictiva que se requiera se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de ese derecho satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Exp. N° 2235-2004-AA/TC.
En este punto, se precisa, que tal como es de apreciarse que el hecho delictivo atribuido consiste en que el imputado David Antonio Vizcarra Domínguez solicitó a la denunciante Quezada Salinas S/. 200.00, condicionando sus funciones –entre las que destacan las evaluaciones y expediciones de informes y protocolos psicológicos– al pago de un acto de corrupción (cohecho), a efecto de favorecer en un examen psicológico al conviviente de esta, lo que implica una lesión al aparato estatal (deber de lealtad) y un incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Es de entender, y queda meridianamente establecido, que dicho profesional se valió de la complicidad y cooperación del asistente administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano quien se encargaría de recibir el dinero por parte de la denunciante. 3.2. Proporcionalidad de la medida
En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad,
necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o
adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar “si existen medios alternativos al optado”, en este caso por el Juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Juicio de idoneidad o adecuación: La decisión de limitar el derecho de las comunicaciones en el
delito de corrupción de funcionarios en las modalidades de cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio, corresponde al juicio de legitimidad que el juez debe hacer de la modalidad empleada, esto es, a que los agentes del delito habrían empleado las comunicaciones telefónicas para solicitar y/o ofrecer beneficios económicos recíprocamente, a sabiendas que es realizado con el objeto de influir en un resultado favorable en el examen psicológico a practicársele al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza, a cambio de un beneficio económico para ambos encartados.
La necesidad: En este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos dice que “el Derecho Penal es objetivo, real, cierto concreto y su aplicación está en función de realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil, sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material real” [Expediente N° 45-2001, Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima]; para ello debe armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la Política Criminal del Estado para evitar la impunidad [R.N. N° 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]. Es por eso que, no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. No existiendo otra medida alternativa que la solicitada, porque no puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete cuando este lo hizo en la clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna clase [Exp. N° 10-2001 /Acumulado N° 45-2003-A.V., Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República]. La ponderación: diversos pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta el juicio ponderación que debe hacerse entre derechos fundamentales y medidas procesales tendientes a recabar la prueba del delito. En ese orden de ideas, es imperativo para la investigación: a) Identificar a los titulares de las series de celulares; b) Determinar el tráfico o flujo de llamadas de los celulares precisados.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad (análisis del equilibrio entre las ventajas de la acción y las desventajas), se debe señalar que el artículo 230 del CPP señala que la medida limitativa de comunicaciones procede cuando existen graves elementos de convicción que prevén la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; en el caso en examen el delito de corrupción de funcionarios - cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio previstos en los artículos 395 y 393, tipos penales que sancionan al agente con penas, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y no menor de 6 ni mayor de 8 años, respectivamente.
AMPARO LEGAL DE LA MEDIDA
El artículo 2.10 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene el derecho al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones. A su vez, el artículo VI del Título Preliminar del CPP prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.
El artículo 230 del CPP Penal vigente en este Distrito Judicial, tiene como presupuesto para solicitar la intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, que el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, así como también que la intervención con fines de reporte sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones; presupuestos que en el presente requerimiento se cumplen, por cuanto el delito materia de investigación es sancionado con pena privativa de libertad
superior a los cuatro años.
V. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA
5.1. El imputado DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ, con domicilio procesal en Ca-
silla N° 4568 del Colegio de Abogados de Lima, Sede Palacio de Justicia (Lima), siendo que en el Acta de Registro Personal y en el Acta de Entrega de Especies, ambas de fecha 12 de octubre del 2012, levantadas al momento de su intervención durante el operativo desplegado con participación de agentes policiales y durante las diligencias llevadas a cabo en las instalaciones de a Dircocor –obrantes a folios 65 y 93, respectivamente de la carpeta fiscal– precisa que entre otras especies en posesión del intervenido se le encontró: un celular marca motorola, cuyo número telefónico proporcionado fue: 948 114 229.
5.2. El imputado LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO, con domicilio procesal en Casilla
N° 11366 de la Central de Notificaciones de la Cortes Superior de Lima (Lima), siendo que en el Acta de Registro Personal e Incautación del 12 de octubre de 2012, levantada al momento de su intervención durante el operativo desplegado con participación de agentes policiales –obrante a folios 67 a 69 de la carpeta fiscal– precisa que entre otras especies en posesión del intervenido se le encontró: un equipo telefónico celular color plateado y blanco marca Blackberry, cuyo número telefónico proporcionado fue: 999 894 908.
5.3. La denunciante MARIBEL ROXANA QUEZADA SALINAS, con domicilio real en Av. Las Mercedes N° 218, Pueblo Joven Los Ángeles, distrito de El Rímac, siendo que en el Acta de Denuncia Verbal y Declaración, recibida en este Despacho de investigación –obrante a folios 01 a 03 de la carpeta fiscal–, proporciona como teléfono celular de contacto: 997 323 242.
5.4. El denunciante ALBERTO BRADI RUIZ ESPINOZA, con domicilio real en Av. Las Mer-
cedes N° 218, Pueblo Joven Los Ángeles, distrito de El Rímac, siendo que en el Acta de Denuncia Verbal y Declaración, recibida en este Despacho de investigación –obrante a folios 04 a 06 de la carpeta fiscal–, proporciona como teléfono celular de contacto: 991 949 075.
VI. DE LA FORMA DE LA MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE CO-
MUNICACIONES
a) Informar los titulares de las líneas de telefonía celular; así como nos remitan un cuadro conteniendo información acerca de los usuarios y/o abonados y/o clientes de los siguientes números telefónicos:
§ 948 114 229 : presuntamente de David Antonio Vizcarra Domínguez.
§ 999 894 908 : presuntamente de Luis Alejandro Cornejo Urbano.
§ 997 323 242 : presuntamente de Maribel Roxana Quezada Salinas. § 991 949 075 : presuntamente de Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
Detallar el tráfico de llamadas que hayan acaecido el día 11 de octubre de 2012 entre los 04 teléfonos celulares indicados en el literal a). Esto es: informar el detalle de llamadas entrantes y salientes, con indicación de duración e imei, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, sms e imei, los chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos, la localización al tiempo real de las líneas telefónicas e
imei, los mensajes de texto y e-mail entrantes y salientes y la ubicación de IP de dichos celulares.
c) Debiendo disponer que la información se remita al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con domicilio procesal en jirón Lampa 597, con esquina de jirón Miró Quesada 309 Cercado de Lima, a fin de viabilizar la respuesta de las entidades telefónicas, disponiendo que la diligencia sea ejecutada por las mencionadas instituciones en el término de SETENTA Y DOS HORAS con el apercibimiento indicado del artículo 230.4 del CPP.
VII. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Los elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento obran en la carpeta fiscal, procediendo a detallarlos a continuación:
Acta de denuncia verbal y Declaración de Maribel Roxana Quezada Salinas, del 11 de octubre de 2012.
Acta de denuncia verbal y Declaración de Alberto Bradi Ruiz Espinoza, del 11 de octubre de 2012.
Dos billetes cada uno del valor de S/. 100.00 (cien nuevos soles), con las Series A5343019G y A5343020G.
Declaración del imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien reconoce los hechos denunciados por Doña Maribel Roxana Quezada Salinas.
Declaración del imputado David Antonio Vizcarra Domínguez, quien reconoce haber solicitado conjuntamente con el imputado Cornejo Urbano la suma de S/. 200.00 para favorecer en la evaluación psicológica a la pareja de la denunciante Quezada Salinas.
Declaración del denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
Declaración de la denunciante Maribel Roxana Quezada Salinas.
Acta de Intervención Policial N° 01-2012-DIRCOCOR PNP, de fecha 12/10/12, practicada al imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano.
Acta de Registro Personal de David Antonio Vizcarra Domínguez, de fecha 12/10/12 en la cual señala como numero de celular 948114229.
Acta de Registro Personal e Incautación del imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano, de fecha 12/10/12, quien acepta haber recibido por parte de la denunciante Quezada Salinas la cantidad de S/. 200.00 en dos billetes cada uno de S/. 100.00 de series A5343019G y A5343020G.
Dos billetes cada uno del valor de S/. 100.00 de series A5343019G y A5343020G, debidamente lacrado en un sobre manila y en cadena de custodia.
Acta Fiscal de Contrastación de Billetes, de fecha 12/10/12, mediante la cual se ha llegado a cotejar que los billetes incautados al imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano.
Acta de Ejecución de Diligencia de Examen Corporal - Prueba de Contraste de Reactivo UV-203 en polvo amarillo fluorescente invisible, cuyo resultado para el imputado Cornejo Urbano es positivo para reacción fluorescencia en la cara interna de los dedos de las manos derecha e izquierda, observándose reacción fluorescencia color anaranjado; asimismo; en la zona dorsal de las mismas manos en la cual tiene fluorescencia en las zonas distales de los dedos; en tanto que para la persona de Vizcarra Domínguez, el resultado es escasa fluorescencia en las palmas de las manos, fluorescencia tenue en el color anaranjado, y negativo en prendas de vestir del intervenido.
Acta Fiscal, de fecha 12/10/12, sobre los contratos de trabajo de los imputados Luis Alejandro Cornejo Urbano y David Antonio Vizcarra Domínguez, con la cual se logra demostrar que los imputados tienen la calidad de funcionario y servidor público respectivamente.
Acta de Entrega de Especies en la persona de David Antonio Vizcarra Domínguez de fecha 12/10/12 donde se hace precisión del celular Motorola de número telefónico 948114229.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted, señor Juez de Investigación Preparatoria, acceder al presente requerimiento.
Lima, 26 de febrero de 2013
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima

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NECESIDAD DE ESTABLECER VÍNCULOS PREVIOS ENTRE CONTRATISTA Y FUNCIONARIO COMO JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES EN DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

NECESIDAD DE ESTABLECER VÍNCULOS PREVIOS ENTRE CONTRATISTA
Y FUNCIONARIO COMO JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES EN DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
“De acuerdo a los hechos materia de imputación, los funcionarios investigados de la Municipalidad de Jequetepeque se han interesado en beneficiar con las contrataciones –direccionándolas– al consorcio conformado por Víctor Augusto Fernández Carranza y Marco Antonio Aldea Jaime por lo que el levantamiento del secreto de comunicaciones se encuentra dirigido a establecer las relaciones previas –conocimiento o frecuencia de llamadas– entre los funcionarios y los representantes de la contratista; en las que se ha incluido a las personas jurídicas Construcciones y Servicios Generales Cixs Eirl e Inco Contratistas Generales SAC en razón a que Aldea Jaime ha señalado al rendir su declaración que son de su propiedad”.
Expediente N° 540-2012 Especialista:
Escrito:
REQUIERE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PACASMAYO
CONSTANTE CARLOS ÁVALOS RODRÍGUEZ, coordinador de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Libertad - Sede Trujillo, ante usted digo:
Bajo el amparo del num. 10 del artículo 2 de la Constitución y el artículo 230 del CPP 2004 recurro solicitando el levantamiento de secreto de comunicaciones de los teléfonos domiciliarios y móviles
correspondientes a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE, PABLO MARTÍN ÁLVAREZ CASTAÑEDA, RICHARD DANY MONTEZA SÁNCHEZ, AUGUSTO JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ, EDGAR JAVIER QUISPE CRUZ, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CIXS EIRL E INCO CONTRATISTAS GENERALES SAC; para que se informe a este despacho respecto del lapso que va desde enero de 2010 hasta la fecha sobre: 1. Los números correspondientes a cada uno de los teléfonos; 2. Las comunicaciones que hubieran mantenido entre ellos, su fecha y duración, precisando en el caso de los teléfonos móviles los lugares en que se encontraba cada uno de los interlocutores; 3. El nombre de los titulares de las líneas con los que los teléfonos de la Municipalidad Distrital de jequetepeque, Pablo Martín Álvarez Castañeda, Richard Dany Monteza Sánchez, Augusto José Pérez Ramírez, Edgar Javier Quispe Cruz, Construcciones y Servicios Generales Cixs Eirl e Inco Contratistas Generales SAC Han establecido comunicación; lo cual hago en razón de los siguientes fundamentos:
1
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LA IMPUTACIÓN Hecho imputado
Mediante Informe N° 077-2011/MDJ/JDU de fecha 16 de junio de 2011, la Jefatura de Desarrollo Urbano solicita la ejecución del servicio “elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública” para 6 obras a ejecutarse en ese mismo año 2011.
En consecuencia, mediante Resolución de Alcaldía N° 063-2011-MDJ/A de fecha 21 de junio de 2011 emitida por el investigado Pablo Martín Álvarez Castañeda –Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque– se aprueba el expediente de contratación.
Ese mismo 21 de junio, con Resolución de Alcaldía N° 064-2011-MDJ/A, Álvarez Castañeda aprueba las bases administrativas a solicitud del comité de selección (Informe N° 008-2011/MDJ/JDU).
De esta manera, la Municipalidad Distrital de Jequetepeque convoca al Proceso de Selección de Menor Cuantía N° 006-2011-MDJ/CEP - primera convocatoria para la ejecución del servicio de elaboración de perfiles de inversión pública con fecha 22 de junio de 2011; sin embargo, a dicho proceso de selección no se presenta ningún postor, por lo que se declara desierto el proceso y se procede a convocar por segunda vez. Sin embargo, no se publicó la declaratoria de desierto de este proceso en el Seace dentro del día siguiente –como prescribe el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado– sino que se registro en el Seace recién el 2 de julio de 2011, es decir después de 08 días. Asimismo, no se requirió el informe que analice las causas del desierto como lo exige el mismo reglamento.
Es así que se procede a convocar el proceso de selección de Menor Cuantía N° 006-2011-MDJ/CEP - segunda convocatoria con un valor referencial de S/. 25,000.00 nuevos soles, subiéndose al Seace la convocatoria el día 4 de julio de 20011 a las 23:46 horas, es decir, fuera del horario de atención de la entidad edil.
En esta convocatoria se aprecia que el registro de participantes se realizará únicamente el día si-
guiente 05 de julio desde las 07:30 a 15:30 horas, sin embargo el Comunicado N° 001-2009-OSCE/PRE de fecha marzo de 2009, de manera taxativa establece que el plazo para el registro de participantes en estos tipos de procesos de selección es desde el día siguiente de la convocatoria incluso hasta antes de la hora de presentación de propuestas. De esta manera se buscaba restringir indebidamente la posibilidad de ser postor, porque según la normativa vigente solo puede postor quien se encuentra previamente registrado.
Más aún, la presentación de propuestas es el 06 de julio de 2011 de 8:00 a las 12:00 horas, por lo que no se cumplió con los establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que prescribe que entre la convocatoria y la presentación de propuestas en estos tipos de procesos debe mediar no menos de 2 días hábiles, es decir, 48 horas de publicitación.
Es de señalar que en las bases administrativas elaboradas por el comité especial permanente conformado por los investigados Richard Dany Monteza Sánchez, Augusto José Pérez Ramírez y Edgar Javier Quispe Cruz, se observa en el capítulo III –referente a los requerimientos técnicos mínimos– que en el acápite de términos de referencia se detalla que el servicio consistirá en la reformulación de estudios definitivos a nivel de expediente técnico, y no simples estudios de perfil, como lo detalla la resolución que aprueba el expediente de contratación y las bases, por lo que no se trata de un servicio sino de una consultoría de obras que exige mayores plazos y requisitos para su realización. No solo eso, sino que dentro de la documentación de presentación obligatoria para admitir la propuesta técnica se exige acreditar experiencia del postor tanto en la actividad como en la especialidad, sin embargo, ni la Ley de Contrataciones del Estado ni su Reglamento exigen acreditar la experiencia del postor como documentación obligatoria ni como requisito técnico mínimo para su admisión, sino como factores de evaluación de una propuesta técnica ya admitida (artículo 46 del Reglamento); más aún, las bases establecen que si no se cumple con estas exigencias se descalificarán las propuestas que hayan sido presentadas.
Tenemos que se exige acreditar:
Experiencia en la actividad: durante los últimos 05 años en elaboración de estudios de preinversión y consultorías en general por un monto total de 5 veces el valor referencial (25,000 mil soles) = 125 mil soles. La experiencia se probará con comprobantes de contratación, con la debida conformidad y cancelación, con un máximo de 10 servicios prestados a uno o más clientes.
Experiencia en la especialidad: durante los último 05 años en elaboración de estudios de pre inversión o consultorías similares por un monto total de 2 veces el valor referencial (25,000 mil soles) = 50 mil soles. La experiencia se probará con comprobantes de contratación, con la debida conformidad y cancelación, con un máximo de 10 servicios prestados a un solo cliente.
Sin embargo, se observa que la experiencia a acreditar es demasiado exigente para el proceso de selección más simple de todos; se exige demostrar experiencia con contratos dentro de los últimos 5 años anteriores cuando no había ningún problema en que hayan sido hasta 15 años; se exige en total acreditar un monto total de 7 veces el valor referencial (S/. 175,000.00 nuevos soles), siendo estos montos los máximos posibles. Más aún, si se tiene en cuenta que estas exigencia son para las consultoría de obras y no para simples servicios como es el presente caso (art. 45 y 46 del Reglamento). Por otro lado, dentro del capítulo III referente a los Requerimientos Técnicos Mínimos se exige la siguiente relación de profesionales:
Un jefe del proyecto (8 años de experiencia - Ing. civil).
Un especialista en estudios en general (8 años de experiencia - Ing. civil).
Un especialista en medio ambiente (3 años de experiencia - Ing. civil o ambiental).
Un especialista en mecánica de suelos o geotecnia (8 años de experiencia - Ing. civil o afín a suelos). y un especialista en SNIP (8 años de experiencia - Ing. civil/ arquitecto - economista).
Sin embargo, estas exigencias no son consideradas como requisitos técnicos mínimos ni por la ley de contrataciones ni por su reglamento como exigencias para la admisión de una propuesta, sino como factores de evaluación de una propuesta técnica ya admitida (art. 46 del Reglamento).
Aunado a ello está el hecho de que se incluye como factores de evaluación: la propuesta técnica e innovación tecnológica y el plazo de servicio, sin embargo, ni la ley ni su reglamento establecen como estos como factores de evaluación.
Es en estas condiciones, que únicamente se registra como participante el investigado Víctor Augusto Fernández Carranza en representación del “Consorcio Moche” conformado también por Marco Antonio Aldea Jaime; consorcio al que al final el comité especial permanente le otorga la buena pro el 06 de julio de 2011 a pesar de que tampoco cumplía con las exigencias necesarias para ello; habiendo más bien irregularidades. En este sentido:
Fernández Carranza Víctor Augusto está registrado en el RNP como proveedor de servicios (2 de julio de 2011 al 2 de julio de 2012) donde se constata que no tiene profesión u ocupación específica, en cambio, el otro consorciado Marco Antonio Aldea Jaime esta registrado en el RNP como consul-
tor de obras (19 de junio de 2011 al 10 de junio de 2012), cuya profesión es ingeniero y se dedica a la actividad en ingeniería y arquitectura; por ello, no se cumple con lo exigido en el Reglamento de Contrataciones del Estado; teniendo en cuenta que en realidad este proceso no tiene por objeto la prestación de servicios sino más bien la consultoría de obra, por lo que ambos consorciados debieron estar inscritos en el RNP como consultores de obras.
El investigado Víctor Fernández que no tiene profesión tiene el 99 % de participación en un proceso netamente técnico, y por el contrario Marco Antonio Aldea Jaime que es ingeniero y quien presenta todos los contratos para acreditar la experiencia, solo tiene el 1 % de participación.
Para acreditar la experiencia en la actividad se presenta 5 contratos de consultoría de obra, sin embargo, según las bases, el objeto de esta convocatoria no es de consultoría de obras sino de servicios.
Además de los 5 contratos dos de ellos: N° 3 y 4 de fecha 2007 (marzo - mayo) y años 2005-2006 respectivamente, son de una antigüedad mayor a los últimos 5 años a la fecha de postulación, de tal forma que no cumplía con lo exigido en las bases, y no debió otorgarse la buena pro. No solo eso, sino que en el caso del contrato N° 2 solo se presenta el contrato y no el acta de conformidad, sino solo unos recibos por honorarios donde se verifica que no está fehacientemente comprobado la cancelación por parte de la municipalidad contratante, como lo exige las bases.
De esta manera, los dos contratos restantes no suman el monto exigido por las bases, esto es, de 5 veces el valor referencial (S/. 125,000.00 soles) sino solo S/. 52,000.00 soles.
Respecto de la acreditación en la experiencia en la especialidad, se observa que se presenta 3 contratos referente también a consultorías de obras y no a servicios como exige las bases; además los contratos N° 2 y 3 de fecha diciembre 2004 - febrero de 2005 y años 2005-2006, respectivamente tiene una antigüedad mayor de los últimos 5 años a la fecha de postulación; y respecto del contrato que resta no cumple con lo exigido en las bases, en el sentido de que debe sumar un monto de 2 veces el valor referencial.
Incluso respecto del personal propuesto se observa que no se cumplió con lo exigido en las bases, así tenemos que:
El jefe del proyecto (Marco Antonio Aldea Jaime), no acredita su experiencia de 8 años que exige las bases con constancias ni certificados de trabajo, sino solo con ficha de buena pro.
El especialista en estudios en general (José Sebastián Huertas Polo) tampoco acredita 8 años de experiencia, y los certificados presentados están a nombre de Ingeotec EIRL pero no hay documento que acredita que el es gerente general de esta empresa, solo en CV lo menciona.
El especialista en mecánica de suelos o geotecnia (Roberto Carlos Castillo Velarde) no acredita 8 años de experiencia sino solo 5 años.
No se propone a ningún especialista en medio ambiente como exige las bases.
Elementos de convicción
Resolución de Alcaldía N° 063-2011-MDJ/A de fecha 21 de junio de 2011 que aprueba expediente de contratación.
Resolución de Alcaldía N° 064-2011-MDJ/A de fecha 21 de junio de 2011 aprueba las bases a solicitud del comité de selección.
Convocatoria de fecha 04 de julio subido al Seace para el proceso de selección de Menor Cuan-
tía N° 006-2011-MDJ/CEP - segunda convocatoria para la ejecución del servicio de elaboración de perfiles de inversión pública.
Bases administrativas del proceso de selección de Menor Cuantía N° 006-2011-MDJ/CEP - segunda convocatoria.
Registro de participantes de fecha 5 de julio de 2011
Acta de otorgamiento de la buena pro de fecha 6 de julio de 2011.
Expediente de propuesta técnica y económica del consorcio Moche.
2
CALIFICACIÓN JURÍDICA
La intervención de Pablo Martín Álvarez Castañeda, Richard Dany Monteza Sánchez, Augusto José Pérez Ramírez y Edgar Javier Quispe Cruz se adecua al tipo penal de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal en los siguientes términos: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal”, en razón a que han direccionado el otorgamiento de la buena pro para la contratación del Consorcio Moche.
La intervención de Víctor Augusto Fernández Carranza y Marco Antonio Aldea Jaime debe ser calificada como complicidad primaria (primer párrafo del artículo 25 del CP) en el delito de negociación incompatible, pues de no haber presentado su propuesta en las condiciones en las que lo hizo, sin cumplir con los requisitos, no se le hubiera otorgado la buena pro de la manera claramente di-
reccionada como se ha expuesto en los hechos materia de imputación.
3
PENA PROBABLE A IMPONER
En tanto los hechos se adecuan al tipo penal del delito de negociación incompatible que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal; la pena media que se debería imponer para todos los procesados es una de cinco años de pena privativa de libertad e inhabilitación de dos años.
4
JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
De acuerdo a los hechos materia de imputación los funcionarios investigados de la Municipalidad de Jequetepeque se han interesado en beneficiar con las contrataciones –direccionándolas– al consorcio conformado por Víctor Augusto Fernández Carranza y Marco Antonio Aldea Jaime por lo que el levantamiento del secreto de comunicaciones se encuentra dirigido a establecer las relaciones previas –conocimiento o frecuencia de llamadas– entre los funcionarios y los representantes de la contratista; en las que se ha incluido a las personas jurídicas Construcciones y Servicios Generales Cixs EIRL e Inco Contratistas Generales SAC en razón a que Aldea Jaime ha señalado al rendir su declaración que son de su propiedad.
Anexo:
Copia de elementos de convicción hasta el momento recabados.
Provéase conforme a Derecho.
Trujillo, enero 15 de 2013
* Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad

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LA PRISIÓN PREVENTIVA SE EXPLICA POR LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA PRESENCIA DEL PROCESADO PARA EL JUZGAMIENTO (NO PARA ASEGURAR SU PRESENCIA DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA)

LA PRISIÓN PREVENTIVA SE EXPLICA POR LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA PRESENCIA DEL PROCESADO PARA EL JUZGAMIENTO (NO PARA ASEGURAR SU PRESENCIA DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA)
“6.- Siendo así, lo expuesto por el artículo 274 del Código Procesal Penal debe interpretarse y/o aplicarse concordadamente con el fin que persigue la prisión preventiva según lo dispuesto por el artículo 253 del mismo texto legal. En este sentido, si tenemos en cuenta que la finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia (sujeción) del imputado en el proceso penal, a efectos de garantizar una debida investigación de los hechos, hacer posible el juzgamiento y asegurar la ejecución de la pena (cumplimiento de la sanción estatal); de ninguna manera debe entenderse que la prolongación de la prisión preventiva procedería únicamente cuando la causa penal se encuentre en etapa de investigación preparatoria, sino su procedencia se refiere a cualquier etapa del proceso, pero, sobre todo, en la etapa del juicio oral, que constituye la etapa más importante del proceso penal, por cuanto es donde se ha de actuar los diferentes medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público con el objeto de lograr la imposición de una pena”.
Exp. Judicial N° 13-2011
Especialista: Miguel Guevara Salazar
Carpeta Fiscal N° 01-2011
Fiscal responsable: Dr. JUAN MANUEL ROMERO ROBLES
REQUIERE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
RAMIRO SALVADOR DÍAZ DEL CASTILLO, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, con domicilio procesal en Jr. Sor Manuela Gil S/N Urb. La Alameda de esta ciudad, a usted digo:
PETITORIO
De conformidad con lo establecido por el artículo 274 concordado con el artículo 253 del Código Procesal Penal, solicito a su despacho la PROLONGACIÓN por CUATRO (04) MESES de la prisión preventiva dictada contra el acusado ELMER AMÉRICO ARRIBASPLATA VARGAS, contra quien pesa mandato de prisión preventiva, solicitud que se realiza conforme a los fundamen-
tos que se exponen a continuación:
II. FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO
Sucede que el acusado Elmer Américo Arribasplata Vargas fue intervenido el flagrancia de delito por Tráfico Ilícito de Drogas el 24 de diciembre del año 2010, habiendo dictado su Despacho mandato de prisión preventiva el 7 de enero de 2011 mediante resolución N° tres, disponiendo su internamiento en el Establecimiento Penal de Cajamarca (Ex Huacaríz). El plazo de dicha medida de coerción procesal fue dispuesto por 09 meses, por lo que contados desde el 24 de diciembre del 2010, fecha en que fue capturado, dicho plazo vencería el 23 de setiembre de 2011.
Comoquiera que el plazo de la prisión preventiva está por vencer sin que se haya programado audiencia de juicio oral donde se resolverá de modo definitivo el presente proceso penal, nuestro despacho solicita que se prorrogue el plazo de la prisión preventiva hasta por el plazo de 04 meses, al amparo de lo establecido por el artículo 274 inciso 01 del Código Procesal Penal.
Debemos precisar que el artículo 274, inciso 01 del Código Procesal Penal establece como presupuestos para la procedencia de la prolongación de prisión preventiva dos supuestos: a) la existencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y; b) La posibilidad de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia de encontrarse en libertad; PRESUPUESTOS QUE NO DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA AISLADA, SINO DE MANERA CONCORDADA Y SISTEMÁTICA CON EL FIN O FINALIDADES QUE PERSIGUE LA PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN EL NUEVO ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL.
Respecto al primer presupuesto –existencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación– tenemos que si bien el presente proceso no ha sido declarado complejo, sin embargo, por la naturaleza de los actos de investigación realizados (testi-
moniales, pericias, etc.), ha requerido una prolongación de la investigación, la misma que se realizó mediante Disposición N° 05-2011 de fecha 5 de mayo de 2011, debido a que aún faltaba una cantidad significativa de actos de investigación, encontrándose justificado el haberse prolongado la investigación por 45 días, situación que también justifica se prolongue la prisión preventiva, conforme a lo señalado por Neyra Flores[74]1 en el sentido de que “cuando el fiscal prorrogue el plazo ordinario de la investigación, debe también solicitar la prolongación de la prisión preventiva”.

[74] NEYRA FLORES, José. Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral. Idemsa, Lima, 2010, p. 526.
Por otro lado, debemos considera lo establecido por el Acuerdo Plenario N° 02-2008 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, sobre prisión preventiva, plazo de investigación, reparación civil y reglas de conducta, que señala “la prisión preventiva puede prolongarse de nueve a dieciocho meses –sin la previa declaración del proceso como complejo–, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia (Art. 274.1 del CPP). Esta segunda forma de extensión de la prisión preventiva, contiene una fórmula abierta “especial dificultad” que puede estar referida a cualquiera de los supuestos taxativos del artículo 342.3 del CPP o cualquier otra si-
tuación que en forma excepcional justifique la continuación de la privación cautelar de la libertad ambulatoria del imputado, a efectos de asegurar la sujeción para todo el proceso, entendido desde la investigación preparatoria hasta el mismo juzgamiento” (el resaltado es nuestro).
6. Siendo así, lo expuesto por el artículo 274 del Código Procesal Penal debe interpretarse y/o aplicarse concordadamente con el fin que persigue la prisión preventiva según lo dispuesto por el artículo 253 del mismo texto legal. En este sentido, si tenemos en cuenta que la finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia (sujeción) del imputado en el proceso penal, a efectos de garantizar una debida investigación de los hechos, hacer posible el juzgamiento y asegurar la ejecución de la pena (cumplimiento de la sanción estatal); de ninguna manera debe entenderse que la prolongación de la prisión preventiva procedería únicamente cuando la causa penal se encuentre en etapa de investigación preparatoria, sino su procedencia se refiere a cualquier etapa del proceso, pero sobre todo en la etapa del juicio oral, que constituye la etapa más importante del proceso penal, por cuanto es donde se ha de actuar los diferentes medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público con el objeto de lograr la imposición de una pena.
7.- En el caso concreto, tenemos que se han admitido para su actuación en juicio oral abundantes medios de prueba, entre ellos testimoniales, documentales y principalmente el examen de peritos del Departamento de Química y Toxicología Forense de la Dirección de Criminalística de Lima, quienes tienen que trasladarse desde la ciudad de Lima; por ello es razonable que el juicio oral necesariamente tiene que realizarse en varias cesiones, siendo para ello imprescindible se garantice la presencia física del acusado Elmer Américo Arribasplata Vargas.
8.- Es evidente, señor juez, que con el inminente vencimiento del plazo de la prisión preventiva sin que se haya llevado a cabo la audiencia de juicio oral se corre el riesgo de que el acusado se vea favorecido con la libertad procesal, situación que debe evitarse, tanto más si la acusación se encuen-
tra sustentada en graves y fundados medios de prueba que evidencian en grado de alta probabilidad la existencia del grave hecho delictuoso y la responsabilidad penal del acusado, lo cual traerá como consecuencia la imposición de una pena privativa de libertad.
9.- Respecto al segundo presupuesto –la posibilidad de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia de encontrarse en libertad– es evidente en el presente caso, debido a que subsiste el supuesto de gravedad de la pena ya que el delito por el cual se ha formulado acusación tienen como pena privativa de libertad entre 15 y 25 años, situación que hace muy evidente la evasión de la acción de la justicia por parte del acusado en caso de verse favorecido con la libertad procesal. 10. Por lo demás, debemos considerar que el presente requerimiento (prolongación de prisión preventiva) tiene como fundamento los principios de proporcionalidad y necesariedad que rigen las medidas de coerción procesal, pues hay que merituar el grave hecho por el cual se ha formulado acusación, que hace que la prisión preventiva sea proporcional a dicho hecho, aunado a que, como ya se ha anotado, existen graves y fundados elementos de convicción que pesan contra el acusado en calidad de autor del evento criminal, siendo inminente que sean condenados a pena privativa de la libertad efectiva. De modo que, la prórroga del plazo de la prisión preventiva tiene como finalidad hacer efectivo el ius puniendi estatal, es decir, persigue hacer efectiva una de las finalidades del proceso penal: imponer condena a quien se le ha demostrado su responsabilidad penal. Aunado a ello, se debe precisar que pese a la complejidad en los actos de investigación realizados, el Ministerio Público ha sido respetuoso de los plazos procesales (incluyendo la prórroga de la investigación), habiendo emitido oportunamente la acusación.
Por los fundamentos antes expuestos debe declararse fundado el requerimiento, y de este modo evitar situaciones de impunidad, contrarias a nuestra función encomendada.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
CÓDIGO PROCESAL PENAL
1.- Artículo 274 inciso 01, que establece como presupuestos para la procedencia de la prolongación
de prisión preventiva, la existencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, así como la posibilidad de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia de encontrarse en libertad.
2.- Artículo 253, que establece los principios y fines de la prisión preventiva.
3.- Acuerdo Plenario N° 02-2008 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, sobre prisión preventiva, plazo de investigación, reparación civil y reglas de conducta, que establece la procedencia de la prolongación de la prisión preventiva.
IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Teniendo en cuenta que el presente requerimiento es uno de puro derecho, los elementos de convicción adjuntados están orientados a acreditar la complejidad de los actos de investigación que justificó una prolongación de la investigación preparatoria y, por ende, justifica la prolongación de la prisión preventiva de la acusada. En ese sentido se ofrece:
1.- Disposición de formalización de investigación preparatoria.
2.- Disposición de prórroga del plazo de investigación preparatoria.
3.- Disposición de conclusión de investigación preparatoria.
4.- Requerimiento de acusación.
5.- Acta de intervención policial.
6.- Acta de registro domiciliario, constatación de equipaje, apertura de equipaje, prueba de campo y comiso de droga, pesaje y lacrado de droga.
7.- Quince (15) tomas fotográficas.
8.- Dictamen Pericial de Química de Droga N° 11419/10.
9.- Dictamen Pericial Toxicológico N° 008/11.
10.- Hoja Bond A4 con inscripción a computador y dirigido al acusado.
11.- Declaraciones testimoniales de los efectivos policiales Guzmán Vergara Peralta y César Alberto Hernández Cisneros.
12.- Declaraciones del acusado.
PRIMER OTROSÍ: Pongo en conocimiento, que se adjunta copias simples de los elementos de convicción teniendo en cuenta que la carpeta original se encuentra en el juzgado por haberse emitido acusación.
SEGUNDO OTROSÍ: Se hace conocer que el acusado Elmer Américo Arribasplata Vargas se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Cajamarca - Ex Huacariz, tiene domicilio procesal ubicado en Jr. Huánuco N° 704, abogado defensor Dr. Alejandro Lujan García.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted señor juez, se sirva declarar fundado el presente requerimiento. Cajamarca, 1 de septiembre de 2011.
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca.

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JUSTIFICACIÓN DEL PELIGRO PROCESAL EN EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA

JUSTIFICACIÓN DEL PELIGRO PROCESAL EN EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
“Debe precisarse en cuanto a este presupuesto que la gravedad del daño ocasionado al Estado peruano como Administración Pública, debido a la lesividad de los deberes jurídicos infringidos por los imputados en desmedro de la función pública, así como el grado de instrucción superior que ostentaban les posibilitaron interiorizar plenamente la naturaleza delictiva de su accionar, lesionando el correcto desempeño de la función pública que aumenta la reprochabilidad de sus conductas, debiendo precisarse de igual modo el móvil puramente lucrativo que impulsaron sus accionar delictivos toda vez que los imputados no padecen carencias económicas, de igual forma, lo que posibilita establecer una conducta delictiva reiterante de parte de los imputados.
Es de resaltar, en igual sentido, las conductas asumidas por los imputados luego de la comisión del hecho delictivo, no aceptando toda responsabilidad en el mismo, pese a la evidencia y flagrancia delictiva en que fue encontrado por personal policial y de esta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Las circunstancias antes precisadas, posibilitan establecer que la pena a imponer a los imputados serían la máxima prevista en nuestro Código Penal, esto es, quince años de pena privativa de libertad, al no concurrir ninguna circunstancia atenuante que posibilite ponderar la imposición de una pena inferior.
La gravedad de la pena a imponer al imputado, y por ello la efectividad de la misma, posibilita establecer un concreto peligro de fuga, esto es, que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y con ello la ineficacia del proceso penal, de igual manera, mal podría establecerse que los imputados tendrían un eventual arraigo, si se tiene en cuenta que precisamente con motivo de la función pública que desarrollaba cometió el hecho delictivo que se les imputa y es de prever que a consecuencia de ello ya no seguirán laborando en dicha entidad pública por el presente hecho delictivo que se les imputa, todo lo cual conlleva a establecer la falta de arraigo laboral en esta ciudad y ante la gravedad de la pena a imponérsele el peligro de fuga se objetiviza de manera más que razonables.
Debe señalarse, además, que estando los imputados en libertad entorpecerán la actividad investigatoria. 1. INDICADOR: PELIGRO DE FUGA
1.1. SUBINDICADOR: ARRAIGO
§ Domicilio: no
§ Residencia habitual: no
§ Asiento de la familia: no
§ Negocios: no § Trabajo: no
§ Facilidades para abandonar el país: sí
§ Facilidades para permanecer oculto: sí
1.2. SUBINDICADOR: GRAVEDAD DE LA PENA: segundo párrafo del artículo 395 CP
1.3. SUBINDICADOR: EL DAÑO
§ Importancia del daño resarcible: Administración Pública
§ Actitud del imputado: no
§ Actitud voluntaria del imputado: no.
1.4. SUBINDICADOR: COMPORTAMIENTO
§ Durante el procedimiento: no
§ Otro procedimiento anterior: no
§ Sometimiento a la persecución penal: no 2. INDICADOR: PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN
2.1. SUBINDICADORES:
§ El imputado destruirá elementos de prueba: sí
§ El imputado modificará elementos de prueba: sí
§ El imputado ocultará elementos de prueba: sí
§ El imputado suprimirá elementos de prueba: sí
§ El imputado falsificará elementos de prueba: sí
§ El imputado influirá para que sus coimputado informe falsamente: sí
§ El imputado influirá para que testigos informen falsamente: sí
§ El imputado influirá para que peritos informen falsamente: sí § El imputado influirá para que su coimputados se comporten de manera desleal: sí
§ El imputado influirá para que testigos se comporten de manera desleal: sí
§ El imputado influirá para que peritos se comporten de manera desleal: sí
§ El imputado influirá para que su coimputados se comporten de manera reticente: sí
§ El imputado influirá para que testigos se comporten de manera reticente: sí
§ El imputado influirá para que peritos se comporten de manera reticente: sí
§ Inducirá a otros a para que informen falsamente: sí
§ Inducirá a otros a para que se comporten de manera desleal: sí
§ Inducirá a otros a para que se comporten de manera reticente: sí”.
Expediente : Caso N° : 46-2012
Especialista : Dr.
Escrito N° : 01
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
SEÑOR JUEZ DE TURNO DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA
DANIEL ERNESTO CERNA SALAZAR, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a usted con respeto me presento y digo:
REQUERIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal, solicito SE DICTE MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA, contra los imputados DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ y LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO como presuntos au-
tores del delito Contra la administración pública - Corrupción de funcionarios en la modalidad de
cohecho pasivo específico, en agravio del Estado peruano; delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal.
II. DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS
Nombres y apellidos : DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ
Documento de identidad : 08618675
Nombres y apellidos : LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO
Documento de identidad : 06064762
III. FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Primero: En fecha 11 de octubre de 2012, las personas de Maribel Roxana Quezada Salinas y Alberto Bradi Ruiz Espinoza, presentaron una Denuncia Verbal ante el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, contra Luis Alejandro Cornejo Urbano y David Antonio Vizcarra Domínguez, quienes en su condición de funcionarios del Ministerio Público - Medicina Legal/Psicología Forense con sede dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, le solicitaron la suma de S/. 200.00 a efecto de favorecerle al denunciante en un examen psicológico requerido por la Comisaría PNP del Rímac, en mérito a una investigación por Violencia Familiar.
Segundo: Ante la situación descrita en el considerando precedente, el denunciante Ruiz Espinoza, comunicó a su conviviente –la también denunciante– Roxana Maribel Quezada Salinas, quien labora como agente de seguridad en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el examen ordenado, la misma que consultó con el psicólogo David Antonio Vizcarra Domínguez y el Asistente Administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano, la posibilidad de practicarse el examen de evaluación psicológica en dicha entidad gubernativa (Mimp), mas no el Instituto de Medicina Legal, debido a que podía ser observado, toda vez que le correspondía pasar dicho examen en el local de Medicina Legal ubicado cerca del C.C. Polvos Azules.
Tercero: Evacuada conforme corresponden tanto la disposición de investigación preliminar, como la de Formalización y Continuación Preparatoria, este Despacho Fiscal Anticorrupción ordenó la organización y preparación de determinados actos de investigación, de lo cual ha llegado a establecerse con meridiana claridad que a ambos imputados, les asiste la condición de funcionario y/o servidor público conforme así lo han reconocido en sus respectivas declaraciones y de acuerdo a los Contratos Sujeto a la Modalidad por Servicio Especifico de fecha 27/09/06 y 04/01/10, los mismos que han sido renovados hasta la actualidad mediante addendas. En cuanto al investigado David Antonio Vizcarra Domínguez, tiene como función la elaboración de evaluaciones psicológicas de la División Medicina Legal del Ministerio Público (con sede en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), mientras que en cuanto a la persona de Luis Alejandro Cornejo Urbano tenía por función recepcionar toda la documentación concerniente a este tipo de evaluaciones en su calidad de asistente administrativo. Por lo tanto, estaban facultados para realizar el trámite y la posterior evaluación psicológica requerida por la denunciante.
Cuarto: Así las cosas, queda evidente que en el presente caso denunciado, queda evidenciado que los investigados requeridos, valiéndose de las facultades conferidas en razón de sus cargos, pretendían influir en el resultado de la evaluación psicológica que se le debía practicar al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza –pese a que este debió de realizarse en el Instituto de Medicina Legal–, por lo cual el psicólogo Forense David Antonio Vizcarra Domínguez efectuó para ello y condicionando todo, a la entrega de un requerimiento espurio, ascendente a la suma de S/. 200.00; conforme así lo ha reconocido en su declaración. En cuanto a la persona del también requerido, asistente adminis-
trativo Luis Alejandro Cornejo Urbano, era el encargado de recepcionar la documentación y programar las fechas de evaluación de los requirentes, aceptando este último su plena colaboración en los hechos denunciados, al haber solicitado al denunciante inicialmente la suma de S/. 500.00 para la realización de dicho examen, conforme así lo reconocido en su declaración.
Quinto: Asumido conocimiento este despacho fiscal, de manera coordinada y conjunta con efectivos policiales de la DIRCOCOR - PNP, llevó a cabo el operativo de revelación del delito el 12/10/2012. En dicho operativo, se procedió a fotocopiar y certificar la cantidad de S/. 200.00 (doscientos nuevos soles), en billetes de denominaciones y series siguientes: Un (01) billete de denominación de cien nuevos soles (S/. 100.00) con número de Serie A5343019G; Un (01) billete de denominación de cien nuevos soles (S/. 100.00) con número de Serie A5343020G, los cuales fueron impregnados el reactivo compatible con luz alógena, dejando constancia de ese acto en el acta fiscal correspondiente. Posteriormente el día del Operativo donde los investigados fueron encontrados en flagrancia delictiva, levantándose el acta de intervención policial y el acta de ejecución de diligencia corporalprueba de Contraste de Reactivo UV-203 en polvo amarillo fluorescente invisible de la fecha; siendo que, los billetes marcados fueron encontrados en una mesa metálica ubicada en la parte posterior del escritorio de Luis Alejandro Cornejo Urbano, mueble que estaban dentro del dominio del intervenido; asimismo, sometido este a la prueba de reactivo UV, se obtuvo como resultado positivo para reacción fluorescente en la cara interna de los dedos de la mano derecha e izquierda, así como en la zona dorsal de las mismas manos. Hechos que demuestran que el investigado Cornejo Urbano recibió los dos billetes de cien nuevos soles. Seguidamente se formuló la respectiva acta de incau-
tación de los billetes previamente fotocopiados e impregnados con reactivo UV, los cuales luego de la intervención fueron debidamente homologados con la participación de este despacho fiscal anticorrupción. Mención aparte merece citar que la intervención antes descrita ha sido filmada desde los actos iniciales (como el fotocopiado, prueba de reactivo e intervención policial), por personal de Ministerio Público y personal de la Oficina de Inteligencia de la Dircocor-PNP.
LA SANCIÓN A IMPONERSE SUPERA CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
En este punto, es necesario precisar que, de acuerdo al hecho narrado y la tipificación penal descrita, se imputa:
“Artículo 395.- Cohecho pasivo específico
(…)
El magistrado, arbitro, fiscal, perito, miembro del Tribunal Administrativo, o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa”.
V. QUE EL IMPUTADO, EN RAZÓN A SUS ANTECEDENTES Y OTRAS CIRCUNSTAN-CIAS DEL CASO PARTICULAR, PERMITA COLEGIR RAZONABLEMENTE QUE TRATARÁ DE ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA (PELIGRO DE FUGA) U OBSTACULIZAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD (PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN)
Estando la Administración Pública al servicio de los ciudadanos fundamentándose en los principios de honestidad, participación, celeridad y eficiencia en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, debe entenderse que la actividad de la Administración Pública está referida a las actividades de gestión, satisfacción de las necesidades públicas y lograr el bien general, dicha atribución tiende a la realización de un servicio público y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio.
Debe precisarse en cuanto a este presupuesto que la gravedad del daño ocasionado al Estado peruano como Administración Pública, debido a la lesividad de los deberes jurídicos infringidos por los imputados en desmedro de la función pública, así como el grado de instrucción superior que ostentaban les posibilitaron interiorizar plenamente la naturaleza delictiva de su accionar, lesionando
el correcto desempeño de la función pública que aumenta la reprochabilidad de sus conductas, debiendo precisarse de igual modo el móvil puramente lucrativo que impulsaron sus accionar delictivos toda vez que los imputados no padecen carencias económicas, de igual forma, lo que posibilita establecer una conducta delictiva reiterante de parte de los imputados.
Es de resaltar, en igual sentido, las conductas asumidas por los imputados luego de la comisión del hecho delictivo, no aceptando toda responsabilidad en el mismo, pese a la evidencia y flagrancia delictiva en que fue encontrado por personal policial y de esta Fiscalía especializada en delitos de corrupción. Las circunstancias antes precisadas, posibilitan establecer que la pena a imponer a los
imputados serían la máxima prevista en nuestro Código Penal, esto es, quince años de pena privativa de libertad, al no concurrir ninguna circunstancia atenuante que posibilite ponderar la imposición de una pena inferior.
La gravedad de la pena a imponer al imputado y por ello la efectividad de la misma posibilita establecer un concreto peligro de fuga, esto es, que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y con ello la ineficacia del proceso penal, de igual manera, mal podría establecerse que los imputados tendrían un eventual arraigo, si se tiene en cuenta que precisamente con motivo de la función pública que desarrollaba cometió el hecho delictivo que se les imputa y es de prever que a consecuencia de ello ya no seguirán laborando en dicha entidad pública por el presente hecho delictivo que se les imputa, todo lo cual conlleva a establecer la falta de arraigo laboral en esta ciudad y ante la gravedad de la pena a imponérsele el peligro de fuga se objetiviza de manera más que razonables.
Debe señalarse además que estando los imputados en libertad entorpecerán la actividad investigatoria.
INDICADOR: PELIGRO DE FUGA
1.1. SUBINDICADOR: ARRAIGO
§ Domicilio: no
§ Residencia habitual: no
§ Asiento de la familia: no
§ Negocios: no
§ Trabajo: no
§ Facilidades para abandonar el país: sí
§ Facilidades para permanecer oculto: sí
1.2. SUBINDICADOR: GRAVEDAD DE LA PENA: segundo párrafo del artículo 395 del CP
1.3. SUBINDICADOR: EL DAÑO
§ Importancia del daño resarcible: Administración Pública
§ Actitud del imputado: no
§ Actitud voluntaria del imputado: no.
1.4. SUBINDICADOR: COMPORTAMIENTO
§ Durante el procedimiento: no
§ Otro procedimiento anterior: no
§ Sometimiento a la persecución penal: no
INDICADOR: PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN
2.1. SUBINDICADORES:
§ El imputado destruirá elementos de prueba: sí
§ El imputado modificará elementos de prueba: sí
§ El imputado ocultará elementos de prueba: sí § El imputado suprimirá elementos de prueba: sí
§ El imputado falsificará elementos de prueba: sí
§ El imputado influirá para que su coimputado informe falsamente: sí
§ El imputado influirá para que testigos informen falsamente: sí
§ El imputado influirá para que peritos informen falsamente: sí
§ El imputado influirá para que sus coimputados se comporten de manera desleal: sí
§ El imputado influirá para que testigos se comporten de manera desleal: sí
§ El imputado influirá para que peritos se comporten de manera desleal: sí
§ El imputado influirá para que sus coimputados se comporten de manera reticente: sí
§ El imputado influirá para que testigos se comporten de manera reticente: sí
§ El imputado influirá para que peritos se comporten de manera reticente: sí
§ Inducirá a otros a para que informen falsamente: sí
§ Inducirá a otros a para que se comporten de manera desleal: sí
§ Inducirá a otros a para que se comporten de manera reticente: sí
OTROSÍ DIGO: Se pone a su competencia a los imputados David Antonio Vizcarra Domínguez y
Luis Alejandro Cornejo Urbano quienes se encuentra en la calidad de detenidos. TÉNGASE PRESENTE.
SEGUNDO OTROSÍ: Se pone en conocimiento que el domicilio procesal señalado de los imputados ha señalado los siguientes domicilios procesales, así como abogados defensores:
· David Antonio Vizcarra Domínguez, con domicilio procesal en Av. Paseo de la Republica N° 291, Oficina 602 - Cercado de Lima, abogado defensor Dr. Tiberio César Martínez Rivera.
· Luis Alejandro Cornejo Urbano, con domicilio procesal en Casilla N° 11366 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, abogado defensor Dr. Edgard Roger Arévalo Astudillo.
Se hace de conocimiento que los citados abogados defensores al amparo de los artículos 84.7 y 138 del Código Procesal Penal han tenido acceso a la carpeta fiscal y todos los actuados que ella contienen. TERCER OTROSÍ: Se pone en conocimiento que el domicilio procesal señalado del agraviado Estado peruano representado por el Procurador Público Anticorrupción Dr. Julio César Roca Fernández es: Avenida 28 de Julio 215 Miraflores, Lima.
CUARTO OTROSÍ: Se requiere que la notificación a efectuar de la resolución judicial que provea el presente requerimiento se realice en el domicilio procesal de en Jirón Lampa 597, con esquina de Jirón Miró Quesada 309 Cercado Lima.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted, señor juez, señalar fecha para la oralización de los argumentos del requerimiento.
Lima, 13 de octubre de 2012
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima

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RAZONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA FUNDAMENTAR LAS RAZONES PLAUSIBLES PARA IMPUTAR A UNA PERSONA EL HECHO DELICTIVO COMO PRESUPUESTO DE LA DETENCIÓN PRELIMINAR

RAZONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA FUNDAMENTAR LAS RAZONES PLAUSIBLES PARA IMPUTAR A UNA PERSONA EL HECHO DELICTIVO COMO PRESUPUESTO DE LA DETENCIÓN PRELIMINAR
“2.1. La investigación se inicia el día 25 de abril de 2011, cuando en horas de la mañana personal policial de Cajamarca ubicó el cuerpo de la persona que en vida fue David Saldaña Rodríguez, en posición decúbito dorsal en medio de la corriente de agua del río Mashcon del CP Santa Bárbara a una distancia aproximada de 200 metros del Puente Venecia, realizándose la diligencia de levantamiento de cadáver y traslado del cuerpo a la morgue de la División de Medicina Legal de esta ciudad para la autopsia de ley a efectos de poder establecer la causa de la muerte. Al realizarse el examen ectópico del cadáver, se evidenció que presentaba lesiones múltiples en diversas partes del cuerpo, como golpes y cortes en la cabeza, diversos golpes en la espalda y rodillas y rotura de hueso a nivel del brazo derecho.
2.2. Durante los iniciales actos de investigación se ha recibido la declaración de Juan Carlos Saldaña Rodríguez, hermano del occiso, quien refiere que a su hermano antes de victimarlo le han sustraído su billetera conteniendo DNI y tarjetas de crédito, un reloj de agujas sin número correa azul, un par de zapatillas y un teléfono celular marca Black Berry N° 976362801, precisando que el equipo celular le fue enviado de España pero el CHIP esta a su nombre y corresponde al N° 976362801 de la línea Claro y cuenta con el sistema de GPS, celular que ha venido siendo utilizado por su hermano - occiso. 2.3. Asimismo se ha recibido la declaración testimonial de Jacinto Arturo Revilla Moncada, amigo del occiso, quien refiere que el día domingo 24 de abril de 2011, se reunió a medio día con el David Saldaña Rodríguez, la enamorada de este (Fátima María Magdalena Teatino Briones) y otro amigo Juan Carlos Vásquez Reyes y se fueron a comer un ceviche y tomar cerveza en el local conocido como ‘La Palabritas’, luego se dirigieron al bar conocido como 3 x 10, donde continuaron tomando cerveza, posteriormente se fueron a comer a una pollería y seguidamente ingresaron al bar conocido como ‘Cowboy’ para continuar libando cerveza, luego se trasladaron al Grifo ‘El Amigo’ donde han continuado tomando cerveza, lugar de donde se retiró su amigo Juan Carlos Vásquez Reyes, continuando con David libando cerveza en el Nigth Club ‘El Faraón’, luego, y como ya era de madrugada, han abordado un taxi con destino a su casa, sin embargo, faltando tres cuadras para llegar se bajaron del taxi debido a la negativa de David Saldaña Rodríguez para ingresar y descansar en la casa del declarante, optando por tomar un taxi para dirigirse a su casa, anotando con un lapicero en su brazo la placa de rodaje del taxi, la misma que corresponde al N° BQH-162, luego de ello se fue a su domicilio hasta las 07:00 horas del día 25 de abril en que se dirigió a su trabajo ubicado en la provincia de San Pablo.
2.4. Se ha recibido también la declaración del testigo Juan Carlos Vásquez Reyes, amigo del occiso, quien además de relatar las actividades y recorrido que realizó el día 24 de abril con el agraviado y su amigo Jacinto Arturo, señala que al enterarse el día 25 de abril a las 19:00 horas que su amigo David Saldaña Rodríguez había desparecido y luego de conversar con sus familiares, a empezado a buscarle y a llamar reiteradamente a su celular N° 976362801, siendo que a las 20:00 horas aproximadamente contestaron el teléfono del occiso, contestó la voz de una persona de sexo masculino quien al parecer se encontraba tomando, diciendo “NO JODAS” y luego cortó la comunicación y apagó el celular; a partir de ese momento hasta la actualidad ya no contestan el celular y suena como apagado.
2.5. Asimismo se ha recibido la declaración de Fátima María Magdalena Teatino Briones (enamorada del agraviado), quien señala que conoció recién a las personas de Juan Carlos Vásquez Reyes y Jacinto Arturo Revilla Moncada el día domingo 24 de abril del 2010 cuando les presentó su enamorado (occiso), además de relatar las actividades y recorrido que realizaron el 24 de abril con el agraviado y sus dos amigos antes señalados, refiere que estando en el bar conocido como 3 x 10, se retiraron del mismo a las 18:00 horas y se dirigieron en un taxi hasta el Jr. Del Comercio a un cajero del Banco de Crédito donde el agraviado pretendió retirar dinero del cajero pero no lo hizo, en esos momentos le hizo de conocimiento que tenía que asistir a una misa a las 19:00 horas en la iglesia San Francisco, pero le respondió que no podía acompañarlo porque se iba con sus amigos al local Full Skey en el Jr. Amazonas, por lo que se despidió de ellos, luego de la misa que terminó a las 20:30 horas, trató de comunicarse con el agraviado pero no contestaba, por lo que se dirigió al local Full Skey pero estaba cerrado, procediendo a retirarse a su cuarto de donde insistió en varias oportunidades en comunicarse con David realizando la última llamada a las 23:00 horas sin haberle contestado. Al día siguientes (lunes 25 de abril), y como no pudo comunicarse con el agraviado procedió a ubicar a la enamorada de Juan Carlos conocida como Crosty para que le proporcione el número de Juan Carlos, luego preguntó a este por David contestando que lo había dejado con Arturo, por lo que solicitó que le diera el número de Arturo, con quien al comunicarse le contestó que luego de despedirse lo había enviado en un taxi a su casa, posteriormente a las 23:00 horas toma conocimiento que su cadáver se encontraba en la Morgue; agrega que cuando estaba con el agraviado, este tenía en su poder un celular color negro, táctil marca BlackBerry N° 976352801.
2.6. Asimismo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ha ordenado el levantamiento del secreto de comunicaciones del teléfono celular Black Berry N° 976362801 de la empresa Claro que cuenta con GPS, habiendo informado al empresa Claro, que la última llamada telefónica realizada del equipo celular BlackBerry con su número de Chip 976362801 fue el día 24 de abril de 2011 a las 18:26:16 horas, llamada que realizó al número 978522813 y que duró 2.12 minutos; luego al equipo celular del agraviado a las 20.34.32 horas ingresa el Chip N° 976394231 que pertenece a Fátima María Magdalena Teatino Briones quien se comunica al N° 976394230 que también se encuentra registrada a nombre de Fátima María Magdalena Teatino Briones, durando la llamada 9.92 minutos, a partir de ese momento dicho equipo no registra llamadas entrantes ni salientes.
2.7. Posteriormente, el día 25 de abril de 2011 a las 06:29:55 horas ingresa al equipo celular del agraviado el chip N° 976399300 que pertenece a Beder Izquierdo Alvarado, quien realiza una llamada al N° 987400655 que pertenece a Cristian Eduardo Rojas Castañeda con una duración de 0.30 segundos, luego esta persona a las 06:30:49 horas le devuelve la llamada durando la misma 1.90 minutos.
2.8. A las 07:19:55 horas del 25 de abril ingresa al equipo celular del agraviado el Chip de Fátima María Magdalena Teatino Briones (N° 976394231) quien se comunica con el N° 976226091 que pertenece a la Unidad de Medio Ambiente de Minera Yanacocha y luego a las 08:26:17 lo hace al N° 976221893 que pertenece a Roberto Pérez Sánchez, precisando que ambas llamadas se realizaron del sector Carretera a Yanacocha Km. 24, lugar donde trabaja Fátima María Magdalena Teatino Briones. A partir de esa fecha, del equipo celular del agraviado y con el chip de Fátima se han realizado gran cantidad de llamadas a diferentes números entre ellos a Juan Carlos Vásquez Reyes (19 llamadas), hasta el día 27 de abril de 2011 a las 17:48.24 horas cuando el chip se Fátima es cambiado a otro equipo celular con código EMAIL N° 35605803891000.
2.9. De esta manera se establece que luego del fallecimiento del agraviado David Saldaña Rodríguez, su equipo celular BlackBerry ha sido utilizado con los chips N° 976394231 y N° 976399300 cuyos titulares según el levantamiento de secreto de comunicaciones son Fátima María Magdalena Teatino Briones y Beder Izquierdo Alvarado, lo cual nos permite concluir que dicho equipo celular se encuentra en su poder.
2.10. Se concluye que el equipo celular del agraviado se encuentra en poder de Fátima María Magdalena Teatino Briones, por lo siguiente:
Porque de su declaración se advierte que la última vez que estuvo con el agraviado y sus amigos fue el 24 de abril hasta antes de las 19:00 horas, refiere que se había retirado porque a esa hora tenía que asistir a una misa en la iglesia San Franciso, sin embargo, según el informe remitido por le empresa Claro a las 20.34.32 horas al equipo celular del agraviado ingresa el chip N° 976394231 que pertenece a Fátima María Magdalena Teatino Briones y que se comunica con el N° 976394230 que también se encuentra registrada a su nombre por un espacio de 9.92 minutos; en este sentido, se advierte que Fátima esta faltando a la verdad en el sentido que a las 19:00 horas ya no se encontraba con el agraviado, máxime si el testigo Jacinto Arturo Revilla Moncada ha referido que cuando se encontraba con el agraviado (entre las 22:00 y 23:00 horas) tomando cerveza en el Grifo El Amigo, el agraviado se ha encontrado con su equipo celular ya que intentó llamar a Fátima, pero ya no tenía batería.
Porque Fátima María Magdalena Teatino Briones está faltando a la verdad, ya que afirma en su declaración que luego de salir de misa ha realizado una serie de llamadas al celular del agraviado hasta las 23.30 horas (24 de abril), sin embargo, del reporte de llamadas se evidencia que no realizó llamada alguna; asimismo afirma que el día 25 de abril se comunicó con Jacinto Arturo Revilla Moncada, sin embargo, del reporte de llamadas no se advierte ninguna llamada que haya realizado al teléfono de Jacinto Revilla (970009665).
Porque Fátima María Magdalena Teatino Briones ha ocultado totalmente haber tenido en su poder el equipo celular del agraviado luego que fue objeto de robo y asesinato, lo que hace evidente que tenga participación en los hechos que se investiga, incluso según es de verse del reporte del reporte de levantamiento de secreto de comunicaciones, ha realizado llamadas desde el lugar de su centro laboral (Carretera a Yanacocha Km. 24).
Porque Fátima María Magdalena Teatino Briones ha mantenido permanente comunicación telefónica con su número de chip y desde el equipo de celular del agraviado con la persona de Juan Carlos Vásquez Reyes, han sido en total 19 llamadas telefónicas que realizó, pese haber señalado en su declaración que recién lo había conocido el 24 de abril a medio día cuando se reunieron en la cevichería ‘La Palabritas’ y los presentó el agraviado, de lo que se advierte que esta negando haberlo conocido con anterioridad.
2.11. Por los fundamentos expuestos, se establece que las únicas personas que han utilizado el equipo celular del agraviado luego de su fallecimiento, han sido Fátima María Magdalena Teatino Briones y Beder Izquierdo Alvarado, de quienes se presume han tenido participación en los hechos que se investiga y tienen en su poder dicho equipo celular, por lo que deberá declararse fundado el requerimiento”.
CASO N° 691-2011
FISCAL RESPONSABLE: Dr. JUAN MANUEL ROMERO ROBLES
REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CAJAMARCA:
LISSETE MABEL VELÁSQUEZ DÁVILA, Fiscal Provincial del Segundo Despacho de Inves-
tigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, con domicilio procesal
en Jr. Sor Manuela Gil S/N Urb. La Alameda de esta ciudad; a usted digo:
1. PETITORIO
De conformidad con lo previsto por el artículo 261, inciso 1 del Código Procesal Penal, formulo ante su Despacho REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL contra
las personas identificadas como:
FÁTIMA MARÍA MAGDALENA TEATINO BRIONES, identificada con DNI N° 44384147, de 23 años de edad, nacido el 24 de junio de 1987, soltera, natural de Cajamarca, grado de instrucción superior, sus padres Cesar Serapio Teatino Salazar y Hermila Brisaid Briones Gallardo, domiciliada en Jr. Magdalena N° 369 y Jr. Junín N° 826 Barrio San Pedro - Cajamarca. Características físicas: Piel trigueña, cabello negro lacio, cara poco ovalada, nariz poco ancha, ojos regulares, cejas semi pobladas, labios medianos y de 1.60 aproximadamente de estatuta.
BEDER IZQUIERDO ALVARADO, identificado con DNI N° 46463510, de 20 años de edad, nacido el 5 de agosto de 1990, soltero, natural del Distrito de Sorochuco, Provincia de Celendín - Cajamarca, grado de instrucción secundaria completa, sus padres Emiterio y Teodocia, domiciliado en Caserío El Tingo, Distrito de Sorochuco, Provincia de Celendín - Cajamarca. Características físicas:
Su piel entre trigueña y morena, pelo corto lacio color negro, cara delgada, nariz ancha, ojos medio achinados, cejas semi pobladas largas, labios medianos, de 1.55 mts de estatuta aproximadamente. En consecuencia, se GIRE LA ORDEN DE CAPTURA CORRESPONDIENTE, ordenándose a
la Policía Nacional la ubicación y captura de las personas antes referidas.
2. HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO
2.1. La investigación se inicia el día 25 de abril de 2011, cuando en horas de la mañana personal policial de Cajamarca ubicó el cuerpo de la persona que en vida fue David Saldaña Rodríguez, en posición decúbito dorsal en medio de la corriente de agua del río Mashcon del CP Santa Bárbara a una distancia aproximada de 200 metros del Puente Venecia, realizándose la diligencia de levantamiento de cadáver y traslado del cuerpo a la morgue de la División de Medicina Legal de esta ciudad para la Autopsia de ley a efectos de poder establecer la causa de la muerte. Al realizarse el examen ectópico del cadáver, se evidenció que presentaba lesiones múltiples en diversas partes del cuerpo, como golpes y cortes en la cabeza, diversos golpes en la espalda y rodillas y rotura de hueso a nivel del brazo derecho.
2.2. Durante los iniciales actos de investigación se ha recibido la declaración de Juan Carlos Saldaña Rodríguez, hermano del occiso, quien refiere que a su hermano antes de victimarlo le han sustraído su billetera conteniendo DNI y tarjetas de crédito, un reloj de agujas sin número correa azul, un par de zapatillas y un teléfono celular marca Blackberry N° 976362801, precisando que el equipo celular le fue enviado de España pero el CHIP está a su nombre y corresponde al N° 976362801 de la línea Claro y cuenta con el sistema de GPS, celular que ha venido siendo utilizado por su hermano - occiso.
2.3. Asimismo se ha recibido la declaración testimonial de Jacinto Arturo Revilla Moncada, amigo del occiso, quien refiere que el día domingo 24 de abril de 2011, se reunió a medio día con el David Saldaña Rodríguez, la enamorada de este (Fátima María Magdalena Teatino Briones) y otro amigo Juan Carlos Vásquez Reyes y se fueron a comer un ceviche y tomar cerveza en el local conocido como La Palabritas, luego se dirigieron al bar conocido como 3 x10 donde continuaron tomando cerveza, posteriormente se fueron a comer a una pollería y seguidamente ingresaron al bar conocido como “Cowboy” para continuar libando cerveza, luego se trasladaron al grifo El Amigo donde han continuado tomando cerveza, lugar de donde se retiró su amigo Juan Carlos Vásquez Reyes, continuando con David libando cerveza en el Nigth Club El Faraón, luego, y como ya era de madrugada, han abordado un taxi con destino a su casa, sin embargo, faltando tres cuadras para llegar se bajaron del taxi debido a la negativa de David Saldaña Rodríguez para ingresar y descansar en la casa del declarante, optando por tomar un taxi para dirigirse a su casa, anotando con un lapicero en su brazo la placa de rodaje del taxi, la misma que corresponde al N° BQH-162, luego de ello se fue a su domicilio hasta las 07:00 horas del día 25 de abril en que se dirigió a su trabajo ubicado en la provincia de San Pablo.
2.4. Se ha recibido también la declaración del testigo Juan Carlos Vásquez Reyes, amigo del occiso, quien además de relatar las actividades y recorrido que realizó el día 24 de abril con el agraviado y su amigo Jacinto Arturo, señala que al enterarse el día 25 de abril a las 19:00 horas que su amigo David Saldaña Rodríguez había desparecido y luego de conversar con sus familiares, a empezado a buscarle y a llamar reiteradamente a su celular N° 976362801, siendo que a las 20:00 horas aproximadamente contestaron el teléfono del occiso, contestó la voz de una persona de sexo masculino quien al parecer se encontraba tomando, diciendo “NO JODAS” y luego cortó la comunicación y apagó el celular; a partir de ese momento hasta la actualidad ya no contestan el celular y suena como apagado.
2.5. Asimismo, se ha recibido la declaración de Fátima María Magdalena Teatino Briones (enamorada del agraviado), quien señala que conoció recién a las personas de Juan Carlos Vásquez Reyes y Jacinto Arturo Revilla Moncada el día domingo 24 de abril de 2010 cuando les presentó su enamorado (occiso), además de relatar las actividades y recorrido que realizaron el 24 de abril con el agraviado y sus dos amigos antes señalados, refiere que estando en el bar conocido como 3 x 10, se retiraron del mismo a las 18:00 horas y se dirigieron en un taxi hasta el Jr. Del Comercio a un cajero del Banco de Crédito donde el agraviado pretendió retirar dinero del cajero pero no lo hizo, en esos momentos le hizo de conocimiento que tenía que asistir a una misa a las 19:00 horas en la iglesia San Francisco, pero le respondió que no podía acompañarlo porque se iba con sus amigos al local Full Skey en el Jr. Amazonas, por lo que se despidió de ellos, luego de la misa que terminó a las 20:30 horas, trató de comunicarse con el agraviado pero no contestaba, por lo que se dirigió al local Full Skey pero estaba cerrado, procediendo a retirarse a su cuarto de donde insistió en varias oportunidades en comunicarse con David realizando la última llamada a las 23:00 horas sin haberle contestado. Al día siguientes (lunes 25 de abril), y como no pudo comunicarse con el agraviado, procedió a ubicar a la enamorada de Juan Carlos conocida como Crosty para que le proporcione el número de Juan Carlos, luego preguntó a este por David contestando que lo había dejado con Arturo, por lo que solicitó que le diera el número de Arturo, con quien al comunicarse le contestó que luego de despedirse lo había enviado en un taxi a su casa, posteriormente a las 23:00 horas toma conocimiento que su cadáver se encontraba en la Morgue; agrega que cuando estaba con el agraviado, este tenía en su poder un celular color negro, táctil marca BlackBerry N° 976352801.
2.6. Asimismo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ha ordenado el levantamiento del secreto de comunicaciones del teléfono celular BlackBerry N° 976362801 de la empresa CLARO que cuenta con GPS, habiendo informado al empresa Claro, que la última llamada telefónica realizada del equipo celular BlackBerry con su número de Chip 976362801 fue el día 24 de abril del 2011 a las 18:26:16 horas, llamada que realizó al número 978522813 y que duró 2.12 minutos; luego al equipo celular del agraviado a las 20.34.32 horas ingresa el chip N° 976394231 que pertenece a Fátima María Magdalena Teatino Briones quien se comunica al N° 976394230 que también se encuentra registrada a nombre de Fátima María Magdalena Teatino Briones, durando la llamada 9.92 minutos, a partir de ese momento dicho equipo no registra llamadas entrantes ni salientes.
2.7. Posteriormente, el día 25 de abril del 2011 a las 06:29:55 horas ingresa al equipo celular del agraviado el chip N° 976399300 que pertenece a Beder Izquierdo Alvarado, quien realiza una llamada al N° 987400655 que pertenece a Cristian Eduardo Rojas Castañeda con una duración de 0.30 segundos, luego esta persona a las 06:30:49 horas le devuelve la llamada durando la misma 1.90 minutos.
2.8. A las 07:19:55 horas del 25 de abril ingresa al equipo celular del agraviado el Chip de Fátima María Magdalena Teatino Briones (N° 976394231) quien se comunica con el N° 976226091 que pertenece a la Unidad de Medio Ambiente de Minera Yanacocha y luego a las 08:26:17 lo hace al N° 976221893 que pertenece a Roberto Pérez Sánchez, precisando que ambas llamadas se realizaron del sector Carretera a Yanacocha Km. 24, lugar donde trabaja Fátima María Magdalena Teatino Briones. A partir de esa fecha, del equipo celular del agraviado y con el chip de Fátima se han realizado gran cantidad de llamadas a diferentes números entre ellos a Juan Carlos Vásquez Reyes (19 llamadas), hasta el día 27 de abril del 2011 a las 17:48.24 horas cuando el chip se
Fátima es cambiado a otro equipo celular con código EMAIL N° 35605803891000.
2.9. De esta manera, se establece que luego del fallecimiento del agraviado David Saldaña Rodríguez, su equipo celular BlackBerry ha sido utilizado con los chips N° 976394231 y N° 976399300 cuyos titulares según el levantamiento de secreto de comunicaciones son Fátima María Magdalena Teatino Briones y Beder Izquierdo Alvarado, lo cual nos permite concluir que dicho equipo celular se encuentra en su poder.
2.10. Se concluye que el equipo celular del agraviado se encuentra en poder de Fátima María Magdalena Teatino Briones, por lo siguiente:
Porque de su declaración se advierte que la última vez que estuvo con el agraviado y sus amigos fue el 24 de abril hasta antes de las 19:00 horas, refiere que se había retirado porque a esa hora tenía que asistir a una misa en la iglesia San Franciso, sin embargo según el informe remitido por le empresa Claro a las 20.34.32 horas al equipo celular del agraviado ingresa el chip N° 976394231 que pertenece a Fátima María Magdalena Teatino Briones y que se comunica con el N° 976394230 que también se encuentra registrada a su nombre por un espacio de 9.92 minutos, en este sentido se advierte que Fátima esta faltando a la verdad en el sentido que a las 19:00 horas ya no se encontraba con el agraviado, máxime si el testigo Jacinto Arturo Revilla Moncada ha referido que cuando se encontraba con el agraviado (entre las 22:00 y 23:00 horas) tomando cerveza en el grifo El Amigo, el agraviado se ha encontrado con su equipo celular ya que intentó llamar a Fátima, pero ya no tenía batería.
Porque Fátima María Magdalena Teatino Briones, está faltando a la verdad, ya que afirma en su declaración que luego de salir de misa ha realizado una serie de llamadas al celular del agraviado hasta las 23.30 horas (24 de abril), sin embargo, del reporte de llamadas se evidencia que no realizó llamada alguna, asimismo afirma que el día 25 de abril se comunicó con Jacinto Arturo Revilla Moncada, sin embargo del reporte de llamadas no se advierte ninguna llamada que haya realizado al teléfono de Jacinto Revilla (970009665).
Porque Fátima María Magdalena Teatino Briones ha ocultado totalmente haber tenido en su poder el equipo celular del agraviado luego que fue objeto de robo y asesinato, lo que hace evidente que tenga participación en los hechos que se investiga, incluso, según es de verse del reporte de levantamiento de secreto de comunicaciones, ha realizado llamadas desde el lugar de su centro labo-
ral (Carretera a Yanacocha Km. 24).
d) Porque Fátima María Magdalena Teatino Briones ha mantenido permanente comunicación te-
lefónica con su número de chip y desde el equipo de celular del agraviado con la persona de Juan Carlos Vasquez Reyes, han sido en total 19 llamadas telefónicas que realizó, pese haber señalado en su declaración que recién lo había conocido el 24 de abril a medio día cuando se reunieron en la cevichería La Palabritas y los presentó el agraviado, de lo que se advierte que esta negando haberlo conocido con anterioridad.
2.11. Por los fundamentos expuestos, se establece que las únicas personas que han utilizado el equipo celular del agraviado luego de su fallecimiento, han sido Fátima María Magdalena Teatino Briones y Beder Izquierdo Alvarado, de quienes se presume han tenido participación en los hechos que se investiga y tienen en su poder dicho equipo celular, por lo que deberá declararse fundado el requerimiento.
3. DELITO ATRIBUIDO
ROBO AGRAVADO con subsecuente causación de lesiones graves y muerte, previsto por el artículo 189 último párrafo del Código Penal señala que “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, si el robo es cometido cuando (…). La pena será de cadena perpetua cuando (…) como consecuencia del hecho, se produce la muerte a la víctima o se le causa lesiones graves a su
integridad física o mental”.
4. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
4.1. Acta del estudio de la escena y levantamiento del cadáver, realizado al occiso David Saldaña Rodríguez.
4.2. Protocolo de Autopsia N° 802-2011.
4.3. Acta de identificación del cadáver NN.
4.4. Acta de Intervención Policial N° 944
4.5. Declaración testimonial de Jacinto Arturo Revilla Moncada.
4.6. Declaración testimonial de Juan Carlos Vásquez Reyes.
4.7. Declaración de Juan Carlos Saldaña Rodríguez, hermano de occiso.
4.8. Declaración testimonial de Fátima María Magdalena Teatino Briones.
4.9. Levantamiento de secreto de comunicaciones del teléfono celular BlackBerry N° 976362801 de la empresa Claro que cuenta con GPS, celular que tenía en su poder el agraviado y fue robado antes de ser asesinado.
4.10. Informe preliminar emitido por la divincri Cajamarca.
5. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PRELIMINAR
En el presente caso, concurren todos los requisitos previstos por el artículo 261, inciso 1 parágrafo a) del Código Procesal Penal[73] para la procedencia de la detención preliminar. Así tenemos:
En primer lugar, nos encontramos frente a un caso en el cual no se presenta el supuesto de flagrancia, debido a que los hechos han ocurrido el 25 de abril del 2011 y los presuntos autores del mismo no han sido intervenidos y/o capturados.
Existen razones suficientes –elementos de convicción– para considerar que las personas de Fátima María Magdalena Teatino Briones y Eder Izquierdo Alvarado, tengan participación el robo con subsecuente lesiones graves y muerte en agravio de David Saldaña Rodríguez ocurrido el día 25 de abril del 2011, por cuanto se ha determinado que a partir de las 06:29:55 horas día 25 de abril del 2011, han utilizado el celular del agraviado insertando los CHIPS de su propiedad de ma-
nera alternada, según se advierte del reporte de llamadas entrantes y salientes y titulares de línea emitido por la empresa de telefonía Claro, por tanto, es evidente que estas personas tengan en su poder el equipo celular del agraviado. Además, el delito objeto de imputación tiene como pena cadena perpetua.
c) Existe probabilidad de fuga por parte de los investigados, teniendo en cuenta que por la naturaleza del delito investigado y el estado de las actuaciones preliminares, es inminente que al tomar conocimiento los imputados de la existencia de un levantamiento del secreto de comunicaciones del teléfono celular del agraviado, del cual se evidencia que la fiscalía y divincri encargados de la investigación, han determinado que el celular del agraviado se encuentra en su poder desde el 25 de abril de 2011 (fecha en la cual fue encontrado muerto en el río Mashcon) y que se encuentran involucrados en los hechos que se investiga, inmediatamente van a darse a la fuga, ocultando y/o destruyendo el equipo celular del agraviado y demás evidencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, aunado a ello que la pena a imponer es sumamente grave.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
6.1. Constitución Política del Estado
Artículo 2, inciso 24 parágrafo f) que precisa: “(...) Toda persona tiene derecho: a la libertad y seguridad personales; en consecuencia, nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia”.
6.2. Código Procesal Penal
Artículo 253, que señala la restricción de derechos fundamentales requiere expresa autorización legal y se imponen con respeto al principio de proporcionalidad y cuando existan suficientes elementos de convicción. Además, solo tendrá lugar cuando fuere indispensable y por el tiempo necesario para prevenir riesgos de fuga, impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.
Artículo 255, que señala las medidas de restricción solo se impondrán por el juez y a solicitud del fiscal.
Artículo 262, que establece la motivación del auto de detención preliminar.
Artículo 164, que señala que la detención preliminar solo durará 24 horas.

[73] Señala el artículo 261, inciso 1 del Código Procesal Penal: El juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dictará mandato de detención preliminar cuando: a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga.
7. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO
Señor juez, resulta necesario y urgente para cautelar los fines de la investigación contar con la presencia de los investigados, para lo siguiente:
Para evitar que Fátima María Magdalena Teatino Briones o Eder Izquierdo Alvarado, al tener conocimiento de la existencia del levantamiento del secreto de comunicaciones con el cual se le vincula con los hechos investigados, puedan desaparecer y/o destruir el equipo celular del agraviado, y de esa manera perjudicar a la investigación.
Para que se realice el registro personal y poder ubicar en su poder el equipo celular del agraviado, o en todo caso se realice un registro domiciliario para ubicar además del celular los demás bienes que fueron objeto de sustracción al agraviado.
Para que respondan sobre los motivos y razones por los cuales utilizaron el equipo celular del agraviado luego de su fallecimiento, así como para identificar a los autores materiales del hecho investigado y garantizarse derecho de defensa frente a la imputación efectuada.
Demás diligencias urgentes y relevantes a determinar una vez que se logre la detención de las referidas personas.
8. ANEXOS
Se acompaña 53 copias fedateadas de los actuados a fin de mejor sustentar el requerimiento.
POR TANTO
Resuelva lo que corresponda.
Cajamarca, 23 de mayo de 2011.
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca

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SOBRESEIMIENTO PORQUE EL HECHO IMPUTADO NO ES TÍPICO: NO INCURRE EN DELITO DE PATROCINIO ILEGAL EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN DE ABOGADO LITIGA CONTRA EL ESTADO

SOBRESEIMIENTO PORQUE EL HECHO IMPUTADO NO ES TÍPICO: NO
INCURRE EN DELITO DE PATROCINIO ILEGAL EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN DE ABOGADO LITIGA CONTRA EL ESTADO
“Se debe señalar –en modo de resumen– que a Segundo Aniceto Quesquén Tirado se le formalizó investigación preparatoria imputándosele fácticamente que pese a ostentar la calidad de Abogado I en la Red de Salud de Chepén ha presentado demandas y escritos en calidad de abogado patrocinando intereses no solo ajenos a la Administración Pública, sino que van en su contra. Para en seguida determinar si los hechos expuestos en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria resultan adecuándose o no a los que describe como delito de patrocinio ilegal (o infiel) la norma contenida en el artículo 385 del CP en los siguientes términos: ‘El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la Administración Pública, será reprimido’. Cosa que debe responderse en sentido completamente negativo. Ello ocurre en razón a que el tipo penal exige para su perfeccionamiento no solo se que se haya patrocinado intereses particulares ante la Administración Pública (que ni siquiera se necesita que sea en su contra, sino basta el patrocinio ante la administración), sino que es necesario (imprescindible para que podamos hallarnos ante un delito) que el autor se haya valido de su calidad de funcionario o servidor público; lo que no se verifica en el caso materia del presente pronunciamiento.
Resulta sumamente claro que cuando Quesquén Tirado patrocina, firmando demandas y escritos de particulares, contra la Administración Pública actúa en calidad de abogado y no valiéndose de alguna calidad de funcionario o servidor público.
Lo que debe entenderse es que para incurrir en el delito de patrocinio ilegal no basta tener la calidad de funcionario o servidor al momento de actuar sino que se tiene que hacer uso de dicha calidad para patrocinar intereses de particulares ante la Administración Pública; cosa que no ha ocurrido en el supuesto materia del presente pronunciamiento, en donde Quesquén Tirado se ha conducido como cualquier abogado.
De conformidad a lo acá expuesto, ha señalado Salinas Siccha, Ramiro (Delitos contra la Administración Pública. Grijley, Lima, 2009, p. 276) que ‘Resulta claro que el agente actúa abusando del cargo público que ostenta. El agente conociendo de su condición especial, utiliza tendenciosamente o abusiva sus cualidades en el orden social para privilegiar a particulares’”.
Especialista:
Expediente N° 116-2010 Escrito:
REQUIERE SOBRESEIMIENTO
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE CHEPÉN
CONSTANTE CARLOS ÁVALOS RODRÍGUEZ, coordinador de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, ante usted digo: Bajo el amparo del literal b del numeral 2 del artículo 344 del Código Penal (el hecho imputado no es típico); recurro a solicitar el sobreseimiento de la causa iniciada contra Segundo Aniceto Quesquén Tirado por delito de patrocinio ilegal (previsto en el artículo 385 de Código Penal); lo cual hago en razón de las siguientes consideraciones:
1. Los representantes del Ministerio Público, en tanto funcionarios responsables de la persecución penal, encontramos limitada nuestra capacidad de actuación por un conjunto de principios jurídicos que hacen que el poder sancionador del Estado no se ejerza de manera arbitraria, abusiva o ilegítima.
De estos principios, uno de los más importantes es el de legalidad, que garantiza que la persecución penal solo se pueda iniciar si los comportamientos puestos en conocimiento de la fiscalía son exactamente los mismos que se encuentran contemplados como prohibidos bajo amenaza de sanción criminal en una norma legal de jerarquía ordinaria, dictada de manera previa al hecho.
Es tal la importancia de lo señalado que la Constitución Política del Estado de 1993 ha consagrado expresamente en su artículo 2, inciso 24, parágrafo d, que: “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”; exigencia que ha sido desarrollada en términos muy similares en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, que prescribe: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”; siendo, además, de reconocimiento unánime tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de la República; así como por parte de los órganos jurisdiccionales internacionales que se ocupan de decidir en materia de derechos humanos.
En este contexto, se debe señalar –en modo de resumen– que a Segundo Aniceto Quesquén Tirado se le formalizó investigación preparatoria imputándosele fácticamente que pese a ostentar la calidad
de Abogado I en la Red de Salud de Chepén ha presentado demandas y escritos en calidad de abogado patrocinando intereses no solo ajenos a la Administración Pública, sino que van en su contra.
Para en seguida determinar si los hechos expuestos en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria resultan adecuándose o no a los que describe como delito de patrocinio ilegal (o infiel) la norma contenida en el artículo 385 del CP en los siguientes términos: “El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de par-
ticulares ante la Administración Pública, será reprimido”. Cosa que debe responderse en sentido completamente negativo. Ello ocurre en razón a que el tipo penal exige para su perfeccionamiento no solo se que se haya patrocinado intereses particulares ante la Administración Pública (que ni siquiera se necesita que sea en su contra, sino basta el patrocinio ante la administración), sino que es necesario (imprescindible para que podamos hallarnos ante un delito) que el autor se haya valido de su calidad de funcionario o servidor público; lo que no se verifica en el caso materia del presente pronunciamiento.
Resulta sumamente claro que cuando Quesquén Tirado patrocina, firmando demandas y escritos de particulares, contra la Administración Pública actúa en calidad de abogado y no valiéndose de alguna calidad de funcionario o servidor público.
Lo que debe entenderse es que para incurrir en el delito de patrocinio ilegal no basta tener la calidad de funcionario o servidor al momento de actuar sino que se tiene que hacer uso de dicha calidad para patrocinar intereses de particulares ante la Administración Pública; cosa que no ha ocurrido en el supuesto materia del presente pronunciamiento, en donde Quesquén Tirado se ha conducido como cualquier abogado.
De conformidad a lo acá expuesto, ha señalado Salinas Siccha, Ramiro (Delitos contra la Administración Pública. Lima, Grijley, 2009, p. 276) que “resulta claro que el agente actúa abusando del cargo público que ostenta. El agente conociendo de su condición especial, utiliza tendenciosamente
o abusivamente sus cualidades en el orden social para privilegiar a particulares”. Las cosas así los hechos materia de pronunciamiento resulta siendo atípicos.
Provéase conforme a Derecho.
Trujillo, julio 4 de 2011

NO SE CONFIGURA EL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO CUANDO EL FUNCIONARIO SOLICITA DINERO PARA REALIZAR U OMITIR UN ACTO QUE NO ESTÁ DENTRO DE LOS DE SU COMPETENCIA

NO SE CONFIGURA EL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO CUANDO EL FUNCIONARIO SOLICITA DINERO PARA REALIZAR U OMITIR UN ACTO QUE NO ESTÁ DENTRO DE LOS DE SU COMPETENCIA
“A Wilder Benicio Iparraguirre López se le formalizó investigación preparatoria imputándosele fácticamente que en su condición de director de la Institución Educativa Jesús Nazareno de la Provincia Ascope, aprovechando su cargo y el hecho de que conoce a la señora Carmen Rosa Díaz León por motivo que sus hijos han estudiado en la Institución educativa antes indicada le ha solicitado la suma de diez nuevos soles con el fin de conseguir plaza laboral en la UGEL de Ascope para sus familiares (hijos y sobrinos); siendo que el 14 de mayo de 2009, en circunstancias que la señora Carmen Rosa Díaz León se constituyó a la Institución Educativa Jesús Nazareno con el fin de justificar la inasistencia de su menor hijo se encontró con el director de la institución de nombre Wilder Iparraguirre López, a quien le contó el motivo de su presencia así como también el hecho de que hijo César Augusto Montoya Díaz no tenía trabajo, y ante la pregunta del director de ‘¿qué había estudiado?’ le dijo que profesor de primaria en el Pedagógico de Chepén pero que aún no tenía el título, para luego retirarse de la institución; sucediendo que al día siguiente, 15 de mayo de 2009, la señora Carmen Rosa Díaz León acudió a la Institución Educativa Jesús Nazareno por motivo que su menor hijo Walter Jhamir Montoya Díaz le dijo que el director Wilder Iparraguirre López quería hablar con ella; que al entrevistarse con el director, este le propuso una plaza laboral de auxiliar de educación para su hijo Augusto Montoya en el Colegio Jesús Nazareno pero que debería pagar la suma de S/.2,000.00 nuevos soles; y, al día siguiente le entregó dicha suma. Sin embargo, al día siguiente el director Wilder Iparraguirre la vuelve a llamar para ofrecerle otra plaza de auxiliar de educación en la misma Institución en mención para su sobrino Fredy Alberto Alva Díaz para lo cual también debería pagar la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles, dinero que la señora Carmen Díaz entregó el mismo día. Al día siguiente, la llamó telefónicamente para ofrecerle plazas para su sobrina Heydi Araceli Sipirán Díaz, su hijo Jonatan Montoya Díaz y su nuera July Ponce Medina, todas por la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles cada una, por lo que Carmen Díaz quedó en consultar con los presuntos beneficiarios; empero, a la semana aproximadamente nuevamente recibe la llamada telefónica del director acordando reunirse en la Plaza de Armas de Trujillo, donde le entrega la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles; luego le ha entregado en la institución educativa la suma de S/. 1,000.00 nuevos soles; quedando el director en llamarla para decirse cuando trabajarían sus hijos y sobrinos. Frente al transcurso de un año, es que la denunciante Carmen Díaz decidió grabar las conversaciones telefónicas sostenidas con el imputado en las cuales le solicitaba el cumplimiento de las plazas ofrecidas; puesto que el director les hizo aperturar cuentas y tarjetas de Multirred diciéndoles que les abonarían sueldos sin haber trabajado, hecho que tampoco se ha cumplido. Sin embargo, al hacerse la comparación de estos hechos con la descripción del delito de cohecho pasivo propio que hace el artículo 393 en su segundo párrafo, que señala: ‘El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal’ (subrayado nuestro) a la luz del esclarecimiento de los hechos a consecuencia de los actos de investigación preparatoria formalizada se debe señala que –sin dejar de ser un acto moral y administrativamente reprobables; y, en el segundo caso, ilícito– no se encontraba dentro de las atribuciones del investigado la contratación del personal para que labore como auxiliar en la Institución Educativa Jesús Nazareno, sino más bien de otros estamentos de la UGEL-Ascope por lo que no puede asumirse que el dinero que se solicitó lo haya sido ‘para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas’”.
Especialista: Rusel Carbajal Sangama
Expediente N° 361-2011 Carpeta Fiscal N° 39-2011 Escrito:
REQUIERE SOBRESEIMIENTO
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ASCOPE CONSTANTE CARLOS ÁVALOS RODRÍGUEZ, coordinador de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, ante usted digo: Bajo el amparo del literal b del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal (el hecho
imputado no es típico); recurro a solicitar el sobreseimiento de la causa iniciada contra Wilder Benicio Iparraguirre López por delito de cohecho pasivo propio (previsto en el artículo 393 - segundo
párrafo del Código Penal); lo cual hago en razón de las siguientes consideraciones:
1. Los representantes del Ministerio Público, en tanto funcionarios responsables de la persecución penal, encontramos limitada nuestra capacidad de actuación por un conjunto de principios jurídicos que hacen que el poder sancionador del Estado no se ejerza de manera arbitraria, abusiva o ilegítima.
De estos principios, uno de los más importantes es el de legalidad, que garantiza que la persecución penal solo se pueda iniciar si los comportamientos puestos en conocimiento de la fiscalía son exactamente los mismos que se encuentran contemplados como prohibidos bajo amenaza de sanción criminal en una norma legal de jerarquía ordinaria, dictada de manera previa al hecho.
Es tal la importancia de lo señalado que la Constitución Política del Estado de 1993 ha consagrado expresamente en su artículo 2, inciso 24, parágrafo d, que: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”; exigencia que ha sido desarrollada en términos muy similares en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, que prescribe: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”; siendo, además, de reconocimiento unánime tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de la República; así como por parte de los órganos jurisdiccionales internacionales que se ocupan de decidir en materia de derechos humanos.
En este contexto, se debe señalar que a Wilder Benicio Iparraguirre López se le formalizó investigación preparatoria imputándosele fácticamente que en su condición de director de la Institución
Educativa Jesús Nazareno de la Provincia Ascope, aprovechando su cargo y al hecho que conoce a la señora Carmen Rosa Díaz León por motivo que sus hijos han estudiado en la institución educativa antes indicada le ha solicitado la suma de diez nuevos soles con el fin de conseguir plaza laboral en la UGEL de Ascope para sus familiares (hijos y sobrinos); siendo que el 14 de mayo de 2009, en circunstancias que la señora Carmen Rosa Díaz León se constituyó a la Institución Educativa Jesús Nazareno con el fin de justificar la inasistencia de su menor hijo se encontró con el director de la institución, de nombre Wilder Iparraguirre López a quien le contó el motivo de su presencia así como también el hecho que hijo César Augusto Montoya Díaz no tenía trabajo, y ante la pregunta del director de “¿que había estudiado?” Le dijo que profesor de primaria en el Pedagógico de Chepén pero que aún no tenía el título, para luego retirarse de la institución; sucediendo que al día siguiente, 15 de mayo de 2009 la señora Carmen Rosa Díaz León acudió a la Institución Educativa Jesús Nazareno por motivo que su menor hijo Walter Jhamir Montoya Díaz le dijo que el director Wilder Iparraguirre López, quería hablar con ella; que al entrevistarse con el director, este le propuso una plaza laboral de auxiliar de educación para su hijo Augusto Montoya en el Colegio Jesús Nazareno pero que debería pagar la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles; y, al día siguiente le entregó dicha suma. Sin embargo, al día siguiente el director Wilder Iparraguirre la vuelve a llamar para ofrecerle otra pla-
za de auxiliar de educación en la misma institución en mención para su sobrino Fredy Alberto Alva Díaz para lo cual también debería pagar la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles, dinero que la señora Carmen Díaz entregó el mismo día. Al día siguiente, la llamó telefónicamente para ofrecerle plazas para su sobrina Heydi Araceli Sipirán Díaz, su hijo Jonatan Montoya Díaz y su nuera July Ponce Medina, todas por la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles cada una, por lo que Carmen Díaz quedó en consultar con los presuntos beneficiarios; empero, a la semana aproximadamente nuevamente recibe la llamada telefónica del director acordando reunirse en la Plaza de Armas de Trujillo, donde le entrega la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles; luego le ha entregado en la institución educativa la suma de S/.1,000.00 nuevos soles; quedando el director en llamarla para decirse cuando trabajarían sus hijos y sobrinos. Frente al transcurso de un año es que la denunciante Carmen Díaz decidió grabar las conversaciones telefónicas sostenidas con el imputado en las cuales le solicitaba el cumpli-
miento de las plazas ofrecidas; puesto que el director les hizo aperturar cuentas y tarjetas de Multirred diciéndoles que les abonarían sueldos sin haber trabajado, hecho que tampoco se ha cumplido. Si embargo, al hacerse la comparación de estos hechos con la descripción del delito de cohecho pa-
sivo propio que hace el artículo 393 en su segundo párrafo, que señala: “El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal”
(resaltado nuestro) a la luz del esclarecimiento de los hechos a consecuencia de los actos de investigación preparatoria formalizada se debe señala que –sin dejar de ser un acto moral y administrativamente reprobables; y, en el segundo caso, ilícito– no se encontraba dentro de las atribuciones del investigado la contratación del personal para que labore como auxiliar en la Institución Educativa Jesús Nazareno, sino más bien de otros estamentos de la UGEL-Ascope por lo que no puede asumirse que el dinero que se solicitó lo haya sido “para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas”.
Provéase conforme a Derecho.
Trujillo, mayo 10 de 2012

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SOBRESEIMIENTO PORQUE LA VERSIÓN INCRIMINATORIA DE LA AGRAVIADA NO CORROBORADA POR OTRO ELEMENTO DE CONVICCIÓN ADOLECE DE INCONGRUENCIA

SOBRESEIMIENTO PORQUE LA VERSIÓN INCRIMINATORIA DE LA AGRAVIADA NO CORROBORADA POR OTRO ELEMENTO DE CONVICCIÓN ADOLECE DE INCONGRUENCIA
“De los actuados en la presente investigación, conforme al Certificado Médico N° 002236-L, se observa que efectivamente existieron signos de actos contranatura antiguo y recientes en la agraviada Leonarda Navarro Yarlequé, asimismo, presenta lesiones traumáticas como equimosis de color oscura en cara anterior de antebrazo izquierdo y otra de color verdosa en el muslo derecho; sin embargo, también es de observarse la incongruencia en las declaraciones realizadas a nivel de Fiscalía Civil y Familia, en relación al relato de los hechos, no siendo posible corroborar dicha versión de los hechos ante la ausencia de testigos; del mismo modo, en la declaración realizada por la agraviada en este despacho fiscal, manifiesta que lo anteriormente declarado es falso y que si bien es cierto mantuvieron relaciones sexuales con el imputado Jesús Cardoza Juárez el día de los hechos, no fue contra su voluntad y mediando amenaza o violencia, por el contrario fue voluntario, y que inicialmente denuncio el hecho por presión de sus hijos quienes se oponen a su relación sentimental con el imputado. En conclusión, con los medios probatorios recabados en la presente investigación, se observa la sindicación de la propia agraviada contra el imputado que no ha sido corroborada o sustentada con otro medio probatorio, adoleciendo de insubsistencia, máxime si las declaraciones realizadas por la propia agraviada, las versiones de los hechos no resultan coherentes”.
Expediente N° : 04836-2011-0-2001-JR-PE-01 Especialista :
Caso N° : 244-2011
Fiscal a cargo : Ricardo Huancas Ronceros
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO
SEÑOR JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CATACAOS:
RICARDO HUANCAS RONCEROS, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos, con domicilio procesal en el Jr. Ica N° 699, de esta ciudad; a usted con el debido respeto digo:
REQUERIMIENTO FISCAL
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos, a tenor de lo establecido en el Ar-
tículo 344, inciso 2, literal d) del Código Procesal Penal, requiere el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, respecto al imputado JESÚS CARDOZA JUÁREZ, por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN SEXUAL, tipificado en el artículo 170 (primer párrafo) del Código Penal, en agravio de LEONARDA NAVARRO YARLEQUÉ.
II. ANTECEDENTES
Fluye de los actuados remitidos por la Fiscalía Civil y Familia de Catacaos, que con fecha 06 de diciembre de 2010, se presentó ante la Comisaría de La Arena, la señora Leonarda Navarro Yarlequé, con la finalidad de denunciar que ha sido víctima de Violencia Familiar, por parte de su pareja Jesús Cardoza Juárez, haciendo referencia la denunciante en su declaración que el día 28 de noviembre de
2010 el imputado Jesús Cardoza Juárez la obligo a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.
III. FUNDAMENTOS DE HECHO
PRIMERO: Conforme a las diligencias preliminares en la presente investigación, se recabaron los siguientes elementos indiciarios demostrativos de delito como:
Certificado Médico Legal N° 002236-L, practicado a la persona de Leonarda Navarro Yarlequé, sobre las lesiones sufridas, diagnosticando un día de atención médica y seis días de descanso
Médico, señalando en sus conclusiones “lesiones traumáticas de origen contusas” y “signos de acto contranatura antiguo y reciente”.
2. Declaración de la agraviada Leonarda Navarro Yarlequé, realizada ante la Fiscalía Civil y
Familia de Catacaos el día 6 de diciembre de 2010, quien señala que el día 28 de noviembre de 2010, al promediar las 18:00 horas, el imputado Jesús Cardoza Juárez, quiso llevarla a su casa pero como ella no quiso ir la llevo a la chacra del prima de ella, donde comenzó a exigirle que tuvieran relaciones sexuales, y como se opuso, el imputado la mordió en el brazo izquierdo, con insultos; asimismo, señala que ha mantenido una relación sentimental con el imputado hasta el día 02 de diciembre, por lo que la había maltratado.
3. Declaración de la agraviada Leonarda Navarro Yarlequé, realizada ante la Fiscalía Civil y
Familia de Catacaos el día 4 de marzo de 2011, quien señala que el día 28 de noviembre de 2010, al promediar las 18:00 horas, en circunstancias que la agraviada venía de la casa de su hermana, de pronto salió de un maizal completamente borracho el imputado Jesús Cardoza Juárez, la tumbó y con insultos la hizo tener relaciones por adelante y luego por atrás, y sangró, pasados tres días le comento lo sucedido a sus hermanos, quienes le dijeron que ponga la denuncia; asimismo, señala que han sido enamorados con el imputado.
4. Resolución N° 20-2011-MP-FPCyF-CATACAOS, emitido por la Fiscalía Civil y Familia de Catacaos, resolviendo no ha lugar interponer demanda sobre violencia familiar, por cuanto las par-
tes involucradas serian “enamorados”, sin mediar vínculo de familiaridad, ni convivencia alguna.
5. Declaración de la agraviada Leonarda Navarro Yarlequé, realizada ante este despacho fiscal el día 17 de abril de 2012, quien señala que aun mantiene una relación sentimental con el imputado Jesús Cardoza Juárez, pero a escondidas ya que los hijos de la agraviada no aprueban esto, además indica que el día 28 de noviembre de 2010 acordaron con el imputado encontrarse en una chacra en
Alto de La Cruz - La Arena, donde tuvieron relaciones sexuales de manera voluntaria por delante y por detrás, y en pleno acto sexual el imputado lo piñizcaba y mordía, pero se asustaron cuando empezó a sangrar por lo cual el imputado la limpiaba con un trapo, luego la acompañó y la dejó por un comedor, por temor a que los hijos de la agraviada le hagan algo; asimismo, indica que interpuso la denuncia el día 6 de diciembre de 2010 porque estuvo presionada por sus hijos y como se habían dado cuenta que había tenido relaciones sexuales con el imputado, se molestaron; precisando que no existió violación ya que las relaciones sexuales fueron voluntarias.
SEGUNDO: Sobre el delito de violación sexual, tipificado en el artículo 170 del Código Penal, en cuanto al bien jurídico protegido, la doctrina señala que “el bien jurídico es la libertad sexual, en su doble vertiente positivo-dinámica, esto es, la capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos sexuales, o la facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios deseos; desde un aspecto negativo, el derecho de impedir intromisiones a dicha esfera, cuando no media su consentimiento. Ahora bien, la modificación efectuada a esta capitulación por la Ley N° 28261, importa también la realización de actos sexuales activos hacia la esfera sexual del sujeto activo, en cuanto el ejercicio de una violencia física o psicológica para que ingrese el miembro viril, en las cavidades vaginal, anal o bucal; o, ingrese partes del cuerpo y/o objetos únicamente a las dos primeras vías antes anotadas; inclusive para que las realice sobre tercera persona”[72]. Asimismo, de los actuados en la presente investigación, conforme al Certificado Médico N° 002236-L, se observa que efectivamente existieron signos de actos contranatura antiguo y recientes en la agraviada Leonarda Navarro Yarlequé, asimismo, presenta lesiones traumáticas como equimosis de color oscura en cara anterior de antebrazo izquierdo y otra de color verdosa en el muslo derecho; sin embargo, también es de observarse la incongruencia en las declaraciones realizadas a nivel de Fiscalía Civil
y Familia, en relación al relato de los hechos, no siendo posible corroborar dicha versión de los hechos ante la ausencia de testigos; del mismo modo, en la declaración realizada por la agraviada en este despacho fiscal, manifiesta que lo anteriormente declarado es falso y que si bien es cierto mantuvieron relaciones sexuales con el imputado Jesús Cardoza Juárez el día de los hechos, no fue contra su voluntad y mediando amenaza o violencia, por el contrario fue voluntario, y que inicialmente denuncio el hecho por presión de sus hijos quienes se oponen a su relación sentimental con el imputado. En conclusión, con los medios probatorios recabados en la presente investigación, se observa la sindicación de la propia agraviada contra el imputado que no ha sido corroborada o sustentada con otro medio probatorio, adoleciendo de insubsistencia, máxime si las declaraciones realizadas por la propia agraviada, las versiones de los hechos no resultan coherentes; en este sentido, no se ha llegado a quebrantar el principio de presunción de inocencia que reviste a toda persona investigada,
y tampoco a determinar su responsabilidad en la presente investigación, por lo cual se deberá proceder sustentar el requerimiento de sobreseimiento al no existir razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Señor juez, amparo el presente requerimiento en lo establecido en el artículo 344, inciso 2, literal d) del Código Procesal Penal, ya que, conforme a lo precedentemente expuesto, y a los actuados mencionados, con relación a la conducta delictiva por la presunta comisión del delito de violación sexual contra Jesús Cardoza Juárez, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
EN CONSECUENCIA, este Ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal, REQUIERE: EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida contra JESÚS CARDOZA JUÁREZ,
por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual - VIOLACIÓN SEXUAL, tipificado en el artículo 170 (primer párrafo) del Código Penal, en agravio de LEONARDA NAVARRO YARLEQUÉ; y solicita a vuestra judicatura se sirva dictar el auto de sobreseimiento de la causa en su oportunidad, ordenándose el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso.
OTROSÍ DIGO: Este despacho fiscal remite a su Judicatura los actuados originales en la presente investigación a folios (...)
Catacaos, 25 de mayo de 2012

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DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN FUNCIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS “DETERMINACIÓN DE REPARACIÓN CIVIL QUE SE SOLICITA

DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN FUNCIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS
“DETERMINACIÓN DE REPARACIÓN CIVIL QUE SE SOLICITA
El artículo 93 del Código Penal prescribe:
‘La reparación comprende:
La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y
La indemnización de los daños y perjuicios’.
Es en este contexto que se debe requerir un monto de reparación civil que sea proporcional al daño que se ha causado al patrimonio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe. De esta manera:
Respecto del primer hecho referido a que se otorgó de forma indebida la buena pro del Concurso Público N° 001-2008-MDG ascendiendo a 656,200.00 (seiscientos cincuenta y seis mil doscientos) nuevos soles el monto de lo contratado; debe fijarse una reparación civil ascendente al 10 % de dicho monto que es la ganancia indebidamente obtenida por los contratistas, esto es 65,620.00 nuevos soles; a lo que debe sumarse el 100 % a razón de 2 % mensual de cada mes de los por lo menos cincuenta meses –hasta el momento de la sentencia– que los contratistas tuvieron en su poder la referida ganancia indebida lo que hace una reparación civil total de 131,240.00 nuevos soles que deberán pagar solidariamente las personas de Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez, Julio Carlo Omar Ahumada Fernández, Manuel Luciano Carranza Ibáñez, César Alberto Vera Alvarado a favor del Estado representado por la Procuraduría Especializada Anticorrupción.
Respecto del segundo hecho referido a la ilegal ampliación del plazo que generó que la Municipalidad Distrital de Guadalupe omita aplicar al contratista la penalidad ascendente a la suma de 65 620.00 nuevos soles a lo que debe adicionarse el 100 % a razón de 2 % mensual de cada mes de los por lo menos cincuenta meses –hasta el momento de la sentencia– que se ha producido el mencionado daño al patrimonio del Estado lo que hace una reparación civil total de 131,240.00 nuevos soles que deberán pagar solidariamente las personas de Edwin Eric Mora Castillo, Manuel Luciano Carranza Ibáñez, César Alberto Vera Alvarado, Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, Juan Ramos Castañeda y Franco Ricardo Abanto Rodríguez a favor del Estado representado por la Procuraduría Especializada Anticorrupción”.
Especialista: Laurent Amaya Mego
Expediente N° 09-2012 Carpeta Fiscal N° 148-2011 Escrito:
REQUERIMIENTO ACUSATORIO
SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO
CONSTANTE CARLOS ÁVALOS RODRÍGUEZ, coordinador de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, con domicilio procesal en la esquina de las avenidas Nazareth con Carrión, sexto piso - oficina 602, ante usted digo: De conformidad con el artículos 349 del CPP 2004, procedo a formular acusación; la que deberá entenderse en los siguientes términos:
ACUSADOS
JUAN SEGUNDO RAMOS CASTAÑEDA, con DNI N° 19242088, de 52 años de edad, natural de Pueblo Nuevo-Chepén, estado civil soltero, hijo Juan José y María Etelvina, nacido el 19 de julio de 1960, de 1.64 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
FRANCO RICARDO ABANTO RODRÍGUEZ, con DNI N° 19261418, de 34 años de edad, na-
tural de Pacasmayo, estado civil soltero, hijo José y Renelda, nacido el 12 de marzo de 1978, de 1.72 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
JULIO CARLO OMAR AHUMADA FERNÁNDEZ, con DNI N° 19261248, de 34 años de edad, natural de Guadalupe-Pacasmayo, estado civil soltero, hijo Julio y María, nacido el 17 de abril de 1978, de 1.72 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
MANUEL LUCIANO CARRANZA IBÁÑEZ, con DNI N° 17831882, de 52 años de edad, natural de Trujillo, estado civil soltero, hijo Andrés y Rosa, nacido el 5 de agosto de 1959, de 1.73 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
CÉSAR ALBERTO VERA ALVARADO, con DNI N° 18022232, de 40 años de edad, natural de
Paiján- Ascope, estado civil soltero, hijo Carlos y Olga, nacido el 28 de abril de 1972, de 1.72 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
EDWIN ERIC MORA CASTILLO, con DNI N° 09875721, de 62 años de edad, natural de Guadalupe-Pacasmayo, estado civil casado, hijo Dolinbran y Marina, nacido el 24 de julio de 1950, de 1.75 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
CARLOS ALBERTO CHUQUILÍN CABANILLAS, con DNI N° 18179142, de 46 años de edad, natural de San Luis-San Pablo-Cajamarca, estado civil soltero, hijo Aurelio y Bremilda, nacido el 22 de enero de 1966, de 1.68 metros de estatura (se acompaña ficha Reniec).
HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN
Primer hecho
El ingeniero Manuel Luciano Carranza Ibáñez elaboró y suscribió como persona natural el perfil del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad otorgado por Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2007-MDG y, posteriormente, pese a que la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se lo impedía, a través del Consorcio Guadalupe, participó como único postor del Concurso Público N° 001-2008-MDG, convocado por la Municipalidad Distrital de Guadalupe para elaborar el Expediente Técnico del mismo Proyecto, siendo declarado ganador de la buena pro y suscribiendo con el Gerente Municipal Manuel Gaspar Gamarra Álvarez el contrato de servicios de fecha 14 de marzo de 2008 por la suma de S/. 656,200.00 (seiscientos cincuenta y seis mil doscientos) nuevos soles.
El proceso de selección del Concurso Público N° 001-2008-MDG fue realizado por el Comité Especial Permanente conformado por Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández, quienes pese a tener conocimiento que Manuel Luciano Carranza Ibáñez había elaborado el perfil del proyecto, indebidamente, con fecha 21 de febrero de 2008 otorgaron la buena pro –comunicada mediante Oficio N° 01-2008-MDG/CEP– a Consorcio Guadalupe que era conformado y, además, expresamente representado por Carranza Ibáñez; cuando lo que se debió hacer era declarar desierto el proceso al tener por no presentada la propuesta técni-
ca y económica al hallarse impedido dicho ingeniero de participar en el proceso, de conformidad al literal h) del artículo 9 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que señala expresamente que está impedido de ser postor y/o contratista la persona natural o jurídica que ha participado en la elaboración de los estudios o información técnica previa que da origen al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato.
Esto ha ocurrido no obstante que las personas de Juan Segundo Ramos Castañeda y Franco Ricardo Abanto Rodríguez han participado como miembros del Comité Especial en la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2007-MDG y que, además, Consorcio Guadalupe adjuntara a su Propuesta Técnica presentada en el Concurso Público N° 001-2008-MDG, para sustentar la experiencia de sus servicios de consultoría, el contrato para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil con contenido mínimo según R.M. N° 559-2006-EF/15 del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad de fecha 5 de septiembre de 2007 por S/. 98,820.00 nuevos soles que fue suscrito entre el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Edwin Eric Mora Castillo, y el ingeniero Manuel Luciano Carranza Ibáñez para la elaboración del Perfil del mismo proyecto; contrato que aparece visado por Juan Segundo Ramos Castañeda y Franco Ricardo Abanto Rodríguez; habiéndose adjuntado además a dicha propuesta el certificado de conformidad del servicio emitido.
No solo lo dicho, sino que el Comité Especial Permanente conformado por Juan Segundo Ramos
Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández aceptó como válida la propuesta técnica y otorgó la buena pro a Consorcio Guadalupe en el referido Concurso Público N° 001-2008-MDG a pesar que el otro de los consorciados César Alberto Vera Alvarado se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Proveedores - Capítulo de Consultores de Obras en la especialidad de “consultoría en obras menores”; por lo que solo podía participar en adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantía, más no en concursos públicos; con lo que sea infringido el artículo 37 de la Ley de Contrataciones.
Esto ha ocurrido no obstante que el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de fecha 11 de abril de 2007 emitido nombre de César Alberto Vera Alvarado adjunto a la Propuesta Técnica presentada al Concurso por Consorcio Guadalupe se aprecia claramente que el citado profesional se encuentra inscrito en el capítulo de Consultores de Obras en la especialidad de “Consultoría en Obras Menores”.
Debe señalarse que el numeral 6.12 de la Directiva N° 003-2003/CONSUCODE/PRE - “Disposiciones Complementarias para la participación de postores en Consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado” aprobada por Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE establece: “Si uno de los integrantes del Consorcio se encontrase impedido de ser postor o contratista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley, la propuesta se tendrá por no presentada, bajo responsabilidad del comité especial. El incumplimiento de lo señalado conlleva la nulidad del proceso y la responsabilidad de los funcionarios y autoridades intervinientes. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto en la citada disposición son nulos sin perjuicio de las acciones a que habría lugar”; siendo que dicha directiva se consigna en el literal e) del acápite Documentos Obligatorios del numeral 2.8.2.1. Sobre N° 1 - Propuesta Técnica de las Bases Administrativas del Concurso Público N° 001-2008-MDG, lo que denota su conocimiento.
Segundo hecho
De conformidad con lo dispuesto en el acápite VII Metodología de Trabajo, del capítulo IV Términos de Referencia de las Bases del Concurso Público N° 001-2008-MDG, le correspondía al Consultor elaborar el Expediente Técnico del Proyecto Desarrollar el P.E.A. (Proyecto de Evaluación Arqueológica) para obtener el C.I.R.A. (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos), entre otros. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el acápite XI Plazo de Ejecución, del capítulo IV Términos de Referencia, de las citadas bases –que forman parte del contrato suscrito el 14 de marzo de 2008– el plazo total para la presentación del informe final del servicio era de cuarenta y cinco días calendarios; por lo que la presentación del citado expediente debió efectuarse el 28 de abril de 2008. No obstante, Consorcio Guadalupe solicitó al ingeniero Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, Supervisor del Expediente Técnico, una ampliación del plazo argumentando demora en la aprobación de los informes por parte del Instituto Nacional de Cultura; lo que originó la Carta N° 019-2008-CHC/C remitida por dicho ingeniero al alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe señalando que el Consorcio ha adjuntado a su carta N° 204-2008-CG/MCI de solicitud de ampliación la documentación sustentatoria requerida.
El pedido en mención fue evaluado por el jefe de la División de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, Juan Ramos Castañeda, el que por Informe N° 323-2008-D.D.T.M.A./MDG de fecha 28 de abril de 2008 comunica al alcalde Edwin Eric Mora Castillo sobre la ampliación del plazo que estaba pidiendo Consorcio Guadalupe, derivándose a la Gerencia de Asesoría Jurídica a cargo de Franco Ricardo Abanto Rodríguez, quien viso –además que la visó Ramos Castañeda– la Resolución de Alcaldía N° 526-2008-MDG/A de 29 de abril de 2008 otorgando indebidamente Mora Castillo la ampliación del plazo del servicio de consultoría al consorcio por treinta días calendario adicionales.
Es de señalar que el indicado Mora Castillo conocía perfectamente las bases, pues fueron aprobadas por su persona en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
Pero, ocurre que la ampliación del plazo carece de sustento legal –contraviniendo el artículo 42 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado– puesto que no se sustentó en atrasos y/o paralizaciones ajenos a la voluntad del contratista, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad contratante, o a un caso fortuito o fuerza mayor, mucho menos cumplió con documentar su pedido de ampliación de plazo.
Las indagaciones realizadas por Contraloría han permitido determinar que los supuestos trámites en el Instituto Nacional de Cultura que fueron el sustento del pedido de ampliación, en la fecha en que fue solicitada esta ni siquiera se habían iniciado, conforme se aprecia del Oficio N° 961-2009-DRCLL/INC del 17 de agosto de 2009 de la Dirección Regional de Cultura de La Libertad, del Oficio N° 2879-2009-DA/DREPH/INC de 28 de agosto de 2009 y de la Resolución Directoral Nacional N° 1594 del 04 de noviembre de 2008 de las cuales se advierte que el trámite para la aprobación del INC del Proyecto de Evaluación Arqueológica se presentó recién el 12 de mayo de 2008 por el Consorcio Guadalupe; lo que deja claro que no encuentra sustento el argumento señalado en la solicitud de ampliación y por el supervisor de la elaboración del expediente técnico, pues dicha ampliación se solicitaba por la demora en la aprobación de los informes ante el Instituto Nacional de Cultura.
Esta ampliación fraudulenta generó que la Municipalidad Distrital de Guadalupe omita aplicar al contratista las penalidades correspondientes a la entrega fuera de plazo del servicio contratado ascendente a la suma de 65 620.00 nuevo soles de conformidad con la cláusula décimo segunda del contrato de servicios del 14 de marzo de 2008.
No solo lo dicho, sino que al expediente técnico se le hicieron observaciones que fueron comunicadas al alcalde de la Municipalidad de Guadalupe mediante Carta N° 031-2008-CHC/C de fecha 17 de junio de 2008 y recibida el 19 de junio de 2008; y comunicadas al Consorcio Guadalupe con fecha 26 de junio de 2009; las que fueron subsanadas y el expediente fue entregado finalmente en conformidad a la Municipalidad Distrital de Guadalupe mediante Carta N° 215-2008-CG/MCI recién el 04 de septiembre de 2008, cuando el artículo 233 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones señala que el plazo pertinente no podrá ser menor de 02 días ni exceder de 10 días y que si “pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan”; incluso en las bases se puede apreciar que si existiera observaciones por parte de la municipalidad al informe final, el consultor tiene quince días calendario para subsanar dichas observaciones.
Todo lo dicho, generó que no se hiciera cobro de la penalidad del 10 % retenido al Consorcio Guadalupe en calidad de garantía y se procediera a la devolución del dinero.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
· El Informe Especial N° 213-2011-CG/ORTR-EE - Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, La Libertad - “Irregularidades en el Proceso de Selección para Proyecto de Agua Potable” Periodo 01 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008 (y sus anexos).
· Copia de la Carta N° 032-MCI-CONSUL del 04 de septiembre del 2007 del Ing. civil Manuel Carranza Ibáñez, en el cual hace llegar el certificado original de habilitación del colegio de ingenieros del personal asignado al servicio de la ADS N° 002-2007-MDG-CEP Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad de Guadalupe, provincia de PacasmayoLa Libertad, que corre a fojas 4857.
· Copia de la Carta N° 001-2008-CG del 04 de marzo de 2008 del representante legal del consorcio Guadalupe Ing. Manuel Luciano Carranza Ibáñez, en la cual hace alcanzar el certificado de habilidad de los profesionales asignados a desarrollar el servicio de consultoría: proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Guadalupe-Pacasmayo-La Libertad, que corre a fojas 4864.
· Memorando N° 066-2012/SIR/FPP del 20 de enero de 2012 de la Subdirección de Información Registral del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en la cual informa que Víctor Hermes Ibáñez Olivares, Caduce Consultores S.A., Aquatem Ingenieros S.A., Serconsult S.A., Paradizo Contratistas y servicios generales no se encuentran inscritos en el RNP, que corre de fojas 5135 a 5136.
· Carta N° 007-2012-GAJ/MDG –y anexos–, del 9 de febrero de 2012, en el cual la Municipalidad Distrital de Guadalupe remite el Expediente del proceso de selección del Concurso Público N° 001-2008-MDG en sus diversas etapas de fojas 5261 a 5865.
· Las bases del Concurso Público N° 001-2008-MDG y propuesta de Consorcio Guadalupe.
· El contrato del Concurso Público N° 001-2008-MDG.
· Copias Certificadas del Informe N° 005-2012-ST/MDG –y anexos–, del 8 de febrero de 2012, en el cual hace llegar copias de los comprobantes de pago.
· Copia del Memorando N° 094-2012/DTN-AEO del 31 de enero de 2012 de la dirección técnico normativo del organismo superior de las contrataciones del Estado, en el que se informa que las consultas telefónicas hechas sobre normativa de adquisiciones y contrataciones del Estado en el periodo de los hechos materia de acusación eran absueltas en términos genéricos y sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, que corre a foja 6056.
· Copia de Memorando N° 488-2012/DTN del 20 de junio de 2012 de la dirección técnico normativa del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, en el cual absuelve nuestra consulta sobre la contratación consecutiva materia de la presente acusación, señalando que ello es ilegal, que corre a fojas 6216.
· Copia de la Opinión N° 114-2005/GTN del 21 de octubre de 2005 del organismo de supervisor de las contrataciones del Estado, en la cual concluye también en contra de la legalidad de la contratación consecutiva materia de la presente acusación, que corre de fojas 6217 a 6221.
· Copia de la Opinión N° 056-2006/GTN del 4 de julio de 2006 del organismo de supervisor de las contrataciones del Estado, en la cual concluye también en contra de la legalidad de la contratación consecutiva materia de la presente acusación, que corre de fojas 6222 a 6226.
· El Perfil del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad.
· El contrato de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2007-MDG.
· La Carta N° 019-2008-CHC/C remitida al alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe señalando que el Consorcio ha adjuntado a su carta N° 204-2008-CG/MCI de solicitud de ampliación la documentación sustentatoria requerida.
· Informe N° 323-2008-D.D.T.M.A./MDG de fecha 28 de abril de 2008 que comunica al alcalde Edwin Eric Mora Castillo sobre la ampliación del plazo que estaba pidiendo Consorcio Guadalupe.
· La Resolución de Alcaldía N° 526-2008-MDG/A de 29 de abril de 2008 otorgando indebidamente la ampliación del plazo del servicio de consultoría al Consorcio.
· El Oficio N° 961-2009-DRCLL/INC del 17 de agosto de 2009 de la Dirección Regional de Cultura de La Libertad, el Oficio N° 2879-2009-DA/DREPH/INC de 28 de agosto de 2009 y la Resolución Directoral Nacional N° 1594 del 4 de noviembre de 2008 de las cuales se advierte que el trámite para la aprobación del INC del Proyecto de Evaluación Arqueológica se presentó recién el 12 de mayo de 2008 por el Consorcio Guadalupe.
PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS
Del modo descrito ampliamente en el “primer hecho materia de imputación”, Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández, miembros del Comité Especial Permanente, se han interesado directamente en el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 001-2008-MDG al Consorcio Guadalupe, conformado por Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado, a pesar que el mencionado Consorcio no cumplía con los requisitos legales para el otorgamiento de la buena pro con que fue indebidamente beneficiado.
Del modo descrito ampliamente en el “segundo hecho materia de imputación”, Edwin Eric Mora Castillo ha concertado Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado para que de modo ilegal, carente de fundamento y sin la menor acreditación documentaria o probatoria, conceda una ampliación, de plazo a Consorcio Guadalupe, con perjuicio para el patrimonio del Estado, al no haber cobrado la penalidad que correspondía por ley.
Para lograr tal propósito, el ingeniero Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, supervisor del expe-
diente Técnico, remitió la Carta N° 019-2008-CHC/C al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe señalando que el Consorcio ha adjuntado a su Carta N° 204-2008-CG/MCI documentación sustentatoria requerida; al ser evaluado al Juan Ramos Castañeda, jefe de la División de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, remitió el Informe N° 323-2008-D.D.T.M.A./MDG en la que comunica al Alcalde Edwin Eric Mora Castillo sobre la ampliación del plazo que estaba pidiendo Consorcio Guadalupe; al derivarse a Franco Ricardo Abanto Rodríguez, gerente de Asesoría Jurídica, VISÓ –al igual que Juan Ramos Castañeda– la Resolución de Alcaldía N° 526-2008-MDG/A emitida por Edwin Eric Mora Castillo en su calidad de Alcalde.
CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD
En el análisis efectuado por este representante del Ministerio Público no se verifican en el caso concreto.
TIPO PENAL MATERIA DE IMPUTACIÓN NORMATIVA
La intervención de Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández debe calificarse como autoría del delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal, que prescribe: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 de Código Penal” en tanto en su calidad de funcionarios públicos miembros del Comité Especial Permanente se han interesado directamente en el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 001-2008-MDG al Consorcio Guadalupe, conformado por Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado, a pesar que el mencionado consorcio no cumplía con los requisitos legales para el otorgamiento de la buena pro
con que fue indebidamente beneficiado.
La intervención de Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado debe cali-
ficarse como complicidad primaria (de conformidad con lo que establece el artículo 25 del Código Penal) en el delito de negociación incompatible, en tanto han concurrido como postores sabiendo que no cumplían con los requisitos legales y, por ende, conociendo que iban a resultar beneficiados por los miembros del Comité Especial Permanente –en su acto interesado en beneficiarlos– con el indebido otorgamiento de la buena pro.
La intervención de Edwin Eric Mora Castillo debe calificarse como autoría del delito de colusión previsto en el artículo 384 del Código Penal: “El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni ma-
yor de quince años” (versión vigente en el momento de los hechos) en tanto de modo ilegal, como respuesta a una solicitud carente de fundamento y sin la menor acreditación documentaria o probatoria, ha concedido una ampliación de plazo a Consorcio Guadalupe, con perjuicio para el patrimonio del Estado, al haberse propiciado de dicho modo el no cobro de la penalidad que correspondía. La intervención de Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, Juan Ramos Castañeda y Franco Ricardo Abanto Rodríguez debe calificarse como complicidad primaria (de conformidad con lo que establece el artículo 25 del Código Penal) en el delito de colusión en tanto han aportado con sus pronunciamientos favorables para la ampliación del plazo para el cumplimiento del servicio; los dos
últimos incluso visando la Resolución de Alcaldía N° 526-2008-MDG/A.
La intervención de Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado debe calificarse como complicidad primaria (de conformidad con lo que establece el artículo 25 del Código Penal) en el delito de colusión, en tanto han sido quienes se han concertado con Mora Castillo para obtener la ilegal ampliación del plazo y de ese modo impedir el cobro de la penalidad que correspondía por ley.
DETERMINACIÓN DE LA PENA QUE SE SOLICITA
En lo que corresponde a Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández el marco penal concreto es una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años de pena privativa de libertad. Si como indica la doctrina el extremo mínimo del marco penal se ha previsto para los casos de absoluta mínima gravedad y el extremo máximo se ha previsto para los casos de absoluta máxima gravedad, encontrándose en el punto medio aquel caso –normativamente construido– carente de agravantes o atenuantes significativas para el que se debería imponer una pena media; lo razonable es entender que siendo el presente un caso en el que no se presentan ni relevantes circunstancias de agravación ni de atenuación lo indicado es la imposición de la pena de 05 años de pena privativa de libertad; a lo que debe añadirse la pena de 03 años de inhabilitación de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 36. En el caso de los acusados Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado al haber contribuido a la infracción de los deberes funcionariales de Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez y Julio Carlo Omar Ahumada Fernández se requiere la imposición de la sanción de 05 años de pena privativa de libertad; a lo que debe añadirse la pena de 03 años de inhabilitación de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 36.
En lo que corresponde a Edwin Eric Mora Castillo el marco penal concreto es una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años de pena privativa de libertad. Si como indica la doctrina el extremo mínimo del marco penal se ha previsto para los casos de absoluta mínima gravedad y el extremo máximo se ha previsto para los casos de absoluta máxima gravedad, encontrándose en el punto medio aquel caso –normativamente construido– carente de agravantes o atenuantes significativas para el que se debería imponer una pena media; lo razonable es entender que siendo el presente un caso en el que no se presentan ni relevantes circunstancias de agravación ni de atenuación lo indicado es la imposición de la pena de 09 años de pena privativa de libertad; a lo que debe añadirse por imperio del artículo 426 del Código Penal la pena de 03 años de inhabilitación de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 36.
En el caso de los acusados Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, Juan Ramos Castañeda y Franco Ricardo Abanto Rodríguez dado a que si bien no tienen la calidad de autores los deberes infringidos son de la misma naturaleza funcionarial que Edwin Eric Mora Castillo se requiere la imposición de la sanción de 09 años de pena privativa de libertad; a lo que debe añadirse por imperio del artículo 426 del Código Penal la pena de 03 años de inhabilitación de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 36.
En el caso de Manuel Luciano Carranza Ibáñez y César Alberto Vera Alvarado han contribui-
do a la infracción de los deberes funcionariales del autor y además han sido las personas que se ha beneficiado ilícitamente con el delito, por lo que se requiere la imposición de la sanción de 09 años de pena privativa de libertad; a lo que debe añadirse por imperio del artículo 426 del Código Penal la pena de 03 años de inhabilitación de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 36.
DETERMINACIÓN DE REPARACIÓN CIVIL QUE SE SOLICITA
El artículo 93 del Código Penal prescribe:
“La reparación comprende:
La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y
La indemnización de los daños y perjuicios”.
Es en este contexto que se debe requerir un monto de reparación civil que sea proporcional al daño que se ha causado al patrimonio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe. De esta manera: Respecto del primer hecho referido a que se otorgó de forma indebida la buena pro del Concurso
Público N° 001-2008-MDG ascendiendo a 656,200.00 (seiscientos cincuenta y seis mil doscientos) nuevos soles el monto de lo contratado; debe fijarse una reparación civil ascendente al 10 % de dicho monto que es la ganancia indebidamente obtenida por los contratistas, esto es 65,620.00 nuevos soles; a lo que debe sumarse el 100 % a razón de 2 % mensual de cada mes de los por lo menos cin-
cuenta meses –hasta el momento de la sentencia– que los contratistas tuvieron en su poder la referida ganancia indebida lo que hace una reparación civil total de 131,240.00 nuevos soles que deberán pagar solidariamente las personas de Juan Segundo Ramos Castañeda, Franco Ricardo Abanto Rodríguez, Julio Carlo Omar Ahumada Fernández, Manuel Luciano Carranza Ibáñez, César Alberto Vera Alvarado a favor del Estado representado por la Procuraduría Especializada Anticorrupción. Respecto del segundo hecho referido a la ilegal ampliación del plazo que generó que la Municipalidad Distrital de Guadalupe omita aplicar al contratista la penalidad ascendente a la suma de 65 620.00 nuevo soles a lo que debe adicionarse el 100 % a razón de 2 % mensual de cada mes de los por lo menos cincuenta meses –hasta el momento de la sentencia– que se ha producido el mencionado daño al patrimonio del Estado lo que hace una reparación civil total de 131,240.00 nuevos soles que deberán pagar solidariamente las personas de Edwin Eric Mora Castillo, Manuel Luciano Carranza Ibáñez, César Alberto Vera Alvarado, Carlos Alberto Chuquilín Cabanillas, Juan Ramos Castañeda y Franco Ricardo Abanto Rodríguez a favor del Estado representado por la Procuraduría Especializada Anticorrupción.
MEDIOS DE PRUEBA PARA SER ACTUADOS EN JUICIO
Testimonial
· Gerald Luis Flores Morán auditor de la Contraloría General de la República, que será notificado en su domicilio laboral y depondrá sobre el Informe Especial N° 213-2011-CG/ORTR-EE - Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, La Libertad - “Irregularidades en el Proceso de Selección para Proyecto de Agua Potable” Periodo 01 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008 (y sus anexos) y las irregularidades que fueron detectadas en los hechos materia de acusación.
· Alfredo Martín Valle-Riestra Laos Especialista abogado de la Contraloría General de la República, que será notificado en su domicilio laboral y depondrá sobre el Informe Especial N° 2132011-CG/ORTR-EE - Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, La Libertad - Irregularidades en el Proceso de Selección para Proyecto de Agua Potable Periodo 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008 (y sus anexos) y las irregularidades que fueron detectadas en los hechos materia de acusación.
Documentales
· El Informe Especial N° 213-2011-CG/ORTR-EE - examen Especial a la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, La Libertad - Irregularidades en el Proceso de Selección para Proyecto de Agua Potable Periodo 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008 (y sus anexos)
· Copia de la Carta N° 032-MCI-CONSUL del 04 de septiembre de 2007 del Ing. civil Manuel Carranza Ibáñez, en el cual hace llegar el certificado original de habilitación del colegio de ingenieros del personal asignado al servicio de la ADS N° 002-2007-MDG-CEP “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad de Guadalupe, provincia de PacasmayoLa Libertad, que corre a fojas 4857.
· Copia de la Carta N° 001-2008-CG del 4 de marzo de 2008 del representante legal del consorcio Guadalupe Ing. Manuel Luciano Carranza Ibáñez, en la cual hace alcanzar el certificado de habilidad de los profesionales asignados a desarrollar el servicio de consultoría: proyecto de agua potable y alcantarillado de la localidad de Guadalupe-Pacasmayo-La Libertad, que corre a fojas 4864.
· Memorando N° 066-2012/SIR/FPP del 20 de enero de 2012 de la Subdirección de Información Registral del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en la cual informa que Víctor Hermes Ibáñez Olivares, Caduce Consultores S.A., Aquatem Ingenieros S.A., Serconsult S.A., Paradizo Contratistas y servicios generales no se encuentran inscritos en el RNP, que corre de fojas 5135 a 5136.
· Carta N° 007-2012-GAJ/MDG –y anexos–, del 9 de febrero de 2012, en el cual la Municipalidad Distrital de Guadalupe remite el Expediente del proceso de selección del Concurso Público N° 001-2008-MDG en sus diversas etapas de fojas 5261 a 5865
· Las bases del Concurso Público N° 001-2008-MDG y propuesta de Consorcio Guadalupe.
· El contrato del Concurso Público N° 001-2008-MDG.
· Copias Certificadas del Informe N° 005-2012-ST/MDG –y anexos–, del 08 de febrero de 2012, en el cual hace llegar copias de los comprobantes de pago.
· Copia del Memorando N° 094-2012/DTN-AEO del 31 de enero de 2012 de la dirección técnico normativo del organismo superior de las contrataciones del Estado, en el que se informa que las consultas telefónicas hechas sobre normativa de adquisiciones y contrataciones del Estado en el periodo de los hechos materia de acusación eran absueltas en términos genéricos y sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, que corre a foja 6056.
· Copia de Memorando N° 488-2012/DTN del 20 de junio de 2012 de la dirección técnico normativa del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, en el cual absuelve nuestra consulta sobre la contratación consecutiva materia de la presente acusación, señalando que ello es ilegal, que corre a fojas 6216.
· Copia de la Opinión N° 114-2005/GTN del 21 de octubre de 2005 del organismo de supervisor de las contrataciones del Estado, en la cual concluye también en contra de la legalidad de la contratación consecutiva materia de la presente acusación, que corre de fojas 6217 a 6221.
· Copia de la Opinión N° 056-2006/GTN del 4 de julio de 2006 del organismo de supervisor de las contrataciones del Estado, en la cual concluye también en contra de la legalidad de la contratación consecutiva materia de la presente acusación, que corre de fojas 6222 a 6226.
· El perfil del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad.
· El contrato de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2007-MDG.
· La Carta N° 019-2008-CHC/C remitida al alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupe señalando que el consorcio ha adjuntado a su carta N° 204-2008-CG/MCI de solicitud de ampliación la documentación sustentatoria requerida.
· Informe N° 323-2008-D.D.T.M.A./MDG de fecha 28 de abril de 2008 que comunica al alcalde Edwin Eric Mora Castillo sobre la ampliación del plazo que estaba pidiendo Consorcio Guadalupe.
· La Resolución de Alcaldía N° 526-2008-MDG/A de 29 de abril de 2008 otorgando indebidamente la ampliación del plazo del servicio de consultoría al Consorcio.
· El Oficio N° 961-2009-DRCLL/INC del 17 de agosto de 2009 de la Dirección Regional de Cultura de La Libertad, el Oficio N° 2879-2009-DA/DREPH/INC de 28 de agosto de 2009 y la Resolución Directoral Nacional N° 1594 del 04 de noviembre de 2008 de las cuales se advierte que el trámite para la aprobación del INC del Proyecto de Evaluación Arqueológica se presentó recién el 12 de mayo de 2008 por el Consorcio Guadalupe.
OTROSÍ DIGO: Reitérese el requerimiento de comparecencia con restricciones en contra de los acusados; señalando que por las razones expuestas en los fundamentos de la acusación respecto de la plena acreditación de los hechos materia de imputación, de la gravedad de la pena probable a im-
poner en sede de sentencia condenatoria y en razón de ello, conjuntamente con la falta de reparación espontánea del daño causado, al haberse incrementado el peligro procesal de rehuir a la acción de la justicia; SE SOLICITA SE IMPONGA A CADA UNO DE LOS ACUSADOS LAS RESTRICCIONES DEL DEBER DE CONCURRIR CADA QUINCE DÍAS A CONTROLAR SUS ACTIVIDADES MEDIANTE LA FIRMA DEL CUADERNO RESPECTIVO Y UNA CAUCIÓN ASCENDENTE DE VEINTE MIL NUEVOS SOLES.
Trujillo, julio 30 de 2012
* Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad

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