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REGIONES LA NOTICIA

REGIONES LA NOTICIA (14)

FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS

PODER JUDICIAL

CORTE  SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA PENAL DE APELACIONES

Av. Echenique N° 898 – Huacho – Lima - Perú 

 

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACION - Sede Central

EXPEDIENTE                      : 02629-2012-53-1301-JR-PE-03

ESPECIALISTA                   : DE LA CRUZ OSORIO MALENA E.

ABOGADO DEFENSOR    : LOPEZ VELASQUEZ, JOHNNY

FISCALIA                             : MANRIQUE MENDOZA, CHRISTIAN

MINISTERIO PUBLICO     : TERCER DESPACHO DE INVESTIGACION FPPCB ,

IMPUTADO                          : LOAYZA SAONA, PAULO CESAR

DELITO                                 : FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS

AGRAVIADO                      : PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-T.I.A.

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 16

Huacho, veinte de Marzo

del dos mil catorce.-

 

I.-        MATERIA:

 

  1. Resolver la apelación formulada por el acusado, a la sentencia de fecha 16 de Setiembre del 2013, en la que se falla CONDENANDO a PAULO CÉSAR LOAYZA SAONA como autor del delito de peligro común en la modalidad de tenencia ilegal de arma, en agravio del Estado, 2. Se IMPONE al sentenciadoSEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, que computado desde la fecha en que dictó la decisión -10 de setiembre del 2013, vencerá el 09 de setiembre del 2019, FIJA en UN MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES (S/.1,500.00) el monto de la REPARACIÓN CIVIL, que el sentenciado deberá cancelar a favor del agraviado el Ministerio del Interior, con lo demás que contiene.

 

II.-       INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

  1. La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Víctor Reyes Alvarado (Presidente-Director de Debates), Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior) y Carlos Gómez Arguedas (Juez Superior), este último interviene por licencia del Magistrado Tapia Cabañín.

 

  1. Concurrió el representante del Ministerio Público: Dr. Christian Manrique Mendoza, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.
  2. Asistió el Abogado defensor del sentenciado Paulo César Loayza Saona: Dr. Johnny Alexander López Velásquez, con Reg. del C.A.L. Nro. 18898, con domicilio procesal en Residencial Santa Rosa Nro. 248-Interior 7-B-Huacho.
  3. Con la presencia del sentenciado: Paulo César Loayza Saona, de 27 años de edad, nacido el 31-01-87, natural de Puerto Supe, de estado civil soltero,  sus padres Roberto y Adelia.

 

III.-     ANTECEDENTES:

 

             Hecho materia de imputación:

 

  1. Se atribuye al acusado Paulo César Loayza Saona, haber sido intervenido por la policía el día 25 de noviembre del 2012, en circunstancias en que se realizaba una fiesta patronal de San Martín de Porres en la urbanización Miraflores en Barranca con mucha gente, y a horas 4.25 de la madrugada, personas que estaban festejando, dieron aviso a la Comisaría de Barranca que una persona tenía en posesión un arma de fuego, y así fue que los policías fueron e intervinieron al acusado, le realizaron el registro personal y al lado derecho de la cintura le encontraron un revolver calibre 38 marca Taurus, siendo el caso que el encausado no tiene licencia para portar dicha arma. Se añade que el acusado no solo esta inmiscuido en este acto sino en otros.

 

Calificación Jurídica y reparación civil:

 

  1. Tipificación penal: El Ministerio Público tipifica los hechos atribuidos al acusado en el artículo 279° primer párrafo del Código Penal.

 

  1. Reparación civil solicitada: El representante del Ministerio Público solicita como reparación civil el pago de S/. 1,500 nuevos soles.

 

            Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 03, 10 y 16 de Setiembre del 2013, respectivamente).

 

  1. El Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, a cargo del Magistrado William Timana´ Girio, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 16 de Setiembre del 2013, la sentencia que fallaCONDENANDO a PAULO CÉSAR LOAYZA SAONA como autor del delito de peligro común en la modalidad de tenencia ilegal de arma, en agravio del Estado, con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Paulo César Loayza Saona:

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 23 de Setiembre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, al señalar que no se ha acreditado objetiva y suficientemente la presunta responsabilidad penal, que la sentencia condenatoria causa agravio a la libertad personal de su patrocinado, que no se ha probado la operatividad del arma, que se ha vulnerado el principio de contradicción e inmediación en la actuación probatoria, que no se verifica el peligro abstracto, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, mediante Resolución Número 07, de fecha 24 de Setiembre del 2013.

 

             Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

  1. Mediante Resolución Nro. 08, de fecha 30 de Setiembre del 2013, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 09, de fecha 22 de Octubre del 2013, se corre traslado a las partes por el plazo común de cinco días a fin que puedan ofrecer medios de prueba, por Resolución Nro. 10, del 18 de Noviembre del 2013, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 12 de Diciembre del 2013, a las once y treinta de la mañana la que fue reprogramada por Resolución Nro. 11, de fecha 18 de Diciembre del 2013, para el día 23 de Enero del 2014, a las diez y treinta de la mañana, que también fue reprogramada por Resolución Nro. 12, del 24 de Enero del 2014, para el día 20 de Febrero del 2014, a las once y treinta de la mañana, la que no se pudo llevar a cabo y fue reprogramada por Resolución Nro. 15, del 20 de Febrero del 2014, para el día 20 de Marzo del 2014, a las diez y treinta de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

  1. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 10:35 a.m. y culminó a las 11:27 a.m. el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el asistente de audiencias.

 

            Pretensión del apelante y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia.

 

  1. El abogado defensor Johnny López Velásquez formula sus alegatos de inicio y de cierre, señala que nunca se presentó al técnico Millones para que diga si el arma estaba operativa, sin embargo, la prueba documental, si fue objeto de valoración, indica que se hace una apreciación sesgada de la realidad, manifiesta que se trata de un revolver, en cuyo tambor de dicha arma queda la munición, anota que cuando se apertura el tambor no había munición, que su patrocinado no ha disparado, que existe la pericia que ha salido negativa, cita el fundamento 15.1 de la sentencia, en cuyo fundamento da por cierto que el arma esta operativa, sin embargo, nunca se hizo pericia al respecto, cita el punto 19 de la sentencia, en el que el Juez reconoce que su patrocinado es agente primario, señala que su patrocinado aceptó haber tenido el arma, indica que estaba con comparecencia restringida, que el tipo legal requiere un peligro concreto, que no se ha demostrado que el arma haya sido disparada, por lo que solicita se le imponga una pena inferior, suspendida, además que ha efectuado un pago a cuenta de la reparación civil.

 

  1. El Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos de inicio y de cierre, señala que la pretensión del apelante se ha cambiado, en esta audiencia se está cuestionando el valor probatorio, que no indica circunstancias atenuantes privilegiadas para reducir la pena por debajo del mínimo legal, indica que la pena es entre los 6 y 15 años, que el A quo ha tenido en cuenta en el fundamento 19, que el imputado es agente primario, que no tiene antecedentes, además que no se ha ofrecido medio probatorio alguno para reducir la pena, anota que la pena solicitada debe mantenerse, que el testigo José Severino, efectivo policial le encuentra el arma y dijo que el arma estaba operativa, que el interrogatorio sobre la operatividad del arma lo hizo el propio abogado del imputado, quien permitió que ingrese esa información, que se ofreció a los dos peritos balísticos y el documento, que la defensa solicitó la exclusión del informe técnico, por lo que solicita se confirme la sentencia.

 

  1. Auto defensa material del imputado, quien guarda silencio.

 

IV.-     RAZONAMIENTO:

           

  1. En el escrito de apelación la defensa solicita la absolución del acusado, porque: a) el testigo Sub Oficial Jose Coronado Severino no fue ofrecido ni admitido para ser examinado en el extremo de la operatividad del arma, por lo que considera que no debió valorarse, acarreando nulidad absoluta de la sentencia, b) que se ha incorporado y valorado el informe N° 70-2012, con la inobservancia de los principios de inmediación y contradicción en la actuación probatoria al no haberse ofrecido ni admitido oportunamente al perito Félix Millones Maguiña que realizo el informe.

 

  1. En la audiencia de apelación la defensa del impugnante si bien efectuó –entre otros- los mismos cuestionamientos, sin embargo su pretensión fue –no la absolución- que se reduzca los 6 años de pena privativa de la libertad que impuso el Juez de primera instancia a su defendido, a 04 años. Es decir varía su pretensión utilizando los mismos argumentos indicados en el escrito de apelación.

 

  1. La Sala Penal de la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante en aplicación del artículo 427.4 del CPP[1], la doctrina jurisprudencial siguiente: “que en aplicación del principio de congruencia, la autoridad jurisdiccional que conoce un medio impugnatorio debe circunscribirse a los agraviados aducidos por las partes”. En el fundamento 6.1 de la Casación el Tribunal Supremo señala: “El principio de congruencia conocido también como de correlación, importa un deber exclusivo del Juez por el cual debe expresar los fundamentos de una respuesta coherente en su resolución que dicta basado en las pretensiones y defensas traducidas en agravios formulado por los justiciables en su recurso impugnativo (…)”. Por tanto la respuesta que debe dar la Sala Penal de Apelaciones es a los agravios que formule el apelante en su escrito de apelación y no a otros agravios no formulados en su oportunidad.

 

  1. De otro lado, corresponde en primer lugar verificar de oficio la existencia o no de nulidad absoluta o sustancial aunque estas no hayan sido advertidas por las partes, en el presente caso la defensa del sentenciado en el escrito de apelación advierte que por haberse valorado la declaración de un efectivo policial la sentencia seria nula, aunque además contradictoriamente pide la absolución de su defendido, sin embargo es necesario dar respuesta a dicho cuestionamiento, asimismo verificar la existencia o no de otra clase de nulidades absolutas o esenciales.

 

  1. Respecto a la valoración de la declaración del testigo Sub Oficial Jose Coronado Severino, efectuado por el Juez de primera instancia, el apelante señala (ver fundamento 1.2.1 de su escrito de apelación) que dicho testigo no fue ofrecido ni admitido para ser examinado en el extremo de la operatividad del arma, al respecto en la audiencia de apelación el Fiscal Adjunto Superior señalo que el Juez ha valorado lo señalado por dicho testigo porque fue el propio abogado del acusado, quien contrainterrogo al testigo sobre el particular, información que no fue contradicho o desmentido por el abogado del sentenciado. Por lo que no existe nulidad en este extremo, al haber procedido a valorar el Juez la información que proporcionó el testigo en perito al propio interrogatorio del Abogado.

 

  1. Asimismo, revisada la sentencia condenatoria materia de impugnación, advertimos que en el capítulo IV denominado: “fundamentos”, el tribunal de primera instancia ha motivado la sentencia condenatoria en merito a la prueba actuada en el juicio oral de primera instancia, respecto a la posesión ilegal de arma de fuego por parte del acusado ocurrido el día 25 de noviembre de 2012, a horas 4.25 de la madrugada, siendo intervenido por efectivos policiales al haber realizado disparos, asimismo se ha acreditado la operatividad del arma  en merito a lo declarado por el efectivo policial Jose Coronado Severino, y el Informe Técnico 70-2012, evacuado por Hilmar Félix Millones Maguiña, oralizado en el juicio oral, que establece que el arma de fuego incautado se encuentra en buen estado de funcionamiento.

 

  1. Si bien la defensa cuestiona la oralizacion del Informe Técnico N° 70-2012, porque no fue ofrecido al que elaboro dicho documento, para que sea interrogado en el juicio, al respecto se debe precisar que dicho documento es un informe y no una pericia, de otro lado el abogado pudo cuestionar su admisibilidad en el momento y etapa correspondiente y no en el juicio oral, en todo caso si consideraba que era necesario que concurra la persona que elaboró el informe muy bien pudo solicitar en su oportunidad su concurrencia, lo que no hizo. En consecuencia la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego tipificado en el artículo 279 del Código Penal, -en adelante CP- asimismo la responsabilidad penal del acusado en la comisión del citado ilícito se encuentra probado conforme a la prueba actuada en el juicio oral de primera instancia. No siendo posible absolver al acusado al no haberse actuado en esta instancia ninguna prueba que pueda desvirtuar la prueba personal materia de valoración en aplicación del principio de inmediación realizada por el Juez Unipersonal.

 

  1. En el fundamento 19 de la sentencia recurrida el Juez ha justificado el motivo por el cual impone 06 años de pena privativa de la libertad al condenado impugnante, señalando que a favor del acusado existen circunstancias atenuantes y no agravantes, por lo cual al amparo de lo establecido en el artículo 45-A, del CP, corresponde imponerle la pena que se encuadre dentro del tercio inferior, es decir para el caso en concreto entre 6 y 9 años, toda vez que el tipo penal infringido –articulo 79 del CP- sanciona al agente con pena no menor de 6 ni mayor de 15 años, optando por imponerle la pena  mínima porque no se puso en peligro real los bienes o la integridad de personas. El Abogado del apelante en la audiencia de apelación pide que se reduzca dicha pena por debajo del mínimo legal, sin especificar en merito a que norma es posible realizar una reducción que sea por debajo del mínimo legal.

 

  1. Para imponer una pena por debajo del mínimo legal establecido por el legislador por cado tipo penal, solo es posible cuando se identifique circunstancias atenuantes privilegiadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 45-A-3.a, del CP., por ejemplo cuando  existe responsabilidad atenuada, articulo 21 del Código acotado, por beneficios premiales según el artículo 471 del Código Procesal Penal. En el presente caso la defensa no ha identificado alguna circunstancia atenuante privilegiada que permita reducir la pena por debajo del minino legal, por el contrario que el Juez ha aplicado correctamente la incorporación del artículo 45-A al CP, para individualizar y determinar judicialmente la pena. El acusado no se sometido a un proceso especial de terminación anticipada para hacerse acreedor a los beneficios premiales, sino que se sometió a un juicio oral al que tiene derecho donde fue vencido y se le impuso la pena que legalmente le corresponde, por lo que la sentencia debe ser confirmada en todos s sus extremos.

 

          Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

            El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Los cuales se imponen conforme al apartado 2 del artículo 497 del aludido Código Adjetivo, y no existen motivos para su exoneración.

 

          Sobre la lectura integral de la sentencia escrita:

 

      18. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396° del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

      19. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

      20. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-       DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR en todos sus extremos, la sentencia contenida en la Resolución Número 06, de fecha 16 de Setiembre del 2013, mediante el cual el Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, CONDENÓ a PAULO CÉSAR LOAYZA SAONA como autor del delito de peligro común en la modalidad de Tenencia Ilegal de Arma, en agravio del Estado y le IMPUSO: SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, con lo demás que contiene, para dichos efectos;

 

  1. CONDENARON Al recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso, que serán exigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria.

 

  1.  ORDENAMOS que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 03 de Abril del 2014, a las tres de la tarde, por el Asistente de Audiencias conforme a lo señalado en los fundamentos 18 al 20 de la presente sentencia.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

REYES ALVARADO           SANCHEZ SANCHEZ         GÓMEZ ARGUEDAS

 

 

 

 



[1] Casación No. 215-2011-Arequipa, de fecha 12 de Junio de 2013, publicada en el diario oficial el Peruano el día 01 de Abril de 2013.

 

 

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ROBO AGRAVADO

Sala Superior de Emergencia

 

 

PODER JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

 

                                                                                 

   (Av. Echenique N° 898-Huacho, Telf. 4145000)

 

SALA SUPERIOR DE EMERGENCIA - Sede Central

 

EXPEDIENTE                                   : 03214-2013-61-1308-JR-PE-01

ESPECIALISTA                     : DE LA CRUZ OSORIO MALENA E.

MINISTERIO PUBLICO       : TERCER DESPACHO DE DESICION TEMPRANA

IMPUTADO                          : FLORES CALDERON, MIXSIO WILFREDO

DELITO                                 : ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO                                   : BACILIO SANDOVAL, YELITZA YOMALY

                                                SOSA TREJO, LINCOL FLAVIO

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número  25

Huacho, 05 de Febrero

del dos mil quince.-

 

I.-        MATERIA DEL GRADO:

  1. La sentencia contenida en la Resolución Número Dieciocho, de fecha 07 de agosto del año 2014, resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado “A” de Huaura que falla CONDENANDO a MIXSIO WILFREDO FLORES CALDERON como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, en perjuicio de Lincol Flavio Sosa Trejo y Yelitza Yomaly  Bacilio Sandoval; imponiéndole DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad, con el carácter de efectiva, con los demás que contiene, en merito a la apelación interpuesta por el condenado; interviniendo como Ponente y Director de Debates el Magistrado Víctor Raúl Reyes Alvarado.

 

II.-       PARTICIPANTES EN  LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

  1. La Sala Superior de Emergencia se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Dres. Moisés Agustín Solórzano Rodríguez (Presidente), Víctor Raúl Reyes Alvarado y Víctor Raúl Mosqueira Neira.

 

  1. La representante del Ministerio Público la Dr. Christian Manrique Mendoza con domicilio procesal en Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

  1. El Abogado defensor del sentenciado Mixsio Wilfredo Flores Calderón: Dr. Javier Barron García, con Reg. del C.A.H. Nro. 338, con domicilio procesal en Av. Salaverry N° 536 Of 303 - Huacho.

 

  1. Sentenciado: Mixsio Wilfredo Flores Calderón. De 26 años de edad, con D.N.I. número 44998451.

 

 

 

III.-     ANTECEDENTES:

 

Imputación del Ministerio Público:

  1. Se atribuye al sentenciado MIXSIO WILFREDO FLORES CALDERÓN la autoría del ilícito  cometido el día 16 de noviembre del 2013 a las 10:00 a.m. aproximadamente, cuando  los agraviados Lincol  Flavio Sosa Trejo y  Yelitza Yomaly Bacilio Sandoval caminaban por la pista de la playa de  Hornillos hacia Huacho, divisando a tres sujetos que venían en sentido contrario, quienes  se les acercaron  y los rodearon, haciéndolos caminar  hacia la playa, unos diez metros aproximadamente; uno de ellos, vestido con polera azul y jean,  coge al agraviado Lincol Flavio  Sosa Trejo del cuello  y le saca  su celular del bolsillo izquierdo del pantalón, mientras que el otro sujeto que vestía polo color verde con pantalón jean azul, de aproximadamente 1.60 m.,  quien luego fuera identificado como el acusado Mixsio Wilfredo Flores Calderón, abre la cartera de la agraviada para sustraerle su billetera que contenía  S/ 50.00, mientras que otra persona que vestía polo amarillo con short floreado, quien fue identificado como Félix Ramírez Guerrero,  estaba parado acorralando a los agraviados, para luego  darse a la fuga hacia el norte de la playa de Chorrillos; en tanto, los  agraviados  caminan hacia Huacho y a la altura de la entrada a Fonavi  solicitan apoyo a una unidad móvil de la Guardia Regional,  subiendo a dicho vehículo para proceder a realizar la búsqueda de dichos sujetos y al preguntar a los vecinos sobre las características de  esas personas, les indicaron que los habían visto bajando por la plazuela de Manzanares, por lo que los efectivos policiales con  los agraviados continuaron con la búsqueda, encontrando a esas personas a la altura de la plazuela de Manzanares,  interviniendo al acusado Mixsio Wilfredo Flores Calderón y al menor Félix Jenkeyro Ramírez Guerrero, quienes vestían la  misma ropa con la que cometieron el ilícito; no obstante ello, al realizársele  el registro personal correspondiente  se halló en poder del acusado Mixsio Wilfredo Flores Calderón  un celular marca Samsung y un billete de S/ 20.00 que era de  la agraviada Yelitza  Yomaly Bacilio Sandoval, en tanto que al menor Félix Jenkeyro Ramírez Guerrero se le halló en poder de una casaca marrón que le pertenecía al agraviado Lincol Flavio Sosa Trejo, mientras que el tercer sujeto se dio a la fuga al notar la presencia policial.

 

  1. Calificación Jurídica y Reparación Civil solicitada:

Tipificación: El Ministerio Público encuadra los hechos en el artículo 188 y 189 numerales 2° (en lugar desolado) ,4° (con el concurso de dos o más personas)  y 7° (en agravio de menores de edad) del primer párrafo del Código Penal,  que prevén el delito de Robo Agravado.

  1. Reparación civil: El Ministerio Público solicita como reparación civil la suma de S/. 1, 000,000.00 nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados.

 

            SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA (JUICIO ORAL REALIZADO EN SESIONES, DÍAS: 03,14,17,21,23,30 DE JULIO, CONTINUANDO LOS DÍAS 01, 05,06,07,19, DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

 

  1. El Juzgado Penal Colegiado “A” de Huaura, integrado por los Magistrados María Elena Chauca Mejía, Ulises Rojas Guzmán y Rosa Luz Gómez Dávila, expidió con fecha 07 de agosto del 2014, la sentencia que CONDENANDO a MIXSIO WILFREDO FLORES CALDERON como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, en perjuicio de  Lincol Flavio Sosa Trejo y Yelitza Yomaly  Bacilio Sandoval; imponiéndole DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad, con el carácter de efectiva; con lo demás que contiene.

 

  1. Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Mixsio Wilfredo Flores Calderon:

 

El apelante hizo uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 26 de Agosto del 2014, solicitando que el Superior en grado declare la nulidad de la sentencia contenida en la resolución N° 18 que condena a su patrocinado Mixsio Wilfredo Flores Calderón a diez años, sostiene que no se ha efectuado valoración acorde al dispositivo legal anteriormente mencionado, pues si bien se hace mención a documentales (parte sin numero de fecha 16 de noviembre de 2013, acta de descripción de prendas del imputad, tomas fotográficas de la descripción de las prendas de vestir del imputado, tomas fotográficas de la inspección técnico policial del lugar de los hechos, oficio N° 7415-2013-RDJ-AECR-CSJHA/PJ), solo se les menciona pero no se dice que acreditaron o desvirtuaron (ni en la mención individual ni en la valoración conjunta de la sentencia).      

          

  1. Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

Mediante Resolución Nro. 20, de fecha 22 de Setiembre del 2014, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales;  que por Resolución Nro. 24, del 31 de Diciembre del 2014, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 05 de Febrero del 2014, a las once de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 12:10 hrs. y culminó a las 14:30 hrs. el Tribunal pasó a deliberar, e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el especialista judicial de audiencias.

 

Pretensión de los sujetos procesales intervinientes en el juicio  oral de segunda instancia. 

 

  1. El abogado Johnny Javier Barrón García formula sus alegatos de inicio, quien se ratifica el requerimiento formulado en su escrito presentado con fecha 26 de agosto del año 2014.  El señor Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos iniciales, solicitando que sea  confirmada la sentencia venida en grado, señala que va a probar en audiencia una vez más el delito y la responsabilidad penal del ahora sentenciado.

 

  1. El abogado Javier Barrón García formula su alegato final, señala que es nula la sentencia por la omisión de valoración de medios probatorios y no haberse efectuado de acuerdo a la normativa procesal del artículo 393 numeral 2 del Código Procesal Penal, que la agravante consiste que los agraviados eran menores de edad, se requiere el dolo, que no habido, señala que no acepto la variación de la calificación jurídica que realizo el colegiado, además cuestiona respecto a la acreditación de los bienes materia de apoderamiento en el que solo existe declaración jurada de menores, que no estaban acompañados por personas mayores.   

 

  1. El Sr. Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos finales. Refiere la norma exige acreditación de la preexistencia que exista estos bienes, el celular incautado se acredito, declaro la víctima, por tanto no es motivo para anular la sentencia venida en grado, señala que el sentenciado fue sentenciado por el colegiado por el delito de hurto agravado en razón a que se instaló el juicio como colegiado robo agravado y ese extremo mínimo es superior a la pena de seis años y en el desarrollo del juicio oral se hizo una advertencia para el delito de hurto agravado.

 

  1. Auto defensa material del sentenciado Mixsio Wilfredo Flores Calderon,  guardo silencio.

 

IV.-     FUNDAMENTOS:

 

  1. Según el contenido del escrito de apelación, el abogado defensor solicita la nulidad de la sentencia condenatoria dictada por el Colegiado de primera instancia contra su patrocinado, porque no se ha valorado conforme al numeral 3 del articulo 393 del Código Procesal Penal –en adelante CPP- lo cual no es cierto como se verifica del quinto considerando de la impugnada, donde  se aprecia que el Colegiado ha cumplido con su deber de valorar la prueba actuada en el juicio oral conforme a la norma procesal antes descrita.

 

  1. De otro lado, el abogado del acusado refiere que se le ha condenado a su patrocinado por la causal prevista en el numeral 11 del segundo párrafo del articulo 186 del Código Penal – en adelante CP-, porque el agraviado era un menor de 17 años de edad, siendo que el Colegiado no ha motivado las razones por las que su patrocinado tenia conocimiento de que este era menor de edad, por lo que existe error de tipo o no había dolo en el accionar del sentenciado, al respecto se tiene no es posible anular la sentencia por este motivo porque el Colegiado han apreciado directamente al agraviado y en merito al principio de inmediación a condenaron con dicha agravante, sin embargo estando a que la Fiscalía ha coincidido con la defensa, sobre la no existencia de dicha agravante este Tribunal lo tomara en cuenta para determinar judicialmente la pena sin considerar la agravante en mención.

 

  1. Otros defectos advertidos por el Abogado defensor en la audiencia de apelación carecen de relevancia para anular la sentencia condenatoria, así por ejemplo, cuando entre otros argumentos señala –no indicados en su escrito de apelación que el Fiscal acusado por robo agravado, el Colegiado realizando la advertencia respectiva en aplicación del articulo 374.1 del CPP, califica el hecho por hurto agravado, el Fiscal no acepta y continua en su alegato final señalando que el hecho se califica como robo agravado, sin embargo el Colegiado a condenado por hurto agravado, lo cual se encuentra no solo amparado por la Ley sino que es un mandato del legislador para calificar el hecho al tipo que legalmente corresponde, que es lo que ha realizado el Colegiado de primera instancia, por tanto no corresponde anular la sentencia como solicita la defensa.

 

 

V. Determinación judicial de la pena

 

  1. El Colegiado de primera instancia, según el fundamento sexto de la sentencia recurrida para determinar la pena tiene cuenta el quantum establecido por el legislador en el articulo 186, numeral 11 del segundo párrafo del CP, que sanción el delito de hurto agravado con pena privativa de libertad de 4 a 8 años, por la agravante constituida por ser la victima menor de edad, y siendo que si bien la victima tenia 17 años de edad, es decir objetivamente cumple dicho requisito, pero subjetivamente no se cumple porque el agraviado se encontraba ad portas a cumplir la mayoría de edad, por lo que para determinar la pena  solo se tiene en cuenta la calificación del hecho como hurto agravado tipificado en el 186 numeral 5 (concurso de 2 o mas personas) del CP, cuya tipificación también fue advertida por el Colegiado como puede verse del fundamento 5.1 de la sentencia recurrida.

 

En el fundamento 5.2 el Colegiado afirma –no cuestionado por la defensa que el sentencia es reincidente, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el articulo 45-A del CP, cuyo numeral 3 literal b) establece que cuando concurran circunstancias agravantes cualificadas, como es la reincidencia, la pena concreta se determina por encima del tercio superior. Siendo que en el presente el delito de hurto agravado por el que ha sido condenado el sentencia se sanciona con pena no menor de 3 ni mayor de 6. En consecuencia la pena a imponerse será por encima de 6 años. Y de conformidad a lo establecido en el articulo 46-B segundo párrafo que establece que en caso de reincidencia el Juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Por lo que la pena que le corresponde legalmente al sentenciado es de 9 años de prisión de su libertad, por tanto en dicho extremo debe revocarse la pena impuesta.    

 

VI. Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

  1. El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, sin embargo se advierte del contenido del recurso de apelación que el impugnante habría tenido razones para apelar la condena, máxime aun cuando se esta revocando la pena a favor del impugnante.

  

            V. REFERENTE A LA LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA:

           

  1. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396 del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

  1. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

  1. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

VI.-     FALLO:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, por unanimidad: RESUELVE:

           

  1. DESESTIMA la NULIDAD planteada por el abogado defensor, en consecuencia CONFIRMAR la Resolución Número Dieciocho, de fecha 17 de agosto del 2014, mediante el cual el Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura fallo CONDENANDO a MIXSIO WILFREDO FLORES CALDERON como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, en perjuicio de  Lincol Flavio Sosa Trejo y Yelitza Yomaly Bacilio Sandoval; REVOCA en el extremo de diez años, REFORMANDOLA le impone NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, con lo demás que contiene, dicha decisión.

 

  1. EXONERAR: del pago de costas al apelante de conformidad a lo señalado en el fundamento VI de la presente sentencia.

 

  1. ORDENAR que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 18 de febrero del 2015 a las 4.00pm., por el Asistente de Audiencias.

 

  1. DISPONER: Que, cumplido estos trámites, se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

SOLORZANO RODRIGUEZ        MOSQUEIRA NEIRA             REYES ALVARADO

Presidente                                                     Juez Superior                       Juez Superior  D.D

 

VOTO EN MINORIA DEL MAGISTRADO MOSQUEIRA NEIRA

 

En cuanto a la lectura de sentencia el suscrito tiene una posición distinta  a la adoptada por mis colegas en mayoría, en el siguiente sentido:

Primero: El artículo 425° numeral 4 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.” (subrayado agregado).------------

Segundo: La norma antes glosada, es de carácter imperativo y señala que el pronunciamiento de la sentencia debe hacerse necesariamente en audiencia pública, entendiéndose por ello también al acto de lectura integral de la sentencia, siendo que dicho acto es un acto solemne, y como toda audiencia, es parte del juicio oral, en este caso el acto de lectura integral de la sentencia viene a ser la última parte del juicio oral.- Tercero: No se trata de un acto de mera notificación de la sentencia, pues de ser así bastaría con hacer llegar a las partes el texto de la sentencia, sino que se trata de una audiencia especial en donde se lee en su integridad, la sentencia emitida por los jueces.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarto: Siendo así,  la audiencia tiene que estar presidida por los jueces, y no por un auxiliar jurisdiccional, ya que los actores del proceso penal son el Juez, el representante del Ministerio Público, el Abogado Defensor, el Imputado y el Actor Civil, y los auxiliares jurisdiccionales tienen otras funciones entre las cuales no está la de presidir una audiencia.------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto: Resulta cierto que la Corte Suprema cuando resuelve una casación ordena que la lectura de sentencia la efectúe el Relator de Sala, empero debe tenerse presente que el artículo 431 numeral 4 del Código Procesal Penal señala que: “Culminada la audiencia, la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los numerales 1) y 4) del artículo 425. La sentencia se expedirá en el plazo de veinte días. El recurso de casación se resuelve con cuatro votos conformes.” (subrayado agregado), es decir para la Corte Suprema no resulta imperativo cumplir lo dispuesto en el artículo 425 numeral 4 del Código Procesal Penal, pues sólo debe aplicarla en lo que considera pertinente, siendo que la norma procesal deja un margen de discreción a la Sala Penal de la Corte Suprema, lo que no ocurre para la Sala Superior, para quien lo dispuesto en el artículo 425 numeral 4 del Código Procesal, sí resulta imperativo como ya se anotó anteriormente.---------------------

 

Por estos fundamentos MI VOTO es porque el Colegiado Superior se constituya a la Sala de Audiencias del Establecimiento Penal de Carquín,  el día 18 de Febrero del año en curso a las cuatro de la tarde, para llevar a cabo la audiencia de la lectura integral de la sentencia de segunda instancia.

 

                                                                                  MOSQUEIRA NEIRA

 

 

 

 

 

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CONDENANDO a los acusados ALEX NOEL ROMERO JORGE, LUIS ELIAS OSORES CABALLERO y CHRISTIAN ALBERTO AVILA MIRANDA, como co-autores del delito Contra El Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, tipificado en el articulo 189° incisos dos y cuatro de

 

Sala Superior de Emergencia

 

 

PODER JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

 

                                                                                 

   (Av. Echenique N° 898-Huacho, Telf. 4145000)

 

EXPEDIENTE                        : 01465-2013-16-1301-JR-PE-02

ESPECIALISTA         : LOPEZ RAMIREZ YESENIA M.

IMPUTADO              : AVILA MIRANDA, CRISTHIAN ALBERTO

                                   ROMERO JORGE, ALEX NOEL

                                   OSORES CABALLERO, LUIS ELIAS

DELITO                     : ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO                       : DE LA CRUZ ULLOA, LUIS ALFREDO

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número  11

Huacho, doce de Febrero

del dos mil quince.-

 

I.-        MATERIA DEL GRADO:

  1. La sentencia contenida en la Resolución Número Seis, de fecha 28 de Agosto del 2014, resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura que falla CONDENANDO a los acusados ALEX NOEL ROMERO JORGE, LUIS ELIAS OSORES CABALLERO y CHRISTIAN ALBERTO AVILA MIRANDA, como co-autores del delito Contra El Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, tipificado en el articulo 189° incisos dos y cuatro del Código Penal, en agravio de Luis Alfredo de la Cruz Ulloa, y como tal se le impone a los sentenciados OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la misma que computada desde la fecha en que fueron detenidos, esto es el día dieciséis de junio del dos mil trece, vencerá el día quince de Junio del dos mil veintiuno. Asimismo, fija en la suma de UN MIL NUEVOS SOLES el monto por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene, en merito a la apelación interpuesta del los condenado Alex Romero Jorge, Christian Alberto Avila Miranda, Luis Elías Osoroes Caballero; interviniendo como Ponente y Director de Debates el Magistrado Víctor Raúl Reyes Alvarado.

 

II.-       PARTICIPANTES EN  LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

  1. La Sala Superior de Emergencia se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Dres. Moisés Agustín Solórzano Rodríguez (Presidente), Víctor Raúl Reyes Alvarado y Víctor Raúl Mosqueira Neira.

 

  1. La representante del Ministerio Público la Dra. Carmen Cucalón Coveñas, con domicilio procesal en Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

  1. Abogado del sentenciado Christian Alberto Ávila Miranda: Dr. Raúl Narciso Muñoz Ayora.  con Reg. del C.A.H. Nro.636, domicilio procesal en Calle Pedro Ruiz Rosa 210 Barranca.
  2. Abogado del sentenciado Luis Elías Osores Caballero: Dr. Ricardo Alberto Gómez Hurtado, con Reg. del C.A.L. Nro. 15484, domicilio procesal ubicado en Av. Echenique N° 777 Of N° 201 Segundo Piso Huacho – correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
  3. Abogada defensora pública del sentenciado Alex Noel Romero Jorge: Dra. Claudia Celia Valdivia Valero. con Reg. del C.A.A. Nro.4391, domicilio procesal en Jr. Gálvez N° 687 segundo piso Barranca.
  4. Sentenciado: Alex Noel Romero Jorge. De  20 años de edad, DNI N° 09031994, natural de Barranca, hijo de Nancy y Vicente, grado de instrucción secundaria completa, soltero, ayudante de soldadura, ultimo domicilio en AA.HH Manuel Bustamante Mz. C lote 7 Barranca.
  5. Sentenciado: Luis Elías Osores Caballero. De 20 años, 22121994 hijo de Luis y Lidia, natural da Barranca, soltero, no tiene hijos, 4° secundaria, cargador de equipaje de una empresa de turismo Erick El Rojo,  con domicilio en Urb.  Bárbara de Chile Mz. B lote 25 Barranca.
  6. Sentenciado: Avila Miranda Cristhian Alberto. De 22 años de edad, fecha de agosto 03/08/1992, con grado de instrucción 3° secundaria, ayudante de albañil, hijo de Valentina y Juan Alberto y con domicilio en AA.HH Manuel Bustamante Mz. A Lote 20 Primera Etapa – Barranca.

 

III.-     ANTECEDENTES:

 

Imputación del Ministerio Público:

  1. Se imputa a los sentenciados acusados, que el día 16 de junio del 2013, a las tres horas con cuarenta minutos (de la madrugada) aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Luis Alfredo de la cruz Ulloa, luego haber estado libando licor junto con un amigo en un bar de la calle Arequipa de la ciudad de Barranca, se retiraba a su domicilio ubicado en la calle Leoncio Prado N° 250 – Barranca, cuando subía por la calle José Gálvez, en forma sorpresiva apareció un sujeto de vestimenta clara caminando de oeste a este, este intercepto al agraviado, lo jala hasta la pista, para luego cogerlo del cuello, cogotea, apareciendo otro sujeto el mismo que vestía ropa oscura y también lo empieza a jalonear, el de la ropa oscura se retira y el sujeto de prendas claras lo tira a la pista cerca de las señalizaciones de color blanco (cruce peatonal), en eso aparece una tercera persona de vestimenta clara, apareciendo nuevamente el sujeto de vestimenta oscura que se había retirado de la escena y dos de ellos comienzan a rebuscar sus pertenencias a un sujeto en el suelo, mientras que un tercero, el de ropa clara comienza a patear al parecer al rostro al agraviado, para luego uno de ellos quitarle su calzado y los tres agresores comienzan a correr dejando al agraviado tirado en la pista, luego este se para y comienza a caminar, habiendo llegado a sustraerle las zapatillas del agraviada (que las tenía puestas), era una zapatilla de color blanco con una franja negra, de marca puma, talla 40, para luego darse a la fuga hacia la calle Leoncio Prado Este, seguido en su desplazamiento  por la cámaras de vigilancia CECOM, simultáneamente se estableció conexión con el personal de serenazgo a quienes se les indicaron las características físicas y vestimenta (dos con ropa clara y uno con ropa oscura) que llevaban los autores del hecho, logrando ubicar y detener a dos de los autores en la cuadra seis de la calle Lima, siendo identificados como Christian Alberto Ávila Miranda (sujeto con ropa oscura – polo negro) y Alex Noel Romero Jorge (ropa clara – casaca beige), precisándose que ha este último se le encontró entre su casaca, una zapatilla de color blanco con negro, marca puma; mientras que se detuvo a un tercer sujeto en la calle Alfonso Ugarte (frente al C.E. 20475), identificado como Luis Elías Osores Caballero (ropa clara – casaca blanca).

 

Calificación Jurídica y Reparación Civil solicitada:

  1. Tipificación: El Ministerio Público tipifica los hechos atribuidos a los acusados ser autores del delito contra el Patrimonio en la modalidad de robo agravado, figura delictiva quese encuentra tipificado en el inciso dos, del primer párrafo, del artículo 189°, del Código Penal que prescribe: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: Inciso 2. Durante la noche o en lugar desolado. E Inciso 4. Con el concurso de dos o más personas”.

 

Reparación civil: El Ministerio Público solicita como reparación civil la suma de S/. 300,000.00 nuevos soles por el delito de robo agravado con subsecuente muerte y 90.000.00 por el delito de robo agravado.

 

            SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA (JUICIO ORAL REALIZADO EN SESIONES, DÍAS: 07,08,13,20,22,28, DE AGOSTO DE 2014, RESPECTIVAMENTE).

 

  1. El Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura, integrado por los Magistrados Noemí Acevedo Díaz de Romero, Julio Arturo Rodríguez Martel y William Humberto Vásquez Limo, expidió Resolución Número Seis, de fecha 28 de Agosto del 2014, resolución emitida por el Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura, que falla: CONDENANDO a los acusados ALEX NOEL ROMERO JORGE, LUIS ELIAS OSORES CABALLERO y CHRISTIAN ALBERTO AVILA MIRANDA, como co-autores del delito Contra El Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 189° incisos dos y cuatro del Código Penal, en agravio de Luis Alfredo de la Cruz Ulloa, y como tal se le impone a los sentenciados OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la misma que computada desde la fecha en que fueron detenidos, esto es el día dieciséis de junio del dos mil trece, vencerá el día quince de Junio del dos mil veintiuno. Asimismo, fija en la suma de UN MIL NUEVOS SOLES el monto por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

 

Recursos de apelación interpuestos por los sentenciados:

 

  1. Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Christian Alberto Avila Miranda, quienhizo uso de su derecho impugnatorio mediante escrito ingresado con fecha 15 de Setiembre del 2014, solicitando que el Superior en grado disponga la nulidad de la sentencia. El sentenciado Luis Elias Osores Caballero,hizo uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 15 de Setiembre del 2014, solicitando que el Superior en grado disponga revoque la condena y se le absuelva. El sentenciado Alex Noel Romero Jorge hizo uso de su derecho impugnatorio, mediante su escrito ingresado con fecha 12 de Setiembre del 2014, solicitando que el Superior en grado se revoque la sentencia por insuficiencia probatoria y se le absuelva.

 

 

 

          

Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

  1. Mediante Resolución Nro. 09, de fecha 02 de Diciembre del 2014, esta Instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales;  que por Resolución Nro. 10, del 26 de Diciembre del 2014, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 12 de Febrero del 2014, a las diez de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante. LLevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 10:04 hrs. y culminó a las 12:15 hrs. el Tribunal pasó a deliberar,  e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el especialista judicial de audiencias.

 

Pretensión de los sujetos procesales intervinientes en el juicio  oral de segunda instancia. 

 

  1. El abogado Muñoz Ayora formula sus alegatos de inicio, solicitando se tenga por interpuesto el presente recurso de apelación de sentencia, en contra de la resolución antes mencionado, por la vulneración al debido proceso en el extremo por .a indebida valoración de las pruebas y por la debida interpretación y aplicación de. derecho y motivación, contemplado en el articulo 139° incisos, 3,5 de nuestra constitución política del estado, concordancia con el articulo VIII, inciso 3 del T.P y articulo 156° y 158° inciso 3 literal a) del NCPP, y a efecto del mismo la sala pena, superior, declarando la nulidad de la sentencia, y reformando la absolución de mi patrocinado, ordenar su inmediata libertad de mi patrocinado.

 

  1. El abogado Gómez Hurtadoformula sus alegatos de inicio, solicitando se revoque la misma y se le absuelva de todos los cargos contenido en la acusación fiscal, posteriormente se archive los actuados en todos sus extremos. La abogada Valdivia Valero formula sus alegatos de inicio, ratifica su pretensión solicitando se proceda a revocar la sentencia por insuficiencia probatoria, debiéndose proceder a absolver a mi patrocinado. La fiscal formula sus alegatos de inicio, relata los hechos, solicita se conforme la sentencia venida en grado. El abogado Gómez Hurtado formula su alegato final,sostiene que su patrocinado no estuvo presente en el lugar de los hechos, y no fue la persona que intercepto, cogoteo y golpeo al agraviado, al hacérsele el registro personal no se le encontró nada su patrocinado, concluye su alocución solicitando se revoque la sentencia en grado y se le absuelve de los cargos contenido en la acusación fiscal.

 

  1. El abogado Muñoz Ayora formula su alegato final, señala que conforme su pretensión principal ha pedido la nulidad, señala que el colegiado ha vulnerado el principio de imparcialidad del juicio, eso se aprecia en la tercera parte de la resolución en  planteamiento del caso por las partes, en la que precisa la pretensión de la intervención fiscal donde se expone los hechos y señalo los mismos que configuran la comisión de un delito de robo agravado, la pretensión principal en juicio del fiscal fue lo mismo que hice mención, sin embargo el colegiado existiendo una norma legal, por lo contrario a considerado resolver el presente caso como delito de robo agravado en grado de consumación, así mismo se ha atrevido de proponer de acuerdo al principio de proporcionabilidad la pena no menor de doce y ha hecho los descuentos de dos años por responsabilidad restringida y dos años por las circunstancias de forma del hecho, s el fiscal sostuvo en grado de tentativa porque no se partió, la responsabilidad restringida del hecho de los ocho años, si fuese así era para que parta de los ocho años, descontando los dos años por la responsabilidad restringida serian seis y mas dos por las circunstancias del hecho sucedido quedaría en cuatro años, concluye su alocución solicitando la nulidad de la sentencia y la inmediata libertad de su patrocinado.

 

  1. El abogado Valdivia Valero formulasu alegato final, señala que en el presente caso no existe suficientes elementos probatorios para determinar la responsabilidad penal de su patrocinado, como se tiene conocimiento los medios probatorios deberán ser suficientes para acreditar no solo el delito si no la imputación objetiva que se realiza en contra de este, que siendo así una sentencia condenatoria no tiene tener como considerando una presunción de acreditación de hechos, conforme lo establece el articulo 393.3 literales b9 y c) del Código Procesal Penal toda vez que debe condenarse a una persona por hechos acreditados y probados en juicio oral, no se puede condenar a una persona por una presunción si no por el contrario con pruebas suficientes que no solo acredite el delito si no la responsabilidad penal de este; solicita se revoque la sentencia por insuficiencia probatoria y se absuelva a su patrocinado. La Sra. Fiscal Carmen Cucalón Cobeñas formula sus alegatos finales; solicita se confirme la venida en grado.

 

IV.-     FUNDAMENTOS:

 

  1. En el escrito de apelación presentado con fecha 12 de Setiembre de 2014 y la audiencia del juicio oral de segunda instancia, la abogada defensora publica del sentenciado impugnante Alex Noel Romero Jorge, solicita la revocatoria de la condena por insuficiencia probatoria, por lo que corresponde analizar y verificar si efectivamente el mencionado sentenciado fue condenado cuando la prueba producida en el juicio oral de primera instancia era insuficiente, lo cual no es cierto como se verifica del séptimo considerando denominado: “valoración de la prueba” de la sentencia recurrida, donde el Colegiado de primera instancia ha valorado los medios probatorios por los cuales ha sido condenado el citado impugnante básicamente en merito a los videos visualizados con el que se prueba que el encausado participo como coautor en el despojo de la zapatilla y una gorra al agraviado, por lo que corresponde desestimar la apelación interpuesta.

 

  1. En el escrito de apelación presentado con fecha 15 de Setiembre de 2014 y la audiencia del juicio oral de segunda instancia, el abogado defensor particular del  impugnante Cristhian Alberto Avila Miranda solicita la nulidad de la sentencia por indebida valoración de las pruebas y por indebida interpretación y aplicación del derecho y motivación, porque el Colegiado se ha pronunciado por una imputación que no fue materia de acusación, lo que es incorrecto toda vez que el Tribunal ha emitido condena por el delito de robo agravado en grado de tentativa conforme a la acusación presentada por el Fiscal, por lo que debe desestimarse la apelación formulada.

 

  1. En el escrito de apelación presentado con fecha 15 de Setiembre de 2014 y la audiencia del juicio oral de segunda instancia, el abogado defensor particular del  impugnante Luis Elías Osores Caballero solicita la revocatoria de la condena y se absuelva a su patrocinado por cuanto no concuerda la vestimenta con el que fue encontrado su patrocinado con la visualización del video, atendiendo además que no existe prueba directa, los argumentos de la defensa del apelante deben desestimarse al contrario a lo que dice, concuerda exactamente las prendas que se consigna en el acta de registro personal practicado por la Policía al impugnante donde se detalla el color y características que coinciden con lo apreciado en el video.

 

  1. El Colegiado de primera instancia después de analizar no solo los videos mediante los cuales se observa la participación de cada uno de los apelantes en el apoderamiento mediante el uso de la violencia de una zapatilla de propiedad del agraviado, sino también valorando los testimonios del efectivo policial Jorge Luis García Luna, del testigo Jorge David Torres Rodríguez empleado de Acecom de la Municipalidad de Barranca, quien fue la persona que fimo el acto criminal, asimismo valoran las tomas fotográficas de los acusados, acta de incautación de la zapatilla encontrado en poder del sentenciado Alex Noel Romero Jorge, y los testimonios de los encausados prestados ante el Fiscal que fueron oralizados porque guardaron silencio en el juicio oral, el cumulo de material probatorio antes descrito han dado lugar para que el Colegiado de primera instancia tenga la certeza que los acusados son responsables del delito de robo agravado en grado de tentativa.

 

  1. Por ello es que concluyen señalando que los 3 acusados son los que aparecen en el video asaltando, por cuanto el sujeto que golpea y cogotea al agraviado hasta tirarlo al suelo esta vestido con casaca color blanco, cuello y puños de color negro, pantalón jean, corresponde a la persona de Luis Elías Osores Caballero; el sujeto que recoge el gorro y saca las zapatillas al agraviado esta vestido con casaca color beige, con cuello grande del mismo color, pantalón jean y zapatillas de color negro, es la persona de Alex Noel Romero Jorge; y el tercer sujeto que busca en sus pertenencia al agraviado esta vestido con polo manga corta de color negro y pantalón jean, corresponde a Christian Alberto Avila Miranda, estos dos últimos fueron intervenidos cuando iban caminando abrazados por una de las calles de la ciudad de Barranca. Por lo que se acredito la comisión del delito de robo agravado por apoderamiento de una zapatilla del agraviado mediante el uso de la violencia, tipificado en el artículo 189 numeral 2 (se cometió el hecho en la noche) y numeral 4 (mediante el concurso de 2 o más personas), concordante con el 188 del Código Penal – en adelante CP-. En consecuencia debe confirmarse la condena a los acusados.

 

 

Determinación judicial de la pena, inaplicación del artículo 22 segundo párrafo del CP. (CONTROL DIFUSO)

 

  1. El Tribunal de Apelaciones no comparte el criterio realizado por el Colegiado de primera instancia para determinar judicialmente la pena de los acusados, por cuanto han el articulo 22 segundo párrafo del CP, que excluye la posibilidad a los acusados que tienen responsabilidad restringida cuando cometen el delito –entre otros- de robo agravado tipificado en el artículo 189 del CP, sin realizar el control difuso, por lo que se debe subsanar la inaplicación omitida por este Tribunal de primera instancia.

 

  1. De los antecedentes se verifica que los condenados Luis Elías Osores Caballero, Alex Noel Romero Jorge y Cristhian Alberto Avila Miranda,  cuando cometieron el delito tenían 18, 19 y 21 años de edad respectivamente. Por lo que conforme al primer párrafo del artículo 22 del CP, tenían responsabilidad restringida por la edad.

 

  1. Al respecto Hurtado Pozo refiere[1] “(…) que el individuo no alcanza la madurez de repente. Se trata de un proceso paulatino, que varía de un individuo a otro. Debido a esta situación, las legislaciones contienen normas que regulan un periodo intermedio comprendido entre el límite que separa el derecho penal de menores del derecho penal común y el limite cronológico a partir del cual se considera plenamente adulta (madura) a una persona”. Los limites en el Perú según el primer párrafo del artículo 22 del CP, es el comprendido a los mayores de 18 y menores de 21 años, a cuyos individuos según el autor antes citado se les aplica las normas y sanciones del derecho penal común. Pero, que por su situación personal, son considerados como incapaces relativos o imputables restringidos[2].

 

  1. Compartimos con Hurtado Pozo[3], cuando señala que la vinculación del Juez con la ley pasa por la toma en consideración estricta de la constitucionalidad de las disposiciones. En el presente caso se advierte que pese a que los acusados tienen responsabilidad restringida por la edad, el legislador ha excluido su aplicación para  casos como el del delito de robo agravado como se advierte del segundo párrafo del artículo 22 del CP.

 

  1. El articulo 138 segundo párrafo de la Constitución, establece que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, en el mismo sentido y con mayor desarrollo prescribe el artículo 14 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo que en el presente caso este Tribunal Superior considera que el segundo párrafo del artículo 22 del CP, (norma legal) es incompatible con el artículo 2.2 de la Constitución (norma constitucional) que establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley.

 

  1. Si la ley, -articulo 22 primer párrafo del CP- ha establecido que todas las personas comprendidas entre 18 y 21 años, son incapaces relativos o imputables restringidos por la edad, y por ese motivo son favorecidos con la reducción prudencial de la pena para el hecho punible cometido. Entonces la norma legal, -segundo párrafo del artículo 22 del CP- que excluye  su aplicación a los que cometen –como en este caso, entre otros ilícitos-, el delito de robo agravado, pese a tener la condición de imputable restringido, por lo que esta norma es incompatible con el articulo 2 numeral 2 de la Constitución, al vulnerarse el derecho de toda persona que tiene la condición de imputable restringido por la edad, de igualdad ante la ley.

 

  1. Según el Tribunal Constitucional[4] cuando la desigualdad de trato –como en este caso- no sea razonable ni proporcional estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable. (Exp.N°0048-2004-AI, 15/02/05, P. FJ.56). Consideramos que el trato desigual de la ley en contra de la persona que comete delito de violación sexual, cuando es imputable restringido por su edad para ser favorecido con la reducción prudencial de la pena, no es razonable ni proporcional en relación a las demás personas que se encuentra en la misma situación y que cometen otra clase de ilícitos, por cuanto en ambos casos son incapaces relativos, que nos les permite plenamente apreciar la conducta ilícita que realizan.

 

  1. No puede afirmarse desde nuestro punto de vista que sea razonable y proporcional por ejemplo, que el imputado que cumplió la mayoría de edad el mismo día del hecho, y si la pena a imponerse como en este caso es no menor de 12 años de privación de su libertad, entonces hay que aplicarle dicha pena, aunque el acusado sea un imputable pero restringido por su edad, debido a que ese mismo día adquirió la mayoría de edad, pero como el delito de robo agravado se encuentra excluido para reducirle la pena, se le aplica y se le impone dicha pena. En consecuencia lo que corresponde es inaplicar la norma legal por no ser compatible con la norma constitucional.

 

  1. Respecto a la imputabilidad restringida por razón de la edad y control difuso, el AP N° 04-2008-CJ/116, en el fundamento 11 último párrafo establecen como doctrina legal, “Los jueces penales, en consecuencia están habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del artículo 22° del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada (…)”. Toda vez que si bien la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en una anterior oportunidad no aprobó en un caso similar la inaplicación de dicho dispositivo, sin embargo no habían dispuesto que esa decisión constituya precedente vinculante conforme al artículo 22 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo cual este Tribunal Superior en uso de sus facultades constitucionales, realizando un control difuso inaplica dicha norma legal. Además en ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema cuando inaplico vía control difuso, el segundo párrafo del artículo 22 del CP, por ser incompatible con el derecho de igualdad ante la ley, (R.N.1610-2013-Lima Norte, caso: Quispe Auqui. Gaceta Penal. Mayo 2014).
  2. Por tanto, inaplicando el segundo párrafo del artículo 22° del CP, por ser incompatible con el articulo 2 numeral 2 de la Constitucional, y aplicando el primer párrafo del código acotado, para determinar judicialmente la pena se tiene en cuenta que el artículo 189 del código sustantivo, -por cuyo ilícito ha sido condenado el sentenciado- es sancionado con pena no menor de 12 ni mayor de 20 años, sin embargo el artículo 45-A, numeral 3 acápite a), del CP, establece que cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas la pena concreta se determinara por debajo del tercio inferior.

 

  1. Consideramos que la posibilidad de reducir prudencialmente la pena al que alude el artículo 22° primer párrafo, del CP. corresponde a una circunstancia atenuante privilegiada, porque sería ilógico establecer que la reducción prudencial significa determinar la pena concreta entre el mínimo y el máximo del tipo penal infringido, más aun estando a lo establecido en el artículo 46 del código acotado, donde la imputabilidad restringida no se encuentra en forma precisa y concreta como un supuesto de circunstancia atenuante, que sirva para establecer la pena según el caso dentro del tercio inferior u medio, por cuanto en el artículo 46.1.h del código sustantivo solo se refiere en forma general a la edad de imputado en cuanto ella pudiera haber influido en la conducta punible, lo cual a nuestro criterio se refiere a edades distintas a un imputable restringido establecido en el artículo 22 del CP, no considerarlo así, daría lugar a que implícitamente este último dispositivo se encontraría derogado.  

 

  1. El legislador no ha determinado hasta que cantidad de pena debe reducirse por debajo del tercio inferior cuando como en este caso se verifica la existencia de una atenuante privilegiada por tener responsabilidad restringida por la edad, por lo que se ha dejado a discreción del Juzgador. Asimismo se verifica la existencia de una segunda atenuante privilegiada por cuanto el delito ha quedado en grado de tentativa, por lo que resulta aplicable el artículo 16 del CP, que también manda reducir la pena por debajo del tercio inferior, a todo ello debemos aplicar el principio de proporcionalidad de la pena establecido en el artículo VIII del Título Preliminar del CP, al respecto se tiene en cuenta que el apoderamiento si bien fue realizado con violencia contra la persona, pero no hubo de por medio armas de fuego u de otra clase de armas u objetos, además el apoderamiento se realizó solo respecto a una zapatilla del agraviado (no un par), por lo que la reducción de la pena por debajo del tercio inferior debe alcanzar hasta los 04 años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 3 años, al reunir los presupuestos establecidos en el artículo 57 del CP, toda vez que los sentenciados no son reincidentes, carecen de antecedentes penales y judiciales, entiende este Tribunal que en el contexto que ocurrió el hecho los sentenciados han obrado sin medir las consecuencias de sus actos probablemente, y si bien la naturaleza del delito es robo agravado pero el apoderamiento se realizó solo de una zapatilla sin el par, por lo cual no era utilizable. Por tanto dado la juventud de los sentenciados se les debe dar una oportunidad, quienes al encontrarse privados de su libertad desde el 16 de Junio de 2013 a la fecha, entendemos han internalizado su ilícito proceder para no volver a cometer el mismo u otros delitos. De otro lado se debe imponer como una de las reglas de conducta el pago de la reparación civil para el resarcimiento oportuno a la víctima.    
  2. Conforme al segundo párrafo del artículo 14 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la presente sentencia debe ser elevada en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, sino fuera impugnada.

 

V. Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

  1. El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, sin embargo se advierte del contenido de los recursos de apelación que los impugnantes habrían tenido razones para apelar la condena, máxime aun cuando se está revocando el extremo de la pena.

  

            V. REFERENTE A LA LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA:

           

  1. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396 del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

  1. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

  1. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

VI.-     FALLO:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, por unanimidad: RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR la Resolución N° 06, de fecha 28 de agosto del año 2014, mediante el cual el Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura CONDENO a los acusados ALEX NOEL ROMERO JORGE, LUIS ELIAS OSORES CABALLERO y CHRISTIAN ALBERTO AVILA MIRANDA, como co-autores del delito Contra El Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en grado de tentativa, y fijo la suma en UN MIL NUEVOS SOLES que los sentenciados deben pagar al agraviado en forma solidaria.

 

  1. REVOCARON en el extremo que el tribunal de primera instancia impuso ocho años de pena privativa de libertad, REFORMANDOLA IMPONEMOS: CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, SUSPENDIDA POR EL PERIODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS, bajo las siguientes reglas de conducta: 1) la obligación de no ausentarse de la localidad, donde residen y del domicilio real que han otorgado en el presente proceso penal, 2) presentarse todos los fines o inicio de cada mes, ante la Oficina de registro de sentenciados del Modulo Penal de Barranca, a fin de que se aperturen la ficha respectiva, y registren sus firmas, todos los fines o inicio de cada mes , 3) Reparar el daño causado, por lo cual deben pagar la reparación civil fijada en la suma de S/.1, 000.00 nuevos soles en el plazo de diez días, siendo solidaria este pago en integridad debe ser efectuado por cualquiera de los sentenciados, todas estas reglas de conductas bajo el expreso apercibimiento en caso de incumplimiento, al requerimiento del Ministerio Público revocarse la pena suspendida en su ejecución, por pena privativa de la libertad efectiva.

 

  1. ORDENAMOS la INMEDIATA LIBERTAD de los sentenciados ALEX NOEL ROMERO JORGE, LUIS ELIAS OSORES CABALLERO y CHRISTIAN ALBERTO AVILA MIRANDA,  siempre que  no se encuentren requisitoriados o con mandato de prisión, emanada por autoridad competente, OFICIÁNDOSE  en el día, para este efecto;

 

  1. DISPONEMOS: en caso no se interponga recurso de casación a la presente sentencia, ELEVAR EN CONSULTA a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

 

  1. EXONERAR: del pago de costas a los apelantes de conformidad a lo señalado en el fundamento 37 de la presente sentencia.

 

  1. ORDENAR que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 25 de Febrero del 2015 a las 3.30pm., por el Especialista Judicial de Audiencias.

 

  1. DISPONER: Que, cumplido estos trámites, se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

SOLORZANO RODRIGUEZ        MOSQUEIRA NEIRA             REYES ALVARADO

Presidente                                                     Juez Superior                       Juez Superior  D.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO EN MINORIA DEL MAGISTRADO MOSQUEIRA NEIRA

 

En cuanto a la lectura de sentencia el suscrito tiene una posición distinta  a la adoptada por mis colegas en mayoría, en el siguiente sentido:

Primero: El artículo 425° numeral 4 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.” (subrayado agregado).------------

Segundo: La norma antes glosada, es de carácter imperativo y señala que el pronunciamiento de la sentencia debe hacerse necesariamente en audiencia pública, entendiéndose por ello también al acto de lectura integral de la sentencia, siendo que dicho acto es un acto solemne, y como toda audiencia, es parte del juicio oral, en este caso el acto de lectura integral de la sentencia viene a ser la última parte del juicio oral.- Tercero: No se trata de un acto de mera notificación de la sentencia, pues de ser así bastaría con hacer llegar a las partes el texto de la sentencia, sino que se trata de una audiencia especial en donde se lee en su integridad, la sentencia emitida por los jueces.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarto: Siendo así,  la audiencia tiene que estar presidida por los jueces, y no por un auxiliar jurisdiccional, ya que los actores del proceso penal son el Juez, el representante del Ministerio Público, el Abogado Defensor, el Imputado y el Actor Civil, y los auxiliares jurisdiccionales tienen otras funciones entre las cuales no está la de presidir una audiencia.------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto: Resulta cierto que la Corte Suprema cuando resuelve una casación ordena que la lectura de sentencia la efectúe el Relator de Sala, empero debe tenerse presente que el artículo 431 numeral 4 del Código Procesal Penal señala que: “Culminada la audiencia, la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los numerales 1) y 4) del artículo 425. La sentencia se expedirá en el plazo de veinte días. El recurso de casación se resuelve con cuatro votos conformes.” (subrayado agregado), es decir para la Corte Suprema no resulta imperativo cumplir lo dispuesto en el artículo 425 numeral 4 del Código Procesal Penal, pues sólo debe aplicarla en lo que considera pertinente, siendo que la norma procesal deja un margen de discreción a la Sala Penal de la Corte Suprema, lo que no ocurre para la Sala Superior, para quien lo dispuesto en el artículo 425 numeral 4 del Código Procesal, sí resulta imperativo como ya se anotó anteriormente.---------------------

 

Por estos fundamentos MI VOTO es porque el Colegiado Superior se constituya a la Sala de Audiencias del Establecimiento Penal de Carquín,  el día 25 de febrero del año en curso a las tres y treinta de la tarde, para llevar a cabo la audiencia de la lectura integral de la sentencia de segunda instancia.

 

                                                                                  MOSQUEIRA NEIRA

 

 

 

 

 



[1] Hurtado Pozo Jose, Manual  de Derecho Penal, Parte general T..I 3° edición 2005, Grijley, p. 647

[2] Ibidem

[3] Hurtado Pozo Ob. Cit., p.186

[4] La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica, primera edición Agosto 2006, p. 52

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LESIONES LEVES

                                                                      

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA PENAL DE APELACIONES

 (Av. Echenique N° 898-Huacho, Telf.4145000)

 

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACION - Sede Central

EXPEDIENTE: 02218-2012-18-1301-JR-PE-03

ESPECIALISTA : DE LA CRUZ OSORIO MALENA E.

ABOGADO DEFENSOR: MUÑOZ AYORA, RAUL

FISCALIA: LIBERATO CONDE, LUZ

MINISTERIO PUBLICO: DESPACHO DE DECISION TEMPRANA FPPCB 

IMPUTADO: OLORTEGUI ASENCIOS, FELIX MARIO

DELITO: LESIONES LEVES

AGRAVIADO: IBARRA SERNA, EDWAR ANTONIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 17

Huacho, diez de Marzo

del dos mil catorce.-

 

I.-        MATERIA:

 

  1. Resolver la apelación formulada por el acusado, a la sentencia de fecha 21 de Octubre del 2013, en la que se fallaAPROBANDO el acuerdo parcial de conclusión anticipada del juicio, en consecuencia se dispone la RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO en el proceso que se sigue contra Félix Mario Olórtegui Asencios por el delito contra la salud en la modalidad de Lesiones leves, en agravio de Edwar Antonio Ibarra Serna, por el período de prueba de un año. FIJA en UN MIL NUEVOS SOLES (S/.1,000.00) el monto de la REPARACIÓN CIVIL, que el sentenciado deberá cancelar a favor del agraviado, en el plazo de 10 días una vez quede firme la presente sentencia. Se condena al sentenciado al pago de costas, con lo demás que contiene.

 

II.-       INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

  1. La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Miguel Tapia Cabañín (Presidente), Víctor Reyes Alvarado (Juez Superior-Director de Debates) y Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior).

 

  1. Concurrió la representante del Ministerio Público: Dra. Luz Liberato Conde, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

  1. Asistió el agraviado: Edwar Antonio Ibarra Serna, con D.N.I. Nro. 15845214, con domicilio en calle Andrés de Los Reyes Mz. “D”, Lote 04-Barranca.

 

  1. Acudió el abogado del imputado Félix Mario Olórtegui Asencios: Dr. Raúl Narciso Muñoz Ayora, con Reg. C.A.H. Nro. 636, con domicilio en calle Pedro Reyes Barboza Nro. 211-Barranca (incorporado a la audiencia a las 12:05 hrs.)

 

III.-     ANTECEDENTES:

 

           Hecho materia de imputación:

 

  1. Se atribuye al acusado Félix Mario Olórtegui Asencios, que el día 31 de diciembre del 2011, siendo aproximadamente las 23 horas, en circunstancias en que el agraviado se encontraba en la pollería “Friend Chicken” en Miramar de Barranca, luego de comprar pollo a la brasa, estaba reclamando la sopa del pollo, y al entrevistarse con la administradora le dijo que no había y que regresara al día siguiente, el agraviado empezó a vociferar con insultos, por lo que el personal de seguridad le pidió que se retire, pero éste más bien pasó al lugar donde estaba el personal de seguridad, y en dichas circunstancias comenzó a proferir insultos el agraviado, se sacó su correa y lanzarlo, por lo que se produjo un altercado entre el imputado y el agraviado, a consecuencia de dichos hechos resultó con diversas lesiones el agraviado, resultando con lesiones en el cuerpo tales como fractura del hueso de la nariz, que según el examen médico legista arrojó 5 días de atención facultativa por 20 días de incapacidad médico legal.

 

Calificación Jurídica y reparación civil:

 

  1. Tipificación penal: el Ministerio Público atribuye al encausado la comisión del delito de lesiones leves regulado en el artículo 122° primer párrafo del Código Penal y no pide reparación civil porque el agraviado se ha constituido en actor civil.

 

  1. Pretensión del actor civil: su abogado refirió que conforme se tiene el historial médico, las boletas, proformas expedidas por el laboratorio, lo de la operación, considera que el monto indemnizatorio debe ser S/. 3,185 nuevos soles, que incluye todos los gastos y la operación.

 

            Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 16 y 21 de Octubre del 2013, respectivamente).

 

  1. El Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, a cargo del Magistrado William Timaná Girio, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 21 de Octubre del 2013, la sentencia que fallaAPROBANDO el acuerdo parcial de conclusión anticipada del juicio, en consecuencia se dispone la RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO en el proceso que se sigue contra Félix Mario Olórtegui Asencios por el delito contra la salud en la modalidad de Lesiones leves, en agravio de Edwar Antonio Ibarra Serna, por el período de prueba de un año. FIJA en UN MIL NUEVOS SOLES (S/.1,000.00) el monto de la REPARACIÓN CIVIL, que el sentenciado deberá cancelar a favor del agraviado, en el plazo de 10 días una vez quede firme la presente sentencia. Se condena al sentenciado al pago de costas, con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Félix Mario Olórtegui Asencios:

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 24 de Octubre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, en el extremo de la reparación civil, al señalar que no está demostrado cuánto percibe económicamente el agraviado, que el monto de la reparación civil se ha fijado con criterio subjetivo, cuestiona también el plazo para el pago de la reparación civil, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, mediante Resolución Número 08, de fecha 28 de Octubre del 2013.

 

           Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

  1. Mediante Resolución Nro. 10, de fecha 21 de Noviembre del 2013, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 11, de fecha 06 de Diciembre del 2013, se corre traslado a las partes por el plazo común de cinco días a fin que puedan ofrecer medios de prueba, por Resolución Nro. 12, del 29 de Enero del 2014, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 10 de Marzo del 2014, a las doce del mediodía, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

  1. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 12:00 p.m. y culminó a las 12:42 p.m. el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea notificada por el especialista judicial en los domicilios procesales de las partes, atendiendo que en este caso solo se cuestiona el extremo civil de la condena.

 

            Pretensión del apelante y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia.

 

  1. El abogado Raúl Muñoz Ayora formula sus alegatos de inicio y de cierre, sostiene que no se llegó a establecer el monto de reparación civil, que el Juez fijó mil soles, señala que el certificado dice 5 días de incapacidad por 20 días de descanso médico, anota que el actor civil no ha probado la magnitud del daño, el agraviado dice que es comerciante lo cual no ha probado, que no se ha probado cuanto percibe por día, que no ha precisado el daño a la persona, el daño moral, el daño emergente, manifiesta que su patrocinado percibe un sueldo mínimo de 750 soles mensuales, que puede perder su derecho a libertad de no cumplir en diez días, solicita se revoque y se establezca monto proporcional, pide que se fije 500 nuevos soles, y se pague en dos cuotas de dos meses.

 

 

 

  1. La Fiscal Luz Liberato Conde formula sus alegatos de inicio y de cierre, señala que el Fiscal se desistió de la reparación civil, porque existe un actor civil, que no se corroboró que el agraviado era comerciante, que por lucro cesante el juez consideró 500 soles, indica que por los gastos se le impuso 500 nuevos soles, que sumados dan mil soles, que la sentencia fue emitida en octubre del 2013, que ha tenido un tiempo suficiente para que la suma sea íntegramente pagada en una sola cuota, tal como lo ha dispuesto el Juez, solicita se confirme la sentencia en el extremo apelado.

 

  1. El agraviado hace uso de la palabra, manifiesta que tiene cuatro hijos, la lesión le ha marcado, el señor gana más, trabaja en una caja, no quiere pagar.

 

IV.-     RAZONAMIENTO:

           

  1. El Abogado del apelante solo cuestiona el monto de la reparación civil y el tiempo que se le ha dado para que cancele la misma, solicitando se reduzca de un mil nuevos soles a quinientos nuevos soles, y que sea cancelada en 2 cuotas y no en 10 días como ha dispuesto el Juez en la sentencia. Es decir el apelante no cuestiona el hecho por el cual ha sido encontrado responsable, lo que tampoco podría hacerlo porque en el juicio aceptó el hecho materia de imputación, por lo que se ha dispuesto la reserva del fallo condenatorio.

 

  1. Según los hechos materia de imputación aceptado por el apelante por lo que la defensa del condenado no cuestiona, sino solo la reparación civil, se tiene que el condenado causó lesiones al agraviado tales como fractura del hueso de la nariz que dio como resultado, según el examen médico legal cinco días de atención facultativa por 20 días de incapacidad médico legal, hecho ocurrido el día 31 de Diciembre de 2011.

 

  1. Como se observa, desde la fecha en que ocurrió el hecho al día de hoy, ha transcurrido más de 2 años, pese a ello el acusado ahora condenado no ha cancelado suma alguna, y estando al resultado del Certificado Médico Legal, el Juez ha considerado en el fundamento 5 de la sentencia recurrida la cantidad de días de incapacidad médico legal por lo que habría dejado de percibir la suma de quinientos nuevos soles, y otros quinientos nuevos soles más por concepto de daño emergente, lo cual resulta razonable y proporcional a la lesión causada a la víctima, asimismo estando al tiempo transcurrido desde el día en que se produjo la lesión, el condenado debe cancelar la reparación civil en el tiempo de 10 días que ha fijado el Juez.

 

Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

  1. El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, en este caso, no ha tenido motivos razonables para impugnar sólo el extremo de la reparación civil, más aún si estaba siendo beneficiado con una reserva del fallo condenatorio, siendo el extremo apelado.

 

 

 

 

V.-       DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

           

  1. CONFIRMARen todos sus extremos la Resolución Número 07, de fecha 21 de octubre del 2013, mediante el cual el Juez del Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, FALLO: APROBANDO el acuerdo parcial de conclusión anticipada del juicio, en consecuencia se dispuso la RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO en el proceso que se sigue contra Félix Mario Olórtegui Asencios por el delito contra la salud en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Edwar Antonio Ibarra Serna, por el período de prueba de un año. FIJA en UN MIL NUEVOS SOLES (S/.1,000.00) el monto de la REPARACIÓN CIVIL, que el sentenciado deberá cancelar a favor del agraviado, en el plazo de 10 días una vez quede firme la presente sentencia, y se le condenó al sentenciado al pago de costas, con lo demás que contiene.

 

  1. SE LE IMPONE también por el pago de COSTAS del recurso de apelación, conforme a lo expuesto en el considerando 19 de la presente resolución.

 

  1. DISPONEMOS: Que, la Especialista Judicial notifique la sentencia escrita en los domicilios procesales de las partes.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen.

 

S.s.

 

  

 

 

TAPIA CABAÑÍN                   REYES ALVARADO                     SANCHEZ SANCHEZ 

 

 

 

 

 

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POSESIÓN INDEBIDA DE TELÉFONOS CELULARES O ARMAS, MUNICIONES O MATERIALES EXPLOSIVOS, INFLAMABLES, ASFIXIANTES O TÓXICOS EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

Sala Penal de Apelaciones y Liquidacion

(Av. Echenique N° 898-Huacho, Telf. 4145000)

 

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACION - Sede Central

EXPEDIENTE                      : 01839-2012-14-1302-JR-PE-02

ESPECIALISTA                   : DE LA CRUZ OSORIO MALENA E.

MINISTERIO PUBLICO     : SEGUNDO DESPACHO DE INVESTIGACION CF 186212 ,

TESTIGO                               : ELEAZAR CAMPOMANES CAMPOMANES ,

IMPUTADO                          : GARCIA CANGALAYA, SILVIO ROBERTO

DELITO                                : POSESIÓN INDEBIDA DE TELÉFONOS CELULARES O ARMAS, MUNICIONES O MATERIALES EXPLOSIVOS, INFLAMABLES, ASFIXIANTES O TÓXICOS EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

AGRAVIADO                      : EL ESTADO 

 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 31 

Huacho, dieciséis de Enero

del dos mil quince.-

 

I.-        MATERIA DEL GRADO:

 

Resolver la apelación formulada por el sentenciado, contra la sentencia contenida en la Resolución Número 23 de fecha 19 de agosto del 2014, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaral, que Decide: CONDENAR al acusado SILVIO ROBERTO GARCIA CANGALAYA,como autor del Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Posesión Indebida de Teléfono Celular en Establecimiento Penitenciario; en agravio del Estado - INPE; Imponiéndosele cuatro  años de pena privativa de libertad efectiva; cuyo computo es a partir del día de la fecha 19 de Agosto del 2014 y vencerá el 18 de Agosto del 2018 yFija por concepto de Reparación Civil la suma de Quinientos Nuevos Soles que deberá cancelar el sentenciado a favor del agraviado El Estado INPE, con lo demás que contiene; interviniendo como Magistrado Ponente y Director de Debates el Magistrado Víctor Raúl Reyes Alvarado.

 

II.-       PARTICIPANTES EN  LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Dres. Víctor Reyes Alvarado (Presidente), Carlos Gómez Arguedas (Juez Superior) y Wilian Timaná Girio (Juez Superior).

 

Asistió como representante del Ministerio Público la Dra. Luz Isabel Liberato Conde, con domicilio procesal en Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

Concurrió el abogado defensor del sentenciado Silvio Roberto García Cangalaya: Dr. Fernando Rogelio Quispe Ramírez con Reg. del C.A.L. Nro. 22342, con domicilio calle Bolívar Nro. 759-Huacho y correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  

III.-     ANTECEDENTES:

 

Imputación del Ministerio Público:

Se atribuye al acusado Silvio Roberto García Cangalaya, que con fecha del 16 de agosto del 2012 aproximadamente las 9 de la mañana,  personal policial de la Comisaria de Aucallama llevo adelante una inspección inopinada en el Pabellón N° B  compuesto por el ALA 1-A, ALA 1-B, ALA 2-A, ALA 2-B zona las Malvinas dentro del pabellón 2 cuadra 1 en el restaurante tienda del ALA 2-A,  del Penal de Aucallama esta inspección se realizó con participación del representante del Ministerio Público y autoridades del Centro penitenciario lográndose hallar en el pabellón 1-B, celda N° 5 un celular negro y plomo de marca Nokia con batería sin chip perteneciente al imputado Silvio Roberto García Cangalaya quien incluso en ese momento indico que el número de dicho celular era 968303297 celda que fue revisada por el agente del INPE Max Osorio Ortiz procediéndose a elaborar el acta respectiva que se encuentra a folios 03 y 04 de la carpeta fiscal.

 

Calificación Jurídica y Reparación Civil solicitada:

 

Tipificación penal: El Ministerio Público refiere que los hechos narrados han sido subsumidos como Delito Contra la  Administración Publica en la modalidad de Posesión Indebida de Celulares en Centros Penitenciarios, tipo penal  previsto y sancionado en el artículo 368-D segundo párrafo  del Código Penal.

 

Reparación civil solicitada: La Fiscalía solicita se fije la suma de Un Mil nuevos soles por concepto de reparación civil, que deberá ser abonado a favor del agraviado el Estado – INPE.

   

            SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA (JUICIO ORAL REALIZADO EN SESIONES, DÍAS 13 Y 24 DE JUNIO; Y, 04, 11, 18 Y 25 DE JULIO; Y, 08, 15 Y 19 DE AGOSTO DEL 2014, RESPECTIVAMENTE).

 

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaral, a cargo del Magistrado Félix Oderico Balta Olarte, expidió con fecha 19 de Agosto del 2014, la sentencia que Falla: CONDENANDO al acusado SILVIO ROBERTO GARCIA CANGALAYA, como autor del Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Posesión Indebida de Teléfono Celular en Establecimiento Penitenciario; en agravio del Estado - INPE; Imponiéndosele cuatro  años de pena privativa de libertad efectiva; cuyo computo es a partir del día de la fecha 19 de Agosto del 2014 y vencerá el 18 de Agosto del 2018 y Fija por concepto de Reparación Civil la suma de Quinientos Nuevos Soles que deberá cancelar el sentenciado a favor del agraviado El Estado INPE, con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Silvio Roberto García Cangalaya:

 

El apelante hizo uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 05 de Setiembre del 2014, solicitando que el Superior en grado revoque la sentencia apelada, sostiene que el acta de incautación no tiene las formalidades de ley, que no se le ha encontrado en posesión física del celular, que el celular se encontró en una repisa, que el Fiscal ha omitido averiguar sobre el número del celular, que los testigos declararon a nivel policial sin la presencia de un Fiscal, que no se ha efectuado una debida valoración de las pruebas, que no se ha enervado la presunción de inocencia, entre otros argumentos.

Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaral, mediante Resolución Nro. 24, de fecha 08 de Setiembre del 2014.

      

Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

Mediante Resolución Nro. 25, de fecha 2 de Setiembre del 2014, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 27, del 13 de Octubre del 2014, se corre traslado a las partes por el plazo común de cinco días a efectos de que ofrezcan medios de prueba, por Resolución Nro. 28, del 17 de Noviembre del 2014, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 16 de Enero del 2015, a las diez de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 10:22 hrs. y culminó a las 11:54 hrs. el Tribunal pasó a deliberar,  e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el asistente de audiencias.

 

           Pretensión de los sujetos procesales intervinientes en el juicio  oral de segunda instancia.

 

  1. El abogado Fernando Rogelio Quispe Ramírez formula sus alegatos de inicio, quien señala que en el acta de incautación no se ha indicado en qué lugar de la celda se ha encontrado el celular, siempre durante la requisa se queda un interno a cuidar la celda, que de los 10 testigos sólo 6 han concurrido, uno es de cargo, que el testigo dijo que no se le encontró el celular en poder de su patrocinado, que la declaración en juicio pesa mas, no se ha investigado quien es titular del número del celular, no se ha visualizado el celular, pide que se absuelva a su patrocinado.
  2. La Fiscal Luz Liberato Conde formula sus alegatos iniciales, quien procede a narrar brevemente los hechos, señala que se probará el delito imputado, el cual se encuentra tipificado en el Artículo 368-B segundo párrafo del Código Penal, que está conforme con la sentencia venida en grado, que le impone 4 años de pena privativa de libertad efectiva y el pago de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil.
  3. Declaración del sentenciado Silvio Roberto García Cangalaya, quien señala que en su celda viven mas de 10 personas, que en la requisa entra un técnico, y encontraron un celular en una repisa, salieron todos, la Fiscal Le preguntó, él firmó el acta pero no pensó que iba llegar esas cosas, que el celular no se lo encontraron en su poder, me dijo que firme, y firmé, no pensé que iba a llegar a esta circunstancia, que en ningún momento le han encontrado en su poder, que se ha metido en un problema que no sabe como va a ser; ante las preguntas de la Fiscal, contesta que su grado de instrucción es secundaria, que no ha terminado se quedó en tercero de secundaria, que a Max Federico Osorio Ortiz no lo conoce, que no tiene enemistad o amistad con los que realizaron la requisa, que estaba con otro muchacho que estaba en la celda, todos salieron, que el celular era de un muchacho que se fue a la calle, lo ha dejado ahí, no sabíamos que estaba ahí, que comparte la celda con mas de diez personas, son celdas chicas, cuadras chicas, son 12, 15 o 10 personas, ante las preguntas el abogado Quispe Ramírez, responde que el técnico Osorio hizo el papel, que la Fiscal hizo que firme, que ha firmado porque es una Fiscal, que no pensó que iba a traer estos problemas, con ese celular se comunicaba el muchacho que se fue a la calle, él no se ha comunicado con ese celular con sus familiares.
  4. El abogado Fernando Rogelio Quispe Ramírez formula sus alegatos finales, señala que la requisa se ha hecho con una sola Fiscal para varias celdas, que habido mas de diez internos en su celda, que no se ha determinado que el celular era de su patrocinado, que hay mas de diez internos en su celda, indica que el Ministerio Público no ha acreditado si existe ese número de celular, pudieron abrir la agenda del celular, no se ha investigado eso, sólo 2 son las pruebas de cargo que no se han actuado debidamente, anota que no han actuado más, sólo un Fiscal, para que sea prueba legal, que en el juicio oral eso se ha precisado, invoca el indubio pro reo y solicita se absuelva a su patrocinado.
  5. La Fiscal Luz Liberato Conde formula sus alegatos finales, quien señala que el delito se encuentra tipificado en el artículo 368-B segundo párrafo del Código Penal, queel tipo penal tiene varios verbos rectores, es el poseer y usar, que existe la declaración ipso facto de quien hizo el registro, esta persona de Max Osorio no tiene vínculo con el imputado, por lo que se rechaza cualquier sentimiento de enemistad para atribuirle semejante cargo, agrega que el sentenciado le dijo que era propietario del celular, el número es tal le dijo, que la ubicación del celular no lo exime de responsabilidad, puede ser portar, usar, y puede ser la posesión, que nadie duda de la requisa, indica que se ha ingresado a distintas celdas, que en la celda 5, Max Osorio entró, y se consigna que el teléfono era de Víctor García Changalaya, ahora pretende esgrimir que no dijo eso, dice que no tiene vinculo de enemistad con personal del INPE, que tiene tercero de secundaria no es una analfabeto, se ha acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal de procesado, solicita que se confirme la resolución en el extremo de la condena y de la reparación civil.
  6. Auto defensa material del sentenciado Silvio Roberto García Cangalaya,  quien señala que cuando lo intervienen el celular lo encuentran en la repisa, no a él, que la Fiscal hace sus papeles, le llama a la técnica, y por eso firma, que en ese momento no leyó, y que todos firmaron.

 

IV.-     FUNDAMENTOS:

 

  1. El abogado del sentenciado Silvio Roberto Garcia Cangalaya, en su escrito de apelación y en audiencia de apelación refiere en primer lugar que al dictarse la sentencia condenatoria se ha vulnerado el “principio del indubio pro reo”, que no se encuentra debidamente motivada y fundamentada. Después indica que el testigo de cargo, el agente del INPE Max Osorio ha declarado que el celular no lo encontró físicamente en poder de su patrocinado, que el testigo agente del INPE Ermy Rojas, encontró el celular en el interior de la celda N° 5, mas no en poder de su defendido,  que se le condena por el simple hecho de haber firmado el acta de incautación,  acepta que el celular efectivamente se encontró en la celda 5, donde  pernocta además de otros 11 internos. Por lo que pide se revoque la condena y se le absuelva.

 

  1. Como se advierte la pretensión del impugnante resulta contradictoria, primero dice que la sentencia no estaría debidamente motivada lo que conllevaría  a una nulidad, pero después señala que al no existir pruebas pide la revocatoria de la condena y por tanto se absuelva a su patrocinado, sin embargo más allá de lo contradictorio de su pretensión, lo cierto es que el Tribunal de Apelaciones tiene facultad para nulificar de oficio la sentencia e inclusive el juicio oral cuando advierta la existencia de nulidades absolutas o esenciales[1].

 

  1. Conforme se advierte del contenido de la sentencia impugnada, en el fundamento 12.5 el Juez da cuenta que el testigo Max Federico Osorio Ortiz, dijo en el juicio que pertenece al INPE, que con participación del Ministerio Publico encontró un celular en la repisa del acusado Garcia Cangalaya, quien  en dicho acto afirmo que el  teléfono le servía para comunicarse con su familia e incluso proporciono el número de teléfono “968203297”. Asimismo en el fundamento 13.1 describe el contenido del acta de incautación del celular de fecha 16 de Agosto de 2012 que también fue oralizado en el juicio.

 

  1. En merito a los medios probatorios antes descritos aunado a otros más, el Juez Penal Unipersonal que condeno al apelante, en el fundamento 15 los valora y explica porque es que se ha convencido más allá de toda duda, que el acusado es responsable del delito materia de acusación fiscal, posesión indebida de teléfono celular en establecimiento penitenciario. En consecuencia se verifica que la sentencia se encuentra debidamente motivada, no siendo cierto entonces lo referido por la defensa del apelante.

 

  1. Respecto al cuestionamiento de la defensa del acusado en su escrito de apelación y a lo señalado en la audiencia de apelación, en el sentido que no existiría prueba para condenar a su patrocinado, se debe tener presente que el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal establece que: “(…)La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”; en el presente caso, en esta instancia no habido actividad probatoria que desvirtúe básicamente la declaración testimonial de Max Federico Osorio Ortiz y el resto de declaraciones testimoniales, a cuyos testimonios el Juez Penal Unipersonal, ha dado la credibilidad de los mismos, así por ejemplo que ha sido el propio condenado apelante quien manifestó que el celular incautado le pertenecía, quien  inclusive informo el número que correspondía al teléfono.

 

  1. Asimismo, la versión del testigo antes descrito se corrobora con la oralizacion del acta de incautación del celular que ha sido suscrito por el acusado, que si bien no fue encontrado en posesión directa de este, sin embargo fue encontrado al interior de su celda, y un testigo directo que ha dicho en el juicio que el acusado le manifestó ser el posesionario del celular, quien además suscribió el acta de incautación del mencionado teléfono, aunado a ello se tiene en cuenta la versión del acusado, quien  en la audiencia de apelación dijo no haber sido  el dueño y poseedor del celular, sino que este le pertenecía a otro interno que ya egreso del establecimiento penitenciario, sin embargo no lo identifica o individualiza debidamente.

 

  1. En consecuencia, no resulta atendible la apelación formulada por el acusado debiendo confirmarse la sentencia condenatoria en todos sus extremos, al advertir además que la cantidad de pena y reparación civil  fijada por el Juez resulta, legal, razonable y proporcional al hecho cometido por el condenado, calificado como delito Contra la Administración Publica en la modalidad de posesión indebida de celulares en centros penitenciarios, tipificado en el artículo 368-D segundo párrafo del Código Penal[2], como puede verse de los fundamentos 18 y 19 de la sentencia impugnada. 

 

            V. REFERENTE A LA LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA:

 

            La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396 del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

            En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

            De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-       DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, POR UNANIMIDAD: RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia queCONDENÓ al acusado a cuatro  años de pena privativa de libertad efectiva, como autor del Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Posesión Indebida de Teléfono Celular en Establecimiento Penitenciario; en agravio del Estado - INPE; con lo demás que contiene dicha decisión;

 

  1. SIN COSTAS, dado que aparece que el apelante ha tenido motivos razonables para interponer recurso de apelación,

 

  1. ORDENAR que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 30 de Enero del 2015, a las dos y treinta de la tarde, en esta misma sala de audiencias, ya no será necesario trasladar al interno porque le vamos a entregar copia de la sentencia a la defensa, la que le podrá hacer llegar al mismo, incluso SE DISPONE que se le haga llegar oficialmente mediante oficio al interno, copias certificadas de la sentencia al interno para lo que estime pertinente, lectura que se hará intermedio del Asistente de Audiencias conforme al contenido del rubro V. sentencia.

 

  1. DISPONER: Que, cumplido estos trámites, se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

REYES ALVARADO             GOMEZ ARGUEDAS          TIMANA GIRIO

 



[1] Art.409.1.- CPP.- La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no

advertidas por el impugnante.

[2] Art.368-D del CP.-  Si el agente posee, porta, usa o trafica con un teléfono celular o fijo o cualquiera de sus accesorios que no esté expresamente autorizado, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años.

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VIOLACIÓN A PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR.

 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA SUPERIOR DE EMERGENCIA

CELERIDAD Y TRANSPARENCIA

(Av. Echenique N° 898-Huacho,Telf.4145000)

 

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACION - Sede Central

EXPEDIENTE                       : 00195-2012-89-1308-JR-PE-01

ESPECIALISTA                    : LOPEZ RAMIREZ YESENIA M.

ABOGADO DEFENSOR     : SILVA HIDALGO, JOSE

FISCALIA                              : YABAR MINAYA, JIMMY

MINISTERIO PUBLICO      : 1ER DESPACHO DE DECISION TEMPRANA ,

IMPUTADO                          : ARBIZA SANTOS, MARCELINO DAMIAN

DELITO                                 : VIOLACIÓN A PERSONA EN INCAPACIDAD   

                                                  DE RESISTIR.

                                                : ROJAS CASTILLO, JUAN CARLOS

DELITO                                 : VIOLACIÓN A PERSONA EN INCAPACIDAD

                                                   DE RESISTIR.

AGRAVIADO                       : R G, A

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 26

Huacho, Seis  de Febrero

Del dos mil catorce.-

 

I.-        MATERIA:

 

  1. Resolver la apelación formulada por los acusados, a la sentencia de fecha 21 de agosto del 2013, en la que se falla CONDENANDO: a los sentenciados MARCELINO DAMIAN ARBIZA SANTOS Y JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO, como autores del delito de Violación Sexual de Persona en Incapacidad de Resistir, en agravio de R.G.A.; y como tal se les impuso DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA; que computada desde el 24 de febrero del 2012 vencerá el 23 de febrero del 2029. FIJO: por concepto de Reparación Civil la suma de S/. QUINCE MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil a pagar por los condenados a razón de SIETE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES por cada uno de ellos a favor de la agraviada, DISPUSO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO correspondiente a cada uno de los sentenciados a fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico o sicológico que determine su aplicación, con lo demás que contiene. 

 

II.-       INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

  1. La Sala Superior de Emergencia se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Moisés Agustín Solórzano Rodríguez (Presidente), Víctor Raúl Mosqueira Neira (Juez Superior) y Víctor Raúl Reyes Alvarado (Juez Superior). Este último como Director de Debates.

 

  1. Concurrió la representante del Ministerio Público: Dra. Rosa Bertha Zapata León, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

  1. Asistió el abogado defensor del sentenciado Juan Carlos Rojas Castillo: Dr. Juan de la Cruz Caro Olivera, con Registro del C.A.H. N° 1022, con domicilio procesal, sito en Residencial Santa Rosa Nro. 248-Int. 7-B-Huacho.

 

  1. Asistió el abogado defensor del sentenciado Marcelino Damián Arbiza Santos: Dr. Ricardo de la Cruz Pardo, con Registro del C.A.H. Nro. 497, con domicilio procesal, en calle Elcorrobarrutia N° 114 – Altos – Of. N° 201 – Huacho.

 

  1. Con la presencia del sentenciado: Juan Carlos Rojas Castillo, identificado con D.N.I. Nro. 42615924, con domicilio en Centro Poblado Monguete.

 

  1. Con la presencia del sentenciado: Marcelino Damian Arbiza Santos, de 40 años de edad, identificado con D.N.I. Nro. 10213087, con domicilio en el Centro Poblado Monguete.

 

III.-     ANTECEDENTES:

 

         08. Hecho materia de imputación:

 

Se atribuye al acusado JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO, conocido en Monguete por el apelativo de  “Mono”, por haber abusado de la agraviada en la vivienda de ésta, ubicada en el centro poblado Monguete, en dos oportunidades:

 

  • Primer hecho: Los primeros días del mes de noviembre del 2011 a las 08:00 a.m. aproximadamente, cuando la agraviada R.G.A. se encontraba sola  en su vivienda, aparece el acusado Juan Carlos Rojas Castillo, quien ingresa a la casa hasta su habitación y empleando la fuerza la obliga a sostener relaciones sexuales por vía vaginal, siendo  sorprendido  por la madre de la víctima, Eugenia Alejos Cabello, ante cuya presencia el acusado se da a la fuga, luego su hija le cuenta que “Juan Carlos ha venido y me ha abusado”.

 

  • Segundo hecho: Ocurrido el 21 de enero del 2012 a las 17:30 horas,  cuando el acusado Juan Carlos Rojas Castillo ingresa a la vivienda de la agraviada - quien en esos momentos se encontraba sola - y la lanza sobre la cama, sosteniendo relaciones sexuales por vía vaginal y anal, siendo sorprendido por la tía de la agraviada, Elizabeth Priscila  Alejo  Bernaldo, cuando se encontraba encima de  su víctima, por lo que la mencionada tía procede a buscar un palo y a golpearlo para que se retire de la casa, comunicando los hechos a la madre de la agraviada, quien denuncia  penalmente y ante el Teniente Gobernador del sector  Peñico – Huaura.

 

  • Respecto al primer hecho el mencionado acusado ha sido absuelto, no habiendo impugnado el Fiscal, por lo que tiene la condición de firme. Habiendo sido impugnado la condena respecto al segundo hecho, que será materia de pronunciamiento por este Tribunal Superior. 

 

Se atribuye al acusado  MARCELINO DAMIAN ARBIZA SANTOS,  “Peluche”, por los hechos ocurridos:

 

  • El 05 de enero del 2012 aproximadamente, a 150 metros de la  vivienda de la agraviada, ubicada en Monguete, en un lugar donde existen construcciones precarias de esteras y palos que sirven como criadero de chanchos, cuando R.G.A. se encontraba dando de comer a estos animales,  sorpresivamente aparece el acusado, quien empleando la fuerza la hace ingresar a uno de los criaderos, donde procede a practicarle el acto sexual por vía vaginal y posteriormente se retira, producto de lo cual la agraviada resulta embarazada, naciendo la menor  Sara Selene Arbiza Gómez, hija de ambos conforme al A.D.N. practicado.

 

   09. Calificación Jurídica y reparación civil solicitada:

 

Tipificación penal: El Ministerio Público encuadra los hechos materia del presunto ilícito en el artículo Art. 172, primer párrafo, del Código Penal,  que tipifica el delito de Violación sexual de persona en incapacidad de resistir, por el retardo mental de la víctima.

 

 

Reparación civil: El Ministerio Público solicita el pago de la suma de S/. 15,000.00 nuevos soles a pagar por cada uno de ellos por concepto de reparación civil, así como S/ 300.00 a cargo del acusado Marcelino Damián Arbiza Santos como pensión alimenticia a favor de  su menor hija  Sara Selene  Arbiza Gómez, habida con la agraviada como consecuencia de los hechos incriminados.

 

            Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 12, 13, 15, 20 y  21 de Agosto del 2013, respectivamente).

 

10. El Juzgado Penal Colegiado “A” de Huaura, integrado por los Magistrados María Elena Chauca Mejía, Ulises Rojas Guzmán y Rosa Luz Gómez Dávila, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 21 de Agosto del 2013, la sentencia que falla CONDENANDO: a los acusados MARCELINO DAMIÁN ARBIZA SANTOS Y JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO como autores del delito de Violación Sexual de persona en incapacidad de resistir, en agravio de R.G.A., imponiéndole a cada uno de ellos DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAR CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA, con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Marcelino Damian Arbiza Santos:

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 09 de Setiembre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, y se disponga la modificación de la pena de 17 años a 10 años, al señalar que se admitió la autoria del ilícito y la responsabilidad penal por el delito objeto de enjuiciamiento oral, se afirmo que el hecho criminoso fue realizado en estado de ebriedad, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Colegiado “A” de Huaura, mediante Resolución Número 14, de fecha 23 de Setiembre del 2013.

 

Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Juan Carlos Rojas Castillo

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 09 de Setiembre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, y lo absuelva de las acusaciones, al señalar que el Colegiado no ha tenido en consideración lo vertido por la propia agraviada, al haber sostenido que Juan Carlos Rojas Castillo no le hizo nada, así mismo estos hechos no han sido acreditados en el desarrollo del juicio, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Colegiado “A” de Huaura, mediante Resolución Número 14, de fecha 23 de Setiembre del 2013.

 

           Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

  1. Mediante Resolución Nro. 15, de fecha 04 de Octubre del 2013, esta instancia corre traslado de los escritos de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 19, de fecha 08 de Noviembre del 2013, se concede a las partes el plazo común de cinco días para que ofrezcan medios de prueba, por Resolución Nro. 20, de fecha 20 de Noviembre del 2013, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 19 de Diciembre del 2013, a las once y treinta de la mañana, la que fue reprogramada por Resolución Nro. 21, del 19 de Diciembre del 2013, para el día 06 de Febrero del 2014, a las diez de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria los apelantes.

 

  1. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 10:00 a.m. y culminó a las 11:25 a.m. el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el Especialista Judicial de audiencias.

 

            Pretensión de los apelantes y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia (alegatos de inicio)

 

  1. El abogado defensor Caro Olivera formula sus alegatos de inicio: señala que viene a impugnar la resolución, donde condenan a su patrocinado a 17 años de pena privativa de la libertad, que fue acusado de dos hechos ocurridos en el año 2011, en el primero no participo,  en el segundo hecho que se habría realizado el 21 de enero del 2012 a horas 05:30 de la tarde, donde según la testigo Priscila s la acusa de haberlo encontrado teniendo relaciones sexuales con la agraviada, pero el Colegiado no valoro que la señora indico que nunca lo había visto desnudo, así mismo el A quo nunca valoro el certificado medico N° 000382, su patrocinado nunca ha violentado a la agraviada, en tanto de acuerdo a las pruebas periciales que se han realizado el no es el padre biológico, así mismo manifiesta que la agraviada no ha sido coherente en su manifestación indicando que han sido dos personas en una chanchería, pero la señora Priscila ha indicado que ha sido en su domicilio, en el transcurso de este mini juicio va a demostrar la inocencia de su patrocinado.

 

  1. El abogado defensor de la Cruz Pardo formula sus alegatos de inicio: señala que acude a esta instancia con la finalidad de solicitar la revocatoria de la sentencia recaída contra su patrocinado, en el extremo del quantum de la pena impuesta,  porque esta ha sido desproporcional, toda vez que mi patrocinado jamás ha negado la paternidad de la menor, hija habida con la agraviada, tampoco ha tenido percepción tal vez por la instrucción que tiene, por el grado cultural que posee, no ha podido percibir el retardo leve de la agraviada a quien la consideraba  como su pareja, agrega que al acreditarse que habido consentimiento de la víctima pide se  absuelva a su defendido.

 

  1. La Fiscal Rosa Bertha Zapata León formula sus alegatos de inicio, señala que considera que la sentencia venida en grado se encuentra arreglada a derecho, que ha tenido en consideración dos hechos, uno de los cuales no ha sido probado,  y así lo ha establecido la sentencia venida en grado y el otro hecho es cometido por Juan Carlos Rojas Castillo, hecho cometido el 21 de enero del 2012, hecho que si ha sido acreditado, no solo por la sindicación realizada por la agraviada sino también por la declaración de su tía Priscila Alejo, así como las declaraciones del psicólogo, quien se entrevisto con la agraviada en un lugar propicio, donde esta le comento que había sido violada, hechos que han sido corroborados en un certificado medico legal realizada el día 23 de enero del 2012, donde se encontró que tenia relaciones genitales recientes, todo esto llevo al colegiado a considerar que se había cometido el ilícito, ambos imputados tenían conocimiento que la agraviada sufre de retardo ya que eran sus vecinos, también esta acredita la responsabilidad del imputado Arbiza dado que procreo una menor con la agraviada, debe de confirmarse la venida en grado porque está acreditado los ilícitos.

 

Prueba producida en el juicio oral de segunda instancia:

 

  1. Declaración de la agraviada de iniciales RCA, quien ante la pregunta de los abogados de los acusados impugnantes, se dijo palabra alguna, solo respondió con señas moviendo la cabeza en sentido negativo o positiva, sin mencionar palabra alguno, excepto cuando fue interrogada respecto a su nombre, domicilio y familia.

 

  1. Declaración de la testigo Elizabeth Priscila Alejo Bernaldo, quien refirió respecto a los hechos ante las preguntas del Abogado Rojas Castillo dijo que: “yo estaba en Monguete, escuche un sonido, como una queja, y, yo dije que cosa pasa por acá, mire para arriba, mire para abajo, y no había nadie, que dije yo, de ahí de mi tía su primer puerta le abrí, no había nadie, y de ahí tiene su cuartito y le abrí, y ahí estaba encima de mi sobrina el mono, y mi sobrina me mira rapidito y me dice tía, y yo me he regresado rápido para atrás y yo he buscado palo, y no le encontré palo, y viendo que no había palo, yo saque una caña y le rompí, y entre nuevamente y estaba sentado el, yo le dije tu eres bien abusivo, eres abusivo, y yo le di dos cañazas, dijo hermana discúlpame estoy borracho, lárgate de aquí, se salió, después a mi sobrina también le tire una cañaza, y le dije, que ha pasado, porque no le gritas, no tía yo entre para bañarme y sacar mi ropa, y cuando entre a bañarme y sacar mi ropa, él ha entrado, me ha tumbado, me ha bajado mi pantalón, y me ha besado, disculpa me estoy olvidando unas palabras, cuando yo entre, yo le encontré alzándose su pantalón mi sobrina no, y cuando entre al mono lo encontré ya sentado, ya abotonando el pantalón de mi sobrina, de ahí lo que le dije que te ha hecho, dando una cañazo, ella me dijo no yo entre para sacar mi ropa y para bañarme, hasta ahí ha entrado el y me ha tumbado, me ha bajado mi pantalón y me ha besado, él se ha salido, y en ese momento yo me desesperaba, no sabía a donde ir, a quien decir, de ahí yo fui donde su hermana mayor Verónica, yo le dije llorando cuando llegue, hermana primera vez se abusó se perdonaron, segunda vez que lucho también se abusa ahorita lo encuentro, hermana como van a abusar así, pobre mi sobrina, y ella me dijo hermana si ya no entienden entonces denúncialo a los dos, y ella me dijo así, yo nuevamente me regrese y me fui a Peñico, agrega que el mono estaba con mocho, short, que ha dos metros busco el palo, que abra pasado capaz 4 a 5 minutos para buscar el palo, que no los vio desnudos solo con su short. Ante la pregunta del Magistrado Reyes Alvarado, responde que el tal mono se llama Carlos, pero más lo conocen como mono que se encuentra en la sala, que esta con camisa de color azul”.

 

Alegatos finales:

 

  1. El abogado Caro Olivera oralizo la prueba referida al certificado medico legal N° 000382, de fecha 23 de enero del 2012,  practicado a la agraviada, que indica, refiere agresión sexual el día 21 de enero del 2012 a las 05:30 horas por dos personas conocidas, en el corral de una vecina.

 

  1. El abogado Caro Olivera formula sus alegatos de cierre, ustedes han podido oír a la testigo, de que ha estado en la puerta de la habitación donde ha estado la agraviada, con su patrocinado estaba a dos metros y habían transcurridos cinco minutos y que después de esos cinco minutos ha indicado que ella ha visto que su patrocinado ha violentado a la agraviada, pero cuando le preguntaron que si el estaba presente indico que si, y le preguntaron que color de camisa tenia, y no supo decir que color de camisa tenia porque no ve bien, y me encuentro indignado en ese extremo porque como va poder ver, a unos cuantos metros presuntamente que la ha violentado a la agraviada, y en estos momentos que hay bastante luz no puede indicar que color de camisa es, así mismo los hechos ocurridos el 21 de agosto del año pasado indica la testigo en primera instancia de que ha sido violentada en la casa, en el cuarto de la agraviada, pero como se ha oralizado el certificado medico legal N° 382, indica que el día 21 a la misma hora, el mismo día, ha habido agresión sexual por dos personas conocidas en un corral, ustedes han escuchado a la testigo que lo ha visto en short, en ningún momento ha indicado que estaba desnudo, por estas consideraciones el A quo no ha valorado los medios probatorios, por lo que solicito a esta Sala la revocatoria de la sentencia.

 

  1. El abogado defensor de la Cruz Pardo formula sus alegatos de cierre, como hemos podido escuchar en este juicio oral de segunda instancia, la testigo nos ha manifestado de que efectivamente su patrocinado tenia una relación de manera voluntaria con el consentimiento de la agraviada, téngase en cuenta también que su patrocinado apenas tiene el primer grado de primaria incompleta , es una persona analfabeta, no sabe leer ni escribir, en el desarrollo de esta audiencia hemos podido percibir muchas cosas, no es lo mismo para el, habiéndose acreditado en esta audiencia de que mantenían relaciones consentidas por ambos, por eso me ratifico en la pretensión planteada en el recurso de apelación, esto es que se revoque la sentencia y reformándola se disminuya el quantum de la pena a diez años

 

  1. La Fiscal Rosa Bertha Zapata León formula sus alegatos de cierre, señala que tiene la impresión de que ha estado en otra audiencia, después de haber escuchado a los abogados presentes, por una parte el abogado de Rojas manifiesta que la señora Priscila ni siquiera sabe ver ni decir de que color es una camisa y que por ese hecho tampoco es apta para ver una situación de dos personas, una sobre la otra en una cama, sin embargo alegan por otra parte los abogados el grado de educación de los imputados, también hay que ver el grado de educación de la testigo, la testigo ha manifestado que ella vio al mono encima de la agraviada y que ella salio, innegablemente aquí estamos hablando que existe un abuso sexual que si bien, en este juicio no ha habido las declaraciones de los peritos que se ha acreditado que efectivamente esta sufre de retardo leve y por el principio de inmediación hemos visto que efectivamente que la agraviada es una mujer que no sabe responder, que tiene un retardo, en cuanto al certificado medico oralizado por el abogado del sentenciado Rojas, donde indica que la agraviada ha sido violentada por dos personas en un corral, eso lo apunta el medico de lo que le pueden haber dicho la agraviada y la mamá, que como ya hemos visto son personas de escasa cultura, lo que interesa es el resultado del certificado medico legal, la señora Priscila manifestó que ya una vez habían violentado a la agraviada, pero su mamá lo había perdonado, la Sala ha podido notar que la agraviada estaba con temor, ha venido en todo momento escoltada por los parientes de ambos imputados, hemos escuchado a la madre de la agraviada, que ella quiere que salga Arbiza, porque necesita alimentos para esa Prole, los familiares de los imputados están ejerciendo presión sobre la agraviada y la madre de la misma, el Ministerio Publico considera que no ha habido alguna actuación probatoria que pueda enervar los motivos por los cuales se les condeno en primera instancia, por lo que solicita se confirme la misma.

 

IV.-     RAZONAMIENTO:

 

Respecto del acusado impugnante Juan Carlos Rojas Castillo

 

  1. La defensa del acusado Rojas Castillo, solicita la absolución de su defendido, quien ha sido condenado a 17 años de pena privativa de la libertad por el Colegiado de primera instancia. Al respecto se debe tener presente que en la audiencia de apelación se ha actuado la declaración de la agraviada de iniciales R.G.A, quien estuvo acompañada de su señora madre, ante la pregunta del abogado defensor de Rojas Castillo, para que responda si ha tenido tocamientos o abusada sexualmente por este, no contesto, solo movió la cabeza en forma negativa, el Abogado ya no efectúo más preguntas, observamos que la agraviada estaba temerosa en declarar muy nerviosa, como si estuviese presionada por el entorno familiar, lo cual se corrobora en parte por la manifestado por su señora madre quien al finalizar la declaración de su hija, abogo para que a los acusados se les otorgue liberad.

 

  1. Asimismo, también concurrió a declarar la testigo Elizabeth Priscila Alejo Bernaldo, quien ha narrado tal y conforme declaro en el  Juicio Oral de primera instancia, es decir que vio al tal “mono” –es decir a Rojas Castillo- que estaba encima de su sobrina la agraviada sobre la cama,  cuando se le pregunto quién es el tal mono, dijo Carlos, siendo que el nombre “Carlos”, precisamente corresponde a al acusado “Juan Carlos Rojas Castillo”, cuando se le pregunto dónde estaba dicha persona, contesto  que se encuentra ahí mirando a dicho acusado, se le pregunto de qué color es su camisa, dijo azul, verificándose que el color de la camisa del indicado acusado es de color celeste, pero era evidente que se refería a Rojas Castillo a quien no solo dirigió la mirada sino que en el juicio oral de primera instancia ya lo había identificado, además lo conoce por ser ambos vecinos residentes de un mismo pueblo, lo relevante es que la testigo lo ha sindicado como la persona a quien encontró encima de su sobrina la agraviada sobre la cama de dormir, mas allá de haberse equivocado en el color de camisa.

 

  1. La defensa de Rojas Castillo también oralizo el Certificado Medico Legal practicado a la agraviada el día 23 de Enero de 2012,  en la parte que el Medico consigno como data: “Refiere agresión sexual el día 21/01/2012 a las 5.30 horas por dos personas conocidas, en el corral, una vez”, información que no coincidiría con la imputación que el acusado Rojas Castillo abuso solo sexualmente a la agraviada el día 21 de Enero de 2012, puesto que el otro acusado Arbiza Santos también la abuso pero el día 05 de Enero de 2012, al respecto se debe tener presente que dicha información consignada por el Médico Legista en modo alguno desvirtúa lo declarado por la testigo Alejo Bernaldo quien en el juicio oral de primera y segunda instancia ha sindicado directamente a Rojas Castillo como uno de los autores del abuso sexual a la agraviada, corroborado con lo declarado por la propia víctima en el juicio oral de primera instancia, además dado su condición de retardo mental que padece la agraviada muy bien pudo no haberse expresado debidamente ante el médico legista, porque lo cierto es que esta sindico en el juicio de primera instancia a los dos acusados como autores del abuso sexual que sufrió. 

 

  1. En merito a lo descrito en los fundamentos precedentes, se advierte que la prueba actuada en el juicio oral de segunda instancia – testimonios de la agraviada y de doña Elizabeth Priscila Alejo Bernaldo, oralizacion del CML practicado a la agraviada-, no desvirtúan en modo alguno la condena impuesta por el Juzgado Penal Colegiado de primera instancia, por el contrario este Tribunal más bien se ha convencido respecto a la responsabilidad penal del acusado Rojas Castillo, precisamente en merito a la prueba personal actuada en esta instancia, al haber advertido que la agraviada a la fecha con una edad física de 27 años de edad, quien es una persona con retardo mental por lo cual su edad mental esta entre los 8 y 11 años, según han referido los peritos psicólogos y psiquiatrías como se observa del fundamento 5.5.1 de la sentencia recurrida que no ha sido cuestionado por la defensa, ha sido presionada por el entorno familiar para que declare a favor de los acusados en el juicio oral de segunda instancia, por ello su negativa a expresarse oralmente, solo atino  hacer señas ante la pregunta de los abogados, era evidente apreciar que se encontraba temerosa, mirando a su madre para responder, quien se encontraba presente y lejos de proteger a su hija más bien pedía la libertad de los acusados impugnantes.

 

  1. La agraviada con señas y con temor respondió las preguntas de los Abogados de los acusados, lo cual no significa que no podía hablar, si podía hacerlo, prueba de ello es que respondió cuando se le pregunto por su nombre, domicilio y sus hermanos, pero cuando los abogados le preguntaron solo respondió con señas moviendo la cabeza en forma positiva o negativa de acuerdo a la pregunta cerrada que formularon los abogados, sin embargo en el juicio oral de primera instancia la agraviada si declaro y sindico al acusado Rojas Castillo como uno de los autores del abuso sexual en su agravio, de igual modo al psicólogo Juan Salinas Quiñe, también le refirió que el tal mono le bajo su pantalón.

 

  1. Asimismo la testigo Elizabeth Priscila Alejo Bernaldo, ha vuelto a sindicar al acusado Rojas Castillo, a quien lo identifica como “el mono”, como la persona a quien encontró encima de su sobrina la agraviada quien le dijo momentos después que este abuso sexualmente de ella, es importante resaltar que esta testigo no ha tenido problemas de alguna índole con el indicado acusado para que lo sindique falsamente, al menos en la audiencia de apelación no fue preguntado por la defensa sobre el particular, asimismo la sindicación lo ha realizado en forma continua y permanente sin variarla, es decir ha sido coherente y uniforme en su versión, se advierte la transparencia y sinceridad de la testigo, cuando afirma que encontró al acusado Rojas Castillo con short encima de su sobrina, no dice que se encontraba desnudo, que en modo alguno significa que no haya estado realizando el acto sexual, que ha sido corroborado en merito a la versión de la agraviada, quien en ese acto informo a la testigo respecto al abuso sexual por parte de Rojas Castillo, y después narro este hecho  al perito psicólogo y a los Jueces de primera instancia.  Por tanto la condena debe ser confirmada,

 

En cuando al acusado impugnante Marcelino Damian Arbiza Santos

 

  1. La defensa privada del acusado impugnante Arbiza Santos, primero pide se reduzca los 17 años de pena privativa de la libertad impuesto a su patrocinado a 10 años, pero contradictoriamente también pide la absolución, porque habría un consentimiento en la relación sexual por parte de la agraviada, dado que dice han sido enamorados, al respecto se ha verificado que la menor tiene retardo mental leve, con una edad mental entre 8 y 11 años, por tanto de acuerdo al tipo penal infringido, -articulo 172 del Código Penal-, es irrelevante si la victima consintió o no la relación, porque se configura en mérito al acceso carnal con una persona por vía vaginal u anal conociendo que sufre retardo mental, supuesto factico que se encuentra debidamente acreditado en el presente caso, en merito a la pericia de ADN mediante el cual se ha verificado que el citado acusado es padre biológico de la hija recién nacida de la agraviada con una probabilidad de paternidad del orden del 99.9999%.

 

  1. Conforme a lo señalado en el fundamento 5.8 de la sentencia recurrida los acusados impugnantes y la agraviada son todos vecinos de Monguete, que es un pueblo pequeño donde por esas características del mismo y de acuerdo a las máximas de la experiencia todos se conocen, asimismo acusados y agraviada llevaban residiendo un tiempo suficiente en el pueblo de Monguete para tener ellos conocimiento del estado disminuido de su víctima, además es evidente el estado de retardo mental de la agraviada lo cual también ha sido apreciado en mérito al principio de inmediación por este Tribunal Superior en la audiencia de apelación.  

 

  1. Conforme a los fundamentos antes acotados, la condena dictada contra el acusado Arbiza Santos debe ser confirmada, no siendo posible su reducción como contradictoriamente ha solicitado su defensa, puesto que la pena mínima establecida en el tipo penal infringido es de 20 años de privación de la libertad, siendo que el Colegiado le ha impuesto por debajo de este mínimo legal, no existiendo circunstancias atenuantes previgiliadas, excepto el estado de ebriedad por el cual el Colegiado ya redujo la pena por debajo tercio inferior en aplicación del artículo 45-A del Código Penal,  que nos permita reducirle aun mas la pena impuesta, máxime aun cuando este no es confeso, ha tenido la oportunidad de acceder a beneficios premiales mediante el proceso especial de la terminación anticipada, pero prefirió someterse a un juicio oral, donde finalmente se acredito su responsabilidad penal imponiéndole la pena respectiva.

 

Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

  1. El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin embargo el articulo 497.3 del Código acotado, faculta al Juzgado a eximir el pago de las costas, cuando habido razones para interponer el recurso como se observa en el presente.

 

Sobre la lectura integral de la sentencia escrita:

 

  1. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396° del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

  1. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el Especialista Judicial de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”.

 

  1. Por lo que esta instancia también asume el criterio del Tribunal Supremo antes descrito, atendiendo a que ya se ha hecho conocer oralmente en resumen los fundamentos y la decisión en la fecha de la audiencia de apelación,  debiendo la sentencia escrita en su integridad para su lectura encontrarse debidamente firmada por los Señores Jueces Superiores, acto que debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

  1. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el Especialista Judicial dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-       DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR la resolución numero once de fecha 21 de agosto del 2013, mediante el cual el Juzgado Penal Colegiado “A” de Huaura, FALLÓ: CONDENANDO a MARCELINO DAMIÁN ARBIZA SANTOS Y JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO como autores del delito de Violación Sexual de persona en incapacidad de resistir, en agravio de R.G.A., imponiéndole a cada uno de ellos DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAR CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA que computada desde el 24 de febrero del 2012 vencerá el 23 de febrero del 2029, se dispuso TRATAMIENTO TERAPÉUTICO correspondiente a cada uno de los sentenciados a fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico o sicológico que determine su aplicación, se FIJA en la suma de QUINCE MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil a pagar por los condenados a razón de SIETE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES por cada uno de ellos a favor de la agraviada, con lo demás para los efectos contiene dicha decisión.

 

  1. EXONERARON de las COSTAS a los apelantes, conforme al considerando 33 de la presente resolución.

 

  1. ORDENAMOS que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día el veinte de Febrero del 2014, a las tres de la tarde, por el Especialista Judicial de Audiencias conforme a lo señalado en los fundamentos 34 al 37 de la presente sentencia.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

SOLORZANO RODIGUEZ      MOSQUEIRA NEIRA    REYES ALVARADO     

 

 

 

 

VOTO EN MINORIA DEL MAGISTRADO MOSQUEIRA NEIRA

 

En cuanto a la lectura de sentencia quien habla tiene una posición distinta  a la adoptada por mis colegas en mayoría, en el siguiente sentido:

Primero: El artículo 425° numeral 4 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.”.---------------------------------------------------------------------------------------

Segundo: La norma antes glosada, es de carácter imperativo y señala que el pronunciamiento de la sentencia, entendiéndose por ello también al acto de lectura integral de la sentencia, siendo que dicho acto es un acto solemne, y como toda audiencia, es parte del juicio oral, en este caso el acto de lectura integral de la sentencia viene a ser la última parte del juicio oral.--------------------- Tercero: Siendo así,  la audiencia tiene que estar presidida por los jueces, y no por un auxiliar jurisdiccional, ya que los actores del proceso penal son el Juez, el representante del Ministerio Público, el Abogado Defensor, el Imputado y el Actor Civil, y los auxiliares jurisdiccionales tienen otras funciones entre las cuales no está la de presidir una audiencia.-------------------------------------------------

 

Por estos fundamentos MI VOTO es porque el Colegiado se constituya a la Sala de Audiencias del Establecimiento Penal de Carquín,  el día 20 de febrero del año en curso a las tres de la tarde, para llevar a cabo la audiencia de la lectura integral de la sentencia de segunda instancia.

 

                                                                                  MOSQUEIRA NEIRA

 

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LESIONES GRAVES SEGUIDA DE MUERTE, LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES

 

                                                                      

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA PENAL DE APELACIONES

 (Av. Echenique N° 898-Huacho,Telf.4145000)

 

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACION - Sede Central

EXPEDIENTE: 02228-2012-18-1308-JR-PE-01

ESPECIALISTA: DE LA CRUZ OSORIO MALENA E.

FISCALIA: YABAR MINAYA, JIMMY

MINISTERIO PUBLICO: SEGUNDO DESPACHO DE DECISION TEMPRANA 

IMPUTADO: CASTILLO MONRROY, SAMUEL GUSTAVO

DELITOS: HOMICIDIO CALIFICADO, LESIONES GRAVES SEGUIDA DE MUERTE, LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES

AGRAVIADO: LEON GAVINO, FELIX

                               : CASTILLO LEON, SET SAMUEL

                               : LEON BARTOLO, MARIA ESTHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 52

Huacho, seis de Marzo

del dos mil catorce.-

 

I.-       MATERIA:

 

01. Resolver la apelación formulada por el acusado, a la sentencia de fecha 23 de Octubre del 2013, en la que se falla CONDENANDO a  SAMUEL GUSTAVO CASTILLO MONRROY como autor de los siguientes delitos: i) HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de Samuel Set Castillo León; ii) LESIONES GRAVES SEGUIDAS DE MUERTE, en agravio de Félix León Gavino; iii) LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de María Esther León Bartolo; iv) TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES, en agravio del Estado; imponiéndole TREINTA Y CINCO AÑOS de pena privativa de libertad, con el carácter de efectiva,  con lo demás que contiene.

 

II.-      INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

02.La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Miguel Tapia Cabañín (Presidente), Víctor Reyes Alvarado (Juez Superior-Director de Debates) y Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior).

 

03.Concurrió el representante del Ministerio Público: Dr. Jimmy Yábar Minaya, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

  1. Asistió el abogado defensor del actor civil: Dr. Jorge Raúl Borja Rueda, con Reg. del C.A.H. Nro. 443, con domicilio procesal en la Urb. San Pedro D-09-2do. Piso-Huacho.

 

05.Acudió el abogado defensor del imputado Samuel Gustavo Castillo Monrroy: Dr. Johnny Alexander López Velásquez, con registro del C.A.L. Nro. 18898, con domicilio procesal en la Residencial Santa Rosa Nro. 248, Interior 7-B-Huacho.

 

  1. Con la presencia del imputado: Samuel Gustavo Castillo Monrroy, con D.N.I. Nro. 80650389, con domicilio en Av. Grau Nro. 235-Végueta.

 

III.-    ANTECEDENTES:

 

             Hecho materia de imputación:

 

07. Se atribuye al acusado Samuel Gustavo Castillo Monrroy los hechos  ocurridos el 02 de octubre del 2012 a las 19:40 horas, cuando se constituyó al domicilio ubicado en calle Las Flores manzana B-lote 17, El Carmen del distrito de Huaura, propiedad de la sociedad conyugal conformada por el agraviado occiso Félix León Gavino y Angélica Marina Bartolo Jiménez, donde además vivía el menor agraviado occiso Samuel Set Castillo León, hijo del acusado y su ex conviviente María Esther León Bartolo, donde fue atendido por Angélica Marina Bartolo Jiménez, quien a su pedido procedió a hacerlo ingresar, pero al ver que tenía un arma de fuego entre sus prendas le manifestó a su hija Lisset Violeta León Bartolo que cuide a sus niños, mientras ella se dirigía a la Comisaría de Huaura a solicitar apoyo policial para que retiren al acusado de su domicilio; siendo así como a los quince minutos aproximadamente, llegaron los policías Alex Pineda Porras y José Ochoa Nicolás, acompañados por don Samuel Elías Castillo Romero, quien dijo ser padre del acusado; la dueña de casa solicitó retiren al acusado de su domicilio, por haberlo visto antes con un arma de fuego, no ser ya pareja de su hija  María Esther León Bartolo y estar prohibido por mandato del Juez de Familia de acercarse a una distancia no menor a 200 metros; ante ello, los efectivos policiales le solicitaron al acusado se retire, accediendo éste, no sin antes manifestarle a su ex conviviente “Mira, me estás tratando como un delincuente, pero voy a regresar las veces que quiera”, retirándose, al igual que los policías y su señor padre; no obstante, a los quince minutos,  el acusado regresó al domicilio y aprovechando que la puerta estaba abierta, ingresó hasta la cocina, donde se encontraban su ex conviviente María Esther León Bartolo, su hermana Rosario Noemí León Bartolo, su madre Angélica Bartolo Jiménez, el agraviado Félix León Gavino y los menores Samuel Set Castillo León, Snaider y Brissa, conversando; diciéndole el acusado a su  ex conviviente María Esther León Bartolo que quería hablar, pero se interpuso el agraviado Félix León Gavino, manifestándole que se vaya a su casa,  porque siempre que llegaba era a causar problemas y traumar a los niños, parándose para ir a otra habitación, ante  lo cual el acusado  le dijo al padre de su ex conviviente: “Profe, profe”, quien le respondió: “No quiero hablar contigo, retírate”, momento en que el acusado sacó de su cintura, altura de la espalda, la pistola marca CZ, calibre 380, número de serie A592540, con la que le disparó varias veces, impactándole a la altura de la parte izquierda del pecho; disparando luego a  su ex conviviente María Esther León Bartolo, quien recibió dos impactos, uno en la pierna derecha y el otro que le rozó  el pie izquierdo, cayendo al suelo, la misma que al sentir que el acusado se le  acercaba, cerró los ojos, haciéndose la muerta, a fin que no le siga disparando; luego, el acusado, al observar que el hijo de ambos, Samuel Set Castillo León,  de 01 año 10 meses de edad, se encontraba llorando y asustado en una grada ubicada en la cocina, se le acercó y sin piedad le disparó en la cabeza y a la altura del estómago, retirándose luego hacia la tienda, donde también disparó varias veces para finalmente salir a la calle y darse a la fuga, instantes en que  ingresan Elsa León Juan de Dios, Elizabeth Barreto, Freddy, Paulina, Yola, Maruja y otras personas que son vecinos del lugar, quienes auxiliaron y llevaron a las víctimas al  Hospital Regional de Huacho, donde dejó de existir el menor Samuel Set Castillo León, quedando internados en cuidados intensivos, Félix León Gavino y María Esther León Bartolo. Los vecinos del lugar, cuando observaron que el acusado se daba a la fuga decidieron seguirlo, logrando aprehenderlo a la altura de la loza deportiva El Carmen, cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos, donde fue golpeado con patadas y piedras, siendo auxiliado por personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Huaura y trasladado a la Comisaría de ese lugar. Ante la gravedad de las  heridas sufridas, se trasladó al Hospital Sabogal del Callao al agraviado Félix León Gavino, quien falleció el 04 de octubre del 2012. Al ser intervenido por personal policial, el acusado tenía en su poder doce cartuchos de municiones calibre 38 SPL, color dorado, para revólver, sin contar con  licencia para portarlas.

 

Calificación Jurídica y reparación civil:

 

  1. Tipificación penal. Existen tipificaciones consideradas por el Ministerio Público en su acusación escrita y otras advertidas por el Colegiado,  conforme al Artículo 374.1 del Código Procesal Penal:

 

  1. Respecto a los hechos en agravio de Samuel Set Castillo León: Ministerio Público: Delito de Parricidio, Art.  107, primer y segundo párrafo, del Código Penal, con las agravantes del Art. 108, numerales 1 (ferocidad)  y 3 (alevosía) del acotado, Colegiado advirtió: Delito de Homicidio Calificado, Art. 108, numerales 1 (ferocidad) y 3 (alevosía) del acotado.

 

10. Respecto a los hechos en agravio de Félix León Gavino: Ministerio Público: Delito de Homicidio Calificado, Art. 108, numerales 1 (ferocidad)  y 3 (alevosía) del Código Penal, Colegiado advirtió: Lesiones graves seguidas de muerte, Art. 121, segundo párrafo, del Código Penal.

 

  1. Respecto a los hechos en  agravio de María Esther León Bartolo: Ministerio Público: Delito de Feminicidio Agravado –Tentativa, Art. 107, primer párrafo, del Código Penal, con las agravantes del Art. 108 numerales 1 (ferocidad)  y 3 (alevosía) del acotado, Colegiado advirtió: Delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar, Art. 121-B del Código Penal.

 

      Pretensión indemnizatoria de la actora civil y del Ministerio Público:

 

  1. La actora civil Edith Antonia León Bartolo, constituida por el agraviado occiso Félix León Gavino en calidad de hija, solicita la suma de S/ 60,000.00, pues la vida tiene un valor inconmensurable y por el sufrimiento y la aflicción que la acción delictiva del acusado produjo a dicho agraviado antes de morir, ya que los hechos ocurrieron el 02.10.2012 y él falleció el 04.10.2012; por tanto, estuvo dos días sufriendo, afligido porque fue testigo de cómo lesionaron a su hija y mataron a su nieto.

 

  1. El Ministerio Público, ejerciendo la acción civil derivada del hecho punible a favor de los demás agraviados, solicita la suma de S/ 60,000.00 para el agraviado fallecido Samuel Set Castillo León, de tan sólo 01 año 10 meses al momento de los hechos; S/ 30,000.00 para la agraviada María Esther León Bartolo, por la magnitud del daño a ella causado, a quien se le ha podido apreciar en la audiencia en silla de ruedas y S/ 1,000.00 a favor del Estado.

 

            Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 05, 06, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26 y 30 de Setiembre; y, 02, 10, 14, 16, 21 y 23 de Octubre del 2013, respectivamente).

 

  1. El Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura, integrado por los Magistrados Rosa Luz Gómez Dávila, Julio Arturo Rodríguez Martel y William Alberto Vásquez Limo, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 23 de Octubre del 2013, la sentencia que fallaCONDENANDO a  SAMUEL GUSTAVO CASTILLO MONRROY como autor de los siguientes delitos: i) HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de Samuel Set Castillo León; y otros, con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Samuel Gustavo Castillo Monrroy:

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 11 de Noviembre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, al señalar que no se ha acreditado que su cliente haya disparado el arma, que las actas adolecen de vicios insalvables, que las muestras de las esquirlas se extraviaron, que habido infracción a la cadena de custodia, que existe contradicción en las declaraciones de los testigos, cuestiona la calificación de los tipos penales, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura, mediante Resolución Número 44, de fecha 14 de Noviembre del 2013.

 

             Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

  1. Mediante Resolución Nro. 45, de fecha 02 de Diciembre del 2013, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 46, de fecha 13 de Diciembre del 2013, se corre traslado a las partes por el plazo común de cinco días a fin que puedan ofrecer medios de prueba, por Resolución Nro. 48, del 06 de Enero del 2014, se admite como medio de prueba la declaración de los testigos Marco Antonio Chinchay Martínez y Richard Abraham Estupiñan Ramos (extremo del ofrecimiento admitido del que se desistiera el abogado de la defensa López Velásquez, en el acto de la audiencia) y la Lectura de piezas procesales solicitada por la defensa del sentenciado y a la vez se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 11 de Febrero del 2014, a las diez de la mañana, la misma que se reprogramó mediante Resolución Nro. 49, de fecha 11 de Febrero del 2014, para el día 06 de Marzo del 2014, a las once y treinta de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

  1. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 11:40 p.m. y culminó a las 13:30 hrs. el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el especialista de audiencias.

 

            Pretensión del apelante y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia.

 

  1. El abogado Johnny López Velásquez formula sus alegatos de inicio y de cierre, quien señala que se ha condenado sin haber acreditado que su patrocinado haya efectuado disparos, que con respecto a las actas de hallazgo y registro de incautación, el arma no se le encontró en su poder, señala de que el acta se habría sembrado, que las actas fueron manipuladas, que estas actas formaron parte de una cadena de custodia, que habido pérdida de evidencia material, que solamente recibieron siete casquillos, procede a dar lectura de parte de las declaraciones de los testigos, que el disparo fue a larga distancia, si fuese a corta distancia estaría el halo, no hay halo, que el disparo fue por detrás, lo que no se asemeja al acuerdo Nro. 02-2005, que no se llegó a acreditar cuántas municiones tenía su patrocinado, únicamente se homologó siete casquillos, señala que el agraviado no murió en el lugar de los hechos, anota que el Juez lo sentenció por lesiones seguidas de muerte, que en cuanto al tema de parricidio, existía proceso de filiación, que los jueces suplieron lo que dijo el perito de parte, manifiesta que no se acreditó el disparo de adentro hacia afuera, que el abogado indica que va oralizar las pruebas documentales.

 

  1. Se suspendió la audiencia para resolver el extremo de oralización de documentos, reabierta que fue la audiencia, se emitió la resolución N° 50, del 06 de Marzo del 2014, en la que por mayoría se le autoriza para que oralize los documentos materia de autorización. El Fiscal formuló REPOSICIÓN a la resolución dictada por la Sala, señala que las documentales no se admitieron, que no se admitió de manera expresa, que la nulidad no guarda ninguna relación con los medios de prueba, que ha hecho mención de las pruebas en su alegato, que no se le ha vulnerado ningún derecho, solicita que se declare fundada la reposición. El abogado López Velásquez, señala que con las instrumentales que se van a oralizar, se pretende acreditar la pérdida de la cadena de custodia, al no haber invocado causal, que se debe desestimar la impugnación. La Sala emite la resoluciónNro. 51, de fecha 06 de Marzo del 2014, en la que se declara IMPROCEDENTE la reposición. El abogado López Velásquez oraliza las documentales referido a las pericias balísticas forenses.

 

20.El Fiscal Jimmy Yabar Minaya formula sus alegatos de inicio y de cierre, señala que el pedido de nulidad del abogado se ha basado en cuestiones fácticas, indica que la nulidad se rige por el principio de legalidad, que no ha invocado la norma constitucional que se ha vulnerado, que ha omitido que el acusado ha admitido haber realizado disparos, que existe pericia balística que fue utilizada para disparar, todos los cuestionamientos han sido materia de pronunciamiento por el Juzgado Colegiado, que ha repetido los mismos cuestionamientos de primera instancia, anota que la nulidad está destinada a advertir determinados vicios, que respecto de la vulneración de cadena de custodia, señala que las muestras deben ser aprovechables, que no existe afectación con la pericia de los siete casquillos, los que fueron disparados por el arma del acusado, quien la tenía en su poder en esos momentos, manifiesta que el número de disparos coinciden con el número de personas lesionadas, que en base al principio de inmediación, la Sala no podrá efectuar una valoración distinta a la efectuada por el Juzgador, que los casquillos salen expulsados de este tipo de arma no permanecen dentro, que no se puede determinar cuántos casquillo tenía, que los disparos fueron en el interior de la casa y no en la calle, que el Juez advirtió de la nueva calificación jurídica, cita la casación 15-2007, cita el fundamento 6 de la sentencia, solicita se confirme la sentencia.

 

  1. El abogado Borja Rueda, formula sus alegatos de inicio y de cierre, señala que se considere el monto de la reparación civil fijada en la sentencia, la que se ha fijado dada la gravedad de los hechos y las circunstancias en que se cometieron.

 

22. Auto defensa material del imputado, quien manifiesta que es un ex vigilante, que disparó al aire, fue en respuesta que los que se encontraban dentro de la casa le dispararon.

 

IV.-     RAZONAMIENTO:

           

23. La defensa del sentenciado apelante en su escrito de apelación solicita que se revoque la condena de 35 años de pena privativa de la libertad que impuso el Colegiado a su patrocinado y que la Sala Penal de Apelaciones lo absuelva de los cargos. Sin embargo al preguntarte si se desiste total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que ratifique los motivos de la apelación, el abogado contestó que variaba su pretensión de revocatoria a nulidad de la sentencia, desistiéndose de la prueba personal que ofreció y que fue admitida.

 

24. Del contenido del escrito de apelación, se advierte que los argumentos son similares a los que oralmente señaló la defensa en su alegato inicial, es decir si bien dijo que variaba su pretensión de revocatoria a nulidad, sin embargo durante su intervención oral se dedicó básicamente a cuestionar la valoración de la prueba de cargo que realizó el Colegiado.

 

25. En casos como el presente, en que el apelante no se desiste de su apelación, sino varía de revocatoria a nulidad, surge la siguiente interrogante, ¿el Tribunal Superior responde a la pretensión realizada en el escrito de apelación, o a la pretensión disímil que formula oralmente en la audiencia de apelación, donde varía su pretensión?, a fin de dar respuesta se debe tener presente que la Sala Penal de la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante en aplicación del artículo 427.4 del CPP[1], la doctrina jurisprudencial siguiente: “que en aplicación del principio de congruencia, la autoridad jurisdiccional que conoce un medio impugnatorio debe circunscribirse a los agravios aducidos por las partes”. Los agravios[2] evidentemente se encuentran transcritos en el escrito de apelación, máxime aun cuando se impugna una sentencia.

 

26. En el fundamento 6.1 de la Casación 215-2011-Arequipa antes mencionada, el Tribunal Supremo señala: “El principio de congruencia conocido también como de correlación, importa un deber exclusivo del Juez por el cual debe expresar los fundamentos de una respuesta coherente en su resolución que dicta basado en las pretensiones y defensas traducidas en agravios formulado por los justiciables en su recurso impugnativo (…)”. Por tanto, la respuesta que debe dar la Sala Penal de Apelaciones es a los agravios que formule el apelante en su escrito de apelación que debe sustentarlo oralmente en la audiencia de apelación y no a otros agravios no formulados en su oportunidad. Todo ello independientemente  a la pretensión indicada en el escrito de apelación, porque puede ocurrir -como así se observa en la práctica- que el impugnante solicita erróneamente la revocatoria pero los agravios que señala son que la resolución no se encuentra debidamente motivada.

 

  1. La defensa del apelante en la audiencia de apelación, si bien varió de pretensión, de revocatoria de la sentencia condenatoria a nulidad, sin embargo sus argumentos  realizados oralmente son similares al que señaló en su escrito de apelación, es decir según el abogado, estos mismos argumentos pueden servir para anular y/o revocar una condena, lo cual es ilógico. La defensa solicita la nulidad, y para ese fin se limita a cuestionar el acta de hallazgo de evidencias, la cadena de custodia, las contradicciones de testigos y la calificación jurídica, entre otros argumentos que reiteramos son similares a lo que señala en su escrito de apelación, y estando a lo previsto en el numeral 409 numeral 1 del Código acotado, corresponde verificar la existencia o no de nulidad absolutas o sustanciales aunque estas no hayan sido advertidas por las partes, y para este efecto corresponde en primer lugar analizar y revisar la sentencia condenatoria impugnada por el sentenciado.

 

28. Del contenido de la sentencia recurrida en el fundamento 6.3.1, el Colegiado señala que los testigos Angélica Marina Bartolo Jiménez, María Esther León Bartolo, Lisset León Bartolo y Rosario Noemí León Bartolo, han sindicado directamente al acusado Samuel Gustavo Gastillo Monrroy como la persona que efectuó los disparos que impactaron a los agraviados, en ese mismo fundamento el Colegiado señala que en lo medular son coincidentes y coherentes y se corroboran unas a otras, no existe contradicciones. Asimismo en el fundamento 6.3.4 de la recurrida se indica que el acusado es propietario de la pistola marca cz, serie N° A592540, cuyos 07 casquillos hallados en la escena del crimen fueron percutidos por dicha arma, lo que ha sido acreditado en mérito al examen de los peritos Hugo Espinal Díaz, Morgan Cáceres Alvarez y Edgar Rueda Lescano. Dicha conclusión efectuado por el Colegiado de primera instancia no puede ser revertido en segunda instancia al no haberse actuado prueba personal que permita realizar una valoración disímil a la realizada por los Jueces de primera instancia.

 

29. Asimismo, en el fundamento 6.4 de la sentencia recurrida, el Colegiado ha dado respuesta a lo señalado por el acusado quien dijo en el juicio que habría sido otra persona el causante de los disparos que causo la muerte y lesiones a los agraviados, toda vez que cuando llegó al inmueble un grupo de personas que se encontraba en el interior libando licor entre los que se encontraba la nueva pareja de su ex conviviente, Rafael Santisteban Postillo, uno de estos habría dicho: “mátalo”, “mátalo”, efectuando 5 disparos contra su cuerpo mientras su persona hizo dos disparos al aire, sobre el particular el Colegiado señala que dicha versión exculpatoria es inverosímil, puesto que si efectuaron 5 disparos contra su cuerpo, no existe explicación que  ninguno haya dado en el blanco y más bien haya impactado a tres personas distintas, tampoco se encontró balas en los ambientes que señala el acusado, de otro lado no existe medio probatorio que acredite la versión del encausado.

 

30.En el punto 6.4.3. tercer párrafo el Colegiado también da respuesta al cuestionamiento que realiza la defensa del acusado con respecto a la cadena de custodia, explicando porque motivo las 13 muestras recogidas en la escena del crimen por el perito Espinal Díaz, solo fueron remitidos los 7 casquillos, y no los 2 fragmentos de proyectil, 3 proyectiles deformados, lo cual además no puede significar -como solicita la defensa en la audiencia- que por ese motivo se anule la sentencia puesto que existe otras pruebas como las testimoniales y el examen a los peritos antes mencionados que acreditan fehacientemente la responsabilidad penal del acusado en los delitos por los cuales ha sido condenado.

 

  1. En el mismo fundamento 6.4.3 de la sentencia recurrida del cuarto al séptimo párrafo, el Colegiado de primera instancia también da respuesta a la defensa respecto al cuestionamiento de las actas de hallazgo y recojo levantadas por los peritos Alex Pinedo Rojas y Marco Chinchay Martínez, donde se explica el motivo por el cual no se ha incluido la cacerina en la cadena de custodia, y da respuesta que la presencia de otra cacerina sola no implica en modo alguno la presencia de otra arma, y por último también se da respuesta al cuestionamiento al acta de registro personal efectuado al acusado que contiene dos reglones más junto que el resto, que corresponde a 3 municiones para pistola que no es constitutiva de delito.

 

32. Con los argumentos antes descritos se verifica que el Tribunal de primera instancia ha dado respuesta a los cuestionamientos que realiza la defensa,  que  son los mismos o similares a los cuestionamientos que realiza en su escrito de apelación y en la audiencia de apelación, sin embargo estos cuestionamientos carecen de sustento suficiente lógico y razonable, por lo que no es posible revocar y/o anular la condena, toda vez que se advierte que los fundamentos del Colegiado de primera instancia, se encuentran sustentados en mérito a la prueba actuada en el juicio oral, habiendo efectuado una valoración observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, exponiendo los resultados obtenidos y los criterios adoptados, para cada caso fáctico en concreto y vincularlo con el mismo al acusado, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en los artículos 158.1 y 393.1.2. del Código Procesal Penal.

 

33. De los fundamentos antes mencionados se verifica que el Colegiado de primera instancia ha motivado debidamente la sentencia condenatoria, dando respuesta lógica y razonadamente a cada uno de los cuestionamientos que ha realizada la defensa, asimismo desacreditando la versión inverosímil del acusado, y todo ello en mérito a la prueba de cargo actuada con las garantías del caso en el juicio oral de primera instancia, siendo sometido todas las pruebas  al contradictorio, después del cual han llegado en unánimemente al convencimiento más allá de toda duda que el acusado es el responsable de los delitos por los cuales le impusieron 35 años de pena privativa de la libertad, habiendo explicado debidamente por qué llegan a dicho convencimiento, argumentos que no ha sido revertido en esta instancia.

 

34. Respecto a la calificación jurídica de los hechos, que también ha cuestionado la defensa, la misma se encuentra debidamente sustentado al amparo del artículo 374.1 del Código Procesal Penal -en adelante CPP-, como se advierte del fundamento séptimo de la sentencia recurrida, por lo cual no advertimos nulidad absoluta alguna al respecto, en el fundamento octavo y noveno se advierte que el Colegiado también ha motivado ampliamente respecto a la determinación judicial de la pena y la reparación civil que ha impuesto.

 

35. En conclusión, al no haberse actuado prueba personal en el juicio oral de segunda instancia, por lo que en aplicación del artículo 425.2 del CPP, y del principio de inmediación no es posible valorar en formar distinta a la realizada por el Colegiado de primera instancia, por lo que no resulta atendible lo peticionado en el escrito de apelación, para revocar la condena y absolver al acusado. Asimismo tampoco advertimos la existencia de alguna nulidad absoluta o esencial para declarar la misma como solicita la defensa o de oficio, en consecuencia la sentencia condenatoria impuesta por el Colegiado de primera instancia debe ser confirmada en todos sus extremos. 

 

  1. 36.  La defensa del sentenciado al inicio de la audiencia de apelación se desistió para que declaren los testigos Marco Antonio Chinchay Martínez y Richard Abraham Estupiñan Ramos, por lo que corresponde tener por desistido.

 

Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

  1. El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Sin embargo cabe exonerar del pago de las costas al apelante al advertir razones plausibles para impugnar la condena por lo que inclusive se le admitió prueba para su actuación en segunda instancia.

 

Sobre la lectura integral de la sentencia escrita:

 

38. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396° del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

39. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

  1. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-      DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 23 de Octubre del 2013,  mediante el cual el Juzgado Penal Colegiado de Huaura, CONDENÓ a SAMUEL GUSTAVO CASTILLO MONRROY como autor de los delitos de: i) HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de Samuel Set Castillo León; ii) LESIONES GRAVES SEGUIDAS DE MUERTE, en agravio de Félix León Gavino; iii) LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de  María Esther León Bartolo; iv) TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES, en agravio del Estado; imponiéndole TREINTA Y CINCO AÑOS de pena privativa de libertad, con el carácter de efectiva, con lo demás que contiene dicha decisión.

 

  1. Se le EXONERA del pago de COSTAS del recurso de apelación, conforme a lo señalado en el considerando 37 de la presente resolución.

 

  1. TENER POR DESISTIDO a los testigos Marco Antonio Chinchay Martínez y Richard Abraham Estupiñan Ramos, admitidos al apelante para que declaren en el juicio oral de segunda instancia, en mérito a lo señalado en el fundamento 36 de la presente sentencia.

 

  1. ORDENAMOS que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 20 de Marzo del 2014, a las tres y treinta de la tarde, por el Asistente de Audiencias conforme a lo señalado en los fundamentos 38 al 40 de la presente sentencia.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

TAPIA CABAÑÍN                   REYES ALVARADO             SANCHEZ SANCHEZ



[1] Casación No. 215-2011-Arequipa, de fecha 12 de Junio de 2013, publicado en el diario oficial el Peruano el día 01 de Abril de 2013.

[2] Art.405.1 del CPP., Para la admisión del recurso se requiere: a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución (…); b) Que sea interpuesto por escrito (…); c) Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se expresen los fundamentos con indicación especifica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. 

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OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

                                                                      

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA PENAL DE APELACIONES

 (Av. Echenique N° 898-Huacho,Telf.4145000)

 

 

EXPEDIENTE                           : 01330-2013-54-1302-JR-PE-02

ESPECIALISTA                         : LOPEZ RAMIREZ YESENIA M.

ABOGADO DEFENSOR           : CARDENAS POSADAS, PERCY

                                               : CRUZADO QUIROZ, LIDIA

FISCALIA                                 : ZAPATA LEON, ROSA BERTHA

                                               : MANRIQUE MENDOZA, CHRISTIAN

MINISTERIO PUBLICO                        : DESPACHO DE DECISION TEMPRANA CF 239 2013 IMPUTADO                           : CORNEJO LOPEZ, JULIO CESAR

DELITO                                               : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO                           : CORNEJO CUCHANI, ESTEFFIN YASMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

 

Resolución Número 15

Huacho, tres de Marzo

del dos mil catorce.-

 

I.-         MATERIA:

 

  1. Resolver la apelación formulada por el sentenciado, a la sentencia de fecha 26 de Setiembre del 2013, en la que se fallaCONDENANDO al acusado JULIO CÉSAR CORNEJO LÓPEZ como autor del delito Contra la Familia, en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de Esteffin Yazmin Cornejo Cuchani; le IMPONE al sentenciado UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se suspende por el periodo de prueba de un año, bajo reglas de conducta; asimismo, le impone al encausado el pago de la REPARACIÓN CIVIL de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES (s/ 300.00) a favor del agraviado; sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas, con lo demás que contiene.

 

 

II.-        INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

  1. La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Miguel Tapia Cabañín (Presidente), Raúl Reyes Alvarado (Juez Superior-Director de Debates) y Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior).

 

  1. Concurrió el representante del Ministerio Público: Dr. Christian Manrique Mendoza, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

  1. Asistió la abogada defensora de la parte agraviada Estefin Yazmín Cornejo Cuchani: Dra. Lidia Elizabeth Cruzado Quiroz, con Reg. del Colegio de Abogados de La Libertad Nro. 3990, con domicilio procesal en Av. Sáenz Peña Nro. 267-A-2-Chancay.

 

  1. Con la presencia de la agraviada: Estefin Yazmín Cornejo Cuchani, con D.N.I. Nro. 47490257, domiciliada en Chancay.

 

  1. Presente el abogado defensor del imputado Julio César Cornejo López: Dr. Percy Cárdenas Posadas, con Registro del Colegio de Abogados del Callao Nro. 4492, con domicilio procesal en la Casilla Judicial Nro. 227 de la sede de Huaral.

 

III.-       ANTECEDENTES:

 

             Hecho materia de imputación:

 

  1. Se atribuye al acusado Julio César Cornejo Lópezhaberincumplido su obligación de prestar alimentos a su hija Esteffin Yazmín Cornejo Cuchani, ordenado por el Juzgado de Primera Nominación de Chancay (Exp. 154-2006); que mediante sentencia, Resolución Nº 26 de fecha 07 de octubre del 2008, confirmada mediante Resolución N° 33 (sentencia e vista) de fecha 30 de junio del 2009, emitida por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Huaral, se estableció que el acusado acuda a su hija  con una  pensión mensual y adelantada de doscientos veinte 00/100 nuevos soles; sin embargo, dicho procesado ha venido incumpliendo con su obligación ocasionando con su conducta omisiva un grave perjuicio económico y moral a la agraviada, adeudando  a la fecha de la  liquidación de pensiones alimenticias devengadas,  practicadas con fecha 11 de junio del 2012, correspondiente al periodo comprendido del 09 de octubre del 2009  hasta el 09 de junio del 2012, la suma de siete mil doscientos sesenta 00/100 Nuevos Soles, suma que fue aprobada y requerida para su pago a través  de la Resolución N° 55, de fecha 07 de noviembre del 2012, que contenía el apercibimiento de ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, la que se hizo efectiva mediante Resolución N° 56, del  11 de enero del 2013, que también hizo caso omiso a pesar de encontrarse debidamente notificado como constan de los cargos de notificación.   

 

 

             Calificación Jurídica y reparación civil solicitada:

 

  1. Tipificación penal:Los hechos expuestos han sido tipificados por el Ministerio Público como delito de Omisión a la Asistencia Familiar,tipificado en el Artículo 149° primer párrafo del Código Penal.

 

  1. Reparación civil: sin perjuicio del pago del monto de las pensiones alimenticias devengadas que ascienden a la suma de siete mil doscientos  sesenta y 00/100 nuevos soles, el representante del Ministerio Público está solicitando el pago de UN MIL  00/100 Nuevos soles por reparación civil.

 

Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 24 y 26 de Setiembre del 2013, respectivamente).

 

  1. El Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, a cargo del Magistrado Yony Bernabé Virú Maturrano, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 26 de Setiembre del 2013, la sentencia que fallaCONDENANDO al acusado JULIO CÉSAR CORNEJO LÓPEZ como autor del delito contra la Familia, en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de Esteffin Yazmin Cornejo Cuchani; le IMPONE al sentenciado UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se suspende por el periodo de prueba de un año, bajo reglas de conducta, así como el pago de la REPARACIÓN CIVIL de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 300.00) a favor del agraviado; sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas, que serán canceladas conforme al considerando 6.13 de la presente resolución, con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Julio César Cornejo López:

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio en el acto mismo de la lectura de sentencia, habiendo fundamentado su recurso de apelación mediante escrito ingresado con fecha 01 de Octubre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, al señalar que al momento de practicarse la liquidación de pensiones devengadas no se ha tenido en cuenta el informe del Banco de La Nación, que se ha valorado de manera errónea una instrumental que está infectada de vicios procesales, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, mediante Resolución Número 07, de fecha 04 de Octubre del 2013.

 

             Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

  1. Mediante Resolución Nro. 09, de fecha 23 de Octubre del 2013, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 10, de fecha 06 de Noviembre del 2013, se corre traslado a las partes por el término de cinco días, para que ofrezcan medios de prueba; por Resolución Nro. 11, del 25 de Noviembre del 2013, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 16 de Diciembre del 2013, a las diez de la mañana, la misma que fue reprogramada por Resolución Nro. 12, de fecha 16 de Diciembre del 2013, para el día 17 de Enero del 2014, a las once y treinta de la mañana, la que a su vez se reprogramó por Resolución Nro. 13, del 16 de Enero del 2014, para el día 03 de Marzo del 2014, a las once de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

  1. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 11:16 a.m. y culminó a las 12:07 p.m. el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el especialista de audiencias.

 

            Pretensión del apelante y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia.

 

            (Alegatos Iniciales):

 

  1. El abogado defensor Percy Cárdenas Posadas formula sus alegatos de inicio, señala que no se puede ordenar el pago dos veces, por un mismo concepto, solicita se rectifique la sentencia y se pueda ordenar lo conveniente de acuerdo a ley; indica que no se ofició al Banco de La Nación para que informe sobre los depósitos que ha efectuado el sentenciado; señala que se hicieron depósitos que no se han considerado; indica que la madre de la alimentista ha venido retirando los depósitos, anota que no ha omitido su obligación desde octubre del 2009, que tampoco sería el monto de la deuda que podría originarse y que ha venido cumpliendo de manera permanente; concluye solicitando se absuelva a su patrocinado.

 

  1. El Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos de inicio, señalando que el abogado no ha presentado ningún medio de prueba en esta audiencia, manifiesta que no se ha demostrado que ha cancelado el pago, indica que la sentencia se encuentra debidamente sustentada; que el monto de devengados es S/. 7,200.00 nuevos soles, que en todo caso hay un incumplimiento parcial de la omisión correspondiente a casi tres años de periodos devengados, agrega que el sentenciado ya cuenta con una sentencia por el mismo delito, que no hay motivo para que sea revocada y sea absuelto, que ha omitido el pago de las pensiones.

 

  1. La Sala mediante Resolución Nro. 14, del 03 de Marzo del 2014,decidede oficio, recibir la declaración de la agraviada a fin de que responda respecto a lo que ha informado el abogado de la defensa de que se habría cancelado la suma de S/. 2,260.00 nuevos soles, correspondiente a los meses de Enero a Octubre del 2010.

 

(Actividad Probatoria):

     

  1. Declaración de la agraviada Estefin Yazmin Cornejo Cuchani: ante las preguntas formuladas por los Magistrados y sujetos procesales presentes, la agraviada responde que la suma de S/. 2,260.00 nuevos soles, fue descontada en la liquidación anterior y fue debatido en un juicio que hubo, que iba a algunos juicios, que ya había cumplido la mayoría de edad, que es la única hija, su papa tiene otra niña, él se encontraba en otro país, daba diferentes domicilios, ahora reside en Perú, ahora vive en casa de su mamá, desconoce cuántas liquidaciones se han practicado, de los S/. 7,200.00 nuevos soles, no se ha cancelado monto parcial, el sentenciado deposita en el Banco, el control de los pagos lo lleva su mamá, ella lo cobra, no sabe los descuentos del Banco, que la cuenta del Banco le pertenece a su mamá, sabe que se han hecho depósitos en el Banco y que no tiene conocimiento que el Juzgado declarara improcedente la liquidación.

 

(Alegatos finales):

 

  1. El abogado Percy Cárdenas Posadas formula sus alegatos finales, señala que su patrocinado ha efectuado los abonos alimentarios ante el Banco de La Nación, a nombre de la mamá de la agraviada, indica que su patrocinado no ha cometido el delito de omisión a la asistencia familiar, manifiesta que ha sido de otra fecha posterior a la misma, que el monto debe ser reducido, solicita se sirva amparar su pretensión, pide que se le absuelva de los cargos.

 

  1. El Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos finales, señala que a esta instancia no ha traído los documentos para determinar el monto que adeuda, que en el peor de los casos habría un pago parcial, indica que el delito está configurado, por lo que estando debidamente acreditado el delito, la sentencia se encuentra debidamente motivada, concluye solicitando se confirme la venida en grado.

 

  1. La agraviada Estefin Yazmin Cornejo Cuchani hace uso de la palabra: manifiesta que se dice que su papá es agricultor, sin embargo, su mamá es dueña de diversas chacras en Chancay, se encuentra con varias cosechas, eso no sería excusa, sigue habiendo una deuda restante.

 

IV.-      RAZONAMIENTO:

           

  1. La defensa del sentenciado apelante considera que su patrocinado ha sido condenado por no haber pagado la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas correspondientes a los meses de octubre de 2009 a octubre de 2012, ascendente a la suma de S/.7,260.00 nuevos soles, sin haberse considerado que canceló los devengados de enero a octubre de 2010, y por ese motivo solicita la absolución, aunque finalmente solo cuestiona el monto de los devengados materia de liquidación.

 

  1. Es un hecho inobjetable que aunque no se haya considerado –si fuere el caso- el pago de solo una parte de los devengados como afirma la defensa del sentenciado, ello en modo alguno significa que debe ser absuelto de la acusación fiscal, por cuanto lo cierto es que al haber incumplido en pagar con la totalidad de los devengados, el delito de omisión a la asistencia familiar, tipificado en el artículo 149° del Código Penal, se ha consumado, por lo cual la sentencia condenatoria debe ser confirmada.

 

  1. Sin embargo, estando al cuestionamiento que realiza la defensa técnica del sentenciado apelante en el sentido que su patrocinado según informe del Banco de la Nación, ya habría cancelado parte de los devengados, supuesto que debe ser verificado en vía de ejecución de sentencia, en mérito a las instrumentales que obran a folios 56 y 57 del cuaderno de debates y todas las demás que presente el sentenciado, la parte agraviada, y/o el Fiscal, para este efecto es necesario se convoque a una audiencia al que deben ser citados todos los sujetos procesales.

 

            Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

            El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, sin embargo, y atendiendo a que se está señalando que se determine la cantidad y apareciendo informes, entendemos que hay razones plausibles para que el abogado haya apelado, por lo que se debe exonerar del pago de costas.

 

            Sobre la lectura integral de la sentencia escrita:

 

  1. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396° del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

  1. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

  1. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-       DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 26 de setiembre del 2013, mediante la cual el Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, falló CONDENANDO al acusado JULIO CÉSAR CORNEJO LÓPEZ como autor del delito contra la Familia en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de Esteffin Yazmin Cornejo Cuchani; le IMPUSO UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,con lo demás que para los efectos contiene dicha decisión, sin perjuicio que el cuestionamiento del monto exacto de las pensiones devengadas que debe pagar el sentenciado se verifique en vía de ejecución de sentencia, conforme a lo señalado en el fundamento 23 de la presente sentencia.

 

  1. SIN COSTAS del recurso de apelación interpuesto.

 

  1. ORDENAMOS que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, eldía 17 de Marzo del 2014, a las dos y cincuenta de la tarde, por el Asistente de Audiencias, conforme a lo señalado en los fundamentos 24 al 26 de la presente sentencia.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.

S.s.

 

 

TAPIA CABAÑÍN                         REYES ALVARADO                                    SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

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VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MENOR DE 10 AÑOS)

PODER JUDICIAL

CORTE  SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA PENAL DE APELACIONES

Av. Echenique N° 898 – Huacho – Lima - Perú 

 

SALA PENAL PERMANENTE DE APELACION - Sede Central

EXPEDIENTE                      : 02928-2012-80-1301-JR-PE-02

ESPECIALISTA                   : LOPEZ RAMIREZ YESENIA M.

ABOGADO DEFENSOR    : RAMIREZ GONZALES, JOHNNY

FISCALIA                             : MANRIQUE MENDOZA, CHRISTIAN

MINISTERIO PUBLICO     : DESPACHO DE COORDINACION NN, NN

IMPUTADO                          : YACHA GOMEZ, MOISES EVER

DELITO                                 : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MENOR DE 10 AÑOS)

AGRAVIADO                      : RMN NN, NN

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 21

Huacho, veinte de Marzo

del dos mil catorce.-

 

I.-        MATERIA:

 

  1. Resolver la apelación formulada por el acusado, a la sentencia de fecha 02 de Octubre del 2013, en la que se falla CONDENANDO a MOISES EVER YACHA GÓMEZ como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad en agravio de la menor de iniciales D.N.M.R,  imponiéndole por mayoría, TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, con el carácter de efectiva, que computada desde el 02 de enero del 2013, vencerá el 01 de enero del 2043 y fija en la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil a pagar por el sentenciado a favor de la menor agraviada, en la forma legal correspondiente; con costas, con lo demás que contiene.

 

II.-       INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

  1. La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Víctor Raúl Reyes Alvarado (Presidente-Director de Debates), Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior) y Carlos Gómez Arguedas (Juez Superior), este último interviene por licencia del Magistrado Tapia Cabañín.

 

  1. Concurrió el representante del Ministerio Público: Dr. Christian Manrique Mendoza, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.
  2. Asistió el abogado defensor del sentenciado Moisés Ever Yacha Gómez: Dr. Johnny Jorge Ramírez Gonzáles, con registro del Colegio de Abogados Lima Norte Nro. 0957, con domicilio procesal en la Urb. Independencia Mz. G – Lote 09-Huacho.

 

  1. Acudió el imputado: Moisés Ever Yacha Gómez, de 19 años de edad, nacido el 06 Abril de 1993, con D.N.I. Nro. 74162591.

 

III.-     ANTECEDENTES:

 

             Hecho materia de imputación:

 

  1. Se atribuye al acusado Moisés Ever Yacha Gómez, que el dia 26 de noviembre del 2012  a las 18:00 horas aproximadamente, cuando la menor agraviada D.N.M.R. de ocho años de edad,  se dirigía a su domicilio ubicado en el Pueblo Joven  Leticia, manzana  B1-lote 13-Supe Pueblo, luego de haber estado jugando  con sus amigas, entre ellas  Narim,  se  percató que  dicho acusado, a quien conoce como “Cholón”, la  seguía y al alcanzarla la cogió del brazo  y la metió en una casa en construcción, donde tras taparle los ojos le bajó el pantalón y le introdujo el dedo índice en la vagina; sin embargo, al escuchar  ruidos de personas  escapó corriendo, no sin antes amenazarla  con volver a hacerlo si contaba  lo ocurrido; no obstante,  cuando la menor agraviada llegó a su casa,  su señora madre Lutgarda Meza Pineda  se  percató que de  sus partes íntimas le salían gotitas de sangre, por lo que  se dirigió a la Fiscalía a denunciar el  hecho. 

 

Calificación Jurídica y reparación civil:

 

  1. Tipificación penal: Loshechos materia del anterior relato fáctico se encuadran en el Art.  173 numeral 1 del Código Penal.

 

  1. Reparación civil  solicitada: El representante del Ministerio Público, solicita una reparación civil de S/ 20,000.00 nuevos soles, a favor de la agraviada.

 

            Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 30 de Setiembre; y, 02 de Octubre del 2013, respectivamente).

 

  1. El Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura, integrado por los Magistrados Rosa Luz Gómez Dávila, William Humberto Vásquez Limo y Julio Arturo Rodríguez Martel, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 02 de Octubre del 2013, la sentencia que fallaCONDENANDO a MOISES EVER YACHA GÓMEZ como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad en agravio de la menor de iniciales D.N.M.R,  con lo demás que contiene.

 

            Recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Moisés Ever Yacha Gómez:

 

  1. El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 22 de Octubre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, al señalar que no se ha valorado ni motivado adecuadamente los medios de prueba, que las testimoniales por si mismas resultan insuficientes para establecer que los hechos haya sucedido el día que se señala, que la agraviada hace sólo meras sindicaciones, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Colegiado “B” de Huaura, mediante Resolución Número 12, de fecha 13 de Noviembre del 2013.

 

             Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

  1. Mediante Resolución Nro. 13, de fecha 02 de Diciembre del 2013, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 14, de fecha 23 de Diciembre del 2013, se corre traslado a las partes por el plazo común de cinco días a fin que puedan ofrecer medios de prueba, por Resolución Nro. 15, del 13 de Enero del 2014, se declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos por la defensa técnica del acusado Moisés Ever Yacha Gómez y se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 06 de Febrero del 2014, a las doce del medio día, la que fue reprogramada por Resolución Nro. 18, de fecha 06 de Febrero del 2014, para el día 06 de Marzo del 2014, a las diez de la mañana, que también fue reprogramada por Resolución Nro. 19, del 06 de Marzo del 2014, para el día 20 de Marzo del 2014, a las once y treinta de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

  1. Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 10:30 a.m. y culminó a las 12:50 p.m. el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el asistente de audiencias.

 

            Pretensión del apelante y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia.

 

  1. El abogado defensor Johnny Ramírez Gonzáles formula sus alegatos de inicio, señala que su patrocinado jamás estuvo en el supuesto lugar donde ocurrieron los supuestos hechos, que ha ofertado dos medios de prueba que acredita que su patrocinado estaba en otro lugar, que hay dos testimoniales que no han sido valoradas, indica que la prima y una vecina del imputado han dado fe bajo el principio de inmediación que el día de los hechos el acusado, ha estado laborando desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche.

 

  1. El Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos de inicio, señala que la sentencia se encuentra debidamente motivada, que en esta instancia superior no se va poder revocar, porque no existe actividad probatoria, más allá de los cuestionamientos de valoraciones que ha hecho el abogado de la defensa, indica que la actividad probatoria ha sido suficiente, que se ha recabado la declaración de la menor agraviada, de su madre, de la profesora de la menor agraviada, quien le dice a su mamá que estaba menstruando, luego por eso va al médico legista, anota que existe la pericia psicológica, que existen documentales, como la denuncia, el acta fiscal y phanaux fotográfico del lugar de los hechos, todos esos medios probatorios han logrado la certeza de la responsabilidad penal, que el imputado según la versión de los testigos estaba a 150 metros del lugar de los hechos, por lo que no se va a poder rebatir la sentencia condenatoria.

 

  1. Declaración del sentenciado Moisés Ever Yacha Gómez, quien manifiesta que en el 2012 estuvo trabajando en la choza de su tía, desde las seis de la mañana a las siete de la noche, que no tiene nada que ver con eso, ante las preguntas contesta que vive en Leticia, es una invasión, en Puerto Supe, Mz. B Lote 11, la choza de su tía queda a 200 metros, dijo que no conoce la dirección de su tía, el lugar de los hechos a la casa de su tía, esta a 90 metros, si conocía a la menor y a su mamá, quienes son vecinas de su tía, su mama de la menor le tenía bronca porque en carnavales le tiro un globo en la espalda, eso fue 2011, te voy a denunciar le decía, no había otros motivos por los que le tenía cólera la mamá de la niña, ya cumplió 19 años, el 03-04-2013.

 

  1. El abogado Johnny Ramírez Gonzáles formula sus alegatos de cierre, señala que se va a basar en las contradicciones de la madre y de la niña, que no se han valorado las pruebas como debe ser, que la madre dijo que su hija estaba con short rojo y luego que estaba con buzo, eso es una contradicción, que la menor dice que le metió el dedo durante una hora, luego dice que le metió el dedo y luego escuchó ruido y fugó, que dijo que lo había atacado un tal cholón, luego dijo que no conocía al que le introdujo el dedo, la menor describió al que le hizo el acto como un chato y moreno, indica que una de las personas que estaban para el reconocimiento era de pelo ondulado, diferente de las características físicas del imputado, que hay dos testigos que dicen que su patrocinado que el día de los hechos estaba trabajando, armando una choza, que su patrocinado ha declarado que ha tenido una rencilla con la madre de la agraviada, que existe incredibilidad subjetiva, que hay amenaza de denuncia, que jamás se hizo la homologación del ADN, que habido afectación al debido proceso, Artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución, anota que la pericia psicológica no ha sido valorada, cita el acuerdo plenario 2-2005 del Tribunal Español, cita jurisprudencia peruana y da lectura de la misma, solicita se le absuelva a su patrocinado.

 

  1. El Fiscal Christian Manrique Mendoza formula sus alegatos de cierre, señala que la defensa ha cuestionado las contradicciones en que supuestamente se habría incurrido, así como el acta de reconocimiento, los que quedan en simples argumentos, que no han permitido afirmar que haya duda en la teoría del caso de la Fiscalía, manifiesta que resulta increíble que porque le tira un globo, va a generar todo un proceso penal, que no hay nada que determine la enemistad, que haya motivado la denuncia, que la pericia psicológica dice de su estado emocional de la menor, además existe el examen médico legista que corrobora el atentando a la indemnidad sexual, anota que la agraviada se ha mantenido en la sindicación de que el sentenciado es el autor de los hechos, que no hay motivos para enervar la persistencia en la incriminación, por parte de la agraviada,  concluye solicitando se confirme la sentencia.

 

  1. Auto defensa material del sentenciado Moisés Ever Yacha Gómez,   quien guarda silencio.

 

IV.-     RAZONAMIENTO:

           

  1. La defensa del impugnante en su escrito de apelación y en la audiencia del juicio oral de segunda instancia solicita la revocatoria de la condena y se absuelva de los cargos a su patrocinado, también refiere que se ha vulnerado el debido proceso, la tutela efectiva y la motivación de la sentencia, al respecto corresponde a este Tribunal en aplicación del artículo 409 numeral 1 del Código Procesal Penal – en adelante CPP-, verificar la existencia o no de nulidades absolutas y esenciales aunque no hayan sido advertidas por las partes.

 

  1. En el fundamento 5 de la sentencia recurrida el Colegiado de primera instancia valora la prueba actuada en el juicio oral, señalando que la profesora de la menor agraviada Marlene Sumoso Robles manifestó que la madre de la menor llego preocupada manifestándole que su hija de 8 años de edad estaba menstruando, ante lo cual interrogo a la niña, quien le dijo: “un chibolo me ha hecho mañoserías en una casa abandonada”. Acto seguido  la madre de la menor se fue a denunciar el hecho.

 

  1. La menor sindica al acusado, a quien identifica por su apelativo “cholon”, -cuyo apelativo ha sido admitido por el acusado en su declaración en el juicio oral de primera instancia-, como la persona que le hizo mañoserías quien le ha metido el dedo en su vagina, actuar que ha ocasionado desfloración reciente conforme al resultado del Certificado Médico Legal N°003775-L-DCL, practicado a la menor el día 27 de Noviembre de 2012, es decir al día siguiente de ocurrido el hecho. Asimismo.  la menor en la entrevista con la psicóloga Beatriz Silva Angeles, también sindico al acusado, refiriéndose a él como “Cholon”, quien le había hecho mañoserías, que le bajo el pantalón y le metió su dedo hasta la mitad de la vagina.

 

  1. De otro lado, el Colegiado señala en los fundamentos 5.7.6 y 5.7.7 de la sentencia recurrida, que de la prueba actuada fluye ausencia de incredibilidad subjetiva, al no existir causal de animadversión alguna hacia el acusado, y más bien existe persistencia en la incriminación. De igual modo en el fundamento 5.8 de la recurrida, justifican el motivo por el cual la prueba testimonial de la defensa no enerva la responsabilidad penal del acusado, cuya apreciación resulta lógica y razonable, porque desde el lugar donde -según estos testigos- se encontraba laborando el acusado hasta el lugar donde ocurrió el hecho solo había 150 metros de distancia, por tanto no excluye su vinculación con el hecho, toda vez que los testigos no se han encontrado durante el día permanentemente al lado del encausado.

 

  1. Conforme a los fundamentos antes descritos se advierte que el Colegiado ha motivado debidamente la sentencia condenatoria, valorando la prueba actuada en el juicio oral, en merito a lo cual se han convencido más allá de toda duda que el acusado es responsable del delito materia de imputación, violación sexual en agravio de una menor de 08 años de edad, tipificado en el artículo 173.1 del Código Penal – en adelante CP-. Y., estando a que en el juicio oral de segunda instancia no habido actividad probatoria, puesto que solo se ha recibido la declaración del acusado, en merito a lo cual no es posible otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Tribunal de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 425.2 del CPP.  Por lo que no es posible atender a la pretensión de la defensa, quien sin que exista actividad probatoria en segunda instancia solicita se absuelva a su patrocinado, sin motivo o razón suficiente para ello.

 

Determinación judicial de la pena, inaplicación del artículo 22 segundo párrafo del CP. (CONTROL DIFUSO)

 

  1. El artículo 173.1 del CP, sanciona al agente que comente el delito de violación sexual como en este caso a una menor de menos de 10 años de edad, con la pena de cadena perpetua, el Juzgado Penal Colegiado de primera instancia aplicando el principio de proporcionalidad le ha impuesto 30 años de pena privativa de la libertad, que no ha sido impugnado por el Ministerio Publico.

 

  1. De los antecedentes se verifica que el acusado es identificado con documento nacional de identidad N° 74162591, donde se consigna que registra como fecha de nacimiento el día 06 de Abril de 1993, y siendo que el hecho ha ocurrido el día 26 de noviembre de 2012, entonces a esa fecha este contaba con 19 años de edad. Por lo que conforme al primer párrafo del artículo 22 del CP, tenía responsabilidad restringida por la edad.

 

  1.  Al respecto Hurtado Pozo refiere[1] “(…) que el individuo no alcanza la madurez de repente. Se trata de un proceso paulatino, que varía de un individuo a otro. Debido a esta situación, las legislaciones contienen normas que regulan un periodo intermedio comprendido entre el límite que separa el derecho penal de menores del derecho penal común y el limite cronológico a partir del cual se considera plenamente adulta (madura) a una persona”. Los limites en el Perú según el primer párrafo del artículo 22 del CP, es el comprendido a los mayores de 18 y menores de 21 años, a cuyos individuos según el autor antes citado se les aplica las normas y sanciones del derecho penal común. Pero, que por su situación personal, son considerados como incapaces relativos o imputables restringidos[2].

 

  1. Compartimos con Hurtado Pozo[3], cuando señala que la vinculación del Juez con la ley pasa por la toma en consideración estricta de la constitucionalidad de las disposiciones. En el presente caso se advierte que pese a que el acusado tiene responsabilidad restringida por la edad, el legislador ha excluido su aplicación para  casos como el del delito de Violación sexual como se advierte del segundo párrafo del artículo 22 del CP.

 

  1.  El articulo 138 segundo párrafo de la Constitución, establece que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, en el mismo sentido y con mayor desarrollo prescribe el artículo 14 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo que en el presente caso este Tribunal Superior considera que el segundo párrafo del artículo 22 del CP, (norma legal) es incompatible con el artículo 2.2 de la Constitución (norma constitucional) que establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley.

 

  1. Si la ley, -articulo 22 primer párrafo del CP- ha establecido que todas las personas comprendidas entre 18 y 21 años, son incapaces relativos o imputables restringidos por la edad, y por ese motivo son favorecidos con la reducción prudencial de la pena para el hecho punible cometido. Entonces la norma legal, -segundo párrafo del artículo 22 del CP- que excluye  su aplicación a los que cometen –como en este caso, entre otros ilícitos-, el delito de violación sexual, pese a tener la condición de imputable restringido, por lo que esta norma es incompatible con el articulo 2 numeral 2 de la Constitución, al vulnerarse el derecho de toda persona que tiene la condición de imputable restringido por la edad, de igualdad ante la ley.

 

  1. Según el Tribunal Constitucional[4] cuando la desigualdad de trato –como en este caso- no sea razonable ni proporcional estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable. (Exp.N°0048-2004-AI, 15/02/05, P. FJ.56). Consideramos que el trato desigual de la ley en contra de la persona que comete delito de violación sexual, cuando es imputable restringido por su edad para ser favorecido con la reducción prudencial de la pena, no es razonable ni proporcional en relación a las demás personas que se encuentra en la misma situación y que cometen otra clase de ilícitos, por cuanto en ambos casos son incapaces relativos, que nos les permite plenamente apreciar la conducta ilícita que realizan.

 

  1. No puede afirmarse desde nuestro punto de vista que sea razonable y proporcional por ejemplo, que el imputado que cumplió la mayoría de edad el mismo día del hecho, y si la pena a imponerse como en este caso es cadena perpetua, entonces hay que aplicarle dicha pena, aunque el acusado sea un imputable pero restringido por su edad, debido a que ese mismo día adquirió la mayoría de edad, pero como el delito de violación sexual se encuentra excluido para reducirle la pena, se le aplica y se le impone la pena de cadena perpetua, tampoco es razonable ni proporcional que una persona de 50 años de edad que introduce su miembro viril en la parte intima de una niña de 8 años, se le imponga la misma pena –cadena perpetua- en relación a otra que tiene 19 años de edad, es decir no hace mucho adquirió legalmente la mayoría de edad y que el hecho que cometió fue introducir  uno de sus dedos  de la mano –no su miembro viril- en la parte intima de la menor. En consecuencia lo que corresponde es inaplicar la norma legal por no ser compatible con la norma constitucional.

 

  1. Respecto a la imputabilidad restringida por razón de la edad y control difuso, el AP N° 04-2008-CJ/116, en el fundamento 11 último párrafo establecen como doctrina legal, “Los jueces penales, en consecuencia están habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del artículo 22° del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada (…)”. Toda vez que si bien la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en una anterior oportunidad no aprobó en un caso similar la inaplicación de dicho dispositivo, sin embargo no habían dispuesto que esa decisión constituya precedente vinculante conforme al articulo 22 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo cual este Tribunal Superior en uso de sus facultades constitucionales, realizando un control difuso inaplica dicha norma legal .

 

  1. Por tanto, inaplicando el segundo párrafo del artículo 22° del CP, por ser incompatible con el articulo 2 numeral 2 de la Constitucional, y aplicando el primer párrafo del código acotado, para determinar judicialmente la pena se tiene en cuenta que el articulo 173 numeral 1 del código sustantivo, -por cuyo ilícito ha sido condenado el sentenciado- es sancionado con pena de cadena perpetua, sin embargo el artículo 45-A, numeral 3 acápite a), del CP, establece que cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas la pena concreta se determinara por debajo del tercio inferior.

 

  1. Consideramos que la posibilidad de reducir prudencialmente la pena al que alude el artículo 22° primer párrafo, del CP. corresponde a una circunstancia atenuante privilegiada, porque sería ilógico establecer que la reducción prudencial significa determinar la pena concreta entre el mínimo y el máximo del tipo penal infringido, más aun estando a lo establecido en el artículo 46 del código acotado, donde la imputabilidad restringida no se encuentra en forma precisa y concreta como un supuesto de circunstancia atenuante, que sirva para establecer la pena según el caso dentro del tercio inferior u medio, por cuanto en el artículo 46.1.h del código sustantivo solo se refiere en forma general a la edad de imputado en cuanto ella pudiera haber influido en la conducta punible, lo cual a nuestro criterio se refiere a edades distintas a un imputable restringido establecido en el artículo 22 del CP, no considerarlo asi, daría lugar a que implícitamente este último dispositivo se encontraría derogado.   

 

  1. Resulta materialmente imposible reducir la pena de cadena perpetua, por lo que para efectos de aplicar el primer párrafo del artículo 22° del CP al acusado, es necesario partir de 35 años de pena privativa de la libertad para reducir la pena por debajo de esta cantidad en aplicación del artículo 45-A.3.a) del CP al que debe sumarse o acumularse el principio de proporcionalidad de la pena que ha tenido en cuenta el Colegiado de primera instancia como se verifica en el fundamento 7.2 de la sentencia recurrida, extremo que no ha sido impugnada por el Ministerio Publico, pese a que su pretensión punitiva fue la pena de cadena perpetua conforme puede verse del fundamento 1.3 de la sentencia impugnada.

 

  1. En atención a lo señalado en los fundamentos precedentes consideramos que razonablemente y proporcionalmente la pena a imponerse al acusado por ser imputable restringido, debido a que tenía 19 años de edad en el momento que cometió el acto delictivo, deber ser muy inferior al que ha impuesto el Colegiado de primera instancia. Luigi Ferrajoli señala que, “el valor de la persona humana impone una limitación fundamental a la calidad y a la cantidad de la pena. Es este el valor sobre el que se funda, irreductiblemente el rechazo de la pena de muerte, de las penas corporales, de las penas infamantes y por otro lado de la cadena perpetua y de las penas privativas de la libertad excesivamente largas”[5]. Este mismo autor aboga para que se reduzca el plazo máximo de la pena privativa de la libertad a 10 años para cualquiera que sea el delito cometido[6].

 

  1. Conforme al segundo párrafo del artículo 14 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la presente sentencia debe ser elevada en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, sino fuera impugnada.

 

          Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

            El artículo 504.2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Estando a que esta siendo favorecido con la reducción de la pena que le impuso el Colegiado de primera instancia,  por lo que se entiende que ha tenido razones fundadas para interponer el recurso de apelación, por lo que debe ser exonerado del pago de las costas.

 

          Sobre la lectura integral de la sentencia escrita:

 

      38. La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396° del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

      39. En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de la sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal, (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

      40. De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-       DECISIÓN:

 

             Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Raúl  Reyes Alvarado, RESUELVE:

           

  1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 02 de Octubre del 2013, en la que se falla CONDENANDO a MOISES EVER YACHA GÓMEZ como autor del delito de Violación Sexual de Menor de edad en agravio de la menor de iniciales D.N.M.R, asimismo se confirma el monto de cinco mil nuevos soles que por concepto de reparación civil impuesto por el Colegiado de primera instancia.

 

  1. Por mayoría, REVOCAR la pena privativa de la libertad de TREINTA AÑOS, impuesta por el Colegiado de Primera Instancia, y REFORMÁNDOLA se le impone VEINTE AÑOS de pena privativa de libertad, que se computa a partir del el 02 de Enero del 2013 que vencerá el 01 de Enero del 2033.

 

  1. SIN COSTAS respecto del recurso de la apelación

 

  1. DISPONEMOS en caso no se interponga recurso de casación a la presente sentencia, ELEVAR EN CONSULTA a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

 

  1. ORDENAMOS que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 03 de Abril del 2014, a las tres y diez de la tarde, por el Asistente de Audiencias conforme a lo señalado en los fundamentos 18 al 20 de la presente sentencia.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

REYES ALVARADO           SANCHEZ SANCHEZ         GÓMEZ ARGUEDAS

 

 

 

VOTO EN MINORIA DEL MAGISTRADO GOMEZ ARGUEDAS EN EL EXTREMO DEL CONTROL DIFUSO RESPECTO DEL ART. 22 DEL C.P.:

 

 

señala que se ha aplicado el principio de proporcionalidad, existen reparos respecto de su aplicación general, existe valoración subjetiva, tampoco coincido con la aplicación de la responsabilidad restringida del Art. 22, en virtud de que los delitos de violación sexual, están excluidos por mandato del segundo párrafo del artículo antes citado, si bien existe pronunciamiento en igual sentido, no constituye precedente vinculante, no existe vulneración al principio de igualdad ante la ley Art. 2.2 de la Constitución Política del Estado, ocurre idéntico con los beneficios penitenciarios, en materia penal, haciendo diferenciación, en consecuencia, el hecho que tenga determinado grupos, la diferencia son significativas, no hay trato desigual, en el presente caos el capitulo que regula es contra la libertad  sexual que comprende en primera fase o nivel el delito de violación sexual, por lo que considero que debe CONFIRMARSE la sentencia en todos sus extremos

 

                                             GOMEZ ARGUEDAS

 

 



[1] Hurtado Pozo Jose, Manual  de Derecho Penal, Parte general T..I 3° edición 2005, Grijley, p. 647

[2] Ibidem

[3] Hurtado Pozo Ob. Cit., p.186

[4] La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica, primera edición Agosto 2006, p. 52

[5] Ferrajoli Luigi, Derecho y Razon, Editorial Trotta, pp. 395-396

[6] Ferrajoli Luigi, Ob.cit p. 414.

 

 

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FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS

                                                                      

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

SALA PENAL DE APELACIONES

 (Av. Echenique N° 898 - Huacho,Telf.4145000)

 

 

EXPEDIENTE          : 01581-2011-20-1302-JR-PE-01

ESPECIALISTA       : LÓPEZ RAMÍREZ YESENIA

IMPUTADO            : DOMINGUEZ CRUZ, ELIAS

DELITO                 : FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE      

                                ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS

AGRAVIADO          : EL ESTADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

Resolución Número 28

Huacho, trece de Marzo

del dos mil catorce.-

 

I.-      MATERIA:

 

01.Resolver la apelación formulada por el acusado, a la sentencia de fecha 04 de Octubre del 2013, en la que se falla CONDENANDO a ELIAS DOMINGUEZ CRUZ por el delito Contra la Seguridad Pública – Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, Municiones y Explosivos, en agravio del Estado, imponiéndole SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD efectiva, que empezará a computarse desde la fecha, cuatro de octubre del 2013, hasta el tres de octubre del año  2019; y, FIJARON el pago por concepto de reparación civil la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES que pagará a favor del agraviado; CON COSTAS, con lo demás que contiene.

 

II.-     INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:

 

02.La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Jueces Superiores: Víctor Reyes Alvarado (Presidente-Director de Debates), Walter Sánchez Sánchez (Juez Superior) y Carlos Gómez Arguedas (Juez Superior), este último interviene por licencia del Magistrado Tapia Cabañín.

 

03.Concurrió la representante del Ministerio Público: Dra. Rosa Bertha Zapata León, con domicilio procesal en la Av. Grau Nro. 276-Huacho.

 

04.Asistió la abogada defensora pública del imputado Elías Domínguez Cruz: Dra. Martha Domínguez Silva, con Reg. del C.A.L. Nro. 14647, con domicilio procesal en Av. Tupac Amaru Nro. 310-Huaral.

 

05.Acudió el imputado: Elías Domínguez Cruz, de 27 años de edad, con D.N.I. Nro. 45587816, natural de Marañón-Huánuco, nacido el 04-09-1986, domiciliado en Huaral, Mz. C, Lote 19, Las Viñas, de estado civil conviviente, sus padres Teófila y Clotildo, de ocupación agricultor, grado de instrucción Secundaria, con un ingreso de 25 soles diarios, con dos hijos, no tiene antecedentes.

 

III.-    ANTECEDENTES:

 

          Hecho materia de imputación:

 

06.Se atribuye al acusado que el día dos de agosto del 2011, a la una y treinta horas aproximadamente, en circunstancias en que personal de la Policía Nacional del Perú perteneciente a la sección patrullaje motorizado, se desplazaba a la altura de avenida Circunvalación Sur con Calle Nueva, en Huaral, intervino al acusado Elías Domínguez Cruz quien portaba un arma de fuego, tipo revólver, sin licencia para portar dicha arma, con la cual había realizado disparos al aire, presentando evidentes signos de ebriedad, formulándose el acta de registro personal e incautación de arma de fuego revólver, marca Jaguar calibre 38, SPL de serie 195300, abastecida de un casquillo.  

 

Calificación Jurídica y reparación civil:

 

07.Tipificación penal: Los hechos expuestos han sido tipificados por el Ministerio Público como delito contrala Seguridad Pública – Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, tipificado en el artículo 279° del Código Penal.

 

Reparación civil solicita por el Ministerio Público:

 

08.El Ministerio Público, ejerciendo la acción civil derivada del hecho punible solicitó la suma la suma de trescientos y 00/100 Nuevos Soles de reparación civil a favor del Estado.  

 

          Sentencia condenatoria de primera instancia (juicio oral realizado en sesiones de los días: 27 de Setiembre; y, 02 y 04 de Octubre del 2013, respectivamente).

 

09.El Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, a cargo del Magistrado Yony Bernabé Virú Maturrano, después de haber realizado el juicio oral de primera instancia, expidió con fecha 04 de Octubre del 2013, la sentencia que fallaCONDENANDO a ELIAS DOMINGUEZ CRUZ por el delito Contra la Seguridad Pública – Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, Municiones y Explosivos, en agravio del Estado, imponiéndole SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD efectiva, con lo demás que contiene.

 

          Recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Elías  Domínguez Cruz:

 

10.El apelante hace uso de su derecho impugnatorio, mediante escrito ingresado con fecha 05 de Noviembre del 2013, solicitando que el Superior en grado revoque la resolución apelada, al señalar que la condena es discriminatoria, que no existe un discernimiento acertado, que la pena impuesta es desproporcional, que se ha transgredido el principio de unidad de criterios, entre otros argumentos. Esta apelación fue concedida por el Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, mediante Resolución Número 22, de fecha 07 de Noviembre del 2013.

 

          Trámite en segunda instancia del recurso de apelación admitido:

 

11.Mediante Resolución Nro. 23, de fecha 19 de Noviembre del 2013, esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales; por Resolución Nro. 24, de fecha 09 de Diciembre del 2013, se corre traslado a las partes por el plazo común de cinco días a fin que puedan ofrecer medios de prueba; por Resolución Nro. 25, del 09 de Enero del 2014, se cita a juicio oral de segunda instancia para el día 12 de Febrero del 2014, a las diez de la mañana, la misma que se reprogramó mediante Resolución Nro. 26, de fecha 12 de Febrero del 2014, para el día 13 de Marzo del 2014, a las diez de la mañana, fecha en que se llevó a cabo la audiencia de apelación, habiendo sustentado oralmente la pretensión impugnatoria el apelante.

 

12.Llevada a cabo la audiencia de juicio oral de segunda instancia en la fecha, la misma que se inició a las 10:00 a.m. y culminó a las 11:01 a.m., el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo que la sentencia escrita en su integridad sea leída en acto público por el asistente de audiencias.

 

          Pretensión del apelante y posición de la parte contraria en el juicio oral de segunda instancia.

 

          (Alegatos iniciales):

 

13.La abogada defensora Martha Domínguez Silva formula sus alegatos de inicio, señala que no ha existido acta de incautación, que solamente existen los órganos de prueba que han declarado sobre los hechos, se ha dicho que se hicieron disparos, pero no hay prueba de absorción atómica, indica que la sentencia se basa en el dicho de los testigos, que el acta no se había admitido en el juicio oral, ni siquiera como prueba documental, que el sentenciado no tenía antecedentes, que estaba en estado de ebriedad, debiendo ser una pena de cuatro años suspendida.

14.La Fiscal Rosa Bertha Zapata León formula sus alegatos de inicio, señala que la pena en este delito es de seis a quince años, que la tenencia del arma no ha sido cuando estaba en estado de ebriedad, sino dos días antes de ocurridos estos hechos, indica que no sería motivo para que se le rebaje la pena, que hay una resolución de confirmación de incautación del arma de fuego, que es una prueba pre constituida, cita el fundamento 6.12, de la sentencia, en la que el Juez se refiere a la confirmación de incautación, por lo que ya no era necesaria la actuación del acta referida, que no habría sustento para la nulidad por lo que solicita se confirme la venida en grado.

 

(Actividad probatoria):

 

15.Declaración del sentenciado Elías Domínguez Cruz, quien manifiesta que cuando lo intervinieron estaba borracho, no le encuentran el arma, se puso malcriado, lo llevaron a la Comisaría, no le hicieron ninguna prueba, al día siguiente lo botaron, ante las preguntas dijo que el arma la encuentran en la moto, no se acuerda lo que declaró a nivel policial, en este acto se le muestra lo que declaró, dijo que si es lo que declaró, que estaba con dos chicas más, antes que esté en la moto, dijo, yo la tenía, que está en cárcel por otro hecho, robo agravado, la moto era alquilada 

 

(Alegatos finales):

 

16.La abogada defensora Martha Domínguez Silva formula sus alegatos de cierre, se ratifica en todo lo manifestado anteriormente.

17.La Fiscal Rosa Bertha Zapata León formula sus alegatos de cierre, quien solicita la confirmatoria de la sentencia, indica que el arma la tenía desde 29 de julio del 2011, conforme está en su declaración.

18.Autodefensa del imputado, guardó silencio.

 

IV.-    RAZONAMIENTO:

        

19.La defensa del sentenciado apelante en su escrito de apelación presentado con fecha 05 de Noviembre de 2013, solicita la revocatoria de la sentencia condenatoria, pero sólo en el extremo del quantum de la pena de 6 años de pena privativa de la libertad que le impuso el Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, pidiendo que sea reducido por el Tribunal Superior a 04 años de pena privativa de la libertad condicional.

 

20.Asimismo, en el fundamento segundo el Abogado reconoce que se encontraba portando arma de fuego sin contar con la licencia respectiva. Sin embargo, al inicio de la audiencia de apelación, al preguntarle si se desiste total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que ratifique los motivos de la apelación, la abogada contestó que variaba su pretensión de revocatoria del extremo de la pena a nulidad de la sentencia.

 

21.En casos como el presente, en que el apelante no se desiste de su apelación, sino varía de revocatoria a nulidad, surge la siguiente interrogante: ¿el Tribunal Superior responde a la pretensión realizada en el escrito de apelación o a la pretensión disímil que formula oralmente en la audiencia de apelación, donde varía su pretensión?, a fin de dar respuesta a dicha interrogante se debe tener presente que la Sala Penal de la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante en aplicación del artículo 427.4 del CPP[1], la doctrina jurisprudencial siguiente: “que en aplicación del principio de congruencia, la autoridad jurisdiccional que conoce un medio impugnatorio debe circunscribirse a los agravios aducidos por las partes”. Los agravios[2] evidentemente se encuentran transcritos en el escrito de apelación, máxime aun cuando se impugna una sentencia.

 

22.En el fundamento 6.1 de la Casación 215-2011-Arequipa antes mencionada, el Tribunal Supremo señala: “El principio de congruencia conocido también como de correlación, importa un deber exclusivo del Juez por el cual debe expresar los fundamentos de una respuesta coherente en su resolución que dicta basado en las pretensiones y defensas traducidas en agravios formulado por los justiciables en su recurso impugnativo (…)”.Por tanto, la respuesta que debe dar la Sala Penal de Apelaciones es a los agravios que formule el apelante en su escrito de apelación que debe sustentarlo oralmente en la audiencia de apelación y no a otros agravios no formulados en su oportunidad. Todo ello independientemente  a la pretensión indicada en el escrito de apelación, porque puede ocurrir –como así se observa en la práctica- que el impugnante solicita erróneamente la revocatoria pero los agravios que señala son que la resolución no se encuentra debidamente motivada.

 

23.De otro lado, estando a lo previsto en el numeral 409° numeral 1 del Código acotado, corresponde verificar de oficio la existencia o no de nulidades absolutas o sustanciales, aunque éstas no hayan sido advertidas por las partes, y para este efecto corresponde en primer lugar analizar y revisar la sentencia condenatoria impugnada, siendo posible asumir como suyo la nulidades que señale la defensa en la audiencia de apelación aunque no lo haya señalado en su escrito de apelación, la que puede ser declarada de oficio excepcionalmente cuando se trate de nulidades absolutas o esenciales.

 

24.La defensa ha señalado que la sentencia sería nula, por haberse incorporado el acta de incautación del arma de fuego, sin que haya sido ofrecida ni admitida, que los efectivos policiales que redactaron el acta fueron ofrecidos como testigos, el aporte era para que declaren sobre la forma y circunstancias en que intervinieron al acusado, y no respecto al acta.

 

25.Al respecto, se tiene que según el fundamento 6.2 de la sentencia recurrida el efectivo policial Jorge Peña Sobrino, narra la forma y circunstancias como detuvo al acusado y reconoció en su contenido y firma el acta de registro personal e incautación practicado al encausado, en el que consta que se le encontró un arma de fuego y otros bienes. Lo cual es correcto porque fue el citado efectivo policial que redactó el acta siendo el autor del mismo y por tanto fue interrogado sobre el particular que corresponde a la forma y circunstancias en que intervino y detuvo al acusado, y de esta manera el acta fue incorporado debidamente al proceso mediante la declaración del citado testigo, por lo cual no existe nulidad, máxime aun cuando esta situación no fue cuestionado como un agravio en el escrito de apelación.

 

26.Respecto a la pretensión para que se reduzca la pena privativa de la libertad de 06 años impuesta por el Juez, a 04 años suspendida en su ejecución, se debe tener presente que se encuentra debidamente acreditado,  como  señala la defensa en su escrito de apelación, que el acusado se encontraba ebrio en el momento de la comisión del acto delictivo, lo cual no ha sido contradicho por el Ministerio Público, sino más bien lo ha corroborado, por lo cual en aplicación del artículo 21° del Código Penal concordante con el artículo 45-A.3.a del mismo cuerpo legal, al existir una circunstancia atenuante privilegiada (cometer el delito en estado de ebriedad), la pena concreta a imponerse debe ser por debajo del tercio inferior. Es decir por debajo de seis años que es la pena mínima a imponer en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, tipificado en el artículo 279° del Código antes acotado.

 

27.Y a fin de determinar hasta cuanto por debajo del mínimo se puede aplicar en este caso, que podría ser como ha solicitado la defensa en su escrito de apelación, sin embargo, se advierte que el acusado al declarar en el juicio oral de segunda instancia no ha internalizado y/o asimilado su ilícita conducta de haberse encontrado portando una arma de fuego sin licencia, y pese a haber sido detenido en flagrancia no es claro para aceptar el hecho que ha cometido y además no se le decretó prisión preventiva, fue puesto en libertad, habiendo informado que se encuentra internado en el establecimiento penitenciario cumpliendo prisión preventiva por otro hecho donde se le imputa la comisión del delito de robo agravado, por tanto, la pretensión del apelante no resulta amparable en su totalidad.

 

          Sobre el pago o no de costas del recurso de apelación:

 

          El artículo 504.2 del Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Estando a que en el presente caso se está atendiendo en parte el recurso de apelación interpuesto, el apelante debe ser exonerado del pago de las costas del recurso de apelación.

 

 

 

 

          Sobre la lectura integral de la sentencia escrita:

 

28.La Casación N° 183-2011- Huaura, de fecha 05 de setiembre del 2011, en el fundamento 4.2.1, indica que conforme al artículo 425° numeral IV del Código Procesal Penal, se debe proceder a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia en su integridad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 396° del código acotado. Es decir, se fije fecha y hora para dar lectura de la sentencia escrita en audiencia pública, procedimiento que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial vinculante en el punto II de la decisión de la citada casación.

 

29.En cumplimiento a lo señalado en el fundamento precedente se debe disponer que el asistente de audiencias proceda a dar lectura a la sentencia escrita de segunda instancia, con la presencia de las partes o el público general que asista, conforme a lo que viene disponiendo el Supremo Tribunal respecto a la lectura de las sentencias de casación, así por ejemplo en la sentencia de casación No. 07-2010-Huaura, de fecha 14 de octubre de 2010, en el punto III de la decisión, dice: “DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal (…)”. Por lo que esta instancia también asume este criterio, cuya lectura debe realizarse en el plazo de 10 días conforme a lo dispuesto en el artículo 425°.1 del Código Procesal Penal.

 

30.De otro lado, en caso de inconcurrencia de las partes procesales o público a la sala de audiencias, o concurriendo sólo los primeros soliciten se les haga entrega de copia de la sentencia escrita sin dar lectura integral a la misma, porque oralmente ya tomaron conocimiento con anterioridad inmediatamente después de cerrado el debate, el asistente dejando constancia atenderá a lo peticionado entregando copia de la sentencia, sin perjuicio que el asistente jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401° numeral 2) del  Código Procesal Penal, notifique al acusado no concurrente en su domicilio procesal.

 

V.-     DECISIÓN:

 

          Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con la ponencia del Juez Superior Víctor Reyes Alvarado, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

        

  1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 04 de Octubre del 2013, mediante la cual el Juez Unipersonal de Huaral, CONDENÓ a ELIAS DOMINGUEZ CRUZ, por el delito Contra la Seguridad Pública – Tenencia Ilegal de Arma de Fuego; y,

 

  1. REVOCA en el extremo que le impuso SEIS años de pena privativa de libertad efectiva.

 

 

  1. REFORMÁNDOLA le impone CINCO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva, cuya fecha empezará a computarse desde el 04 de octubre del 2013 hasta el 03 de octubre del 2018.

 

  1. CONFIRMARON en todo lo demás que contiene, es decir, la reparación civil y las costas.

 

  1. SIN COSTAS respecto al recurso de apelación.

 

  1. ORDENAMOS: Que se inscriba y se comunique donde corresponda la presente sentencia de segunda instancia, oficiándose para este efecto.

 

  1. DISPONEMOS: Se haga entrega de copia certificada de la sentencia de primera y segunda instancia al sentenciado reo en cárcel para los fines pertinentes.

 

  1. ORDENAMOS: Que la presente sentencia escrita sea leída en su integridad, el día 27 de Marzo del 2014, a las tres de la tarde, por el Asistente de Audiencias, conforme a lo señalado en los fundamentos 28 al 30 de la presente sentencia.

 

  1. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen. Notificándose.-

S.s.

 

 

 

 

REYES ALVARADO           SÁNCHEZ SÁNCHEZ             GÓMEZ ARGUEDAS

 

 

 



[1] Casación No. 215-2011-Arequipa, de fecha 12 de Junio de 2013, publicada en el diario oficial el Peruano el día 01 de Abril de 2013.

[2] Art.405.1 del CPP., Para la admisión del recurso se requiere: a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución (…); b) Que sea interpuesto por escrito (…); c) Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. 

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