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INTERVENCIÓN PREVENTIVA

INTERVENCIÓN PREVENTIVA (2)

LA INTERNACIÓN PREVENTIVA

LA INTERNACIÓN PREVENTIVA

     Artículo 293 Presupuestos.-

     1. El Juez de la Investigación Preparatoria podrá ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros, cuando medien los siguientes presupuestos:

     a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él y probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación.

     b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen análogamente los artículos 269 y 270.

     2. Si se establece que el imputado está incurso en el artículo 20, inciso dos, del Código Penal, el Juez de la Investigación Preliminar informará al Juzgado Penal competente para dictar la decisión final sobre su inimputabilidad e internación y lo pondrá a su disposición.

     Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274. No será necesaria la concurrencia del imputado si su estado de salud no lo permite, pero es obligatoria la presencia de su defensor. El Imputado podrá ser representado por un familiar.

     Artículo 294 Internamiento previo para observación y examen.

     1. El Juez de la Investigación Preparatoria, después de recibir una comunicación motivada de los peritos, previa audiencia con asistencia de las partes legitimadas, instada de oficio o a pedido de parte, podrá disponer -a los efectos de la preparación de un dictamen sobre el estado psíquico del imputado-, que el imputado sea llevado y observado en un hospital psiquiátrico público.

     2. Para adoptar esta decisión deberá tomar en cuenta si existen elementos de convicción razonable de la comisión del delito, siempre que guarde relación con la importancia del asunto y que corresponda esperar una sanción grave o la medida de seguridad de internamiento.

     3. El internamiento previo no puede durar más de un mes.

 

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 336-2011-P-PJ CIRCULAR SOBRE LA DETERMINACIÓN Y DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNACIÓN (21/09/2011)

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 336-2011-P-PJ
CIRCULAR SOBRE LA DETERMINACIÓN Y DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNACIÓN (21/09/2011)
Lima, 20 de setiembre de 2011 VISTA:
La comunicación cursada a la Presidencia del Poder Judicial por la Defensoría del Pueblo, y el Informe N° 144-2011-GA-P/PJ, del Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, sobre los problemas advertidos respecto de la determinación y duración de las medidas de internación dictadas al amparo de los artículos 74 y 75 del Código Penal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se precisó en el precedente vinculante emitido por la Sala Penal respectiva de la Corte Suprema recaído en el R.N. N° 104-2005, del dieciséis de marzo de dos mil cinco, las medidas de seguridad son sanciones que se aplican judicialmente a los inimputables o imputables relativos que han cometido un hecho penalmente antijurídico, cuya duración, en cuanto sanciones estatales, no puede ser indeterminada, por lo que el Juez debe defi nir en la sentencia su extensión temporal. Dicha decisión estableció que la medida de internación –como medida de seguridad privativa de la libertad– debe ser proporcional–principio de rango constitucional, derivado directamente a partir del sistema de los derechos de libertad– tanto a la peligrosidad potencial del agente cuanto coherente con las exigencias de tratamiento en cada caso concreto, atento a las recomendaciones que formulen los peritos psiquiatras.
SEGUNDO: Que el Código Penal, en el artículo 74, estatuye que la internación consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado (véase artículo 104, numeral 2, del Código de Ejecución Penal), con fi nes (i) terapéuticos –tratamiento que se rige conforme a puntos de vista médicos, y cuyo objetivo es la curación del internado, o bien la mejoría de su estado, a un punto de que deje de ser peligroso– o de (ii) custodia –destinado a la reclusión del inimputable, de fi nalidad asegurativa (sin perjuicio de las acciones curativas y los esfuerzos de resocialización consiguientes), en los casos en que este, a partir de la anomalía que padece, es un “autor de tendencia”, esto es, un individuo que dirige su conducta a la comisión reiterada de hechos punibles relevantes–. Corresponde al Juez, según la parte in fi ne del citado artículo, ordenar la internación del agente infractor solo cuando, en primer lugar, concurre el peligro de que muy probablemente cometerá delitos considerablemente graves, esto es, peligroso para la comunidad; y, en segundo término, padece una anomalía psíquica grave permanente.
TERCERO: Que del artículo 73 del Código Penal se desprende que es regla fundamental en esta materia, como en muchas otras, la observancia del principio de proporcionalidad. este debe ser entendido como la equivalencia o relación entre el signifi cado de los hechos típicamente antijurídicos cometidos –que tienen un carácter indiciario– y los esperables del imputado, así como de la magnitud del estado de su peligrosidad para sí mismo o de la comunidad. Tales presupuestos han de observarse en el momento de la emisión de la correspondiente condena.
CUARTO: Que en atención a los subprincipios de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad, la medida de internación, califi cada como una de las alternativas más graves de las medidas de seguridad para el caso de los inimputables, según se tiene expuesto, solo se impondrá cuando sea estrictamente indispensable a partir de la valoración global del autor y su hecho para evitar el peligro de que el agente cometa delitos considerablemente graves.
Abona a lo consignado el Principio 16.1, del Estatuto aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991 sobre “Los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental”, que establece que una persona solo podrá ser admitida o retenida como paciente involuntario en una institución psiquiátrica cuando un médico califi cado y autorizado por ley determine que se trata de una persona que presenta una anomalía psíquica grave y considere que debido a esa condición mental existe un riesgo grave de daño inmediato o inminente para esa persona o para terceros.
QUINTO: Que, como regla general obligatoria y atento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 del Código Penal, la determinación de la medida de seguridad de internación impuesta al inimputable no puede exceder el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el imputado hubiera sido declarado responsable –pena impuesta por el Juez en el caso concreto–. No obstante ello, la duración de la medida puede cesar antes del vencimiento del tiempo previsto en la sentencia, cuando la recuperación o mejora de la salud mental del inimputable permita sustituir el internamiento por el tratamiento ambulatorio o, incluso, la supresión de ambas medidas de seguridad por innecesarias –cuando la internación ya no sea determinante para la fi nalidad de aseguramiento perseguida–.
SEXTO: Que, para estos efectos y acorde a lo normado en los artículos 75 del Código Penal y 492.2 del Código Procesal Penal, es deber de la autoridad del Centro de Internación donde se encuentra el agente efectuar exámenes periódicos cada seis meses a fi n de emitir un informe médico que se pronuncie sobre su estado psiquiátrico, para que el Juez evalúe si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido o no; y, en atención a los principios antes descritos y en un plazo razonable, determine el cese, cancelación o mantenimiento de la medida de internación impuesta. Por ello, corresponde a los Jueces que conocen los procesos penales en etapa de ejecución adoptar las medidas de control necesarias para evitar medidas de internación excesivas, en muchos casos clínicamente innecesarias, y que, por lo mismo, terminan afectando el derecho fundamental a la libertad del condenado.
SÉTIMO: Que los órganos jurisdiccionales, al momento de imponer la medida de seguridad pertinente, deberán solicitar previamente a uno o dos peritos especializados un informe sobre el estado de salud mental (artículos 75, numeral 1, del Código Procesal Penal y 189 del Código de Procedimientos Penales, según el caso) para decidir de acuerdo a los criterios clínicos comúnmente aceptados qué tipo de medida y modalidad de hospitalización se debe aplicar a los inimputables, a efectos de que la decisión adoptada cumpla con los fi nes terapéuticos, de custodia o tutela y de rehabilitación establecidos en los artículos IX del Título Preliminar y 74 del Código Penal.
Por estos fundamentos, el Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 73 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27465.
SE RESUELVE
Artículo Primero.- Precisar que la duración de la medida de internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de la libertad que hubiera correspondido aplicar al infractor por el delito cometido. Sin embargo, en el transcurso de la internación, conforme al artículo 75, primer párrafo, del Código Penal, se puede cesar, sustituir o, en su caso, mantener la medida impuesta cuando las causas que hicieron necesarias la aplicación de la medida al inimputable persistan, han desaparecido o, de otro modo, han variado de tal suerte que haga aconsejable el cumplimiento de otra medida si a través de ella se pueda mejorar la resocialización del autor.
Artículo Segundo.- Exhortar a los Jueces que conocen procesos penales de inimputables en ejecución de sentencia, para que, en un plazo razonable y, necesariamente, cada seis meses, previa pericia médica del Centro Hospitalario Especializado, o del Centro Hospitalario Penitenciario a que se refi ere el artículo 104, numeral 2, del Código de Ejecución Penal, se pronuncien respecto a la continuación, cese, o variación de la medida de internación.
Artículo Tercero.- Exhortar al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional Penitenciario para que, al más breve plazo, constituya Centros o Secciones Hospitalarias adecuadas y dicten, en lo pertinente, las medidas necesarias para el control y evaluación de los internos inimputables por resolución judicial en el plazo previsto por ley.
Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia de Informática del Poder Judicial formule el Plan Tecnológico correspondiente para el adecuado registro y seguimiento de las medidas de detención dictados por los Jueces de la república, así como ordenar que los Jueces del Orden Jurisdiccional Penal comuniquen, por intermedio de la Presidencia de la Corte Superior respectiva, las medidas de detención y el control de su ejecución conforme al artículo 75 del Código Penal.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente Resolución Circular a todas las Cortes Superiores del Perú, Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Salud, Instituto Nacional Penitenciario y Defensoría del Pueblo.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
CESAR SAN MARTÍN CASTRO
PRESIDENTE

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