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EL EMBARGO

EL EMBARGO

     Artículo 302 Indagación sobre bienes embargables.- En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas.

     Artículo 303 Embargo.-

     1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, según el caso, solicitarán al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción de la medida de embargo. A estos efectos motivará su solicitud con la correspondiente justificación de la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción, especificará el bien o derecho afectado, precisará el monto del embargo e indicará obligatoriamente la forma de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el Código Procesal Civil.

     2. El actor civil debe ofrecer contracautela. Ésta no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 614 del Código Procesal Civil.

     3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de los recaudos acompañados o que, de ser el caso, solicite al Fiscal, dictará auto de embargo en la forma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea más gravosa que la requerida, pronunciándose, en su caso, por la contracautela ofrecida. Se adoptará la medida de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación, y por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien.

     4. La prestación de la contracatuela, cuando corresponde, será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento o ejecución del embargo acordado. Corresponde al Juez pronunciarse sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la contracautela ofrecida.

     5. Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el artículo 613 del Código Procesal Civil.

     6. Aun denegada la solicitud de medida cautelar de embargo, podrá reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición.

     7. Si se ha dictado sentencia condenatoria, aun cuando fuere impugnada, a solicitud de parte, procede el embargo, sin necesidad de contracautela ni que se justifique expresamente la probabilidad delictiva.

     Artículo 304 Ejecución e Impugnación del auto de embargo.-

     1. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es inadmisible.

     2. Ejecutada la medida se notificará a las partes con el mandato de embargo.

     3. Se puede apelar dentro del tercer día de notificado. El recurso procede sin efecto suspensivo.

     Artículo 305 Variación y Alzamiento de la medida de embargo.-

     1. En el propio cuaderno de embargo se tramitará la petición de variación de la medida de embargo, que puede incluir el alzamiento de la misma. A este efecto se alegará y en su caso se acreditarán hechos y circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión. La solicitud de variación y, en su caso, de alzamiento, se tramitará previo traslado a las partes. Rige, en lo pertinente, el artículo 617 del Código Procesal Civil.

     2. Está permitida la sustitución del bien embargado y su levantamiento previo empoce en el Banco de la Nación a orden del Juzgado del monto por el cual se ordenó la medida. Efectuada la consignación la resolución de sustitución se expedirá sin trámite alguno, salvo que el Juez considere necesario oír a las partes.

     3. La resolución que se emita en los supuestos previstos en los numerales anteriores es apelable sin efecto suspensivo.

     Artículo 306 Sentencia firme y embargo.-

     1. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o resolución equivalente, se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado, y se procederá de ser el caso a la determinación de los daños y perjuicios que hubiera podido producir dicha medida si la solicitó el actor civil.

     2. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzosa respecto del bien afectado.

     Artículo 307 Autorización para vender el bien embargado.-

     1. Si el procesado o condenado decidiere vender el bien o derecho embargado, pedirá autorización al Juez.

     2. La venta se realizará en subasta pública. Del precio pagado se deducirá el monto que corresponda el embargo, depositándose en el Banco de la Nación. La diferencia será entregada al procesado o a quien él indique.

     Artículo 308 Desafectación y Tercería.-

     1. La desafectación se tramitará ante el Juez de la Investigación Preparatoria. Procede siempre que se acredite fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece a persona distinta del imputado o del tercero civil, incluso si la medida no se ha formalizado o trabado. Rige, en lo pertinente, el artículo 624 del Código Procesal Civil.

     2. La tercería se interpondrá ante el Juez Civil, de conformidad con el Código Procesal Civil. Deberá citarse obligatoriamente al Fiscal Provincial en lo Civil, que intervendrá conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 113 de dicho Código.

     Artículo 309 Trámite de la apelación en segunda instancia. Las apelaciones respecto de las resoluciones contempladas en los artículos 304, 305.3 y 308.1 se tramitarán, en lo pertinente, conforme al artículo 278.

 

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LA INCAUTACIÓN

LA INCAUTACIÓN

     Artículo 316 Objeto de la incautación.-

     1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público.

     2. Acto seguido, el Fiscal requerirá inmediatamente al Juez de la Investigación Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días.

     3. En todo caso, para dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal.

     Artículo 317 Intervención Judicial.-

     1. Si no existe peligro por la demora, las partes deberán requerir al Juez la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como para decidir en el supuesto previsto en el artículo anterior, debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos.

     2. Rige el numeral 3 del artículo 316.

     Artículo 318 Bienes incautados.-

     1. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto. La Fiscalía de la Nación dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la corrección y eficacia de la diligencia, así como para determinar el lugar de custodia y las reglas de administración de los bienes incautados.

     2. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible- se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de derecho sobre aquellos, adicionalmente a su ocupación, se procederá de manera que dicha medida se anote en el registro respectivo, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva.

     3. El bien incautado, si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron su adopción, si la Ley lo permite, puede ser:

     a) Devuelto al afectado a cambio del depósito inmediato de su valor; o,

     b) Entregado provisionalmente al afectado, bajo reserva de una reversión en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión del proceso. En el primer supuesto, el importe depositado ocupa el lugar del bien; y, en el segundo supuesto, la medida requerirá que el afectado presente caución, garantía real o cumpla determinadas condiciones.

     4. Si se alega sobre el bien incautado un derecho de propiedad de persona distinta del imputado o si otra persona tiene sobre el bien un derecho cuya extinción podría ser ordenada en el caso de la incautación o del decomiso, se autorizará su participación en el proceso. En este caso el participante en la incautación será oído, personalmente o por escrito, y podrá oponerse a la incautación.

     Para el esclarecimiento de tales hechos, se puede ordenar la comparecencia personal del participante de la incautación. Si no comparece sin justificación suficiente, se aplicarán los mismos apremios que para los testigos. En todo caso, se puede deliberar y resolver sin su presentación, previa audiencia con citación de las partes. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     Artículo 318.- Bienes incautados

     1. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto. La Fiscalía de la Nación dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la corrección y eficacia de la diligencia, así como para determinar el lugar de custodia y las reglas de administración de los bienes incautados.

     2. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible- se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de derecho sobre aquellos, adicionalmente a su ocupación, se procederá de manera que dicha medida se anote en el registro respectivo, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva. De igual forma, se procederá cuando se dicte la medida de incautación sobre bienes inscribibles. Cuando los bienes incautados no se encuentren a nombre del inculpado se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros Públicos, debiendo el funcionario competente proceder conforme al mandato judicial.

     3. El bien incautado, si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron su adopción, si la Ley lo permite, puede ser:

     a) Devuelto al afectado a cambio del depósito inmediato de su valor; o,

     b) Entregado provisionalmente al afectado, bajo reserva de una reversión en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión del proceso. En el primer supuesto, el importe depositado ocupa el lugar del bien; y, en el segundo supuesto, la medida requerirá que el afectado presente caución, garantía real o cumpla determinadas condiciones.

     4. Si se alega sobre el bien incautado un derecho de propiedad de persona distinta del imputado o si otra persona tiene sobre el bien un derecho adquirido de buena fe cuya extinción podría ser ordenada en el caso de la incautación o del decomiso, se autorizará su participación en el proceso. En este caso el participante en la incautación será oído, personalmente o por escrito, y podrá oponerse a la incautación.

     Para el esclarecimiento de tales hechos, se puede ordenar la comparecencia personal del participante de la incautación. Si no comparece sin justificación suficiente, se aplicarán los mismos apremios que para los testigos. En todo caso, se puede deliberar y resolver sin su presentación, previa audiencia con citación de las partes.

     Artículo 319 Variación y reexamen de la incautación.-

     1. Si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio Público o del interesado.

     2. Las personas que se consideren propietarios de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin de que se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad.

     3. Los autos que se pronuncian sobre la variación y el reexamen de la incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el peticionario. Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278 y en los numerales 2) y 3) del artículo 279.(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 319.- Variación y reexamen de la incautación

     a) Si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio Público o del interesado.

     b) Las personas que se consideren propietarios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin que se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad. (*)RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS

     c) Los autos que se pronuncian sobre la variación y el reexamen de la incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el peticionario. Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278 y en los numerales 2) y 3) del artículo 279.

     Artículo 320 Pérdida de eficacia de la incautación.-

     1. Dictada sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o de archivo de las actuaciones, los bienes incautados se restituirán a quien tenga derecho, salvo que se trate de bienes intrínsecamente delictivos. El auto, que se emitirá sin trámite alguno, será de ejecución inmediata.

     2. La restitución no será ordenada si, a solicitud de las partes legitimadas, se deben garantizar -cuando corresponda- el pago de las responsabilidades pecuniarias del delito y las costas.

 

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EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS

EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS

     Artículo 232 Aseguramiento de documentos privados.- Cuando la Policía o el Fiscal, al realizar un registro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación con arreglo al artículo siguiente, se limitará a asegurarlo -sin examinar su contenido-, sin perjuicio que el Fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial, antes de vencidas las veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y solicitando dicte orden de incautación, previo examen del documento. El Juez resolverá dentro de un día de recibida la comunicación bajo responsabilidad.

     Artículo 233 Incautación de documentos privados.-

     1. El Fiscal, cuando existan motivos suficientes para estimar que una persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, solicitará al Juez para la Investigación Preparatoria dicte orden de incautación.

     2. La resolución autoritativa se expedirá inmediatamente, sin trámite alguno, y contendrá fundamentalmente el nombre del Fiscal a quien autoriza, la persona objeto de intervención y, de ser posible, el tipo de documento materia de incautación.

     3. Recabada la autorización, el Fiscal la ejecutará inmediatamente. De la diligencia se levantará el acta de incautación correspondiente, indicándose las incidencias del desarrollo de la misma.

     4. Rige, en lo pertinente, el artículo 218  y siguientes.

     Artículo 234 Aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos.-

     1. La Fiscalía, o la Policía por orden del Fiscal, cuando se trata de indagaciones indispensables para el esclarecimiento de un delito, puede inspeccionar los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos de una persona, natural o jurídica. Si de su revisión considera que debe incautar dicha documentación, total o parcialmente, y no cuenta con orden judicial, se limitará a asegurarla, levantando el acta correspondiente. Acto seguido el Fiscal requerirá la inmediata intervención judicial, antes de vencidas veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y el acta respectiva, solicitando a su vez el mandato de incautación correspondiente.

     2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 230 y 231.

 

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INCAUTACION

INCAUTACIÓN:
“[…] En torno a la variación de los presupuestos que se contienen en el literal a) del artículo 319º, en realidad no han variado […] manteniéndose los iniciales que han ameritado la confirmación de la incautación y por ende no resulta cierto que no se tengan por el momento suficientes elementos de convicción en torno a que el vehículo incautado con placa RU-9639 pueda resultar un bien […] con una razonable probabilidad de un comiso definitivo por parte del Estado Peruano; en consecuencia el Juzgador considera que dada estas circunstancias no es posible estimar el pedido de reexamen con fines de devolución del bien incautado; dejando a salvo para que esta petición lo puedan hacer valer una vez se tengan elementos de convicción que reviertan estas circunstancias y presupuestos que aún se mantienen en torno a la decisión de confirmación de incautación[…]”.
Base Legal: CC: Arts. 2013º, 2014º; NCPP: Arts.218º, 316º, 319.a, 319.b
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PUNO
EXPEDIENTE : 00620-2011-22-2101-JR-PE-01
JUEZ : VÍCTOR CALIZAYA COILA
IMPUTADO : ANA AURELIA VILCA GALLEGOS Y OTROS
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO (SUNAT – ADUANAS)
ESPECIALISTA DE AUD. : ZULEMA ALATRISTA VIZCARRA
DELITO : CONTRABANDO
Resolución Nº Cuatro
IMPROCEDENCIA DEL REEXAMEN DE INCAUTACIÓN ANTE LA NO VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES QUE DETERMINARON SU IMPOSICIÓN
Puno, veintitrés de agosto Del año dos mil once
OIDOS: Los fundamentos en torno al reexamen de incautación propuesto por Ana Aurelia Vilca Gallegos y atendiendo además a los argumentos vertidos en la absolución conferida por el Ministerio Público y, CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que el Código Procesal Penal en su artículo 319º ha precisado los presupuestos para el reexamen de incautación de bienes, es así que en su literal a) asume el primer presupuesto en torno a que el reexamen puede ser estimado cuando varíen los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, lo cual, de ser estimada favorablemente implicaría el levantamiento inmediato de esta medida y por ende se entiende también la posibilidad de devolución del bien; el literal b) del artículo 319º establece otro presupuesto en relación al adquiriente de buena fe; empero que dicho adquiriente de buena fe no haya intervenido en el delito investigado, de igual manera de estimarse positivo este presupuesto implica la devolución del bien.
SEGUNDO.- En el caso concreto la parte solicitante en torno a su pretensión, ha indicado que formula oposición y cuestionamiento a la incautación; el Juzgador en función al principio de Iuria Novit Curia que se contempla dentro de la teoría del proceso y específicamente en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, estima que en realidad se estaría solicitando el reexamen de la incautación y por ende la finalidad que persigue su pretensión es la devolución del vehículo; por tanto, esta oposición y cuestionamiento resultaría incongruente en cuanto a su proposición, toda vez de que la oposición se generaría frente a un requerimiento del Ministerio Público, por ende, para fines de la decisión judicial se entenderá que en el fondo la pretensión que busca la persona de Ana Aurelia Vilca Gallegos, es la devolución del vehículo a través del reexamen de la medida de incautación; hecha esta precisión se ha aludido por la parte solicitante de que se ha intervenido el vehículo automotor de placa RU-9639 marca Toyota, modelo Hiace año noventa y ocho, el treinta y uno de marzo del dos mil once, aludiendo que el Ministerio Público optó por esa medida restrictiva de derechos en razón de que dos números del motor habían sido corroídos o alterados, asimismo se habría aludido que no se habría pagado el impuesto vehicular de los años dos mil nueve y dos mil diez, alude además que es una adquiriente de buena fe, específicamente cuarta adquiriente, tomando en cuenta que la persona de Segundo Ticona Enríquez habría sido el primer propietario luego Eloy Tapia Barrantes, posteriormente Victoriano Poma Checalla y finalmente la solicitante Ana Aurelia Vilca Gallegos; señala que el vehículo se encuentra inmatriculado y que la adquisición la habría realizado de buena fe, alude por otro lado que no se ha aperturado formalmente investigación preliminar y por ende, no puede entendérsele como que estuviera comprendida en el delito investigado y además que el Ministerio Público no tendría los suficientes elementos de convicción; a todo ello alude que el Juzgado debería tomar en cuenta el principio de Ponderación de Bienes Jurídicos, toda vez que dicho vehículo afectado es una herramienta de trabajo y que viene trayendo consigo consecuencias en torno a diversas necesidades que debe satisfacer la familia de la afectada Ana Aurelia Vilca Gallegos; en cuanto a la buena fe hace alusión a los artículos 2013º y 2014º del Código Civil. Por su parte el Ministerio Público alude que en efecto el vehículo presenta una serie regrabada, asimismo alude que se tendría una tarjeta presuntamente falsa, esto de acorde con las pericias que tendría la investigación preliminar, acepta que la afectada es la cuarta adquiriente además admite que no se estaría evidenciando durante la investigación preliminar algún comportamiento ilícito por parte de la afectada Ana Aurelia Vilca Gallegos; empero ha aclarado de qué relación a este vehículo noventa y seis treinta y nueve, la inscripción habría obedecido a un proceso tramitado ante el Juez de Paz del distrito de Plateria Ladislao Pauro Llutari, el que se habría generado esta inscripción y por ende número de placa RU-9639 y que hechas las verificaciones y recabadas las informaciones en realidad aparecería otro vehículo inscrito en forma anterior con placa Z1G410 con placa anterior RU-6330 que presenta número de motor y número de serie distinto al vehículo con placa RU-9639.
TERCERO.- Hechos estos alcances acorde a los argumentos expuestos por las partes, el Juzgador debe recurrir a que el Acuerdo Plenario 5-2010 de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, alude a dos formas de incautación: una primera denominada como incautación instrumental referida a que este tipo de incautación se destina a la búsqueda de pruebas y que se contiene en los artículos 218º y siguientes del Código Procesal Penal, por otro lado hace referencia a una incautación de naturaleza cautelar ante la probabilidad de un comiso definitivo del bien incautado y esto acorde al artículo 316º y siguientes del Código Procesal Penal; asimismo cabe aludir que el Juez de Investigación Preparatoria al emitir sus decisiones judiciales también está facultado para esgrimir razonablemente los alcances acorde a las máximas de la experiencia y a hechos de naturaleza pública que resultan evidentes, a fin de corroborar esta decisión; en el caso concreto resulta sustancial para la decisión judicial que es de conocimiento público sobre todo de los operadores jurídicos trasuntados en los jueces penales, de que el Juez de Paz Ladislao Pauro Llutari en realidad estaría inmiscuido en una serie de irregularidades, en cuanto al haber tramitado procesos simulados con la única finalidad de generar inmatriculaciones de vehículos ilegales; es decir, presuntamente ingresados burlando los controles aduaneros y muchos casos de estos vehículos aludidos que fueran sometidos a proceso aparentemente simulado por el referido Juez de Paz se encuentran también en investigación a nivel fiscal, a más de que las circunstancias personales del referido Juez, es que sería una persona no habida y como tal ha asumido un comportamiento que desde ya ha puesto en evidencia de que en efecto el referido Juez habría incurrido en serias irregularidades en torno a ser partícipe de trámites irregulares que desde ya podrían conducirse con la nulidad virtual y la nulidad virtual en materia de ineficacia de actos jurídicos, indica de que cuando un acto jurídico nace muerto nunca tendrá vida, distinto a la ineficacia referente a la anulabilidad a la resolución o a la rescisión que son otras formas de ineficacia que si son subsanables; es decir, actos jurídicos que podríamos decirlo nacen enfermos; pero que pueden ser subsanados con el perfeccionamiento a través de otros actos jurídicos o manifestaciones de voluntad, estos extremos los desarrolla ampliamente el tema de ineficacia de actos jurídicos que se contienen en el Código Civil; por tanto se tiene una situación muy delicada, por supuesto en torno a este vehículo automotor, que mas allá de la adquisición de buena fe, también limita que el Órgano Jurisdiccional pueda avalar posibles actos que desde ya están cuestionados a través de la sola intervención de este Juez de Paz Ladislao Pauro Llutari; en consecuencia, mal podría el Juzgador asumir una adquisición de buena fe en torno a un vehículo que desde ya estaría inmerso en torno a su inscripción en posible ineficacia de naturaleza virtual; no obstante ello debe ser determinado en la vía correspondiente y dada estas circunstancias la adquisición de buena fe debería de ser materia de una actividad probatoria direccionada a dicha pretensión, pretensión que desde ya, es de competencia de los Órganos Jurisdiccionales de naturaleza civil, en el que bien las partes afectadas con cualquier incautación podrían hacerse reconocer este derecho, pues el espacio procesal penal no posibilita hacer un análisis de fondo en torno a estos presupuestos, a más que generarían una especie de indefensión en torno a que necesariamente deberían considerarse en estas posibles pretensiones algunas otras instancias estamentales u otras personas a quienes se tendría que direccionar esta pretensión, por ende, el Juzgador considera que la adquisición de buena fe no es posible declararla liminarmente en sede penal dada las circunstancias explicadas; en torno a la variación de los presupuestos que se contienen en el literal a) del artículo 319º, en realidad no han variado estos presupuestos siguen manteniéndose los iniciales que han ameritado la confirmación de la incautación y por ende no resulta cierto que no se tengan por el momento suficientes elementos de convicción en torno a que el vehículo incautado con placa RU-9639 pueda resultar un bien que pueda ser sometido finalmente a esta incautación de naturaleza cautelar con una razonable probabilidad de un comiso definitivo por parte del Estado Peruano; en consecuencia el Juzgador considera que dada estas circunstancias no es posible estimar el pedido de reexamen con fines de devolución del bien incautado; dejando a salvo para que esta petición lo puedan hacer valer una vez se tengan elementos de convicción que reviertan estas circunstancias y presupuestos que aún se mantienen en torno a la decisión de confirmación de incautación; por estas consideraciones:
SE RESUELVE: POR EL MOMENTO DECLARAR IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DEL BIEN INCAUTADO del vehículo RU-9639, marca Toyota, modelo Hiace, año mil novecientos noventa y ocho y demás datos esgrimidos por las razones expuestas; DEJANDO A SALVO el derecho de los peticionantes de hacerlo valer en tanto varíen estas circunstancias; sin perjuicio de que haga valer su derecho de reconocimiento de la adquisición de buena fe ante la vía correspondiente, además sin perjuicio de que si en sede fiscal se estima que han variado estas circunstancias, también el Ministerio Público opte por pedir esta devolución ante el Órgano Jurisdiccional.

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ACUERDO PLENARIO N° 5-2010/CJ-116 Fundamento: Artículo 116 TUO LOPJ Asunto: Incautación

ACUERDO PLENARIO N° 5-2010/CJ-116
Fundamento: Artículo 116 TUO LOPJ
Asunto: Incautación
Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa número 165-2010-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor San Martín Castro, acordaron realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ–, para dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
El Pleno Jurisdiccional se realizó en tres fases.
En la determinación de los temas jurídico penales objeto de tratamiento plenario los señores Jueces Supremos discutieron y defi nieron la agenda. Al respecto, se tuvo en cuenta los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídico penal que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el último año. Se estableció siete temas objeto de tratamiento jurisprudencial y sus respectivos problemas específi cos.
En la segunda fase, denominada participación ciudadana, tuvo como fi nalidad promover la intervención y el aporte de la comunidad jurídica del país para la solución de cada uno de los problemas antes planteados. Para ello se habilitó el foro de participación a través del portal electrónico del Poder Judicial, con el que se logró un amplio concurso de diversas instituciones del país a través de sus respectivas ponencias.
Luego de una debida selección de las ponencias presentadas, se realizó en fecha cuatro de noviembre la audiencia pública correspondiente. Los representantes de todas las instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales.
3. En cuanto al tema en debate: “la incautación”, informaron oralmente los señores Alcídes Mario Chinchay Castillo –en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal– y Víctor Burgos Marino –en representación del Centro de Estudios para la Reforma de la Justicia, Democracia y Libertad–.
4. La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios, labor que recayó en los señores Jueces Supremos Ponentes en cada uno de los siete temas. Esta fase culminó con la Sesión Plenaria realizada en la fecha. Los diez señores Jueces Supremos intervinieron con igual derecho de voz y voto.
5. El Acuerdo Plenario, como expresión de una decisión común de los señores Jueces Supremos en lo Penal, se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar decisiones de esta naturaleza con la fi nalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.
6. La deliberación y votación del tema “la incautación” se realizó el día de la fecha. Como resultado de la deliberación y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Interviene como ponente el señor San Martín Castro.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Aspectos generales. Objeto de la incautación
La incautación, en cuanto medida procesal, presenta una confi guración jurídica dual: como medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos –propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos– (artículos 218 al 223 del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–), y como medida de coerción –con una típica función cautelar– (artículos 316 al 320 del NCPP)–. En ambos casos es un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible.
En el primer caso, su función es primordialmente conservativa –de aseguramiento de fuentes de prueba material– y, luego, probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso, su función es substancialmente de prevención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de la verdad.
Aún cuando en la identifi cación de los bienes sujetos a una u otra medida existen ámbitos comunes –pueden cumplir funciones similares–, lo esencial estriba en la función principal que cumplen, básicamente de cara a la posibilidad de una consecuencia accesoria de decomiso, con arreglo al artículo 102 del Código Penal –en adelante, CP–.
8. La incautación instrumental (artículo 218 del NCPP) recae contra (i) los bienes que constituyen cuerpo del delito, o contra (ii) las cosas que se relacionen con el delito o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. El objeto de esta medida de aseguramiento es amplio y, por su propia naturaleza investigativa, comprende una extensa gama de bienes u objetos relacionados, de uno u otro modo, con el delito. En estricto sentido se entiende por;
“Cuerpo del delito”, además de la persona –el cadáver en el delito de homicidio– comprende al objeto del delito, es decir, aquel contra el que recae el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos lesivos –la droga en el delito de tráfi co ilícito de drogas–.
Las “cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento”, son tanto las ‘piezas de ejecución’: medios u objetos a través de los cuales se llevó a cabo la comisión del delito, como las denominadas ‘piezas de convicción’: cosas, objetos, huellas o vestigios materiales, que pueden servir para la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias del hecho punible.
8. La incautación cautelar (artículo 316.1 del NCPP) incide en los efectos provenientes de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito permitidos por la ley.
Los efectos del delito o producta scaeleris son los objetos producidos mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda falsa, así como las ventajas patrimoniales derivadas del hecho punible, como el precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida por el transporte de droga, etcétera.
Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los objetos que, puestos en relación de medio a fi n con la infracción, han servido para su ejecución, tales como el vehículo utilizado para el transporte de la mercancía, los útiles para el robo, el arma empleada, maquinarias del falsifi cador, etcétera.
Los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la droga en el delito de tráfi co ilícito de drogas, los bienes de contrabando en dicho delito, etcétera, para lo que se requiere una regulación específi ca.
En estos casos la incautación como medida procesal precede al decomiso como consecuencia accesoria que se dictará en la sentencia (artículo 102 del CP).
10. Como se advierte de los parágrafos precedentes, los bienes y objetos que pueden incautarse –privación de la posesión de un bien u objeto y su consecuente indisponibilidad y ocupación por la autoridad penal– cumplen en la mayoría de los casos una doble función: garantiza su eventual decomiso como consecuencia accesoria del delito conforme a las disposiciones del artículo 102 y siguientes del CP, y permite su efi caz control para la acreditación del hecho punible –asegura su utilización por las partes y el Juez como objeto de prueba–.
Como ya quedó expuesto, la función que prima en el caso concreto será la determinante, aunque desde luego una distinción radical es, por lo menos, particularmente complicada. A estos efectos, se ha de tener en cuenta el estado de la causa –específi camente, de la investigación– al momento de su imposición, y la evidencia de que se trata de un bien u objeto destinado, sin difi cultad alguna, a la consecuencia accesoria del decomiso.
§ 2. Régimen de la incautación
La incautación, instrumental o cautelar, es una medida que la realiza, en primer término, la Policía o la Fiscalía, pero a continuación requiere de la decisión confi rmatoria del Juez de la Investigación Preparatoria.
En los casos de fl agrancia delictiva –en las modalidades reconocidas por el artículo 259 del NCPP– o de peligro inminente de su perpetración, por su propia confi guración situacional, es obvio que la Policía debe incautar los bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible. La necesidad de la ocupación de bienes u objetos vinculados al delito, a fi n de ponerle término y garantizar su probanza efectiva, a la par que consolidar la razonabilidad de la intervención policial, está fuera de discusión. En estos casos la comisión del delito se percibe con evidencia –se da una relación directa del delincuente con el bien o cosa relacionada con el delito– y exige de manera inexcusable una inmediata intervención de la autoridad.
Fuera de ambos supuestos, la incautación en el curso de la investigación preparatoria –en es-pecial durante las denominadas “primeras diligencias”– requiere de una decisión del Fiscal. La autoridad policial, por consiguiente, necesita de una expresa autorización del Fiscal. A su vez, la legalidad de la orden o autorización fi scal se centra, sin perjuicio de la presencia de indicios de criminalidad mínimos, en lo que se denomina “peligro por la demora”, en tanto fi n constitucionalmente legítimo. El juicio de necesidad de la medida es básico. Es el riesgo fundado de que de no incautarse o secuestrarse un bien o cosa delictiva haría inefi caz la averiguación de la verdad –obstrucción de la investigación y del proceso en general– y en su caso las medidas de ejecución penal pertinentes. La incautación, precisamente, garantiza que no se desaparezcan u oculten tales bienes o cosas, con lo que se difi cultaría su apreciación judicial como objeto de prueba o se frustraría el ulterior decomiso, si correspondiera –la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia se pondría en crisis–.
Se requerirá previa orden judicial cuando el peligro por la demora, no es que sea inexistente, sino que en él no confl uya la noción de urgencia y siempre que se trate de bienes objeto de decomiso (artículo 317 del NCPP). Esta noción dice de la perentoriedad o necesidad inmediata, apremiante de la incautación; cuando el riesgo de desaparición del bien o cosa delictiva es más actual o grave. Si no se presenta esta situación fáctica será del caso pedir la orden judicial.
La intervención judicial es imprescindible. Salvo el supuesto c) del parágrafo anterior, que requiere resolución judicial previa –el Juez tiene aquí la primera palabra–, la regla es que ejecutada la medida por la Policía motu proprio o por decisión de la Fiscalía, el Juez de la Investigación Preparatoria debe dictar una resolución, que puede ser confi rmatoria de la decisión instada por el Fiscal o desaprobatoria de la incautación policial-fi scal.
La regla general en la materia es que la decisión judicial se dicta sin trámite alguno –el mismo día o a más tardar al día siguiente–, salvo norma específi ca al respecto (artículos 203 y 254.1 del NCPP). En los dos supuestos de incautación, instrumental y cautelar, no se exige la celebración de una audiencia; solo el previo traslado a las partes o sujetos procesales, en especial al afectado, si no existiere riesgo fundado de pérdida de fi nalidad de la medida –si el conocimiento de la posible incautación podría determinar la desaparición u ocultamiento del bien o cosa delictiva–. Pero, por otro lado, es posible que el Juez, discrecionalmente, decida la realización de una audiencia. Disponer el traslado o realizar la audiencia es una decisión previa inimpugnable, opción que, en caso de revisión de la decisión fi nal, no puede ser censurada por el Tribunal Superior, a menos que ponga en serio riesgo la fi nalidad procesal de la incautación o no persiga utilidad procesal alguna.
§ 3. Ausencia de resolución judicial. Efectos procesales
La incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución –excepción, parágrafo 10, literal c)– o después de ella –regla general, parágrafo 10, literales a) y b)–. En el último caso, la ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, al vulnerarse un requisito de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un efecto distinto –de nulidad absoluta e insubsanabilidad–, en cambio, tiene el primer supuesto, atento a su especial relevancia: sin resolución judicial no puede tener lugar legalmente una incautación.
La confi rmación judicial debe solicitarse ‘inmediatamente’ (artículo 203.3 y 317.2 del NCPP). Esto último signifi ca que entre el momento en que tiene lugar la incautación y que se presenta la solicitud de confi rmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin tardanza injustifi cada, lo que será apreciable caso por caso, según las circunstancias concretas del mismo. La justifi cación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad.
La confi rmación judicial constituye un requisito más de la incautación como actividad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de la cadena de actos que pueden sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por lo tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confi rmación judicial –al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación– no determina irremediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o efi cacia de la incautación –sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea al Fiscal omiso–. Su incumplimiento no está asociada, como consecuencia legalmente prevista, a específi cas y severas sanciones procesales: nulidad absoluta o anulabilidad –requisito indispensable para anudar los efectos jurídicos correspondientes–.
14. Siendo indispensable la intervención judicial, que es una condición previa para la valorabilidad de toda incautación desde la perspectiva probatoria, desde luego, no es posible utilizar como evidencia lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el correspondiente control jurisdiccional. En estos casos, para decidir acerca de una petición concreta derivada o vinculada a la incautación la autoridad judicial debe realizar, con carácter previo pero en ese mismo acto, una evaluación de la legalidad de la incautación. De no ser posible el aludido examen por la necesidad de un debate más amplio, será del caso rechazar provisoriamente el requerimiento o la solicitud que, como dato esencial, se sustentó en la incautación a fi n de defi nirla anticipadamente y, emitida la decisión respectiva, recién pronunciarse sobre su mérito.
§4. Reexamen de la incautación
15. El afectado por una medida de incautación, instrumental o cautelar, que en ambos casos tiene la condición de interviniente accesorio, tiene dos opciones: interponer recurso de apelación o solicitar el reexamen de la medida. La institución del reexamen se asocia a la incorporación de actos de investigación o de algún elemento de convicción luego de la realización del acto mismo, que modifi que la situación que inicialmente generó la incautación. Desde luego, si la incautación carece desde un inicio de los presupuestos materiales que la determinan será del caso interponer el respectivo recurso de apelación.
El tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no ha intervenido en el delito, dice el artículo 319.2 del NCPP, puede solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fi n de que
se levante y se le entregue el bien de su propiedad. Esta norma no signifi ca que solo tiene esta opción, pues muy bien, frente a la contundencia de la evidencia preexistente –no la que puede aportar con posterioridad a la incautación– puede intentar derechamente la apelación. El reexamen, por lo demás, importa un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos de convicción; no controla la incautación sobre la base de las evidencias existentes cuando esta se decretó o efectivizó.
III. DECISIÓN
En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional por unanimidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
17. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6 a 15.
18. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado estatuto orgánico.
19. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario ofi cial El Peruano.
SS. SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / RODRÍGUEZ TINEO / BARRIOS ALVARADO / PRÍNCIPE TRUJILLO / NEYRA FLORES / BARANDIARÁN DEMPWOLF / CALDERÓN
CASTILLO / SANTA MARÍA MORILLO

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Incautación

Incautación
La sentencia de la Casación N° 57-2010-La Libertad (diecinueve de
abril de dos mil once) ratifica los criterios asumidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario N° 5-2010-CJ-116 en relación con los regímenes de incautación que prevé el CPP 2004, la necesidad de su confirmatoria judicial cuando se ha realizado por la Policía o Fiscalía sin autorización previa del órgano jurisdiccional y los efectos de no hacerlo dentro del plazo legal.
El Acuerdo Plenario N° 5–2010/CJ–116 (dieciséis de noviembre del dos mil diez) se señala que en el CPP 2004 la incautación posee una naturaleza dual con específicas funciones para cada una de ellas, por un lado es una medida de búsqueda de pruebas y, por el otro, una medida de coerción. “7º. La incautación, en cuanto medida procesal, presenta una configuración jurídica dual: como medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos –propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos– (artículos 218 al 223 del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–), y como medida de coerción –con una típica función cautelar– (artículos 316 al 320 del NCPP)–. En ambos casos es un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible.
En el primer caso, su función es primordialmente conservativa –de aseguramiento de fuentes de prueba material– y, luego, probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso, su función es substancialmente de prevención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento o la obstaculización de la averiguación de la verdad.
Aun cuando en la identificación de los bienes sujetos a una u otra medida existen ámbitos comunes –pueden cumplir funciones similares–, lo esencial estriba en la función principal que cumplen, básicamente de cara a la posibilidad de una consecuencia accesoria de decomiso, con arreglo al artículo 102 del Código Penal –en adelante, CP–”.
8º. La incautación instrumental (artículo 218 del NCPP) recae contra (i) los bienes que constituyen cuerpo del delito, o contra (ii) las cosas que se relacionen con el delito o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. El objeto de esta medida de aseguramiento es amplio y, por su propia naturaleza investigativa, comprende una extensa gama de bienes u objetos relacionados, de uno u otro modo, con el delito.
En estricto sentido se entiende por;
A.‘Cuerpo del delito’, además de la persona –el cadáver en el delito de homicidio– comprende al objeto del delito, es decir, aquel contra el que recae el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos lesivos –la droga en el delito de tráfico ilícito de drogas–.
B. Las ‘cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento’, son tanto las ´piezas de ejecución´: medios u objetos a través de los cuales se llevó a cabo la comisión del delito, como las denominadas ‘piezas de convicción’: cosas, objetos, huellas o vestigios materiales, que pueden servir para la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias del hecho punible.
9º. La incautación cautelar (artículo 316.1 del NCPP) incide en los efectos provenientes de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito permitidos por la ley.
Los efectos del delito o producto scaeleris son los objetos producidos mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda falsa, así como las ventajas patrimoniales derivadas del hecho punible, como el precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida por el transporte de droga, etcétera.
Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los objetos que, puestos en relación de medio a fin con la infracción, han servido para su ejecución, tales como el vehículo utilizado para el transporte de la mercancía, los útiles para el robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador, etcétera.
C. Los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la droga en el delito de tráfico ilícito de drogas, los bienes de contrabando en dicho delito, etcétera, para lo que se requiere una regulación específica.
En estos casos la incautación como medida procesal precede al decomiso como consecuencia accesoria que se dictará en la sentencia (artículo 102 del CP).
10º. Como se advierte de los parágrafos precedentes, los bienes y objetos que pueden incautarse –privación de la posesión de un bien u objeto y su consecuente indisponibilidad y ocupación por la autoridad penal– cumplen en la mayoría de los casos una doble función: garantiza su eventual decomiso como consecuencia accesoria del delito conforme a las disposiciones del artículo 102 y siguientes del CP, y permite su eficaz control para la acreditación del hecho punible –asegura su utilización por las partes y el juez como objeto de prueba–.
Como ya quedó expuesto, la función que prima en el caso concreto será la determinante, aunque desde luego una distinción radical es, por lo menos, particularmente complicada. A estos efectos, se ha de tener en cuenta el estado de la causa –específicamente, de la investigación– al momento de su imposición, y la evidencia de que se trata de un bien u objeto destinado, sin dificultad alguna, a la consecuencia accesoria del decomiso”.
Señala las circunstancias que legitiman a la Policía, Fiscal y Juez para decidir la incautación.
“11º. La incautación, instrumental o cautelar, es una medida que la realiza, en primer término, la Policía o la Fiscalía, pero a continuación requiere de la deci-
sión confirmatoria del Juez de la Investigación Preparatoria.
En los casos de flagrancia delictiva –en las modalidades reconocidas por el artículo 259 del NCPP– o de peligro inminente de su perpetración, por su propia configuración situacional, es obvio que la Policía debe incautar los bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible. La necesidad de la ocupación de bienes u objetos vinculados al delito, a fin de ponerle término y garantizar su probanza efectiva, a la par que consolidar la razonabilidad de la intervención policial, está fuera de discusión. En estos casos la comisión del delito se percibe con evidencia –se da una relación directa del delincuente con el bien o cosa relacionada con el delito– y exige de manera inexcusable una inmediata intervención de la autoridad.
B. Fuera de ambos supuestos, la incautación en el curso de la investigación preparatoria –en especial durante las denominadas “primeras diligencias”– requiere de una decisión del fiscal. A su vez, la legalidad de la orden o autorización fiscal se centra, sin perjuicio de la presencia de indicios de criminalidad mínimos, en lo que se denomina “peligro por la demora”, en tanto fin constitucionalmente legítimo. El juicio de necesidad de la medida es básico. Es el riesgo fundado de que de no incautarse o secuestrarse un bien o cosa delictiva haría ineficaz la averiguación de la verdad –obstrucción de la investigación y del proceso en general– y en su caso las medidas de ejecución penal pertinentes. La incautación, precisamente, garantiza que no se desaparezcan u oculten tales bienes o cosas, con lo que se dificultaría su apreciación judicial como objeto de prueba o se frustraría el ulterior decomiso, si correspondiera –la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia se pondría en crisis–.
C. Se requerirá previa orden judicial cuando el peligro por la demora, no es que sea inexistente, sino que en él no confluya la noción de urgencia y siempre que se trate de bienes objeto de decomiso (artículo 317 del NCPP).
Esta noción dice de la perentoriedad o necesidad inmediata, apremiante de la incautación; cuando el riesgo de desaparición del bien o cosa delictiva es más actual o grave. Si no se presente esta situación fáctica será del caso pedir la orden judicial”.
Señala que la necesidad de someter a confirmatoria judicial la incautación no ordenada por dicha autoridad.
“12º. La intervención judicial es imprescindible. Salvo el supuesto c) del parágrafo anterior, que requiere resolución judicial previa –el juez tiene aquí la primera palabra–, la regla es que ejecutada la medida por la Policía motu proprio o por decisión de la Fiscalía, el Juez de la Investigación Preparatoria debe dictar una resolución, que puede ser confirmatoria de la decisión instada por el fiscal o desaprobatoria de la incautación policial-fiscal.
La regla general en la materia es que la decisión judicial se dicta sin trámite alguno –el mismo día o a más tardar al día siguiente–, salvo norma específica al respecto (artículos 203 y 254.1 del NCPP). En los dos supuestos de incautación, instrumental y cautelar, no se exige la celebración de una audiencia; solo el previo traslado a las partes o sujetos procesales, en especial al afectado, si no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida –si el conocimiento de la posible incautación podría determinar la desaparición u ocultamiento del bien o cosa delictiva–. Pero, por otro lado, es posible que el juez, discrecionalmente, decida la realización de una audiencia. Disponer el traslado o realizar la audiencia es una decisión previa inimpugnable, opción que, en caso de revisión de la decisión final, no puede ser censurada por el Tribunal Superior, a menos que ponga en serio riesgo la finalidad procesal de la incautación o no persiga utilidad procesal alguna”.

Señalan los efectos de no contar con la resolución judicial que autorice o confirme la incautación.
“13º. La incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución –excepción, parágrafo 10, literal c)– o después de ella –regla general, parágrafo 10, literales a) y b)–. En el último caso, la ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, al vulnerarse un requisito de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un efecto distinto –de nulidad absoluta e insubsanabilidad–, en cambio, tiene el primer supuesto, atento a su especial relevancia: sin resolución judicial no puede tener lugar legalmente una incautación.
La confirmación judicial debe solicitarse “inmediatamente” (artículo 203.3 y 317.2 del NCPP). Esto último significa que entre el momento en que tiene lugar la incautación y que se presenta la solicitud de confirmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso, según las características concretas del mismo. La justificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad.
La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como actividad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de la cadena de actos que pueden sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial –al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación– no determina irremediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un
requisito de validez o eficacia de la incautación –sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea el fiscal omiso–. Su incumplimiento no está asociada, como consecuencia legalmente prevista, a específicas y severas sanciones procesales: nulidad absoluta o anulabilidad –requisito indispensable para anular los efectos jurídicos correspondientes–.
14º. Siendo indispensable la intervención judicial, que es una condición previa para la valorabilidad de toda incautación desde la perspectiva probatoria, desde luego, no es posible utilizar como evidencia lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el correspondiente control jurisdiccional.
En estos casos, para decidir acerca de una petición concreta derivada o vinculada a la incautación la autoridad judicial debe realizar, con carácter previo pero en ese mismo acto, una evaluación de la legalidad de la incautación. De no ser posible el aludido examen por la necesidad de un debate más amplio, será del caso rechazar provisoriamente el requerimiento o la solicitud que, como dato esencial, se sustentó en la incautación a fin de definirla anticipadamente y, emitida la decisión respectiva, recién pronunciarse sobre su merito”.
Y, los supuestos –distinguiéndolos– en que procede el reexamen y la apelación de la incautación.
“15º. El afectado por una medida de incautación, instrumental o cautelar, que en ambos casos tiene la condición de interviniente accesorio, tiene dos opciones: in-
terponer recurso de apelación o solicitar el reexamen de la medida. La institución del reexamen se asocia a la incorporación de actos de investigación o de algún elemento de convicción luego de la realización del acto mismo, que modifique la situación que inicialmente generó la incautación. Desde luego, si la incautación carece desde un inicio de los presupuestos materiales que la determinan será del caso interponer el respectivo recurso de apelación.
El tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no ha intervenido en el delito, dice el artículo 319.2 del NCPP, puede solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin de que se levante y se le entregue el bien de su propiedad. Esta norma no significa que solo tiene esta opción, pues muy bien, frente a la contundencia de la evidencia preexistente –no la que puede aportar
con posterioridad a la incautación– puede intentar derechamente la apelación. El reexamen, por lo demás, importa un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos de convicción; no controla la incautación sobre la base de las evidencias existentes cuando esta se decretó o efectivizó”.

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OTRAS MEDIDAS REALES

OTRAS MEDIDAS REALES

CONCORDANCIAS:     Acuerdo Plenario Nº 7-2011-CJ-116. 16 (Acuerdo Plenario en materia penal sobre Delito de Lavado de Activos y Medidas de Coerción Reales)

     Artículo 310 Orden de inhibición.-

     1. El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 303, que el Juez dicte orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los Registros Públicos.

     2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Título anterior.

     Artículo 311 Desalojo preventivo.-

     1. En los delitos de usurpación, el Juez, a solicitud del Fiscal o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrado provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado.

     2. La Policía Nacional, una vez tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del Fiscal y llevará a cabo las investigaciones de urgencia que el caso amerita. El Fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que corresponda, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del Fiscal.

     3. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse en cualquier estado de la Investigación Preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y el derecho del ofendido.

     4. El Juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de cuarenta y ocho horas. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada.

     5. El Juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días previa audiencia con asistencia de las partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del Juez para su inmediata ejecución.(1)(2)

(1) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, se adelante la vigencia del presente artículo, en todo el territorio peruano.

(2) Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 311. Desalojo preventivo

     1. En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta y dos horas de concedida.

     2. La Policía Nacional, una vez que tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones que el caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que correspondan, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del fiscal.

     3. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la investigación preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y el derecho del ofendido.

     4. El juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de veinticuatro horas. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada.

     5. El juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días, previa audiencia con notificación de las partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del juez para su inmediata ejecución."

     Artículo 312 Medidas anticipadas. El Juez, excepcionalmente, a pedido de parte legitimada, puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y provisional de las consecuencias pecuniarias del delito.

     Artículo 313 Medidas preventivas contra las personas jurídicas.

     1. El Juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar respecto de las personas jurídicas:

     a) La clausura temporal, parcial o total, de sus locales o establecimientos;
     b) La suspensión temporal de todas o alguna de sus actividades;
     c) El nombramiento de un Administrador Judicial;
     d) El sometimiento a vigilancia judicial;
     e) Anotación o inscripción registral del procesamiento penal.

     2. Para imponer estas medidas se requiere:

     a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo 105 del Código Penal;

     b) Necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del delito, peligro concreto de que a través de la persona jurídica se obstaculizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos de la misma clase de aquél por el que se procede;

     3. Estas medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para las medidas temporales establecidas en el artículo 105 del Código Penal. En los delitos ecológicos la suspensión o la clausura durarán hasta que se subsanen las afectaciones al ambiente que determinaron la intervención judicial.

     Artículo 314 Pensión anticipada de alimentos.

     1. En los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar prevista en el artículo 150 del Código Penal, violación de la libertad sexual, o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el Juez a solicitud de la parte legitimada impondrá una pensión de alimentos para los directamente ofendidos que como consecuencia del hecho punible perpetrado en su agravio se encuentran imposibilitados de obtener el sustento para sus necesidades.

     2. El Juez señalará el monto de la asignación que el imputado o el tercero civil ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia firme.

     Artículo 315 Variación y cesación. Trámite y recurso.-

     1. Las medidas previstas en este Título podrán variarse, sustituirse o cesar cuando atendiendo a las circunstancias del caso y con arreglo al principio de proporcionalidad resulte indispensable hacerlo.

     2. La imposición, variación o cesación se acordarán previo traslado, por tres días, a las partes. Contra estas decisiones procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 278.

 

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Medidas de coerción reales

Medidas de coerción reales
El Acuerdo Plenario N° 7-2010/CJ-116 (seis de diciembre del dos mil once) señala que las medidas de coerción real buscan asegurar las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas procesales; siendo sus características las comunes a todas las medidas de coerción.
“16°. Las medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través de una resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de acciones: penal y civil, en el proceso penal.
Las citadas medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad, de fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger
el proceso [JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES: Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, Editorial Idemsa, Lima, 2010. pp. 487-488 y 491]. Su finalidad estriba en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles
derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, amén de las costas; es decir, de las responsabilidades pecu-
niarias que en definitiva pueden declararse procedentes.
Las notas características o elementos de las medidas de coerción real son las co-
munes a todas las medidas de coerción. El artículo 315.1 del Código Procesal Penal de 2004 –en adelante, NCPP– insiste en el principio de variabilidad, respecto del que destaca que la variación, sustitución o cese está en función a “(…) las circunstancias del caso y con arreglo al principio de proporcionalidad (…)”.
Señala la posibilidad de dictar medidas innovativas y de no innovar a pesar de no hallarse previstas en el CPP de 2004.
“18°. El NCPP identifica cinco medidas de coerción real, que muy bien pueden ser aplicadas a los procesos por delito de lavado de activos: 1) inhibición; 2) embargo –el primero y el segundo, inmovilizan bienes del patrimonio del imputado o responsable civil–; 3) incautación; 4) medidas anticipativas; 5) medidas preventivas contra las personas jurídicas, que son anticipativas en su esencia.
Si bien el NCPP solo reconoce las medidas anticipativas genéricas (artículo 312 del NCPP) e incorpora algunas medidas anticipadas específicas: desalojo preventivo y pensión anticipada de alimentos (artículos 311 y 314 del NCPP), no existe obstáculo, a partir del poder cautelar genérico de que está investida la autoridad jurisdiccional y de aplicación supletoria de la Ley Procesal Común: el Código Procesal Civil, de incorporar las denominadas medidas innovativas y de no innovar, que apuntan a provocar un cambio de la situación existente al tiempo de peticionarlas. Las primeras, reponen el estado de hecho o de derecho cuya alteración sería el sustento del delito cometido en agravio de la víctima; y, las segundas conservan la situación de hecho de derecho presentada al incoarse el proceso (artículos 682 y 687 del CPC)”.
Precisa la forma en que se configuran el fumus delicti comissi y el periculum in mora en las medidas de coerción reales para justificar su imposición.
“19°. Como es sabido, los presupuestos de las medidas de coerción real son dos: A. El fumus delicti comissi, consiste en la existencia de indicios racionales de criminalidad –es la denominada ‘apariencia y justificación del derecho subjetivo’– que en el proceso penal importa, como acota GIMENO SENDRA, una “(…) razonada atribución del hecho punible a una persona determinada” [Derecho Procesal Penal, 2ª edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 501]). Ha de existir una imputación formal contra una persona determinada. El juicio de probabilidad delictiva es mencionado específicamente por el artículo 303.3 del NCPP, aun cuando se refiera solo al embargo y, por extensión expresa, a la orden de inhibición. El fumus debe referirse, de un lado, a un delito que haya ocasionado un daño o perjuicio material o moral; y, de otro, a que los referidos indicios –ciertamente, ‘procedimentales’– evidencien una relación de causalidad con el sujeto contra el que se adoptan: imputado o tercero civil.
No es necesaria una acreditación específica cuando se dicte sentencia condenatoria, aun cuando fuera impugnada.
B. El segundo presupuesto, periculum in mora, es el peligro o daño jurídico deri-
vado del retardo del procedimiento. Consiste en el riesgo de daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal. Se debe acreditar la concreta probabilidad de que se produzcan, durante la pendencia del proceso, si-
tuaciones que impidan o dificulten la efectividad del procedimiento penal y civil de condena, que pueda incorporar la sentencia penal –peligro de infructuosidad–.
En el proceso penal, se concreta por el ‘peligro de fuga’ o de ocultación personal
o patrimonial del imputado [VICENTE GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 592]. Lo relevante del periculum es la comprobación de la extensión del daño causado por el imputado como consecuencia del delito perpetrado y, a su vez, medir el tiempo necesario que todo proceso lleva, cuyo retraso puede hacer ineficaz la respuesta jurisdiccional si no se adoptan medidas tendentes a mantener la situación presente, o a evitar maniobras lesivas para los derechos de la víctima –en el caso del lavado de activos, al Estado derivadas del comportamiento del imputado [AGUSTÍN-JESÚS PÉREZ-CRUZ MARTÍN Y OTROS: Derecho Procesal Penal, Editorial Civitas, Madrid, 2009].
Es de tener en claro, que el periculum, en lo civil, tiene una configuración objetiva: no se requiere necesariamente que se haya producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intención de este de causar perjuicio al actor. El peligro se materializa en las posibilidades del responsable civil, durante el tiempo del proceso, de que se dedique a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes, real o ficticiamente, para hacer impracticable la satisfacción de las consecuencias jurídico-económicas. Si la solvencia, honestidad y arraigo del imputado –siempre en el plano civil, que no penal– estuvieran acreditados, decae y no se justifica su imposición. El artículo 303.3 del NCPP, en tal virtud, estipula: ‘(…) por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien’”.
Señalando, además, que las medidas de coerción real se pueden solicitar incluso durante las diligencias preliminares de investigación y que la regla para su dictado es el previo traslado de la solicitud a la contraparte –admitiéndose, como excepción, el no traslado–; salvo que dicho traslado genere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida.
“20°. Es de destacar, en el procedimiento de coerción real, por lo menos dos situaciones precisas:
La oportunidad para solicitar una medida de coerción real. La regla, por cier-to, es que su requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias preliminares policiales –en el caso de aseguramiento de documentos privados, y secuestros e incautaciones preliminares (artículo 68, apartado 1, literales “i” y “k”, NCPP); y, regularmente, en el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria (entre otros, artículos 302, 310, 316 del NCPP)–. Asimismo, tales medidas pueden solicitarse, siempre por la parte procesal legitimada, en sede intermedia (artículos 349.4 y 350.1.c, y 353.3 del NCPP –supuesto último, que incluso autoriza al Juez de la Investigación Preparatoria a pronun-
ciarse de oficio si fuere necesario sobre las medidas de coerción–).
B. El NCPP fija un procedimiento para determinar la decisión del trámite: con o sin traslado al afecto: imputado o responsable civil. La regla general para la imposición de las medidas de coerción real, guiada siempre por el principio de rogación de la parte procesal legitimada es el previo traslado a las partes, en especial a la parte afectada, por el término de tres días (artículo 315.2 del NCPP). Empero, por razones obvias, rige la regla del artículo 203.2 del NCPP, tal exigencia de contradicción previa se aplicará siempre que ‘(…) no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida (…)’; esta imposibilidad y los derechos de impugnación que ulteriormente se reconoce, evita considerar que tal procedimiento vulnera la prohibición de indefensión. No se realiza el trámite de audiencia, sino el de simple traslado: su lógica es la escrituralidad del procedimien-
to (artículo del 315.2 del NCPP), aunque es posible en situaciones excepcionales, debidamente explicadas en la decisión, ir al trámite de audiencia (artículo 203.2 del NCPP)”.

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LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS

LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS

     Artículo 297 Requisitos.-

     1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos previstas en este Título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea ésta principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva.

     2. Para imponer estas medidas se requiere:

     a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

     b) Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede.

     Artículo 298 Clases.-

     1. Las medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden imponerse son las siguientes:

     a) Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según el caso.

     b) Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan de elección popular.

     c) Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales.

     d) Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego.

     e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la suspensión temporal de visitas.

     2. La resolución que imponga estas medidas precisará las suspensiones o prohibiciones a los derechos, actividades o funciones que correspondan.

     Artículo 299 Duración.-

     1. Las medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación en el caso concreto. Los plazos se contarán desde el inicio de su ejecución. No se tomará en cuenta el tiempo transcurrido en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al procesado o a su defensa.

     2. Las medidas dictadas perderán eficacia cuando ha transcurrido el plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia. El Juez, cuando corresponda, previa audiencia, dictará la respectiva resolución haciendo cesar inmediatamente las medidas impuestas, adoptando los proveídos que fueren necesarios para su debida ejecución.

     Artículo 300 Sustitución o acumulación.- El incumplimiento de las restricciones impuestas al imputado, autoriza al Juez a sustituir o acumular estas medidas con las demás previstas en el presente Título, incluso con las de prisión preventiva o detención domiciliaria, teniendo en cuenta la entidad, los motivos y las circunstancias de la trasgresión.

     Artículo 301 Concurrencia con la comparecencia restrictiva y trámite.- Para la imposición de estas medidas, que pueden acumularse a las de comparecencia con restricciones y dictarse en ese mismo acto, así como para su sustitución, acumulación e impugnación rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274.

 

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